El bosque tropical amazónico, que tardó 50 millones de años en formarse, ha perdido casi el 20% de su superficie en los últimos 40 años – más que en los 450 años previos desde la colonización europea –, y si sigue creciendo esta tendencia histórica, de 2,000 árboles talados por minuto, se calcula que otro 20% adicional se perderá en los próximos 20 años. Los efectos ambientales de esta destrucción son catastróficos; la deforestación es causa de la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, por lo que la pérdida de este gran ecosistema representa un eje central del problema de cambio climático global.

Adicionalmente, además de los ríos en sus suelos, el Amazonas genera ‘ríos en los airesâ€; 20 mil millones de toneladas de agua son transpiradas por sus árboles cada día. Para entender la magnitud de esta cifra, el Río Amazonas libera diariamente 17 mil millones de toneladas de agua en el océano. Estas corrientes de nubes son las que regulan el clima y las lluvias en gran parte del continente sudamericano, desde Argentina hasta Colombia. ‘â€Si no fuera por los servicios que la selva provee, estas regiones tendrían un clima inhabitable, casi desérticoâ€â€, afirma Antônio Donato Nobre, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués).

En todos los ocho países que comparten la selva amazónica, la mayor causa de deforestación es la siembra de pastizales para la ganadería extensiva. Esta actividad económica, sumamente improductiva en relación con otras actividades agrícolas – el promedio de uso del suelo está en 1 vaca por hectárea en gran parte del Amazonas –, es la preferida por los invasores al tener unos costos de producción muy bajos, sumado a una menor estacionalidad de precios en comparación con cultivos vegetales. Como consecuencia de esto, y de diversos estímulos que promueven algunos gobiernos para volver ‘productiva†la región Amazónica, el número de reses ha ido creciendo a un ritmo de entre 5% y 8% anual.

El 67% del Amazonas está ubicado en territorio brasileño, por lo que el rol de este país es central en la protección del bosque tropical. Sin embargo, Brasil ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en emisiones de gases invernadero, el 75% de éstas generadas por la deforestación. Siendo el mayor productor de carne y cuero a nivel mundial, la ganadería es responsable del 80% de la deforestación en todo el país, según cifras oficiales del gobierno brasileño. De 11 millones de cabezas de ganado en 1980, este país cuenta actualmente con casi 200 millones y, aunque ha realizado esfuerzos orientados a disminuir los niveles de crecimiento de la deforestación, desde el 2014 éstos volvieron a aumentar.

Por su parte, Colombia ha perdido más del 12% de selva Amazónica en los últimos 20 años, según un informe de Parques Nacionales y el Instituto Sinchi. En este país se presenta un fenómeno particular: existen muchos casos, como los vistos en el departamento del Guaviare, donde ‘â€los pastizales con ganado no son una inversión con miras a vender la carne sino para obtener crédito pecuario y eventualmente tener forma de legalizar la tenencia de la tierraâ€â€, afirma Liliana Dávalos, investigadora de Stony Brook University. A causa de este tipo de incentivos perversos, la tasa de deforestación en ciertas zonas de este departamento alcanza a ser 6 veces mayor a la del promedio del Amazonas colombiano.

Ante esta gran problemática regional, es evidente que resulta necesario reformar los sistemas de incentivos gubernamentales destinados a aumentar la productividad de la región amazónica, así como los mecanismos de control ambiental en los diferentes países que comparten este bosque tropical. Aunque es indudable que el crecimiento de la industria ganadera puede repercutir positivamente en el desarrollo económico de las comunidades vecinas, no se está teniendo en cuenta dentro del análisis el gigantesco valor ecológico que presenta esta selva, ni las devastadoras e irreversibles consecuencias que puede tener su destrucción en el clima, los ecosistemas, y las sociedades humanas de todo el continente. Ciertamente, es vital detener el crecimiento de este cáncer ambiental, antes de que haga claudicar al ‘Pulmón del Mundoâ€.

