La agricultura es una de las actividades económicas más antiguas realizadas por el hombre. Sin embargo, las técnicas de cultivo, los productos, la tecnología y su comercialización se transforman constantemente.

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) la AC “consiste en un acuerdo entre agricultores y compradores: ambas partes acuerdan por adelantado los términos y condiciones que regirán la producción y comercialización de productos agrícolas.” (FAO, 2017). Sin embargo, como veremos más adelante, las partes -agricultor y comprador- en ejercicio de su autonomía pueden convenir características adicionales en el contrato que satisfagan las particularidades de cada caso.

A pesar de que la AC existe desde hace décadas, se evidencia que su uso se ha generalizado especialmente en los países en desarrollo. Lo anterior se debe a que la demanda de productos agrícolas aumenta significativamente[2] y el mundo se ha tornado cada vez más globalizado. Adicionalmente, los consumidores son más exigentes y demandan una serie de prerrogativas más allá de un alimento seguro para su consumo, como que estos sean producidos de forma sostenible y de forma respetuosa con los trabajadores y el medio ambiente.

Estas nuevas presiones sociales fomentan un contexto completamente distinto al de hace unas décadas. Ahora es necesaria la cooperación entre compradores y productores con el fin de establecer sociedades en la cadena de suministro. Alianzas que permiten a los compradores la obtención de “suficientes materias primas de buena calidad directamente de los agricultores y satisfacer así́ la demanda de productos alimenticios de sus nuevos clientes, tales como supermercados, restaurantes, hoteles, colegios y hospitales.” (FAO, 2017) De forma que, la función económica de la AC para las empresas que transforman los productos agrícolas es asegurarse un suministro regular de materias primas que cubran sus necesidades tanto en términos de calidad como de cantidad.

Una vez ha quedado claro qué es la AC, pasaremos a analizar las implicaciones legales de esta forma de contratación. En el derecho civil existe un principio transversal que se expresa en latín como pacta sunt servanda. Esto comúnmente expresa que el contrato es ley para las partes[3], de manera que los agricultores y compradores deberían ser conscientes de que cuando firman un contrato quedan legalmente obligados por el contenido de ese contrato. Es por este motivo que se recomienda que, antes de celebrar el contrato, el agricultor realice un análisis a conciencia de los beneficios y problemáticas del negocio que le plantean. Es importante resaltar que hay otros modelos de negocios jurídicos que podrían beneficiarle en mayor medida, pero todo depende del caso en concreto.

Otro aspecto importante en la etapa de la formación del contrato es la relación de poder. Los pequeños agricultores suelen ser una parte débil al momento de la negociación. El comprador en la mayoría de los casos presenta una oferta con las condiciones del negocio dadas e inamovibles. Por tanto, se recomienda recurrir a un tercero de confianza con el conocimiento suficiente para comprender correctamente todas las condiciones que van a aceptar, realizar preguntas y exigir que se cambien ciertas cláusulas que consideren convenientes. Revisar las condiciones relativas al precio, calidad, pago y entrega del producto si parece que son injustas o de imposible cumplimiento.

¿Cuáles deben ser los contenidos de este contrato?

1. Las partes y sus obligaciones

Comúnmente las partes serán: el agricultor, que se obligará producir y entregar el producto con arreglo al contrato, y el comprador, que se obligará a pagar el precio acordado a cambio de los productos suministrados por el agricultor. Sin embargo, el contrato puede incluir obligaciones adicionales con referencia al producto, como la cantidad y calidad. Normalmente los compradores fijan la cantidad más unas cantidades variables y establecen que el producto debe proceder de la producción propia del agricultor, generada en el lugar acordado y mediante el uso de los insumos y métodos previstos en el contrato. Toda vez, para evitar que el agricultor acuda a un tercero y adquiere más producto. Es decir, el contrato podrá contemplar obligaciones relativas al proceso de producción como también debe señalar la fecha, hora y lugar, así como cualquier otra condición que deba cumplirse antes o después de la entrega.

