Allí se propusieron roles de constructores de esperanza: padres y madres de familia; maestros, profesores, guías intelectuales y espirituales, escritores, investigadores; pero también toda persona en el trabajo con otras a cargo que las entrena y capacita para el mejoramiento de sus habilidades. Y, con mayor razón, quienes llevan a cabo sus tareas a cabalidad y con diligencia contribuyendo al bienser propio y de los demás. En esta categoría, se hallan empresarios responsables socialmente, funcionarios probos, operarios diligentes, en fin, cualquiera que con su acción, por sencilla y humilde que sea, presta un servicio a los demás y contribuye así a la convivencia.

El campesino y el finquero, ilustran muy bien esas notas. El bien futuro, pues es su cosecha, los animales que cuidó, los árboles que sembró. Futuro que temporiza en términos de semanas, meses y años. Ellos saben bien, que no pueden ‘apurar†los ciclos normales de la naturaleza. Saben esperar.

El rigor de las estaciones, las distancias por recorrer en carreteras destrozadas, la especulación proferida por los intermediarios inescrupulosos, la ignorancia de técnicos agropecuarios sin experiencia que asesoran: todo ello va configurando personalidades recias, muchas veces escépticas sobre el ‘conocimiento profesionalâ€. Todo ello sí que contribuye a configurar posibilidades.

Posibilidades que van desde la venta justa de la cosecha y los animales engordados, hasta una mejor educación para sus hijos –‘mejorâ€, si sus padres sólo alcanzaron unos pocos años de primaria y sus hijos terminan bachillerato–. Posibilidades que incluyen también la venta justa de la tierra si quisieran explorar otros horizontes: por ejemplo, una educación formal mayor para sus hijos.

Estas posibilidades se esfuman cuando, por razones de inexistencia de mercados justos (especulación) o de inseguridad y violencia (narcotráfico, ‘Bacrimâ€, narcoguerrilla, etc.) deben abandonar sus tierras, emigrar a otras regiones o a ciudades, donde todo aquello debe ser reconfigurado.

El gran problema de ese tipo de desplazamiento forzado es el de una inusitada reconfiguración de futuro y de posibilidades. En el curso normal de cualquier vida esas posibilidades surgen de la práctica, del ajuste entre lo que soñamos con lo que vivimos y así determinamos lo que somos capaces: en un proceso de aproximaciones sucesivas, que requiere, insisto, tiempo, honestidad y buen discernimiento.

Sin embargo, más atención le brindan los gobiernos a los guerreros que en número sus cifras no superan las decenas de miles, que a las víctimas rurales desplazadas cuyo número superan los millones. He ahí la perplejidad en que nos hallamos los ciudadanos con respecto a la retórica de la paz.

El ex-ministro Juan Camilo Restrepo dejó en sus memorias al congreso en el 2013 plasmada una innegable verdad: “La simple transferencia de la tierra puede no ser suficiente para ubicar a las personas por encima de la línea de pobreza. Se requieren otros instrumentos de política para aumentar los ingresos de los habitantes rurales.” (Restrepo, 2013). En el mismo documento, Restrepo hace un diagnostico de los que son para él los factores que impiden a la población rural alcanzar mayores ingresos. “El primer factor es el limitado acceso que dichas personas tienen a activos productivos tales como a la tierra, el crédito y los recursos hídricos, y el segundo factor es la escasa capacidad de los habitantes rurales para administrar y sacar el mejor provecho de dichos activos”. Respecto al acceso a la tierra en Colombia hay dos grandes fuentes de tensiones, primero y al igual que en todo el mundo la difícil articulación entre la minería, el agro y el ambientalismo. En el caso Colombiano la otra gran dificultad para el acceso a la tierra ha sido el resultado del conflicto armado, dejando a su paso desplazamiento y despojo de tierras.

