Baldios archivos - ANeIA | Universidad de los Andes - AGRONEGOCIOS E INDUSTRIA DE ALIMENTOS https://aneiapre.uniandes.edu.co/tag/baldios/ AGRONEGOCIOS E INDUSTRIA DE ALIMENTOS Mon, 10 Jul 2023 15:34:08 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://aneia.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-1-32x32.png Baldios archivos - ANeIA | Universidad de los Andes - AGRONEGOCIOS E INDUSTRIA DE ALIMENTOS https://aneiapre.uniandes.edu.co/tag/baldios/ 32 32 Los baldíos en Colombia – Parte 4 https://aneia.uniandes.edu.co/los-baldios-en-colombia-parte-4/ Fri, 13 Nov 2015 03:46:50 +0000 https://aneia.pixelpro.website/los-baldios-en-colombia-parte-4/ En el artículo de la semana pasada, Los baldíos en Colombia - Parte 3, hice una breve exposición del proyecto de ley 223 que busca modificar el régimen sobre tierras baldías reglamentado por la Ley 160 de 1994.

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Este proyecto fue aprobado el pasado 11 de noviembre en tercer debate por la Comisión V del Senado, con una votación de 8 votos a favor y sólo 1 en contra, que correspondió al voto del senador Jorge Enrique Robledo. En ese sentido, al proyecto le quedaría solamente un aval frente a la plenaria del Senado para ser sancionado como ley de la República.

El nuevo proyecto de ley se justifica bajo la premisa de que la mayoría de los baldíos con los que aún cuenta la Nación, principalmente aquellos de la Altillanura colombiana, no son aptos para la economía campesina puesto que requieren de grandes inversiones para ser rentables y por lo tanto, tienen vocación para llevar a cabo grandes proyectos agroindustriales. Sin embargo, las críticas al proyecto de ley no se han hecho esperar por parte de congresistas y diversos sectores de la sociedad civil que no reparan en manifestar sus reservas frente al proyecto, argumentando que éste pretende legalizar la acumulación de baldíos –práctica hoy en día prohibida taxativamente por la Ley 160 de 1994- y favorecer la concentración de la tierra en manos de grandes empresarios y multinacionales, desconociendo así, el derecho primario que tienen los campesinos sobre las tierras baldías. En el pasado artículo expuse los argumentos que sustentan el proyecto de ley y en el artículo de hoy, tengo como propósito, exponer las principales críticas contra el proyecto. De esta manera, el lector puede contar con elementos de juicio que le permitan adoptar una posición informada frente a un tema de actualidad y relevancia.

Al igual que en las anteriores iniciativas del Gobierno por modificar la Ley 160 de 1994 –ésta constituye el sexto intento-, el principal opositor ha sido el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, a quien no le ha temblado la voz para denunciar lo que considera un fraude agrario. Vale la pena recordar que fue el mismo senador Robledo el que reveló las irregularidades en la compra de terrenos baldíos por parte de la multinacional Cargill –la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo-. Entre el 2010 y el 2012, Cargill adquirió 39 predios en el departamento del Vichada que sumaron un total de 52.576 hectáreas por un precio superior a los $73 mil millones de pesos (El Espectador, 2013). Normalmente, esto sería considerado un negocio legítimo si no fuera por el hecho de que los terrenos adquiridos fueron adjudicados como baldíos a campesinos y por ende, les aplicaba la restricción impuesta por la Ley 160 de 1994 que prohíbe expresamente la acumulación de más de una UAF en tierras tituladas inicialmente como baldíos. La estrategia jurídica para burlar la ley, diseñada por la prestigiosa firma de abogados Brigard & Urrutia, consistió en la constitución de 36 sociedades por acciones simplificadas (S.A.S) para comprar uno por uno, los 39 predios. Estas sociedades de papel reportaron un mismo domicilio en Bogotá, idénticos representantes legales o revisores fiscales, miembros repetidos en juntas directivas y la misma actividad de cultivo de cereales (El Espectador, 2013). Cargill no fue la única empresa que violó la ley. También siguieron la misma estrategia empresas como Riopaila Castilla, Poligrow, Mónica Semillas y otras 11 empresas más. Las denuncias del senador Robledo llevaron a la renuncia del entonces embajador en Washington y socio de la mencionada firma de abogados, Carlos Urrutia, a la investigación por parte de la Contraloría de las empresas implicadas y posteriormente, al retiro del proyecto de ley por parte del Gobierno. Más adelante, el Gobierno volvió a presentar una iniciativa similar a la anterior para permitir la acumulación de baldíos con miras al desarrollo de proyectos agroindustriales, pero esta vez, en el Plan de Desarrollo 2010-2014. Nuevamente, el senador Robledo demandó los artículos correspondientes frente a la Corte Constitucional que terminó por darle la razón, declarándolos inexequibles.

Área (Hectáreas)
Caso Riopaila 36.641,77
Caso Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo 14.710,11
Caso Manuelita Yopal 14.012,00
Caso Manuelita San Martin 5.439,57
Caso Camilo Pabón 4.216,00
Caso Poligrow 5.557,00
Caso Guarrojo 8.330,20
Caso Timberland 13.253,92
Cas Grupo Mónica Colombia S.A.S. 12.238,03
Caso Carlos Aguel Kafruni 10.636,03
Caso Fiducia Helm trust SA Predio “El Brasil” 16.350,00
Caso Familia Iragorri 3.816,61
Caso Familia Lizarralde – Ocampo 5.064,00
Caso Multinacional Cargill 66.384,09
Total Área 101.180,57

Fuente: (Senado de la República de Colombia, 2015).

En el presente proyecto de ley, el senador Robledo y el Representante a la Cámara, Inti Asprilla, volvieron a manifestar las mismas inquietudes de la iniciativa pasada, pues a excepción de unas pequeñas modificaciones, el nuevo proyecto de ley es idéntico al anterior y pretende los mismos objetivos. El proyecto de ley 223 de 2015 plantea un modelo de desarrollo agrícola fundado bajo el principio según el cual los proyectos asociativos entre empresarios y trabajadores agrarios, con o sin tierra, pueden generar actividades de producción a gran escala que permitan maximizar la productividad de la mano de obra y reducir los costos unitarios de producción. En ese orden de ideas, el proyecto de ley pretende declarar unas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) para adelantar proyectos agroindustriales con economías de escala y de caracter asociativo.

