La agricultura es una de las actividades económicas más antiguas realizadas por el hombre. Sin embargo, las técnicas de cultivo, los productos, la tecnología y su comercialización se transforman constantemente.

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) la AC “consiste en un acuerdo entre agricultores y compradores: ambas partes acuerdan por adelantado los términos y condiciones que regirán la producción y comercialización de productos agrícolas.” (FAO, 2017). Sin embargo, como veremos más adelante, las partes -agricultor y comprador- en ejercicio de su autonomía pueden convenir características adicionales en el contrato que satisfagan las particularidades de cada caso.

A pesar de que la AC existe desde hace décadas, se evidencia que su uso se ha generalizado especialmente en los países en desarrollo. Lo anterior se debe a que la demanda de productos agrícolas aumenta significativamente[2] y el mundo se ha tornado cada vez más globalizado. Adicionalmente, los consumidores son más exigentes y demandan una serie de prerrogativas más allá de un alimento seguro para su consumo, como que estos sean producidos de forma sostenible y de forma respetuosa con los trabajadores y el medio ambiente.

Estas nuevas presiones sociales fomentan un contexto completamente distinto al de hace unas décadas. Ahora es necesaria la cooperación entre compradores y productores con el fin de establecer sociedades en la cadena de suministro. Alianzas que permiten a los compradores la obtención de “suficientes materias primas de buena calidad directamente de los agricultores y satisfacer así́ la demanda de productos alimenticios de sus nuevos clientes, tales como supermercados, restaurantes, hoteles, colegios y hospitales.” (FAO, 2017) De forma que, la función económica de la AC para las empresas que transforman los productos agrícolas es asegurarse un suministro regular de materias primas que cubran sus necesidades tanto en términos de calidad como de cantidad.

Una vez ha quedado claro qué es la AC, pasaremos a analizar las implicaciones legales de esta forma de contratación. En el derecho civil existe un principio transversal que se expresa en latín como pacta sunt servanda. Esto comúnmente expresa que el contrato es ley para las partes[3], de manera que los agricultores y compradores deberían ser conscientes de que cuando firman un contrato quedan legalmente obligados por el contenido de ese contrato. Es por este motivo que se recomienda que, antes de celebrar el contrato, el agricultor realice un análisis a conciencia de los beneficios y problemáticas del negocio que le plantean. Es importante resaltar que hay otros modelos de negocios jurídicos que podrían beneficiarle en mayor medida, pero todo depende del caso en concreto.

Otro aspecto importante en la etapa de la formación del contrato es la relación de poder. Los pequeños agricultores suelen ser una parte débil al momento de la negociación. El comprador en la mayoría de los casos presenta una oferta con las condiciones del negocio dadas e inamovibles. Por tanto, se recomienda recurrir a un tercero de confianza con el conocimiento suficiente para comprender correctamente todas las condiciones que van a aceptar, realizar preguntas y exigir que se cambien ciertas cláusulas que consideren convenientes. Revisar las condiciones relativas al precio, calidad, pago y entrega del producto si parece que son injustas o de imposible cumplimiento.

¿Cuáles deben ser los contenidos de este contrato?

1. Las partes y sus obligaciones

Comúnmente las partes serán: el agricultor, que se obligará producir y entregar el producto con arreglo al contrato, y el comprador, que se obligará a pagar el precio acordado a cambio de los productos suministrados por el agricultor. Sin embargo, el contrato puede incluir obligaciones adicionales con referencia al producto, como la cantidad y calidad. Normalmente los compradores fijan la cantidad más unas cantidades variables y establecen que el producto debe proceder de la producción propia del agricultor, generada en el lugar acordado y mediante el uso de los insumos y métodos previstos en el contrato. Toda vez, para evitar que el agricultor acuda a un tercero y adquiere más producto. Es decir, el contrato podrá contemplar obligaciones relativas al proceso de producción como también debe señalar la fecha, hora y lugar, así como cualquier otra condición que deba cumplirse antes o después de la entrega.

Con respecto al comprador, puede pactarse que sea él quien deba proporcionar insumos. En estos casos, los costos de los insumos podrán deducirse de los pagos finales que se realicen después de la entrega del producto contratado. Por otro lado, el comprador deberá suministrar insumos de buena calidad, aptos para llevar a cabo la producción, y deberá entregarlos en una fecha óptima que garantice que el agricultor tendrá tiempo suficiente para alcanzar sus condiciones de producción normales.

También pueden resultar terceros como parte del contrato. Por ejemplo, podrían integrarse a la AC instituciones financieras, compañías aseguradoras, agencias gubernamentales de y propietarios de la tierra.

2. Duración del contrato

La duración del contrato deberá indicarse con claridad y dependerá del ciclo de producción del producto. Así mismo pueden incluirse cláusulas de renovación del contrato cuando llegue su fecha de vencimiento. También pueden incluirse cláusulas de renovación automática para así reducir los costos que implicarían una renegociación.

