Entre lo que actualmente denominamos la población colombiana las minorías siempre han sido vistas como poblaciones vulnerables, y en nuestro país han estado asociadas a la pobreza y marginalidad de la mayoría, quizá por esto la propiedad de la tierra toma mayor relevancia para estos grupos. De las poblaciones existentes que tienen una estrecha relación con la tierra, los indígenas son un caso que merece especial atención, debido a que su relación con la tierra trasciende a una necesidad de subsistencia. A diferencia de lo que sucede con otros grupos minoritarios como lo son las negritudes o los campesinos (si los consideramos como un grupo minoritario por su condición de vulnerabilidad) cuya relación con la el territorio es de subsistencia, los indígenas y el territorio tienen una dinámica que trasciende la mera subsistencia e involucra aspectos de la vida política, religiosa y social formando así una identidad propia. Es por esto que los resguardos indígenas fueron de las primeras formas de preservación territorial que se crearon, no porque esta fuese su finalidad sino como un efecto secundario de las identidades. El equilibrio social de muchos grupos indígenas está ligado al equilibrio del territorio que habitan[2] .

Muchos grupos indígenas han desarrollado modelos de sostenibilidad ambiental al interior de sus resguardos, sin embargo la falta de coordinación entre políticas públicas por parte del Estado ha hecho que la administración por parte de los líderes indígenas esté limitada por las necesidades básicas de cada comunidad y las oportunidades. Ejemplo del éxito que han tenido las comunidades indígenas es la Amazonía, desde los años noventa se creó el programa de consolidación amazónica (COAMA) donde las comunidades indígenas hacen parte del Estado, este liderazgo ha sido reconocido por entidades multilaterales y recientemente fue mostrado en la cumbre de Rio del año pasado como un ejemplo a seguir en la región.

Sin embargo hablar de los indígenas y de su relación con el entorno como sinónimo de sostenibilidad y conservación es un error. Como cualquier grupo social los indígenas han debido, dentro de sus diferentes manifestaciones sociales, formar una identidad que a través de los años encontró en la relación con el entorno una forma estable de subsistencia, lo que actualmente denominaríamos sostenibilidad. Actualmente a través de sus identidades particulares los grupos indígenas buscan espacios de reconocimiento y defienden su territorialidad política en la sociedad actual, como consecuencia el Estado crea las reservas indígenas. Es así que el manejo de los recursos naturales hace parte de la identidad indígena y en lo que desde los años setenta se centra su lucha[3]. Castells (1997) menciona tres fuentes del origen de los colectivos indígenas, una identidad legitimadora que proviene del reconocimiento del Estado, una identidad de resistencia y una identidad de proyecto que es la continua construcción de su identidad de acuerdo al contexto actual. La construcción mencionada es la que ha llevado a que los indígenas sean actualmente percibidos como los ecologistas por naturaleza.

En el plan de vida de la OREWA (1996) denominado “Lo que queremos y pensamos hacer en nuestro territorio “está explícita esta relación al plantear que “Para los pueblos indígenas del departamento [Chocó] el bienestar está basado en el sentido de pertenencia a la Naturaleza como un legado ancestral de su origen (Ulloa, Astrid. 2001:14)

A pesar de algunos casos exitosos, los retos que afrontan las comunidades indígenas en Colombia distan de ser óptimas, estos grupos han sufrido los rigores del conflicto armado, sumado a que la protección por parte del Estado se ha quedado más en el papel que en hechos concretos. La respuesta de dar zonas de conservación sin apoyo no es ningún aporte ya que las comunidades no tienen la capacidad económica para emprender proyectos y generalmente tampoco el conocimiento. Se convierten entonces en grupos sumamente vulnerables a las necesidades básicas de sus territorios que son cubiertas por grupos ilegales o compañías ilegales de extracción que en el mediano plazo ahondan en los niveles de pobreza de la comunidad. Así lo registra en el documento pueblos indígenas e impunidad: cuatro estudios de caso Colombia, la universidad Andina Simón Bolivar de Ecuador. En esta se presenta como cuatro comunidades: los Nasa del Cauca, Los Embera katío de Cordoba, Los Kankuamo de la sierra nevada de Santa Marta y los Sikuani de Arauca han sido afectados por intereses de grupos armados y petroleras que con el permiso de sus líderes se aprovechan de sus condiciones para extraer recursos.

Aunque la legislación da un respaldo a las comunidades indígenas, la realidad sigue mostrando que se necesitan más que leyes para que estos grupos, que han sido históricamente los protectores del medio ambiente, continúen por una senda propia de desarrollo y mostrándonos dinámicas productivas que consideren el medio ambiente como parte de nuestra identidad social.