La crítica principal que se le hace al proyecto de ley es que viola, de manera flagrante, la restricción en la acumulación de baldíos reglamentada por la Ley 60 de 1994. De acuerdo con la Ley 160, no es permitida la acumulación de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) en tierras inicialmente adjudicadas como baldíos. Por el contrario, el proyecto de ley 223, en el artículo 9, establece que en las Zidres, el ejecutor del proyecto podrá: arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios obtenidos lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen desprenderse del derecho del dominio, hasta completar el área requerida para el proyecto productivo. Es decir, se rompe por completo la restricción de la UAF que tuvo como objetivo en su formulación, lograr que los terrenos inicialmente adjudicados como baldíos permanecieran en la economía campesina y no fueran a parar a manos de grandes empresarios. Lo más grave del asunto es que esta ley le abriría la puerta a la legalización de tierras que fueron adquiridas de forma ilegal, como en el caso de Cargill o Riopaila Castilla, ya que el artículo 12 permite “sanear las situaciones imperfectas garantizando la seguridad jurídica” en las zonas declaradas como Zidres. A pesar de que la versión aprobada por la Comisión V de la Cámara estableció una restricción que excluye a los baldíos adjudicados después de la Ley 160 de 1994, ésta va en contravía directa de los conceptos jurídicos emitidos por el Consejo de Estado, la Contraloría y la Corte Constitucional que afirman que la prohibición de acumular tierras con antecedentes de baldíos, aplica a todas las adquisiciones posteriores a la Ley 160, independientemente del año de su adjudicación (OXFAM International, 2015).

ley zidres

Fuente: (Alianza Verde Sopetran, 2014)

Otra gran crítica al proyecto se encuentra frente a la titulación de terrenos baldíos como tal. Si bien el artículo 7 establece que los terrenos baldíos podrán ser entregados en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio y sólo tendrá lugar cuando se trate de proyectos productivos que integren como asociados al pequeño o al mediano productor, el derecho de los campesinos no se puede reducir a la mera formalidad de contar con un título de propiedad sobre un predio, sino que el Estado debe garantizarles que puedan disponer libremente de sus tierras, es decir, que tengan el poder para decidir qué hacer con ellas. Pero, al declarar las Zidres como zonas de utilidad pública e interés social en el artículo 1 del proyecto de ley y de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, se abre la puerta a la expropiación de la tierra en caso de que el campesino no siga los lineamientos y criterios de productividad definidos por la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA) y se oponga a entrar en el régimen de transición.

Finalmente, la alianza entre campesinos e inversionistas que propone la ley para el desarrollo de los proyectos agroindustriales deja muchas dudas, a tal punto que el senador Robledo las ha llamado “asociaciones entre zorros y gallinas” por su carácter desigual y asimétrico (Canal Capital, 2014). En las alianzas propuestas en el proyecto de ley 223, los campesinos quedan sometidos a lo que decidan los gestores del proyecto agroindustrial ya que no se especifica en absoluto, ninguna participación campesina en las decisiones estratégicas que se adopten en el marco de estas alianzas. Debería precisarse el derecho de los campesinos a contar con voz y voto en los órganos de dirección de los proyectos productivos, pues de lo contrario, su papel se reduciría a aportar su tierra y su fuerza de trabajo, quedando relegados a ser simples jornaleros al servicio de grandes terratenientes. Tampoco se les garantiza a los campesinos derechos mínimos para que vivan en condiciones dignas. Por ejemplo, no se precisa la forma como se remunerará a los trabajadores agrarios que se asocien. ¿Cómo se repartirán las utilidades? ¿Los campesinos tendrán derecho a parte de las utilidades? En cuanto a las condiciones laborales, ¿Podrán las empresas gestoras contratar a sus trabajadores, incluidos los campesinos que se asocien, a través de terceros o deberán hacerlo directamente? ¿Les garantizarán a los campesinos contratos de estabilidad laboral? ¿Los salarios deberán ser superiores al mínimo? (Senado de la República de Colombia, 2015) Como se puede observar el proyecto de ley deja muchas inquietudes que por acción deliberada o por omisión, vulneran los derechos de los trabajadores agrarios.

baldios 4

Fuente: (Canal Capital, 2014)

Los defensores del proyecto, como el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, argumentan que ésta es una iniciativa para potenciar la productividad. Según el superintendente, el 77% de los baldíos adjudicados en el pasado fueron vendidos casi de inmediato (Dinero, 2015). Por eso, se buscó una fórmula para promover el trabajo de grandes, pequeños y medianos empresarios, porque se sabe que se requieren grandes inversiones. El proyecto busca emular la experiencia del “cerrado brasileño” en el que Brasil, mediante la puesta en producción de la soja, azúcar, café, jugo de naranja, carne de aves, carne bovina, tabaco y etanol a gran escala, logró transformarse en uno de los principales productores agrícolas a nivel mundial. En el año 2007, el sector agropecuario brasilero representó el 37% de los empleos y el 36,4% de las exportaciones de ese país (Senado de la República de Colombia, 2015). A pesar de que ésta pareciera ser una opción atractiva para Colombia, existe una diferencia significativa con el caso brasilero y es que desde 1973, Brasil llevó a cabo una gran inversión pública en investigación y desarrollo agropecuario a través de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Esta empresa, adscrita al Ministerio de Agricultura, produjo importantes innovaciones tecnológicas que volvieron la tierra más productiva. Por ejemplo, se logró reducir los niveles de acidez del suelo a través de una bacteria que ayudó a fijar el nivel de nitrógeno, volviendo terrenos infértiles aptos para la producción, se crearon nuevas variedades de pastos y se adoptaron prácticas más efectivas para el cultivo y el barbecho, entre otras. En cambio, el proyecto presentado por el Gobierno para desarrollar la Altillanura deja en manos de las asociaciones las innovaciones agropecuarias y tecnológicas, haciendo poco probable la replicación del éxito brasilero.