Con lo relativo a la extinción del contrato debe incluirse la posibilidad de resolver la relación contractual, indicando también de qué manera puede hacerse. Debería exigirse a ambas partes que respeten un plazo de preaviso formal. Por lo general, cuanto más dure el contrato, mayor deberá́ ser el plazo de preaviso que se debe conceder. Las cláusulas que reconocen el derecho del comprador a resolver de forma unilateral el contrato son injustas y no se deben aceptar.

3. La gestión de los riesgos

Una buena practica es analizar los factores de riesgo que atenten con la ejecución del contrato y preverlas de forma previa en el contrato. Factores como plagas, sequías, pérdida de cosecha por lluvias, granizo y en general, todo lo que se conoce como sucesos de fuerza mayor pueden estar cubiertos por un seguro agrícola. El comprador podría facilitar a los agricultores a contratar este seguro a un precio reducido con un proveedor autorizado.

Finalmente, se recomienda que se establezca de forma anticipada las consecuencias de los incumplimientos de alguna de las partes con el fin de buscar soluciones alternativas de las posibles controversias y evitar así ir a un tribunal de justicia. De forma que algunos incumplimientos no generen la terminación del contrato, sino que las partes puedan seguir beneficiándose de la relación comercial.

Esta ha sido una breve descripción jurídica de la Agricultura por Contrato donde debo aclarar que las posibilidades de contratar son infinitas y las partes en su autonomía pueden convenir cuantas condiciones consideren convenientes, con la observación de que éstas no sean contrarias a la ley. No existe un solo modelo de AC y por tal motivo este ha sido una mirada general de algunas características jurídicas relevantes.

Referencias:

• UNIDROIT, FAO y FIDA. 2017. Guía jurídica sobre agricultura por contrato UNIDROIT/FAO/FIDA. Roma. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6954s.pdf

[1] Estudiante de Derecho y Administración de la Universidad de los Andes.

[2] Este fenómeno esta directamente relacionado con el crecimiento exponencial de la población a nivel mundial.

[3] En el ordenamiento colombiano, esto se ve expresado en el artículo 1602 del Código civil.

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Fuente: (Quemba, 2018)

En el artículo anterior titulado SOS por los trabajadores del Campo Colombiano se contextualizó acerca de las diferentes problemáticas que padecen los trabajadores y hogares rurales de país. Se expuso que las condiciones laborales son un tema de vital importancia y que deben hacerse reformas trascendentales en la legislación laboral colombiana. Esto es debido a que la legislación laboral resulta hoy por hoy inflexible y distante a las dinámicas de trabajo del campo.

Antes de profundizar en las reformas y los proyectos de ley, es importante comprender a grandes rasgos la legislación laboral vigente. Para identificar cuando un trabajador está bajo el marco legal de un contrato de trabajo deben acreditarse los siguientes requisitos esenciales: 1) la prestación de un servicio directamente por parte del trabajador; 2) la subordinación del trabajador respecto del empleador; y, por último, 3) un salario. Si se logran acreditar los anteriores requisitos en su integridad, se habla indiscutiblemente de la presencia de un contrato laboral, aún cuando el contrato no esté por escrito o exista un documento que señale que la relación es de prestación de servicios.

Por tal motivo, el empleador del sector agrícola no puede desconocer las garantías mínimas de los trabajadores. Por ejemplo, el pago del salario mínimo y seguridad social que incluye: salud, pensión, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios. En suma, un conjunto de derechos a favor del trabajador que determina que al salario mínimo mensual de $828.116 de pesos las empresas y empleadores deban incluirle un aumento entre el 39 y 52% de sobrecostos debido a la carga prestacional.

También, es necesario resaltar lo que ha mencionado la Corte Constitucional respecto de la relación social y laboral en el sector agrario. A través de sentencias de tutela y de constitucionalidad esta corte ha venido ratificando al campesino “como sujeto de especial protección constitucional, como personas vulnerables por sus condiciones sociales y económicas”. (Sentencia C-664/2012).

Colombia tiene una de las legislaciones con mayores garantías y derechos para los trabajadores. Sin embargo, todo lo anterior proyecta la condición de falta de avance legislativo en lo que corresponde a la materialización de los derechos que están contemplados en la Constitución Política, específicamente los artículos 64, 65 y 66.

Es decir, se requiere crear avances que permitan hacer traslado de lo que se encuentra en el papel a la realidad de millones de personas. Debido a la complejidad del asunto no es posible plantear una sola solución para la materialización de los derechos laborales del campesino. Más si consideramos que, “en ocasiones para el pequeño fundo[2], pagar costos laborales por mano de obra externa es un imposible, ante las debilidades mismas de la cadena productiva” (Cubillos, 2017)

A causa de lo anterior son múltiples las iniciativas y proyectos de ley que han surgido para la reforma laboral y pensional. El congreso debió hace mucho tiempo dar desarrollo a los derechos contemplados en la Constitución, pero lastimosamente proyectos que podrían haber tenido efectos positivos fueron archivados.

