La agricultura familiar en Colombia representa un pilar esencial en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país. Conocida también como agricultura campesina o a pequeña escala, esta forma de producción agrícola está compuesta por unidades gestionadas por familias, cuyo aporte a la producción de alimentos frescos y nutritivos es fundamental para el consumo interno colombiano. Este tipo de agricultura se caracteriza por su enfoque local y sostenible, la agricultura familiar se apoya en prácticas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente. A pesar de su modesto tamaño, estas unidades desempeñan un papel crucial en la creación de empleo, especialmente en las áreas rurales de Colombia. 

En términos económicos y de seguridad alimentaria, la contribución de la agricultura familiar es innegable. Abasteciendo una parte significativa del mercado nacional con productos frescos como frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos, carne y lácteos, garantiza el acceso a alimentos de calidad y nutritivos para las poblaciones locales, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. Además, ofrece oportunidades laborales a millones de personas en zonas rurales, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico local. Todo esto se lleva a cabo bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental, promoviendo prácticas agrícolas que preservan los recursos naturales y protegen el medio ambiente.

Sin embargo, la agricultura familiar también enfrenta una serie de desafíos, entre ellos la falta de acceso a créditos, asistencia técnica, infraestructura adecuada y mercados estables. “El primero tiene que ver con el paso de una agricultura (en sentido amplio) de tipo familiar a una agricultura asociativa y agroindustrial, asunto ligado a la transformación poblacional campo-ciudad, que hasta los años 50 del siglo pasado era un 70 por ciento rural y 30 por ciento urbana, y actualmente es al contrario”, señala Guillermo Vasquez Velasquez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Por otra parte, el desarrollo tecnológico agrario, el cual se basa en el mejoramiento genético del suelo, su fertilización y la menaización agrícola, el riego y drenaje, y la industrialización del agro, todo esto llega a Colombia con la academia y la formación de distintos profesionales. Razón por la cual es cada vez más inalcanzable esa brecha que separa a los grandes agricultores con los pequeños y familiares. Aunque, se debe promover prácticas sostenibles y de cuidado del medio ambiente, que si nos vamos a la práctica, la agricultura que ejercen pequeños y medianos productores, así como las familias, son las que representan el porcentaje más bajo de contaminación y de daños a la capa terrestre. “Colombia debe avanzar hacia un escenario de ¨´cero deforestación´ y restaurar cerca de 15 millones de hectáreas degradas por su uso inadecuado de tierras, particularmente en ganadería extensiva” (El Tiempo, 2023).

A pesar de estos obstáculos, existen oportunidades para fortalecer este sector y potenciar su impacto en el desarrollo rural de Colombia. El fortalecimiento de políticas públicas, la inversión en infraestructura rural y el acceso a tecnologías, la promoción de mercados justos y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles son algunas de las oportunidades que podrían impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de la agricultura familiar en el país. En primera instancia, la tecnología será el factor determinante que deberán utilizar los pequeños agricultores para hacerle frente a las grandes demandas del mercado. “La conectividad es el elemento clave para traer más inteligencia a los agronegocios. Con soluciones de conectividad, el agricultor tiene información en tiempo real de lo que sucede en cada plantación, facilitándole el seguimiento del comportamiento y la producción en el campo, y ayudándolo a tomar decisiones estratégicas para el negocio. Una buena infraestructura garantiza presivilidad a las fincas inteligente…” explica Hernani Szymanski, gerente de ingeniería de plata externa en Furukawa Solutions. También, se debe promover el aseguramiento del sector, pues existen departamentos que cogen ventaja en este aspecto, pero no motivan a los otros a hacer parte de ello. Los cincos departamentos con mayor cultura de la proteccción son Nariño, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Cauca: seguros de vida (63%), seguros de incapacidad temporal y enfermedades graves (26%), seguros de cáncer (3%) y seguros de hogar (3%). Finalmente, un dato que resulta alentador frente a todos estos desafíos es que más del 50 por cierto de los asegurados en el Banco Agrario con pólizas de Cardif (protección ante cualquier dificultad para seguir trabajando) son mujeres. 