Recientemente ha salido a la luz pública un estudio realizado por la Universidad Javeriana, la Universidad de los Llanos y OXFAM que desvirtúa el argumento sobre el que se basa el proyecto de ley 223 que sostiene que las tierras de la Altillanura no son aptas para la producción agrícola familiar. Los investigadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana y de la Universidad de los Llanos analizaron en profundidad a 10 familias campesinas en parcelaciones de Puerto López, Meta. Las conclusiones del estudio señalan que 1) los ingresos obtenidos por la agricultura familiar en la altillanura superan ampliamente, entre 3 y 15 veces, la alternativa de arrendamiento de tierra que proponen los agroindustriales de la zona; 2) que la agricultura familiar en la Altillanura es altamente eficiente y 3) que puede desarrollarse sin la tutoría de los grandes empresarios agroindustriales y sin hacer alianzas productivas con ellos (BusinessCol, 2015). Aunque el estudio está bien documentado, abre la puerta para reconsiderar la viabilidad de la agricultura familiar en la Altillanura colombiana, y más importante aún, resalta la importancia de vincular investigaciones académicas en el diseño de políticas públicas, se debe tener en cuenta que únicamente se documenta la experiencia de 10 familias campesinas de una misma región. Habría que analizar qué tanto se pueden extrapolar los resultados de la investigación a otras regiones de la Altillanura colombiana con condiciones de productividad diferentes. Sin embargo, si se llegase a comprobar de forma científica la inviabilidad de la Altillanura para desarrollar proyectos de economía campesina, tampoco deberíamos satanizar la empresa privada y, sin eufemismos, dejar el desarrollo de la Altillanura en manos de los empresarios nacionales que cuentan con el capital para hacerlo. De manera simultánea, se podría adelantar una reforma agraria en tierras más fértiles como las del Magdalena Medio, donde existen grandes latifundios ociosos, de caracter especulativo y disfrazados de ganadería extensiva, que podrían ser aprovechados por familias campesinas para su subsistencia. No nos sirve mandar a los campesinos a la periferia, entregándoles tierras infértiles desprovistas de bienes públicos como carreteras para sacar sus productos o asistencia técnica para mejorar su productividad y condenándolos así, a la pobreza eterna (Alejandro Reyes Posada, 2015). Pero, hasta que se compruebe la inviabilidad campesina de la Altillanura colombiana, lo prudente es retirar el proyecto de ley acogiéndose al principio jurídico de precaución.

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Fuente: (Clarín, 2014)

Otro aspecto a tener en cuenta en esta discusión es que aproximadamente, el 50% de la propiedad rural privada fue inicialmente titulada como baldío de la Nación (Castro, 2013). Por lo tanto, la aplicación irrestricta de la Ley 160 en la recuperación de terrenos que excedan el límite impuesto por la UAF es completamente inviable. Es imprescindible respetar los derechos de propiedad de quienes han desarrollado una producción agraria íntegra, han pagado impuestos y generado empleo, aún si poseen más de una UAF, ya que el Estado es en gran parte responsable del desorden jurídico y el vacío normativo, por su inoperancia e incapacidad de hacer cumplir la ley. Sin embargo, el Estado sí debe adelantar procesos de recuperación de terrenos baldíos privatizados cuando estén en conflicto con ocupantes campesinos que reclamen su adjudicación; cuando fueron ilegalmente titulados por razones especulativas de acaparamiento para valorizar, sin explotación adecuada del potencial productivo; y cuando estén en zonas de alta concentración de la propiedad y de falta de acceso a la tierra por parte de pequeños productores (Alejandro Reyes Posada, 2015).

En conclusión, el proyecto de ley 223 modifica subrepticiamente el régimen de baldíos y el espíritu social plasmado en la Ley 160 de 1994. Si se aprueba esta ley, se permitiría la acumulación predios con antecedentes de baldíos, se aprobaría la entrega de tierras en concesión a grandes capitales por largos periodos de tiempo, se favorecerían los procesos de extranjerización de la tierra, se legalizaría la adquisición ilegal de tierras baldías, y los campesinos entrarían formar a asociaciones desiguales e inciertas a riesgo de ser expropiados por no cumplir con los criterios de productividad de la UPRA. Lejos de ser un proyecto que fomente la productividad y la modernización del campo, los colombianos estamos siendo testigos de una contrarreforma agraria que vulnera los derechos del campesinado y premia a los grandes terratenientes y multinacionales extranjeras. No deja de ser especialmente inverosímil e irónico que un Gobierno que hace todo tipo de concesiones para lograr firmar un acuerdo de paz de un conflicto originado en la propiedad desigual de la tierra, presente simultáneamente un proyecto de ley que desconoce derechos adquiridos y concentra aún más la tierra, apalancándose en las mayorías parlamentarias que tiene en el Congreso. Esperemos, como en ocasiones anteriores, que la Corte Constitucional vuelva a pronunciarse, declarando la ilegalidad de este adefesio y restaurando la confianza de los colombianos en las instituciones jurídicas. De hecho, la probabilidad de que esto ocurra es alta pues ya varios dirigentes indígenas han declarado la inconstitucionalidad del proyecto porque unas de las Zidres presupuestadas tocan áreas de resguardos indígenas y no se ha hecho ninguna consulta previa con las comunidades al respecto (KienyKe, 2015). Es necesario retirar el proyecto de ley 223 de 2015 para que el país pueda, de manera juiciosa, frentera y con la participación de numerosos actores, llegar a un consenso frente a qué política de desarrollo agrario es la más conveniente. Sea cual sea debe respetar los derechos de los campesinos pobres, darle seguridad jurídica a la propiedad rural, reconocer derechos ya adquiridos y por qué no, considerar la posibilidad de adelantar proyectos agroindustriales en zonas que así lo exigen y únicamente, en cabeza de nacionales.

@aperdomo91

Bibliografía

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  • Intaco Comunica. (11 de Noviembre de 2015). No a las ZIDRES. Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de http://linkis.com/www.youtube.com/gbvRz
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  • Senado de la República de Colombia. (Julio de 2015). Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley 223 de 2015 Cámara. Recuperado el 06 de Noviembre de 2015, de http://senado.gov.co/az-legislativo/proyectos-de-ley
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]]> Los baldíos en Colombia – Parte 3 https://aneia.uniandes.edu.co/los-baldios-en-colombia-parte-3/ Thu, 05 Nov 2015 19:39:00 +0000 https://aneia.pixelpro.website/los-baldios-en-colombia-parte-3/ Después de haber hecho un juicioso análisis de las ventajas y desventajas de la Ley 160 de 1994 en el artículo Los baldíos en Colombia – Parte 2, en esta entrega voy a presentar en qué consiste el proyecto de ley 223 que cursa su trámite en el Congreso.