Por ejemplo, en el año 2017 fue presentado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 123 bajo el título de “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN RURAL EN COLOMBIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL MÍNIMO”. Lo interesante de este proyecto fue que buscó flexibilizar el mercado laboral rural con la creación de la figura del contrato de trabajo agropecuario.

Según el art. 13 del proyecto de ley se contemplaba la creación de “la modalidad de Jornal Diario Integral para remunerar aquellos contratos de trabajo suscritos con trabajadores agropecuarios del régimen contributivo que se podrán celebrar por un tiempo determinado, o por el tiempo que dure la realización de una obra o labor”. Es decir, esto facultaba a contratar por día, períodos de cosecha o incrementos de producción y cobijaría a todo trabajador agropecuario cuyo ingreso promedio mensual no supere 60% del valor de un salario mínimo. Igualmente preveía la afiliación del trabajador a la protección social mínima diferencial al del trabajador urbano.

Lo anterior estaba contemplado en el art. 7 del proyecto de ley en donde estipulaba que “los habitantes del sector rural tendrán derecho a acceder y afiliarse al programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS[3] administrado por COLPENSIONES, afiliarse al Régimen de Salud Subsidiada, y adquirir un micro seguro dentro de la cobertura de ahorros a BEPS cuya fuente de financiación determine el Gobierno Nacional. Los BEPS, aunque no son una solución ideal como la pensión, sí es una alternativa que posibilita al momento de la vejez acceder a un monto mínimo periódico. Un proyecto que, en mi opinión, era una solución real a los problemas de informalidad y de pensión de los trabajadores del sector agropecuario.

Aunque parecieran obvios los beneficios del proyecto de ley 123 de 2017, este fue archivado en su segundo debate. Esa es la triste realidad de un país en donde sus congresistas, una vez llegan al poder, pareciera no importarles su deber de contribuir al desarrollo y progreso de los colombianos.

Hoy, dos años después, un nuevo congreso[4] tiene en sus manos dar trámite legislativo a una reforma laboral y pensional. Aún no hay un proyecto de ley estructurado sino simplemente voces desde congresistas, partidos y el ministerio del Trabajo. Entre algunas de ellas se presentan: 1) una prima adicional anual, de 15 días de salario, que recibirán trabajadores que devenguen entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes; 2) el presidente de Fenalco[5] sostiene que debe legislarse sobre el trabajo por horas; 3) hay propuestas por reducir la jornada laboral.

Ninguna propuesta es consecuente con todo lo anteriormente señalado en este artículo. Sin embargo, hay una que apunta a la creación del salario rural integral. Esta es propuesta por la bancada del Gobierno. Esta modalidad conllevaría a un solo pago en donde sería el propio trabajador el encargado de hacer sus pagos en salud y pensión. Es decir, en el salario del trabajador estaría incluido tanto la remuneración como las prestaciones. No obstante, el tema de fondo persiste y es la inflexibilidad de la legislación laboral y la imposibilidad de acceder a sistema general de pensiones.

El panorama no es alentador, pero aún queda tiempo para recibir el proyecto de ley integral que se radique en el Congreso. Esperemos que la población rural sea tenida en cuenta y se le brinden posibilidades para que tanto trabajadores como empleadores del sector agropecuario puedan desarrollar su potencial económico.

Referencias:

• Quemba, J. (2018). Informalidad laboral en el sector rural colombiano. Documentos FCE-CID Escuela de Economía. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C. Disponible en: http://www.fce.unal.edu.co/centro-editorial/documentos/econografos-escuela-economia/2041-124-informalidad-laboral-en-el-sector-rural-colombiano.html

• Cubillos, R. (2017). Protección actual de los derechos laborales y seguridad social de los trabajadores rurales en Colombia 2016-2017. Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C. Disponible en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15084/1/Protección%20actual%20de%20los%20derechos%20laborales%20y%20seguridad%20social%20de%20los%20trabajadores%20rurales%20en%20Col.pdf

[1] Estudiante de derecho y administración de la Universidad de los Andes.

[2] Explotación agrícola de pequeñas dimensiones.

[3] BEPS: es un programa de ahorro voluntario diseñado para proteger a las personas a quienes sus recursos no les alcanzan para cotizar a pensión. El programa es flexible y permite a los ciudadanos ahorrar de acuerdo con sus capacidades económicas de manera diaria, semanal o mensual.

[4] En el 2018 se posesionó un nuevo Congreso por un período de 4 años (2018-2022). Aunque hay congresistas que repiten período, hay otros que asumen el cargo por primera vez.

[5] Federación Nacional de Comerciantes

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