En conclusión, la agricultura familiar emerge como un pilar fundamental para el desarrollo rural de Colombia. Su fortalecimiento mediante políticas públicas adecuadas y acciones concretas permitirá asegurar la seguridad alimentaria, generar empleo y contribuir a la construcción de un futuro más sostenible para el país. Los datos relevantes sobre la agricultura familiar en Colombia respaldan su importancia y destacan su papel crucial en la economía y el tejido social del país. Con una distribución concentrada en regiones como la Andina y la Pacífica, y con características que incluyen unidades de producción de menos de 5 hectáreas, mano de obra familiar predominante, y prácticas tradicionales y amigables con el medio ambiente, la agricultura familiar representa un valioso patrimonio cultural y económico que merece ser apoyado y fortalecido para garantizar su continuidad y su contribución al desarrollo sostenible de Colombia.

 

Referencias Bibliográficas.

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/los-principales-desafios-de-la-agricultura-en-el-pais-818155 

 

https://bnpparibascardif.com.co 

 

https://www.sur.org.co/la-agricultura-familiar-y-los-retos-de-la-seguridad-y-la-soberania-alimentaria-en-colombia/ 

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En Colombia, la producción de aceite de palma ha sido históricamente asociada con una serie de problemáticas ambientales, sociales y económicas. Uno de los principales desafíos ambientales que presentaba era la deforestación, ya que la expansión de las plantaciones de palma aceitera a menudo implicaba la tala de bosques tropicales, lo que conllevaba a la pérdida de hábitats naturales y la disminución de la biodiversidad. Esto represento al país más de 17,000 hectáreas deforestadas para ser transformadas en cultivos de palma de aceite entre 2011 y 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). 

Además, la producción de aceite de palma ha sido objeto de críticas por su impacto en las comunidades locales y los derechos humanos. Además, los trabajadores agrícolas suelen enfrentarse a condiciones laborales precarias, bajos salarios y falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Por ejemplo, en entrevistas llevadas a cabo por la revista de ciencias de la salud de la Universidad del Rosario se encontró lo siguiente: “las trabajadoras y los trabajadores entrevistados perciben que las cargas físicas, químicas, fisiológicas y psíquicas son las más comunes en su oficio. Esta tendencia se expresa también en las respuestas dadas en los talleres, donde las manifestaciones somáticas resultantes de la sobrecarga fisiológica son predominantes al paso que los procesos intracorporales complejos, como las alergias, los hongos o la disminución de la capacidad auditiva, que se expresan en segundo lugar” (Revista Ciencias de la Salud, vol. 18, núm. 2, 2020). 

Por otro lado, económicamente, si bien la producción de aceite de palma ha sido una fuente importante de ingresos para algunas regiones de Colombia, también ha generado una dependencia excesiva de un solo cultivo, lo que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades locales a fluctuaciones en los precios internacionales del aceite de palma. 

Estas problemáticas han generado una creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional, y han destacado la urgente necesidad de adoptar prácticas más sostenibles en la producción de aceite de palma en Colombia. Es en este contexto que surge la relevancia del Grupo Daabon como un actor clave en la búsqueda de soluciones y servicios sostenibles para el sector agrícola colombiano, especialmente en la producción de la palma de aceite. 

El Grupo Daabon fue consolidado en 1980, sin embargo, empezó en 1914 con cultivos de Banano y generación de ganado por la primera generación de la familia Dávila en Santa Marta, Colombia. Desde entonces, la empresa ha experimentado un crecimiento significativo y se ha consolidado como un líder en el sector agrícola del país. 

El Grupo Daabon se distingue por su compromiso con la sostenibilidad en todas sus operaciones. Sus actividades principales incluyen la producción de aceite de palma orgánico y convencional, así como la producción de otros productos agrícolas como café, cacao, banano y frutas tropicales. También, la compañía se enfoca hoy en día en la producción industrial de biocombustibles, energía, servicios de logística y transporte y desarrollo de proyectos de bienes raíces.  

Lo que diferencia al Grupo Daabon es su enfoque integral en la sostenibilidad, que abarca desde la siembra hasta la comercialización. En sus plantaciones de aceite de palma, la empresa implementa prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura orgánica y el manejo integrado de plagas, para reducir el impacto ambiental y garantizar la salud del ecosistema. Además, promueve activamente la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales en las áreas donde opera. 