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]]> Fuente Imagen: (Casa de Colombia)
El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno, en cabeza del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo (por impedimentos del Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri) el 16 de abril de este año y constituye el sexto intento del presidente Juan Manuel Santos por modificar la Ley 160 de 1994. El proyecto ya fue aprobado en los primeros dos debates en la Cámara de Representantes y ahora espera la primera ponencia en la comisión quinta del Senado.
El proyecto de ley 223 parte del supuesto de que Colombia dispone de un gran potencial agrícola para suplir la creciente demanda mundial de alimentos pero la legislación actual no permite el desarrollo productivo de regiones que requieren grandes inversiones de capital para ser rentables. La idea de que Colombia se convierta en una despensa mundial de alimentos para el año 2030 no es descabellada puesto que, según la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), somos uno de los 7 países del mundo –junto con Argentina, Brasil, Bolivia, Angola, República Democrática del Congo y Sudán- que todavía tiene la posibilidad de extender su frontera agrícola (Semana, 2010). Una de las oportunidades más claras que tiene el país para aumentar la cantidad de tierra cultivable se encuentra en la Altillanura colombiana: se calcula que de las 7 millones de hectáreas que la componen, aproximadamente 4 millones podrían ser utilizadas para producir alimentos (Semana, 2012). Tal y como lo explica Juan Fernando Cristo, autor de la iniciativa, en la exposición de motivos del proyecto de ley, «aunque esta región presenta excelentes condiciones de luminosidad, brillo solar, y temperatura, sus suelos presentan baja fertilidad debido a los elevados niveles de acidez, alta saturación de aluminio, bajos contenidos de materia orgánica y muy baja saturación de bases intercambiables como calcio, magnesio y potasio. Además, la oferta hídrica de la región es abundante entre abril y noviembre, pero tiene una fuerte temporada seca entre diciembre y marzo que se intensifica a medida que se avanza hacia el oriente de la región. Lo anterior hace que los proyectos productivos agrícolas en la Altillanura deban hacer uso de un complejo paquete tecnológico en temas de pastos, mejoramiento genético, recuperación de suelos, desarrollo de nuevas variedades de semillas, manejo de las plagas, uso eficiente del recurso hídrico y adaptación al cambio climático. El desarrollo y la utilización de este paquete tecnológico es exigente en inversiones de capital, y el retomo a la inversión solamente se garantiza en la medida en que se pueda aplicar en superficies que generen economías de escala para bajar los costos unitarios de producción» (Juan Fernando Cristo Bustos, 2015).
Con base en lo anterior y entendiendo que existen zonas del país en donde alcanzar altos niveles de productividad exige mayores esfuerzos tanto económicos como de asociatividad, el proyecto de ley 223 del 2015 propone la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) como zonas especiales de aptitud agropecuaria, ubicadas en territorio nacional, aisladas de los centros urbanos más significativos y que demandan elevados costos de adaptación productiva. Las Zidres se caracterizan por tener baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar que fomenten proyectos productivos que beneficien a los trabajadores agrarios sin tierra y que promueva la inversión de capital en el agro. En ese orden de ideas, las Zidres están destinadas a: 1) Promover la inclusión social del trabajador agrario como agente social productivo; 2) Aumentar la productividad sostenible de la tierra; 3) Promover el desarrollo social y económico de la zona; 4) Mejorar las condiciones agrológicas del suelo; 5) Incentivar la conservación del medio ambiente; 6) Promover el acceso y la regularización de la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios; 7) Promover el empleo rural y la seguridad alimentaria.
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Fuente: (Radio Macondo, 2014)
La identificación de las áreas potenciales para declarar una Zidres será establecida por la Unidad de Plneación Rural Agropecuaria (UPRA), la delimitación será constituida por el Gobierno Nacional a través de documento CONPES y la aprobación se efectuará a través del Consejo de Ministros mediante decreto. Para la delimitación de las ZIDRES será indiferente que los predios cobijados sean de propiedad privada o pública y cuando en estas zonas se encuentren proyectos productivos cuyos usos del suelo no se ajusten a las establecidas por la UPRA, se establecerá un régimen de transición y acompañamiento que estimule la reconversión productiva de estos proyectos hacia los estándares fijados por la entidad. Tampoco podrán constituirse Zidres en territorios que comprendan, siquiera parcialmente, zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y territorios colectivos titulados o en trámite de constitución.
El proyecto de ley plantea varios esquemas para los proyectos productivos en las Zidres. Estos pueden ser desarrollados por personas naturales, jurídicas, o por empresas asociativas. El ejecutor del proyecto productivo podrá arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios lícitamente obtenidos o asociarse con los propietarios campesinos que no deseen desprenderse del derecho del dominio, hasta completar el área requerida para el proyecto. No existe la obligación explícita de involucrar a los campesinos en los proyectos productivos pero, en caso de hacerlo, la empresa asociativa se hace beneficiaria de una política de incentivos y estímulos que incluyen líneas de créditos, estímulos a la promoción, formación y capacitación de los campesinos, respaldo a través del Fondo Agropecuario de Garantías entre otros. Asimismo, la asociatividad con campesinos se puede dar independiente de si éstos tengan o no tengan la propiedad de la tierra. Si el campesino asociado no tiene tierra, el proyecto productivo deberá establecer un mecanismo que permita que, antes de los tres primeros años de iniciado el proyecto, estos se hagan propietarios de un porcentaje de la misma definido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), de acuerdo al proyecto productivo y a la capacidad financiera de quien lo adelante.
Los proyectos productivos también se podrán adelantar en bienes inmuebles de la nación, es decir, en los terrenos baldíos con la condición de asociar a los campesinos al proyecto. El proyecto de ley establece que se podrá solicitar al Gobierno Nacional la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio, de bienes inmuebles de la Nación ubicados en las Zidres, con la obligación de integrar como asociados al pequeño o al mediano productor. La entrega de los bienes inmuebles de la Nación, bajo cualquier modalidad, dará lugar al pago de una contraprestación monetaria que será definida por el Gobierno Nacional, atendiendo las variables relacionadas con el área del terreno y los volúmenes de producción. Dentro del documento contractual también se deberá incluir las condiciones óptimas en que la tierra debe ser devuelta tras la culminación del contrato, como también las garantías correspondientes y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del contratista. De igual forma, las personas que se encuentren ocupando predios baldíos y que, a la fecha de la declaratoria de las Zidres no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 160 de 1994 para ser beneficiarios de la titulación de los predios ocupados, podrán vincularse a los proyectos productivos que tengan el carácter de asociativos.
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Fuente: (Semana, 2013)
Grosso modo, éste es el proyecto de ley que cursa en actualmente en el Congreso. Aunque pareciera que su razón de ser está justificada en factores inherentes a la condiciones de la Altillanura colombiana -que exigen un modelo productivo a gran escala para ser rentable- el proyecto deja muchas dudas con respecto a la asociatividad de los campesinos y a la aparente legalización en la acumulación de tierras baldías -o tierras originalmente adjudicadas como baldías- que favorecería a grandes empresarios que reportan millonarias inversiones en la región. No en vano han aparecido fuertes críticas al proyecto de ley por parte de diversos sectores como el Polo Democrático en cabeza de los congresistas Jorge Enique Robledo y Inti Asprilla, organizaciones como OXFAM, Codhes, Cinep, Cumbre Agraria, Comisión Colombiana de Juristas, entre otras. En la próxima entrega, haré una exposición detallada de las críticas contra el proyecto como también de los argumentos que lo defienden. Sin duda alguna, la propiedad de la tierra en Colombia es un tema muy controversial, que admite varias lecturas y está lejos de solucionarse con la promulgación de una ley.
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Bibliografía

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]]> Los baldíos en Colombia – Parte 2 https://aneia.uniandes.edu.co/los-baldios-en-colombia-parte-2/ Thu, 29 Oct 2015 19:14:20 +0000 https://aneia.pixelpro.website/los-baldios-en-colombia-parte-2/ En mi artículo pasado -Los baldíos en Colombia – Parte 1-, luego de haber hecho una introducción al tema de los baldíos en Colombia y de haber realizado un breve recorrido histórico de cómo se ha manejado ese tema en el país, encontré que durante el siglo XIX y XX no hubo una política clara frente a la repartición y titulación de tierras baldías.