Con respecto al comprador, puede pactarse que sea él quien deba proporcionar insumos. En estos casos, los costos de los insumos podrán deducirse de los pagos finales que se realicen después de la entrega del producto contratado. Por otro lado, el comprador deberá suministrar insumos de buena calidad, aptos para llevar a cabo la producción, y deberá entregarlos en una fecha óptima que garantice que el agricultor tendrá tiempo suficiente para alcanzar sus condiciones de producción normales.

También pueden resultar terceros como parte del contrato. Por ejemplo, podrían integrarse a la AC instituciones financieras, compañías aseguradoras, agencias gubernamentales de y propietarios de la tierra.

2. Duración del contrato

La duración del contrato deberá indicarse con claridad y dependerá del ciclo de producción del producto. Así mismo pueden incluirse cláusulas de renovación del contrato cuando llegue su fecha de vencimiento. También pueden incluirse cláusulas de renovación automática para así reducir los costos que implicarían una renegociación.

Con lo relativo a la extinción del contrato debe incluirse la posibilidad de resolver la relación contractual, indicando también de qué manera puede hacerse. Debería exigirse a ambas partes que respeten un plazo de preaviso formal. Por lo general, cuanto más dure el contrato, mayor deberá́ ser el plazo de preaviso que se debe conceder. Las cláusulas que reconocen el derecho del comprador a resolver de forma unilateral el contrato son injustas y no se deben aceptar.

3. La gestión de los riesgos

Una buena practica es analizar los factores de riesgo que atenten con la ejecución del contrato y preverlas de forma previa en el contrato. Factores como plagas, sequías, pérdida de cosecha por lluvias, granizo y en general, todo lo que se conoce como sucesos de fuerza mayor pueden estar cubiertos por un seguro agrícola. El comprador podría facilitar a los agricultores a contratar este seguro a un precio reducido con un proveedor autorizado.

Finalmente, se recomienda que se establezca de forma anticipada las consecuencias de los incumplimientos de alguna de las partes con el fin de buscar soluciones alternativas de las posibles controversias y evitar así ir a un tribunal de justicia. De forma que algunos incumplimientos no generen la terminación del contrato, sino que las partes puedan seguir beneficiándose de la relación comercial.

Esta ha sido una breve descripción jurídica de la Agricultura por Contrato donde debo aclarar que las posibilidades de contratar son infinitas y las partes en su autonomía pueden convenir cuantas condiciones consideren convenientes, con la observación de que éstas no sean contrarias a la ley. No existe un solo modelo de AC y por tal motivo este ha sido una mirada general de algunas características jurídicas relevantes.

Referencias:

• UNIDROIT, FAO y FIDA. 2017. Guía jurídica sobre agricultura por contrato UNIDROIT/FAO/FIDA. Roma. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6954s.pdf

[1] Estudiante de Derecho y Administración de la Universidad de los Andes.

[2] Este fenómeno esta directamente relacionado con el crecimiento exponencial de la población a nivel mundial.

[3] En el ordenamiento colombiano, esto se ve expresado en el artículo 1602 del Código civil.

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Adicionalmente, quiero hacer énfasis en que, dada la forma en la que se negocia en el campo, resulta mucho más fácil caer en errores que nos den problemas. Cabe resaltar el contexto del sector rural en Colombia donde nos encontramos con las siguientes problemáticas: 1) persiste la irregularidad en la tenencia de tierras como la falta de titularidad,2) hay problemas de desplazamiento forzado, testaferrato[2] y 3) actividades vinculadas a narcotráfico, por citar algunos ejemplos.

Una de las grandes dificultades es entender las disposiciones legales que regulan determinas materias y el lenguaje en el que están redactadas. Pero, una vez son conocidas podemos darnos cuenta de que existen mecanismos para proteger nuestros intereses y blindarnos ante requerimientos de las autoridades competentes.