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Hoy, se estima que la minería ilegal de oro puede llegar a ser hasta veinte veces más rentable que la producción de hoja de coca. Es por esto que, en Colombia, únicamente el 13 por cierto del oro que se saca cada año del país proviene de minas tituladas; el 87 por ciento restante – que equivale a más de USD $2 mil millones – es de extracción ilegal o informal. Aunque es evidente que cualquier tipo de minería extractiva del oro, así cumpla estándares legales, no es ambientalmente sostenible, es este segundo tipo el más perjudicial para los ecosistemas y las comunidades, y es el que utilizan los grupos al margen de la ley, como guerrillas y BACRIM, para financiar sus actividades ilegales.

Durante el proceso de extracción ilegal o informal del metal, se utiliza mercurio para amalgamar el oro, y así poder separarlo de sus impurezas. Posterior al proceso de extracción y separación del oro, este mercurio termina siendo inhalado por los mismos mineros, y desechado en los ríos sin ningún tipo de supervisión o preocupación por la contaminación del ecosistema. Este metal pesado es luego consumido por los organismos presentes en el hábitat, convertido en metilmercurio, y pasado a lo largo de toda la cadena trófica hasta llegar a los peces más grandes, siendo éstos los consumidos por los seres humanos. Los efectos del metilmercurio sobre la salud humana, muchas veces irreversibles, están ampliamente documentados: daño neurológico (con consecuencias mucho más severas en los sistemas nerviosos en desarrollo de los niños), reflejado en cambios de comportamiento, temblores en el cuerpo, trastornos neuro-psiquiátricos, pérdida de funciones sensoriales, entre muchos otros; y afectaciones cardiovasculares. En los casos más graves, pueden presentarse profundas malformaciones en fetos en etapa de gestación, y muerte por envenenamiento agudo.

Para las comunidades indígenas del Amazonas, esta situación las vuelve especialmente vulnerables, al tener una dieta altamente dependiente del consumo habitual de peces de las cuencas fluviales, sobre los cuales, a diferencia de peces de mar como el atún, no se realiza en ningún momento una evaluación de niveles de mercurio. En el año 2016, el gobierno Peruano decretó un estado de emergencia por la crisis sanitaria en la región amazónica del país, donde se calcula que se vierten más de 40 toneladas de mercurio al año en fuentes hídricas, y se encontró que existían comunidades indígenas donde hasta un 82% de su población presentaba niveles muy superiores a los límites a partir de los cuales existe un alto riesgo de consecuencias graves para la salud. Asimismo, en Brasil se encontraron en el año 2016 diecinueve comunidades indígenas con niveles promedio de hasta 16 mg/g de concentración de mercurio en el cuerpo (siendo 6 mg/g el límite máximo a partir del cual existe un alto riesgo de afectaciones graves e irreversibles a la salud humana según la OMS).

En Colombia, a pesar de la lamentable falta de estudios epidemiológicos a gran escala, se han registrado casos como el del Parque Nacional Cahuinarí, en el departamento del Caquetá, donde un estudio realizado por la Universidad de Cartagena encontró que el promedio de niveles de mercurio en el organismo de los indígenas Bora y Miraña era de 17,06 partes por millón (ppm), siendo 5 ppm el umbral de alto riesgo establecido por la OMS. Asimismo, resultan preocupantes los resultados encontrados por una investigación de la Contraloría General de la República, donde se identificaron 80 municipios, de 17 departamentos diferentes en el país – entre ellos Antioquia, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca -, cuyas cuencas hídricas presentaban contaminación por mercurio.

Ciertamente, es urgente y necesario un plan de acción integral y efectivo por parte de los diferentes gobiernos regionales que comparten fuentes hídricas amazónicas, para frenar un fenómeno que ya representa una emergencia sanitaria internacional, y puede generar graves consecuencias no sólo en las comunidades indígenas más vulnerables, sino a la gran parte de la población que incluye en su dieta peces de agua dulce. Si no se actúa de forma rápida y efectiva, se corre el riesgo de que este veneno termine por hacer desaparecer, después de tantos siglos de abuso y olvido, las comunidades ancestrales que habitan esta selva.

Bibliografía

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