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]]> Fuente Imagen: (INCODER, 2012)
Más aún, las leyes promulgadas durante este periodo parecieron favorecer la acumulación de tierras en manos de grandes terratenientes y contribuyeron en gran medida a suscitar grandes conflictos por la tierra entre éstos últimos y los colonos campesinos. En este artículo voy a exponer la Ley 160 de 1994 que corresponde a la legislación actual y vigente frente al tema de baldíos y voy analizar sus ventajas, defectos y el impacto que ésta ha tenido en el desarrollo del país
Al igual que nuestra Constitución Política, la prosa de la Ley 160 de 1994 es grandilocuente y pareciera corresponder más a un país escandinavo que a la idiosincrasia tropical colombiana. Los principios rectores son nobles, justos y loables y es difícil que cualquier colombiano, con un mínimo de consciencia social, los encuentre desafortunados. La Ley está inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. En ese sentido, la Ley define 9 objetivos dentro de los que se destacan promover y consolidar la Paz, reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos encaminados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad, elevar el nivel de vida de los campesinos, fomentar la adecuada explotación de tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos (Secretaría Senado, 1994).Para cumplir con tan plausibles propósitos, la Ley materializa su deseo manifiesto de equidad y justicia social introduciendo el polémico concepto de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF). La Unidad Agrícola Familiar (UAF) es una unidad de medida para la producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión no sólo garantiza el sustento básico a una familia sino que también produce excedentes que le ayudan a la formación de su patrimonio. Se calcula que una UAF explotada correctamente le puede producir a una familia campesina el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales, es decir, alrededor de $1.800.000 pesos (El País, 2013). Dependiendo de las características propias del suelo de cada región, el tamaño de las UAF puede ir desde 2 hectáreas en Ubaté hasta 2.269 en el Caguán (El País, 2013).

Pero más allá de una unidad de medida, las UAF están pensadas como instrumento para llevar a cabo una política redistributiva de la tierra y evitar la acumulación de grandes extensiones de tierras baldías. El artículo 65 de la Ley 160 establece que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-. La Ley señala que los terrenos baldíos de la Nación tienen una destinación exclusiva para familias pobres (artículo 67, parágrafo 2) y para lograr la adjudicación, tanto para personas naturales como jurídicas, se deben cumplir con ciertas condiciones: (1) el terreno que se adjudica no puede ser mayor a una UAF; (2) se debe demostrar la explotación de más de dos terceras partes del predio y esta se debe hacer con la aptitud especifica señalada en la Ley; (3) tiene que haber sido ocupado por más de 5 años; (4) el adjudicatario no puede contar con un patrimonio neto superior a 1.000 salarios mínimos mensuales legales; y (5) no se pueden titular predios baldíos a personas naturales o jurídicas que ya sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional (Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria). Luego de recibir la adjudicación de las tierras baldías, el campesino puede venderlas so pena de no poder obtener una nueva adjudicación por un periodo de 15 años. Sin embargo, la Ley también señala que en ningún caso, un titular podrá ejercer dominio, posesión o tenencia de más de una UAF (artículo 40, numeral 5), con el fin de restringir la acumulación de tierras baldías y tampoco se podrá fraccionar el terreno en un tamaño inferior al fijado por la UAF (artículo 44). Finalmente, la Ley dota al Estado de la facultad de enajenar y recuperar las tierras baldías cuando se compruebe la violación sobre las normas de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y por el incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo las cuales se produjo la adjudicación.

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Fuente: (Ola Política)
Como se puede observar, la Ley 160 de 1994 es una ley audaz que defiende el derecho a la propiedad de los campesinos y que, promulgada años atrás, nos hubiera ahorrado infinitud de conflictos. Sin embargo, se debe reconocer que las prohibiciones de la Ley chocan de frente con los intereses de grandes inversionistas que se han servido de artimañas jurídicas para apropiarse indebidamente de grandes extensiones de tierras baldías aprovechando la debilidad de los organismos de control. Se calcula que en la última década, el país ha entregado 2.445.000 hectáreas de baldíos a 85.219 personas y aproximadamente la tercera parte de estas asignaciones (alrededor de 800.000 hectáreas) fueron adjudicadas de forma irregular y están siendo objeto de investigación (Semana, 2013). También se estima que el 70% de los predios adjudicados ya no están en manos de los campesinos (El Tiempo, 2015). De ahí que el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, asegure que “no me queda duda de que este es el fraude agrario más grande del país” (Semana, 2012).Aunque, sin lugar a dudas, la Ley es bien intencionada, hay ciertos problemas que se derivan de su aplicación. La Ley permite la adjudicación de tierras baldías a todos aquellos colombianos con un patrimonio inferior a 1.000 salarios mínimos, es decir, 640 millones de pesos. Sin embargo, la realidad del país muestra que de los 47 millones de habitantes del país, sólo 162.000 declaran un patrimonio superior a esa cifra (Semana, 2013). En otras palabras, todos los colombianos tienen derecho a ese beneficio y aquellos que no, son los empresarios que disponen de grandes capitales y que dicen ser los únicos que pueden realizar las inversiones necesarias para desarrollar macro proyectos agrícolas con economías de escala.