Empezaremos explicando la esencia de un contrato de compraventa. Esto es un acuerdo de voluntades en donde el vendedor se obliga a entregar una cosa, a cambio del pago de un precio por el comprador. Es decir, resulta importante llegar a un acuerdo sobre la cosa[3] y el precio. Sobre estos dos puntos hay que tener en cuenta que la cosa debe ser detallada con el número de cedula catastral y linderos para que no haya lugar a dudas sobre qué es lo que se está transando. Respecto del precio debe dejarse clara la suma que se está pagando o en su defecto dejar clara la forma en que se va a determinar dicho precio[4] con la respectiva forma de pago.

Ahora bien, para la compraventa de bienes denominados “inmuebles”, como lo son las fincas, la ley contempla unos requisitos adicionales. Esos requisitos adicionales son las “solemnidades”.

Es decir, que para que se pueda realizar una venta efectiva de un lote es necesario cumplir unos pasos adicionales, que son: 1) la realización de una escritura pública en cualquier notaria del país y 2) inscribir ese documento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio donde se encuentre ubicado el bien. Lo anterior es un requisito fundamental para que se dé por sentado el traspaso de la propiedad. Si el bien que se busca comprar por medio del contrato presenta problemas legales, es muy posible que el último paso del registro de la escritura no pueda realizarse. Como consecuencia de lo anterior, entenderíamos que el vendedor incumplió el contrato dado que era su obligación la transferencia de la propiedad. Sin embargo, hay circunstancias en las que es posible realizar el registro de la escritura, pues al momento de la celebración del contrato de compraventa todo pareciera estar en orden. Aún así, es posible que se presenten otros inconvenientes tiempo después.

Para ponerlos en contexto los invito a que se imaginen la siguiente negociación. Usted está interesado en adquirir un predio para cultivar y encuentra el indicado. El dueño del predio está interesado en vender. Los documentos se encuentran al día, redactan el contrato, se detalla el predio objeto de la compraventa con el número de matrícula inmobiliaria y linderos, se pacta el precio, se dirigen a la notaria para el otorgamiento de la escritura pública, y finalmente inscriben los documentos en la oficina de registro de instrumentos públicos. En suma, se entendería que se ha cumplido con todos los pasos descritos para celebrar la compraventa y transferir la propiedad.

Los problemas pueden surgir después. Resulta que el vendedor es un narcotraficante, un testaferro o un político corrupto. Todos ellos tienen en común el hecho de que adquirieron el predio con dinero derivado de actividades ilegales. El caso está en manos de la Fiscalía, que emprende un proceso de extinción de dominio con el fin de que la propiedad del bien sea ahora del Estado.

Cultivo de coca intervenido por las autoridades. Extraído de: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/produccion-de-cocaina-en-2016-en-colombia-es-la-mas-alta-en-toda-la-historia-108944

Estaría usted como comprador en un proceso judicial donde la única defensa para mantener la propiedad del lote es la buena fe exenta de culpa. Esto consiste en demostrar que usted durante la negociación de la compraventa actuó de forma diligente en la medida de sus capacidades para verificar la legalidad del bien[5]. Es decir, que el bien no provenga de una persona vinculada con delitos que conlleven a la acción de extinción de dominio[6], o que el vendedor anteriormente haya utilizado el bien para actividades ilegales, como tener un laboratorio de drogas.

Por lo tanto, se recomiendan las siguientes acciones: 1) solicitar el certificado de libertad y tradición del inmueble disponible en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro donde se evidencian todos los propietarios anteriores del inmueble. Con esos datos es posible hacer una búsqueda rápida en base de datos públicos para establecer una conexidad de esos propietarios con ciertos delitos. 2) Es posible solicitar un derecho de petición a la fiscalía general de la nación sobre información que ellos tengan sobre el inmueble y sus anteriores propietarios. Lo último no es estrictamente necesario, pero le daría una mayor seguridad, muy recomendable si su patrimonio está en juego.

Como moraleja de este artículo sea muy precavido con quien hace negocios. Agote todos los medios que estén a su alcance para asegurarse que no hay nada ilícito en la persona o en el negocio que está realizando. De forma que tenga la tranquilidad y seguridad que posteriormente a la compra del inmueble no tendrá ningún problema con las autoridades del país y tanto sus inversiones como su patrimonio estarán a salvo.

