El tema de despojo de la tierra en Colombia se documenta desde la Conquista –claro que entre tribus, antes de ésta, existió, sólo que no tenemos crónicas de ella. Desde entonces han existido toda suerte de modalidades para usurpar la tierra de quien la ha trabajado y poseído legítimamente. Cinco siglos no han bastado para lograr prácticas, instrumentos e instituciones que garanticen la propiedad de quien compró (heredó o desbrozó un baldío), trabajó y transformó un terreno.

Para los urbanitas el catastro, las oficinas de notariado y registro y las demarcaciones de vías y andenes en algo ofrecen localización y posesión algo precisa de los predios. No sucede igual con la tierra no urbana, es decir, aquella no incluída en ciudades y cabeceras municipales. Esa ha sido motivo de asignaciones por autoridades estatales, en pago por servicios a la Corona y luego a la República, invasiones, depojos. Un catastro, imparcial y eficaz, es decir, veraz de las zonas rurales aún está por lograrse. Este sí es el instrumento por excelencia para dirimir conflictos y asegurar posesión legítima.

La restitución de tierras a la que hoy asistimos, no tiene precedentes en el país. Se inicia tímidamente, pero en la medida que todos los participantes hagan su aprendizaje irá adquiriendo claridad, fuerza y prestigio de su posibilidad. Que de cientos o miles de hectáreas se restituyan parcelas de decenas de hectáreas a sus dueños legítimos es un comienzo.

Bien documentado se halla el despojo como medio y fin de la Violencia de mediados del siglo pasado. Algo menos el despojo de los ‘bienes de manos muertas†del siglo anterior a ese y así en alguna medida los anteriores despojos de la Colonia. Algún día la historiografía documentará la proporción de tierras logradas legítimamente (disposición legal del Estado, donación por servicios prestados en las guerras de independencia, garantía legal de transacciones sobre terrenos, desmonte y cultivo de baldíos, etc.) en contraste con las despojadas. Esta será la única manera de conocer la verdadera magnitud de esta práctica en el país.

Las inundaciones inéditas de los últimos meses constituyen también un reto, ya que mojones desaparecieron, únicos referentes para establecer tamaños y localización de predios. Obliga esto a conciliar acuerdos entre vecinos y, nuevamente, a que el catastro actualice, de modo certero y oportuno, la realidad física de los predios junto con su legítima propiedad.

Todo ello requerirá una gran creatividad institucional y técnica y dará cabida a que los sistemas satelitales de información geográfica cobren actualidad en el país y contribuyan a avanzar uno de los problemas estructurales de nuestra sociedad el de la propiedad de las tierras rurales.

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