De hecho, ese es uno de los argumentos más fuertes en contra de la Ley. La restricción en la acumulación de tierras impuesta por las UAF va en contravía del desarrollo agrario del país. El modelo de las UAF puede ser efectivo en tierras muy fértiles aptas para ser trabajadas por el pequeño campesino como las de Córdoba, Magdalena Medio o el Valle del Cauca. De hecho en estas regiones hay una alta concentración de tierras en latifundios ociosos, disfrazadas de ganadería extensiva, que concentran el mayor potencial del país para una reforma agraria redistributiva (Posada, 2014). Por el contrario, la altillanura del Meta y del Vichada se caracteriza por ser una zona de suelos orgánicos extremadamente ácidos y pobres en nutrientes, que necesita de grandes capitales para volverse productiva por medio de un modelo con economías de escala, en grandes territorios y a mediano plazo (Posada, 2014). El investigador y asesor del Gobierno, Alejandro Reyes, estima que crear suelo orgánico apto para cultivar cuesta 10 millones de pesos por hectárea y la capa vegetal tarda entre 4 y 5 años en crecer, lo cual, lógicamente, se encuentra por fuera de las posibilidades de un campesino dueño de una UAF de 1.725 hectáreas en el Vichada (Canal Capital, 2014).

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Fuente: (Cosmoagro, 2011)
Otro problema que ha tenido la Ley, es la falta de claridad en su interpretación jurídica. La Ley señala que ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos por una extensión superior a la UAF. De acuerdo con la interpretación tradicional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA- y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- la expresión “inicialmente adjudicados como baldíos” significa baldíos adjudicados en el pasado, incluso antes de la expedición de la Ley en 1994 (Castro, 2013). En materia práctica, esto significa que a una persona a quien le fueron adjudicadas tierras baldías de más de una UAF antes de 1994, debe fraccionar su terreno en varias UAF para poder vender su finca hoy y cumplir con la norma actual. Asimismo, si una persona quiere comprar una finca que fue originalmente baldío de la Nación hace 10 o 20 años, lo podrá hacer siempre y cuando no supere la extensión de la UAF correspondiente.El problema con esta disposición es que, como se sabe, la mayor parte de las tierras privadas existentes en Colombia fueron originalmente baldíos de la Nación (Castro, 2013). Sin embargo, en la mayoría de los predios es difícil trazar documentalmente el origen de la propiedad hasta la primera adjudicación como baldío, y en muchos casos no se puede ir más atrás de sentencias de pertenencia y títulos de transferencia entre particulares (Castro, 2013). Considerando solamente los baldíos adjudicados a partir de 1960, es posible identificar 503.191 predios con una extensión total de 19,3 millones de hectáreas que representan aproximadamente el 50% del área total de los predios rurales privados (Castro, 2013). Es decir, bajo la interpretación tradicional la Ley, ¡la aplicación estricta de la prohibición de acumular tierras originalmente baldías aplica en aproximadamente el 50% de las tierras de propiedad privada!

De igual forma, a pesar de que ninguna ley es retroactiva y se respetan las adquisiciones y acumulaciones superiores a la UAF realizadas antes de 1994, un concepto del Consejo de Estado del año 2009 estableció que no sólo son ilegales las apropiaciones de baldíos posteriores a la Ley 160 de 1994, sino todas las que se remonten hasta 1961 (Consejo de Estado, 2009). Esto último no sólo es absurdo sino inviable ya que dichas transacciones se remontarían a 52 años de historia y dada la informalidad del país, no hay posibilidad de que exista la documentación confiable para poder rastrearlas (Semana, 2013). Aunque los conceptos del Consejo de Estado son apenas opiniones que no exigen obligatorio cumplimiento, sí generan peso y ruido en medio de una controversia como ésta. El gran problema estructural implícito en todo este debate es que nadie sabe cuántas hectáreas son de la Nación ya que la ineficiencia del Estado no ha permitido contar con un inventario real y actualizado de las tierras públicas y privadas. En buena medida, la ausencia del mismo ha servido como un aliciente a la tenencia irregular en la propiedad de la tierra.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado frente al tema declarando inexequibles los proyectos agroindustriales dispuestos en el Plan de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 del 2011) que se habrían de desarrollar en el Llano y la Orinoquía, a través de la sentencia C-644 del 2012 (Corte Constitucional, 2012). Hasta la fecha ha habido inversiones por más de 1.000 millones de dólares por varios de los grandes empresarios más importantes de Colombia como Luis Carlos Sarmiento, Alejandro Santodomingo, la familia Eder y empresas como La Fazenda, y se han congelado otras inversiones adicionales por otros 1.000 millones de dólares (Semana, 2013). El reto que tiene el Gobierno, las Cortes y el Congreso es poder encontrar una fórmula que permita un modelo bimodal, que logre la convergencia de la economía campesina y los macroproyectos agrícolas para el desarrollo equitativo y el beneficio mutuo en regiones históricamente apartadas y olvidadas. Hoy, en un posible escenario de post acuerdo, es imprescindible darle seguridad jurídica a los propietarios rurales y definir la manera como se va a alimentar el cacareado Fondo de Tierras que va a distribuir predios a campesinos y a proyectos asociativos. Pero más allá de discutir y resolver el tema de la titulación y la propiedad de las tierras, debemos preguntarnos ¿cómo podemos hacerlas más productivas de tal manera que podamos cumplir con la proyección de convertirnos en la sexta despensa mundial de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria del país?

@aperdomo91
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]]> Los baldíos en Colombia – Parte 1 https://aneia.uniandes.edu.co/los-baldios-en-colombia-parte-1/ Thu, 22 Oct 2015 18:53:47 +0000 https://aneia.pixelpro.website/los-baldios-en-colombia-parte-1/ Hoy, en pleno siglo 21, Colombia aún no sabe cuántos baldíos tiene ni mucho menos en manos de quiénes están.