Una de las principales contribuciones del Grupo Daabon a la sostenibilidad es su enfoque en el desarrollo social y económico de las comunidades locales. La empresa se compromete a generar empleo digno y oportunidades de desarrollo para las poblaciones cercanas a sus operaciones, contribuyendo así al bienestar y la prosperidad de estas comunidades. Además, el Grupo Daabon apoya programas de educación y capacitación para mejorar las habilidades y la calidad de vida de sus empleados y sus familias. 

De esta manera el Grupo Daabon ha llegado a ser uno de los líideres en sostenibilidad y transparencia en el mundo, un ejemplo de la perseverancia y compromiso de las compañías colombianas. Con más de 8 pilares enfocados al desarrollo sostenible, que abarcan el desde el desarrollo social, la innovación hasta planes de gestión ambiental y reciclaje. Con un fuerte enfoque en la optimización de su cadena de suministros y el cuidado del entorno, tanto social como ambiental, el grupo Daabon es un caso de éxito de la industrialización agrícola sostenible en Colombia, marcando un ejemplo para todos los colombianos.  

Asimismo, su desempeño eficiente y sostenible se ve reflejado en su alta gama de certificaciones. El Grupo Daabon cuenta con un amplio conjunto de reconocimientos que respaldan su compromiso con la sostenibilidad y la calidad. Entre estas certificaciones se incluyen la Certificación Orgánica USDA y la Certificación Orgánica Europea, entre otras. Estas certificaciones son un testimonio de los altos estándares de producción y responsabilidad social que caracterizan al Grupo Daabon en todas sus operaciones. 

No obstante, el futuro del Grupo Daabon enfrenta desafíos continuos en su camino hacia la sostenibilidad. Entre estos desafíos se encuentran la necesidad de seguir innovando y mejorando sus prácticas agrícolas para reducir aún más su impacto ambiental y social. Además, debe hacer frente a la competencia en un mercado global cada vez más exigente, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de calidad y sostenibilidad. Sin embargo, con su historia de compromiso y liderazgo en prácticas sostenibles, el Grupo Daabon está bien posicionado para enfrentar estos desafíos y seguir siendo un referente en el sector agrícola colombiano. 

En conclusión, el Grupo Daabon representa un ejemplo inspirador de cómo es posible combinar el éxito empresarial con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Su enfoque integral en la producción agrícola sostenible demuestra que es posible impulsar el desarrollo económico sin comprometer el medio ambiente ni los derechos humanos. Como líder en el sector agrícola colombiano, el Grupo Daabon nos recuerda la importancia de adoptar prácticas sostenibles en todas las etapas de la cadena de suministro y nos inspira a trabajar hacia un futuro más sostenible para todos.

Referencias Bibliográficas.

Grupo Daabon. Líder en sostenibilidad y transparencia en el mundo. Comprometidos con el Desarrollo de la Región y Progreso de sus Trabajadores. Recuperado de: https://www.daabon.com/es/sustainability 

Hawkins, D., Luna-García, J., & Torres-Tovar, M. (2020). Producción de Aceite de Palma en Colombia: ¿Trabajo Decente y saludable? Revista Ciencias de la Salud. Recuperado de: https://revistas.urosario.edu.co/xml/562/56263561007/index.html 

Historia del Grupo Daabon. Grupo Daabon. Recuperado de: https://www.daabon.com/es/timeline 

Minambiente. (2019). Línea base de la deforestación 2011-2017 en áreas de cultivo de Palma de aceite africana (Elaeis guianeenis) y la Palma de aceite híbrida (E. oleifera x E. guineensis). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Recuperado de: https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Acuerdo_cero_deforestacion/Línea_base_deforestación_PPT_rev_dic2020.pdf 