[1] Estudiante de derecho y administración de la Universidad de los Andes.

[2] Es la actividad en la que una persona presta su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos.

[3] Entiéndase por cosa, el bien que se está vendiendo

[4] Por ejemplo, es posible establecer que el valor acordado para el pago es lo equivalente a 10.000 dólares a la tasa representativa del mercado o lo equivalente a 10.000 libras de café en la bolsa de Nueva York el día del otorgamiento de las escrituras.

[5] La legalidad del bien tanto por procedencia como por destinación.

[6] Los delitos sujetos a la extinción de dominio puede ser el narcotráfico, lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

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En las entregas anteriores mencionamos matices sobre el derecho de propiedad que ampara la posesión de la tierra en EEUU y cómo su sistema jurídico y fuerza pública explica, en alguna medida, la eficacia en la solución de conflictos sobre dicha posesión. Eficacia que se erosiona cuando los bienes ya no son inmuebles, sino muebles como las armas.

Los jueces y el sistema jurídico de dicho país viene enfrentando un problema aún más complejo al de la propiedad de la tierra o la propiedad de las armas. Llamémoslo la propiedad del propio cuerpo. Locke (1632-1704) fundamentó el derecho a la propiedad de la tierra en el trabajo de quien la cultivara. El derecho a la vida lo fundamentó en la propiedad del propio cuerpo. Y es esta propiedad la que sólo en apariencia no se discute. Sin embargo, el supuesto que somos dueños de nuestra vida porque somos dueños de nuestro cuerpo conlleva consecuencias imprevisibles.

En la década de los 70 se sucedieron dos eventos que dividieron, de modo irreconciliable, la opinión pública de los EEUU. El primero en 1973, fue la sentencia constitucional conocida como Rode v. Wade que legalizó el aborto. El segundo, fue la decisión de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) de eliminar de su Manual de Desórdenes Mentales (DSM) la homosexualidad como enfermedad. Los prejuicios e intolerancia ante esos comportamientos contaron desde entonces con una norma legal, en el primer caso, y con una votación de la Junta Directiva de una asociación científica, en el segundo. Caso, éste último, que se halla en la etapa de conceder legalidad matrimonial a la unión de homosexuales.

Y todo ello se fundamenta en el derecho a disponer del propio cuerpo, por suponer la persona ser dueño de él. Lo que no parecen entender los legisladores en ese País es el profundo conflicto de visión de la persona que se halla en conflicto.

Los EEUU son un país predominantemente cristiano (80%), con un 12% de agnósticos http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_234_1.asp. La visión cristiana supone que la vida es un don, que incluye el propio cuerpo. No hay tal que la persona pueda disponer de él a su antojo. El Creador es la fuente y sostén de la vida y la persona debe cuidar de su cuerpo con ánimo fiduciario. El origen del derecho a la vida, en esta última visión, es la de no ser la persona dueña de su cuerpo. Con otras palabras, la vida es un don sagrado. Luego es la sacralidad de la vida lo que sustenta todo el andamiaje de derechos en la visión cristiana de la persona.

El éxito logrado por el sistema jurídico norteamericano y su fuerza pública, en lo que a la propiedad de la tierra se refiere y la solución de conflictos relacionados, se fundamentó originariamente en el derecho a la posesión producto del trabajo. Algo compatible con la visión cristiana del trabajo y abierta a la función social de la propiedad material.

El derecho a la vida, fundamentado en la propiedad de su cuerpo de parte de la persona, no cuenta con el consenso absoluto en una sociedad de raíces cristianas. Raíces que fundamentan el derecho a la vida en la sacralidad de la vida misma.

Es de esperar, por lo tanto, serios conflictos ideológicos en esa sociedad. Que como es de esperarse, suelen derramarse sobre otras sociedades, incluida la nuestra.

Bloomington, Diciembre 2012

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