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Imagén Fuente: (Ámbito Jurídico, 2015)
Un dato aproximado señala que en el país puede haber más de 4.000.0000 de hectáreas de tierras baldías (El Tiempo, 2015). Seguramente muchos colombianos aún recuerdan el episodio en el que los senadores del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias, denunciaron las irregularidades en la adquisición de terrenos baldíos de la Orinoquía por parte de Riopaila Castilla y la multinacional americana Cargill, a través de una maniobra jurídica diseñada por la prestigiosa firma de abogados Brigard & Urrutia. En ese entonces, Carlos Urrutia, socio principal de la firma de abogados, fungía como embajador de Colombia en Washington y debido a las dimensiones que adquirió el escándalo nacional se vio obligado a renunciar. Posteriormente el Gobierno, en cabeza del Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde presentó al Congreso un proyecto de ley sobre baldíos (conocido como la Ley Urrutia – Lizarralde) que permitía la acumulación de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Las numerosas preocupaciones que generó el proyecto de ley por parte de varios sectores de la sociedad y más específicamente, los cuestionamientos que le hizo el senador Robledo al Ministro Lizarralde por sus actuaciones como gerente de Indupalma, llevó al Presidente Santos a retirar el proyecto de ley. A pesar que estos incidentes ocurrieron en el año 2013, la polémica por el uso y adjudicación de tierras baldías sigue vigente. Actualmente se está tramitando en el Congreso un proyecto casi idéntico al anterior, para la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) con el propósito de permitir el desarrollo de zonas apartadas del país, entre estas, la altillanura colombiana.
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Fuente: (HSBnoticias.com, 2013)
La discusión de cómo se deben adjudicar los baldíos que todavía tiene Colombia nos compete a todos ya que va más allá de un simple proceso de titularización de la propiedad. Es un debate profundo que nos debe llevar a reflexionar sobre cuál es el modelo de desarrollo económico que queremos para el país. Si bien Colombia no puede oponerse al desarrollo de proyectos agroindustriales que demandan grandes extensiones de tierra, tampoco se puede desconocer el derecho primordial que tienen los campesinos más pobres del país de tener un pedazo de tierra para trabajar. Probablemente, la solución se encuentre en un punto intermedio, un modelo mixto que permita la coexistencia y colaboración entre los dos tipos de desarrollo. En este artículo y en los próximos, voy a analizar de la manera más imparcial posible los argumentos a favor y en contra del actual proyecto de ley que se viene adelantando en el Congreso. Pero para entender las implicaciones del mismo, primero es necesario revisar la historia de cómo se ha tratado el tema de adjudicación baldíos en el país y las diferentes leyes que se han expedido para intentar regularlo.
La historia de la adjudicación de los baldíos en Colombia es extensa pero se caracteriza por tres momentos críticos. En el siglo XIX la política de tierras estuvo destinada a, por un lado, fomentar el crecimiento rural y la colonización, y por el otro fue una fuente de ingresos para el Estado, que vendía los baldíos al mejor postor para cubrir déficits fiscales o los entregaba en concesión para pagar deudas públicas. Esta política fue generosa en fomentar una estructura agraria bimodal en manos de terratenientes y de colonos. Al momento de la independencia, las tierras en Colombia ya estaban concentradas en una pequeña oligarquía, no necesariamente con títulos ajustados a la ley. Sin embargo existían todavía grandes extensiones de tierras sin asignar y legalizar. Las modalidades de apropiación y concentración de tierras desde la independencia fueron muchas y variadas como la venta de baldíos para pagar la deuda pública (venta de bonos a cambio de tierras), la venta directa, tierras ofrecidas a inmigrantes extranjeros, colonización interior por empresarios o campesinos colonos, entrega de baldíos a cambio de la construcción de obras públicas hasta incluso el otorgamiento de tierras a militares por sus contribuciones a la independencia, en muchas otras modalidades.
El período entre 1870 y 1920 fue de intensas confrontaciones entre colonos campesinos y grandes terratenientes. Era típico para la época argumentar que los campesinos y colonos eran personas ignorantes que ni conocían ni aplicaban la ley y tampoco estaban en capacidad de usar recursos para poner a producir la tierra de la que disponían. Por otro lado, las familias prestantes y empresarios pretendían establecer derechos privados sobre los baldíos y convertir a los campesinos en trabajadores dependientes. Con los recursos económicos derivados de la economía exportadora y con sus conexiones políticas, los empresarios utilizaron su poder para oponerse al derecho de propiedad a favor de campesinos y colonos. No debe entonces sorprendernos que hoy en día, los mismos argumentos y mecanismos son utilizados por políticos y empresarios para justificar proyectos agroindustriales de gran escala en tierras baldías de la Nación. La Ley 61 de 1874 intentó determinar el uso de la tierra en cultivos como el criterio de asignación de los baldíos cualquiera fuera su extensión, entregando otra extensión adyacente de igual tamaño si se vivía y trabajaba en ella. Pero también animó a personas ricas a tener todas las tierras que pudieran pagar. Los conflictos continuaron de tal manera que la Ley 48 de 1882 reconoció a los colonos como independientes y definió entre sus objetivos que “los cultivadores de las tierras baldías establecidos en ellas con caza y labranza, serán considerados como poseedores de buena fe y no podrán ser privados de la posesión sino por sentencia dictada en juicio civil ordinario” (Las 2 Orillas, 2014).
El segundo momento crítico se dio entre 1928 y 1936 con las múltiples invasiones de tierra por parte de los campesinos. El entonces Presidente Olaya Herrera gestó una propuesta en la cual ponía el uso de la tierra como condición para su asignación. Todo aquel que abriera y sembrara la tierra por un período de cinco años sería acreedor a título de propiedad. Obviamente esta propuesta se colocaba del lado de los colonos y campesinos. Para prevenir una nueva concentración de la propiedad el proyecto reducía el tamaño máximo de las concesiones a 2.000 hectáreas por persona. Además, al exigir confirmar la propiedad puso en evidencia una situación tal, que se estimaba que sólo en el departamento de Cundinamarca el 75% de los títulos eran falsos (Las 2 Orillas, 2014). La Ley 200 de 1936 expedida por Alfonso López Pumarejo, que se conoce como la primera ley de reforma agraria, estuvo destinada a solucionar los conflictos agrarios de la época donde los invasores reclamaban como baldíos las tierras que ocupaban por la fuerza, mientras que los propietarios invocaban sus títulos de notaría que los acreditaban como dueños. Como elementos importantes de la ley se encuentran la creación de jueces especiales para dirimir conflictos de tierra, la introducción del concepto de la función social de la tierra y la figura de extinción de dominio de tierras improductivas (Prensa Rural, 2007).
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Fuente: (La FM, 2013)
El tercer momento crítico corresponde un largo período que inicia con la Ley 135 de 1961 y que pareciera estar destinada a aumentar la acumulación de tierras en favor de personas o sociedades prestantes. Esta ley colocó el límite de 450 hectáreas para adjudicación individual de baldíos, permitió la concentración de 1.000 hectáreas en zonas especiales alejadas y 3.000 hectáreas en los Llanos Orientales. La ley autorizó incluso arrendamientos de hasta 2.500 hectáreas a un plazo máximo de 50 años. Más adelante, la Ley 30 de 1988 amplió la extensión de adjudicación de baldíos a 1.500 hectáreas sin necesidad de cumplir con la condición de ocupación previa pero bajo la obligación de desarollar una explotación productiva. Para aquellos que buscaran extensiones superiores a 1.500 hectáreas podía celebrarse otro contrato de usufructo (con plazos entre 10 y 30 años renovables) destinado a cultivos de tardío rendimiento o acuicultura, con un tope de 3.000 hectáreas. Si bien del usufructo no se desprendía el derecho a la propiedad, si existía la posibilidad de solicitar al vencimiento del primer periodo contractual, la ampliación de hasta la mitad de lo que se concedió la primera vez en usufructo, siempre y cuando el límite no pasara de 6.000 hectáreas.
La historia de los baldíos nos muestra la incapacidad del Estado colombiano, ya sea por acción u omisión, de definir una política clara y efectiva para la distribución, tenencia, uso y formalización de la propiedad rural. Pareciera que las leyes del siglo XIX y XX se promulgaron en beneficio de grandes terratenientes, favoreciendo la acumulación de tierras y por lo tanto, haciendo al Estado responsable de las dinámicas de violencia que ha vivido el país en la disputa por la tierra. En la próxima entrega analizaremos en detalle la Ley 160 de 1994 que es la que actualmente rige el tema de baldíos en el país y que es la que pretende cambiar el proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso.
@aperdomo91