Productos & Servicios. Grupo DAABON. Recuperado de: https://www.daabon.com/es/ 

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Entre estas compañías quiero resaltar el trabajo de Avícola Kakaraka, que durante los últimos años ha recibido un número significativo de reconocimientos por su compromiso con el cuidado ambiental. Recientemente, Kakaraka S.A recibió 3 reconocimientos por parte de la entidad gubernamental CORNARE (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare), entre los que sobre sale la primera certificación nacional para el sector avícola en negocio verde[1]. Luis Fernando Uribe Álvarez gerente general de Kakaraka S.A comentó que “se vislumbra el compromiso que las compañías del oriente antioqueño tenemos con el medio ambiente buscando la sostenibilidad porque debemos reconocer que la protección y el cuidado del medio ambiente no es una obligación que nos dicten las normas o las leyes; es un deber que tenemos todos de respetar los derechos de las generaciones futuras a tener un ambiente sano y sostenible”. Entre la gestión ambiental que realiza la compañía en sus operaciones sobresalen: potabilización y ahorro eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la energía y manejo integral de residuos sólidos y peligrosos.

Además de esto, recientemente Avícola Kakaraka se vinculó a un proyecto llamado BanCo2, el cual consiste en compensar familias campesinas, para lograr que estas dejen de realizar actividades que atenten contra el medio ambiente. Y en su lugar, sean los principales encargados de proteger los ecosistemas aledaños. Pascual cabeza de familia de una de las dos familias compensadas manifestó que es una “gran noticia que nos mejora la calidad de vida a nosotros que hemos afrontado situaciones tan difíciles por el tema de la violencia, solo tenemos que conservar los bosques y el medio ambiente”, después de reconocer que se ganaba la vida con una pequeña ganadería y talando árboles para recolectar madera en sus tierras. Este proyecto que surgió para compensar las emisiones del negocio avícola de la granja Kakaraka, logró más que esto, logró mejorar la calidad de vida de dos familias campesinas y les brindó la oportunidad de dedicarse a proteger los ecosistemas y el medio ambiente. Estas dos familias compensan 1.800 toneladas de carbono por año un número que supera por algunas pocas unidades de Co2 las 1.638 toneladas que emite Avícola Kakaraka.

Para concluir, Avícola Kakaraka merece un reconocimiento no solo por la industria avícola sino por toda Colombia. Ya que son pocas las compañías en este país que demuestran la preocupación y compromiso que esta organización está demostrando con su responsabilidad en la gestión social y ámbitos ambientales. Todas las empresas del sector deberían seguir los pasos de Kakaraka e ir más allá de lo que indica las regulaciones del Estado, para así construir en el gremio un hito en temas de desarrollo sostenible y cuidado ambiental. Finalmente deseo invitar a las empresas de Colombia reconocer a Kakaraka y unirse a la ola verde que está iniciando en este país.

[1] Negocio verde: Contempla las actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio.

Bibliografía

Congreso nacional avicola. (2018). Obtenido de http://congresonacionalavicola.com/#pgc-2-2-0

Fenavi. (2018). Obtenido de http://fenavi.org/centro-de-noticias/con-premio-al-reconocimiento-de-sostenibilidad-avicola-se-cerro-el-xix-congreso-nacional-avicola/

mioriente. (2016). Obtenido de http://mioriente.com/sin-categoria/kakaraka-primera-empresa-del-sector-avicola-se-vincula-banco2.html

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La economía del departamento gira en torno a actividades agropecuarias, principalmente forestales y ganaderas. Estas últimas de muy baja escala productiva, pero también se da la ganadería extensiva (primordialmente la vacuna) y las actividades extractivas. Debido a su aislamiento geográfico, durante muchos años existieron plantaciones ilegales de hoja de coca, pero el año pasado, campesinos de la región que estuvieron inmersos durante años en la economía de la coca se convirtieron en pioneros del cultivo del cacao premium en el departamento. 242 familias, cada una con un promedio de 5 integrantes, hacen parte de este proyecto denominado Desarrollo Integral del Alto Vichada liderado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Colombiana y la Gobernación de Vichada (González, 2016).

Por otro lado, es un territorio tan diverso y extenso que se desarrollan dos factores que normalmente no van de la mano: las actividades agropecuarias y la conservación ambiental. El 36% del departamento tiene áreas aptas para la producción agrícola, ganadera y forestal; es decir, cuenta con terrenos donde se podrían desarrollar actividades relacionadas con aprovechamiento de bosques, ganadería y cultivos, pero de forma planificada y sostenible que evite la afectación de los recursos naturales.