El actual esquema de restitución de tierras comenzó en 2011 bajo la ley 1448 de ese año, creando la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT). La URT hoy cuenta con 23 oficinas en el territorio nacional encargadas de gestionar en el proceso y asesorar a los reclamantes de tierras ante los jueces de la república quienes le otorgarán la propiedad de la tierra a los reclamantes en el caso de que su reclamo sea válido. (URT Web “Quienes somos”). Si bien el sistema ya lleva más de dos años y se han abierto oficinas en más del 71% de los departamentos el proceso avanza a paso de caracol, casi con la misma lentitud de los diálogos de este gobierno con las FARC en la Habana. En una investigación hecha por Duica en el 2008 la cifra de desplazados en el país asciende a 3,226,442 personas y una proyección variable de hectáreas abandonadas y despojadas según quién haga el estudio

“Que van desde 1.2 millones de hectáreas abandonadas (Ibáñez, Moya y Velásquez, 2006) y 2,9 millones (Contraloría General de la Nación), los más conservadores, hasta 4 millones (Programa Mundial de Alimentos), 4.9 millones (INCORA hoy INCODER), 5.5 millones (Comisión de Seguimiento a la Política Pública, 2009) y 10 millones (Catastro alternativo – Movimiento de Víctimas).” (Duica, 2010, p. 3-4)

Por su parte, las cifras del ex-ministro Restrepo y el Ministerio de Agricultura son del orden del “10% del territorio no boscoso del país” (Restrepo, 2013, p.15), lo que se traduce a más del 10% del territorio de provecho agropecuario en Colombia. Este 10% gira alrededor de 6 millones de hectáreas, un área tan grande como el departamento de Antioquia (6,361,200 ha) y 2.5 veces la superficie de Cundinamarca (2,410,000 ha). Para el Ministerio las víctimas de este proceso de abandono y despojo son 300,000 familias. El siguiente mapa tomado de la URT da cuenta de las regiones en donde hubo mayor incidencia del desplazamiento.

Una vez se ha establecido el tamaño del problema es posible dimensionar el ritmo de los avances, la efectividad de la política pública y su impacto en la población que ha sido víctima del desplazamiento. Tomando los últimos datos publicados por la Contraloría General de la Nación (a Junio de 2013) se encuentra que menos del 5.4% de los predios por los que se han hecho reclamaciones de restitución están inscritos en el registro de tierras despojadas y menos del 6.5% de las hectáreas reclamadas han logrado este paso que corresponde exclusivamente a las funciones de la URT. Es más oscuro el panorama cuando miramos que la restitución de tierras, medida únicamente como la entrega del título de propiedad por parte de un juez a un reclamante se ha logrado con menos del 0.98% de los predios reclamados y con menos del 0.43% de las hectáreas reclamadas. Esto sin contar que no todas las víctimas del desplazamiento se han acercado a la URT para iniciar el trámite de restitución. A continuación dos tablas construidas a partir de los datos de la Contraloría General de la Nación (Junio 2013) que resumen esta información:

Cómo se mencionó anteriormente la propiedad por sí sola no es garantía de una mejor calidad de vida o de una inserción competitiva al mercado y menos si es tierra que ha sido abandonada y que hay que adecuarla para la actividad agrícola. Por eso, a través del programa DRE antes AIS el gobierno se ha propuesto brindarle asistencia técnica al sector agrario. Específicamente, el gobierno central aportará el 80% de los recursos destinados a este tipo de proyectos prestados por los municipios, el 50% por los gremios y el 100% en el caso de productores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad el gobierno nacional cubre el 100% de los costos. La población desplazada pertenece a este grupo de condiciones de vulnerabilidad. Es importantísimo que el gobierno contemple estos pasos posteriores para hacer una restitución integral en la que haya un mínimo de reparación y en el caso de las tierras que sean verdaderamente una fuente de ingresos para los desplazados, pero no debe adelantarse y debe primero acelerar la entrega y adjudicación de predios.

@farrazola

Referencias

1.Contraloría General de la Nación. 2013. Sistema Indicadores CGR-RT 2013 URT 2013 VRS proct a corte Junio 2013. Disponible en: http://www.contraloria.gov.co/web/seguimiento-en-tiempo-real/victimas-restitucion-de-tierras

2.Duica, L. (2010). Despojo y Abandono de Tierras en los Montes de María: El impacto de los grupos Armados en la Reconfiguración del Territorio (tesis inédita de grado). Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

3.PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Informe Nacional de Desarrollo Humano – Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Bogotá, Colombia

4.Restrepo, J. C. 2013. Memorias al Congreso de la República 2012-2013. Bogotá. Colombia. Disponible en: http://biblioteca.agronet.gov.co:8080/jspui/bitstream/123456789/4296/3/Memorias%20final%20con%20caratula.pdf

5.Unidad de Restitución de Tierras. 2013. ¿Quienes Somos?. Colombia. Disponible en: http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=9

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