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]]> ¿Cómo actuar ante el caso de Poligrow? – Palma de Aceite en Mapiripán https://aneia.uniandes.edu.co/farrazola-2/ Fri, 24 Oct 2014 10:59:25 +0000 https://aneia.pixelpro.website/farrazola-2/ La falta de políticas claras y efectivas sobre el acceso a la tierra y el uso de esta, ha servido como caldo de cultivo para una innumerable cantidad de tensiones entre sus pretendientes en Colombia.

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]]> El desplazamiento, el abandono y despojo de tierras, los conflictos entre la minería, la agricultura y el medioambiente son algunas de las caras de estas tensiones, las cuales tienen dimensiones tanto ilegales como legales. El caso de la empresa española Poligrow, dedicada al cultivo de palma de aceite en el Meta, nos sirve como ejemplo para estudiar la complejidad de estas situaciones y sentar posición sobre la manera en que como país deseemos que estos conflictos se solucionen.

Analizar el caso de Poligrow es enriquecedor porque es un caso en el que se entretejen muchas dimensiones: la legalidad y la ilegalidad, la agricultura industrial y la tradicional, las secuelas de un periodo de violencia y las iniciativas de responsabilidad social de una empresa, el pequeño productor local y el capital extranjero, entre otras.

Poligrow llegó al país en 2009, adquiriendo tierras para un proyecto agroindustrial en la producción de la palma de aceite. Para el 2011 la compañía había adquirido 5600 hectáreas en el municipio de Mapiripán, año en el que comenzó su siembra (Verdad Abierta, 2013). Sí, en ese municipio del Meta tristemente recordado por la masacre que lleva su nombre perpetrada por los paramilitares en 1997 (PNUD, 2011). Mapiripán no sólo sufrió la violencia de los paramilitares, la guerrilla también dejó su cuota, lo que tuvo como resultado el fenómeno del desplazamiento. Las tierras despojadas y abandonadas eran propiedad de colonos que habían logrado los títulos a partir de baldíos. La Ley 160 de 1994, entregó otros terrenos baldíos y reguló el comercio de baldíos. Acorde a esta, los títulos entregados a partir de baldíos del estado si bien son enajenables, sólo pueden ser adquiridos por otros campesinos y en ningún caso una persona natural o jurídica puede acumular más de una UAF (Unidad Agrícola Familiar) de tierras que fueron baldíos (Moir, 2013). De lo anterior se desprende que las tierras que adquirió Poligrow en Mapiripán eran de estos ex-baldíos, si pertenecían a desplazados o no, y si en algún momento fueron adquiridos ilegalmente, aún no se sabe. La compañía argumenta la legalidad de su adquisición en que los terrenos que adquirieron habían sido adjudicados por el estado antes de 1994 y que estos habían sido a su vez vendidos a otros terceros (que ya tenían más de una AUF) y a ellos fueron a quién Poligrow les compró los terrenos.

Si los terrenos fueron adquiridos ilegalmente, el estado debería, al seguir estrictamente la ley, restablecerle la propiedad a sus legítimos dueños y pedirle a Poligrow que abandone los predios. De otro lado, si el mayor problema legal es por la acumulación de AUF se debe buscar un mecanismo para que Poligrow divida sus hectáreas de palma, ojala entre productores locales que quieran seguir con el proyecto. Sin embargo, en el problema de que hacer con Poligrow debe considerarse, incluso con mayor detalle que la dimensión de la legalidad, los impactos sociales, económicos y ambientales que ha tenido el quehacer de la empresa en el pueblo. Poligrow da empleo a 500 personas, y es casi la única fuente de empleo formal en la región. “Tenemos que admitir que si se fueran (Poligrow) dejan a mucha gente sin trabajo. Aquí, además de la coca no se tiene nada para vivir”, comentó un habitante del pueblo a un medio noticioso (Verdad Abierta, 2013). Poligrow instaló una planta eléctrica que funciona con diesel para sus actividades industriales, con esa planta también suple las demandas de electricidad del pueblo las 24 horas, algo que ningún gobierno logró hacer. Respecto a la expansión de la producción, Poligrow tiene planes de producir en Mapiripán 15 mil hectáreas. En parte debido a las restricciones de compra de tierras, la empresa se propone lograr esta meta mediante alianzas con finqueros, campesinos y productores locales. La propuesta de Poligrow a la población local incluye garantías de compra de los productos a los precios del mercado y capacitación técnica a los nuevos aliados (Poligrow 2014).

El caso de Poligrow y lo que la justicia decida hacer con ella es importante para analizar cuál es el modelo de desarrollo que ha de primar en el campo colombiano. Parece claro que Poligrow representa para unos, una visión en la que la agroindustria es el héroe del campo y hace las veces de colonizador en una región, llevando innovación, progreso, electricidad y empleo formal. Para sus contendientes, esta visión agroindustrial representa una amenaza a la agricultura tradicional de subsistencia, a la propiedad campesina de la tierra, al estilo de vida y a la autosuficiencia campesina.

@farrazola Referencias:

· Moir – Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. (2013). Las Compras Ilegales de Tierra: Un modelo de Corrupción en la Cúspide del Poder. – Intervención del Senador Jorge Enrique Robledo en la plenaria del congreso (13 de Agosto de 2013). Disponible online en: http://www.moir.org.co/Las-compras-ilegales-de-tierras-Un.html
· Municipio de Uribe – Meta. (2014). Nuestro Municipio. Disponible en: http://www.uribe-meta.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcMapas%20Pol%EDticos-1-&x=1785828
· PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Informe Nacional de Desarrollo Humano – Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Bogotá, Colombia
· Poligrow. (2013). ¿Quiénes Somos? Disponible online en: http://www.poligrow.com/index.php?tpl=quienes
· Verdad Abierta. (2013). Tres Agroindustrias de los Llanos Compraron Tierras con Líos y Violencia. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/tres-agroindustrias-de-los-llanos-compraron-tierras-con-lios-y-violencia#negocio

 

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