De este porcentaje productivo, 1,4 millones de hectáreas se consideran suelos apropiados para la implementación de cultivos transitorios y permanentes, que corresponden al 14% del departamento. No obstante, para impulsar el desarrollo agrícola, necesitan de un tratamiento especial y una alta inversión. Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del IGAC, declaró que estos suelos deben ser tratados como a una “porcelana”, ya que por sus altos contenidos de aluminio necesitan de prácticas de manejo como el encalamiento y una posterior fertilización para que sean mucho más productivos: “Para los cultivos transitorios se requieren prácticas moderadas, con el uso de una adecuada tecnología y una mano de obra calificada, ya que son tierras con riesgo de deterioro. Para los cultivos permanentes se necesita mecanización, control de plagas y malezas, aplicación de enmiendas, fertilizantes, labranza mínima y control sanitario. Todas estas actividades son posibles con una alta inversión económica” (IGAC, 2016).

Algunos ejemplos de cultivos transitorios aptos para los suelos del Vichada son la sandía, la yuca, el arroz, el maíz, la soya y la piña. Por su parte, los cultivos permanentes idóneos para la región que tienen un ciclo de vida mayor a un año son la palma africana, el marañón, la higuerilla, el mango y la guayaba.

Así pues, en medio del polvo de sus carreteras destapadas, el verde de una región con altas lluvias, la ausencia de electricidad y la amabilidad de su gente, se encuentra lo que muchas personas han identificado como parte de nuestra potencial despensa del mundo. El Vichada, como otra buena parte del resto de la Orinoquía, ha sido por muchos años y continúa siendo una región olvidada por el Gobierno, donde hay escasez de educación, de tecnología y la infraestructura demuestra el deterioro de varias décadas de falta de atención y aislamiento de la agenda nacional.

Por medio de los estudios que he realizado sobre la región, he tenido la oportunidad de identificar las riquezas de este territorio: la agricultura, la ganadería y el turismo. Son tres actividades que generan considerables empleos, que puede ser potenciales participantes de la economía colombiana y por ende, debe ser una región que esté en la agenda del gobierno nacional para que se realice cualquier tipo de incentivo.

Bibliografía:

González, O. (2016). 242 familias del Vichada: de la coca al cacao. Por: Portafolio.

IGAC. (2016). Vichada, un territorio apto para cultivos y ganado pero con restricciones y grandes inversiones. Consultado el 14 de Septiembre de 2017. Tomado de: http://noticias.igac.gov.co/vichada-un-territorio-apto-para-cultivos-y-ganado-pero-con-restricciones-y-grandes-inversiones/

Wikipedia.(s.f.) Vichada. Consultado el 14 de Septiembre de 2017. Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vichada

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A pesar de las referencias en la carta magna y de algunas iniciativas gubernamentales, solo fue hasta el año dos mil, donde Colombia reconoció a las áreas protegidas como parte fundamental del desarrollo y deja de percibirlas como simple áreas de preservación, incluyendo un componente cultural y de desarrollo económico. En el año 2003 se crea la Unidad especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia adscrita directamente al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con el fin de dar más autonomía financiera y jurídica.

Actualmente a pesar de que Colombia se encuentra entre los promedios estadísticos en cuanto a áreas de conservación en América Latina, al compararlo contra los promedios de naciones industrializadas se presenta un rezago importante. Y es queColombia a pesar de la riqueza natural, que comparte con sus pares americanos, presenta singularidades que hacen la gobernanza de estas áreas un reto significativo para la sociedad y los diferentes gobiernos de turno.

Actualmente uno de los grandes aciertos de la Unidad de Parques Naturales de Colombia ha sido la neutralidad y gestión de los parques en medio del conflicto armado colombiano. Teniendo en cuenta que muchos de estos parques son escenarios de combates entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, la gestión ha sido continua. Así mismo se debe tener en cuenta que el conflicto genera desplazamiento no solo hacia las grandes ciudades sino hacia zonas de reserva, actualmente viven dentro de áreas de protección y conservación cincuenta y cinco mil personas (Tomado de Parques naturales de Colombia, 2013), lo que se convierte en un reto para la gestión de estas áreas y a la vez una amenaza para biodiversidad de estos sitios.

Al día de hoy Colombia cuenta con casi quince millones de hectáreas en áreas protegidas, por lo que representa casi un 12% del territorio nacional, sin embargo en los últimos años, al aumentar los territorios y mantener el presupuesto, la productividad de la unidad de parques naturales ha venido disminuyendo. Aunque el presupuesto aumenta cada año no lo hace de acuerdo al crecimiento y necesidad de las áreas. Las conocidas locomotoras de desarrollo del gobierno actual han puesto una presión sobre las áreas protegidas, la explotación de hidrocarburos están comprometiendo zonas protegidas y solo hablamos de la minería legal, hay áreas donde existe explotación a menos de 500 metros. Mientras la sociedad colombiana no entienda que los parques naturales no son un problema de conservación, sino de desarrollo económico, y una apuesta social más que jurídica, donde decidimos preservar áreas para nuestro bienestar, los recursos y políticas nunca van a ser lo suficientemente representativas y pueden comprometer el desarrollo económico del país. ¿Cuál sería la repercusión de dejar a Bogotá sin los recursos hídricos que le aporta Chingaza, hay desarrollo sin agua?

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La noticia del avance de la construcción de escaleras eléctricas para la comuna 13 de Medellín[1] es estupenda. En la década pasada, lo fue el Metrocable.

Familias, en su mayoría campesinas, expulsadas por la violencia deben colgarse de las laderas de nuestras ciudades. Si bien no pagan impuestos directos, lo hacen a través del IVA, el transporte (sobretasas de la gasolina). Su principal contribución al bien común es la de su esfuerzo, trabajo y esperanza. Por diversas modalidades de trabajo asociado en cooperación con los gobiernos locales y ONGs, van dotando de infraestructura sus barrios y haciendo habitables sus viviendas.

La inversión de 10.000 millones de pesos que la Alcaldía de Medellín hace en dicho proyecto, o la inversión 10 veces mayor que hizo para el Metrocable, son de elemental justicia social. Quienes se esfuerzan por sobrevivir atendiendo, con la precariedad de sus recursos, sus necesidades básicas de vivienda y desplazamiento, incluso de empleo –cuando es informal-, escalando diariamente decenas y centenas de metros, es justo que la sociedad los apoye. En verdad, estas familias colombianas no son ‘una carga para la sociedadâ€.

Las cargas para la sociedad vienen por otros senderos. Uno de ellos es el pago de impuestos. Se entiende que se necesitan bienes y servicios que el mercado no puede producir, la seguridad y el orden, entre ellos. La educación y la salud, como venimos aprendiendo, con aciertos y errores, en el País pueden ofrecerse en consorcio con el mercado. Servicios públicos domiciliarios también pueden extenderse y mejorarse gracias a una regulación inteligente y a empresas privadas. Sea lo que fuere, el caso es que se necesita el Estado y de ahí que debamos los ciudadanos contribuir a su operación.

Lo que desconcierta es el empleo inadecuado de esas contribuciones. En el carrusel de las contrataciones no bailan sólo algunos gobernantes locales, lo hacen también funcionarios del nivel nacional. Para la muestra un botón: el entonces Presidente del Senado, iniciando el año, suspendió una licitación que dotaba de carros blindados y nuevos a los integrantes del Congreso (su valor: 14 escaleras eléctricas) y a su responsable, el Director Administrativo de la Corporación.[2] El nuevo Presidente del Congreso le devuelve las facultades a éste e inicia el baile.[3] Algo debe andar mal en nuestro régimen político y administrativo que sólo 63.251 votantes colocan a este último personaje en cargos de responsabilidad.

Las luces y sombras que describimos en el Estado, también existen en el mercado. El documental de Charles Furguson –Inside Job[4]– constituye una excelente descripción sobre algunos de los responsables del colapso financiero del 2008. Entrevistas directas a banqueros, reguladores, académicos, junto a sesiones de la Comisión de Investigación del Congreso de los EEUU expresan, de una parte, la vulnerabilidad humana, de otra, la del sistema financiero del Norte.

En este caso, a diferencia de las contribuciones forzosas tributarias, son los inversionistas institucionales y los individuales quienes, voluntariamente confían sus recursos a directivos empresariales. Algunos de estos, en franca e incontenible codicia, traicionan su legado fiduciario y dilapidan los recurso puestos a su haber. Su cinismo, solo comparable al de algunos funcionarios estatales, y que se deja ver en dicho documental, manifiesta, de una parte, el conflicto de interés de funcionarios del gobierno, académicos, reguladores y agencias calificadoras. De otra, la complejidad de un sistema financiero vulnerable, ya no solo a la codicia extrema de sus actores, sino a una interconectividad virtual que impide decisiones sopesadas y prudentes.

El documental revela los ingresos de dichos ejecutivos, que para nada fueron castigados por llevar a la ruina sus empresas y socavar la economía mundial. Cifras que alcanzan cantidades en el orden de las 200 escaleras eléctricas para el bolsillo de un individuo. Algo debe andar mal en el sistema financiero mundial que celebra y acoge esos personajes. Y en los modelos empresariales que con tan sólo una decena o veintena de votos –de los integrantes de las juntas directivas de esas empresas- los nombran, los sostienen en sus puestos y los premian, a pesar de llevar a la ruina el sistema.

Difícil reflexión la que nos cabe a nosotros los ciudadanos sobre si, y cómo, seguir respaldando, con votos o inversiones, esos funcionarios estatales y directivos empresariales, cuyos ingresos y prebendas para nada reflejan la mediocridad de su gestión. Cuántas escaleras eléctricas y ya no sólo esas, sino empleos se generarían, si la codicia de esos personajes se contuviera.

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10480182.html

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En días pasados, el portal de la Revista Gestratégica[1] describió la iniciativa, insólita por decir lo menos, que la Fundación MásFamilia organización española, para certificar aquellas empresas que se proponen armonizar la vida personal, laboral y familiar. Se pretende distinguir aquellas empresas que demuestran una conciliación de esas dimensiones, junto con igualdad de oportunidades, diversidad, apoyo e integración de desfavorecidos.

Con ello se conformaría una reputación que manifiesta tratar a sus empleados como personas con responsabilidades más allá de su vida laboral, personas y no ‘recursosâ€, ‘costos laboralesâ€, o ‘elementos†de una cadena de valor. Además, reflejaría relaciones laborales donde se dé una paz social, atracción y retención del talento que redundaría en los resultados de la empresa.

La tendencia contemporánea de las certificaciones no son más que auditorías de parte de terceros sobre coherencia entre lo que una organización hace y dice que hace. Y vale para las ISOs referidas a los procesos de calidad en la producción y los servicios de empresas comerciales o maufactureras, las educativas para colegios y universidades, las hospitalarias, etc.[2] Constituyen una actividad bien exigente al interior de las organizaciones. Algo muy sano, cuando va aparejado de un cambio cultural profundo, que refleja la actividad cotidiana de la organización; de lo contrario, es una simple decoración de la fachada.

Existen organizaciones que sin dicha certificación –pues es algo novedoso- aspiran a ese propósito de armonía[3]. Pero cuando leía el artículo pensaba en el millardo de familias campesinas cuya organización del trabajo y de la vida familiar es armoniosa.

Fue la Revolución Industrial la que transformó ese estilo de vida y si bien, la mayoría de los hogares campesinos y muchas familias que residen en la finca viven la armonía entre el trabajo y la familia, la ciudad atenta contra esa armonía. No pueden negarse todos los beneficios que la conglemaración de la población en las ciudades trae (servicios, transporte, mercados, educación, salud, recreación), pero no pueden negarse las dificultades que por las distancias, la precariedad económica, los horarios de trabajo, etc. imponen sobre los integrantes de las familias.

Nuevamente son los campesinos y finqueros, los que no sólo nos proveen nuestros alimentos sino, buen número de ellos, ejemplos de formas de armonía familiar y laboral que bien vale la pena que nosotros los urbanitas consideremos.

Que halla inciativas que observen y destaquen esa armonía en las empresas es de celebrar. Poco dice de una empresa el que sus prácticas de trabajo y relaciones laborales promuevan la disolución familiar y la discriminación.

[1]http://www.gestrategica.org//templates/noticias_detalle.php?id=544

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