Hoy, se estima que la minería ilegal de oro puede llegar a ser hasta veinte veces más rentable que la producción de hoja de coca. Es por esto que, en Colombia, únicamente el 13 por cierto del oro que se saca cada año del país proviene de minas tituladas; el 87 por ciento restante – que equivale a más de USD $2 mil millones – es de extracción ilegal o informal. Aunque es evidente que cualquier tipo de minería extractiva del oro, así cumpla estándares legales, no es ambientalmente sostenible, es este segundo tipo el más perjudicial para los ecosistemas y las comunidades, y es el que utilizan los grupos al margen de la ley, como guerrillas y BACRIM, para financiar sus actividades ilegales.

Durante el proceso de extracción ilegal o informal del metal, se utiliza mercurio para amalgamar el oro, y así poder separarlo de sus impurezas. Posterior al proceso de extracción y separación del oro, este mercurio termina siendo inhalado por los mismos mineros, y desechado en los ríos sin ningún tipo de supervisión o preocupación por la contaminación del ecosistema. Este metal pesado es luego consumido por los organismos presentes en el hábitat, convertido en metilmercurio, y pasado a lo largo de toda la cadena trófica hasta llegar a los peces más grandes, siendo éstos los consumidos por los seres humanos. Los efectos del metilmercurio sobre la salud humana, muchas veces irreversibles, están ampliamente documentados: daño neurológico (con consecuencias mucho más severas en los sistemas nerviosos en desarrollo de los niños), reflejado en cambios de comportamiento, temblores en el cuerpo, trastornos neuro-psiquiátricos, pérdida de funciones sensoriales, entre muchos otros; y afectaciones cardiovasculares. En los casos más graves, pueden presentarse profundas malformaciones en fetos en etapa de gestación, y muerte por envenenamiento agudo.

Para las comunidades indígenas del Amazonas, esta situación las vuelve especialmente vulnerables, al tener una dieta altamente dependiente del consumo habitual de peces de las cuencas fluviales, sobre los cuales, a diferencia de peces de mar como el atún, no se realiza en ningún momento una evaluación de niveles de mercurio. En el año 2016, el gobierno Peruano decretó un estado de emergencia por la crisis sanitaria en la región amazónica del país, donde se calcula que se vierten más de 40 toneladas de mercurio al año en fuentes hídricas, y se encontró que existían comunidades indígenas donde hasta un 82% de su población presentaba niveles muy superiores a los límites a partir de los cuales existe un alto riesgo de consecuencias graves para la salud. Asimismo, en Brasil se encontraron en el año 2016 diecinueve comunidades indígenas con niveles promedio de hasta 16 mg/g de concentración de mercurio en el cuerpo (siendo 6 mg/g el límite máximo a partir del cual existe un alto riesgo de afectaciones graves e irreversibles a la salud humana según la OMS).

En Colombia, a pesar de la lamentable falta de estudios epidemiológicos a gran escala, se han registrado casos como el del Parque Nacional Cahuinarí, en el departamento del Caquetá, donde un estudio realizado por la Universidad de Cartagena encontró que el promedio de niveles de mercurio en el organismo de los indígenas Bora y Miraña era de 17,06 partes por millón (ppm), siendo 5 ppm el umbral de alto riesgo establecido por la OMS. Asimismo, resultan preocupantes los resultados encontrados por una investigación de la Contraloría General de la República, donde se identificaron 80 municipios, de 17 departamentos diferentes en el país – entre ellos Antioquia, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca -, cuyas cuencas hídricas presentaban contaminación por mercurio.

Ciertamente, es urgente y necesario un plan de acción integral y efectivo por parte de los diferentes gobiernos regionales que comparten fuentes hídricas amazónicas, para frenar un fenómeno que ya representa una emergencia sanitaria internacional, y puede generar graves consecuencias no sólo en las comunidades indígenas más vulnerables, sino a la gran parte de la población que incluye en su dieta peces de agua dulce. Si no se actúa de forma rápida y efectiva, se corre el riesgo de que este veneno termine por hacer desaparecer, después de tantos siglos de abuso y olvido, las comunidades ancestrales que habitan esta selva.

Bibliografía

Editorial Amazónico. (18 de Marzo de 2015). Investigan contaminación con mercurio en Parque Nacional Cahuinarí, Caquetá. Obtenido de Editorial Amazónico: http://www.editorialamazonico.com.co/investigan-contaminacion-con-mercurio-en-parque-nacional-cahuinari-caqueta/

Franco, M. S. (13 de Junio de 2016). El mercurio envenena a indígenas de Perú, Brasil y Venezuela. Obtenido de La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/internacional/20160610/402413846519/mercurio-envenena-indigenas-peru-brasil-venezuela.html

Silva, J. (2014, Agosto 15). Mercurio por minería ilegal ya llega a 80 municipios. Retrieved from El Tiempo: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/contaminacion-por-mercurio-debido-a-mineria-ilegal-llega-a-80-municipios/14391252

Torres, J. (17 de Diciembre de 2015). Nuevos desierto avanzan detrás de la fiebre del oro. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/mineria-ilegal-en-colombia-nuevos-desiertos-avanzan-detras-de-la-fiebre-del-oro/16460299

Verbel, J. O. (s.f.). Efectos de la Minería en Colombia sobre la Salud Humana. Obtenido de Unidad de Planeación Minero Energética: http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/forum_topic/3655/files/efectos_mineria_colombia_sobre_salud_humana.pdf

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Alrededor del 80% de las reservas se encuentran en el Congo y el resto estarían distribuidas en Australia, Brasil, China, Bolivia, Venezuela y Colombia.[2] En Colombia desde hace mas o menos 10 años se han encontrado yacimientos de este mineral en la Orinoquia, en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, lo que ha generado la movilización de comerciantes, grupos armados y mineros, hacia estas regiones con el fin de explotar el recurso de manera ilegal. Varios de estos yacimientos se encuentran dentro de los parques naturales, lo que ha hecho inviable que el gobierno otorgue títulos para su explotación, ya que en el proceso de extracción, la deforestación de la zona es casi obligatoria.

El alto precio del coltán en el mercado Internacional ha generado un incremento en la minería ilegal y se ha convertido en una fuente de financiando para los grupos armados. Se dice que una tonelada de coltán directamente en la zona de explotación cuesta 9 millones de pesos, si esta llega hasta Puerto Inírida, sube a 14 millones, en Bogotá vale entre 70 y 80 millones y en el exterior 144 millones de pesos.[3]Esta situación la han aprovechado algunos grupos armados como las FARC, quienes se han dedicado a explotar de manera ilegal el coltán dentro de los parque nacionales, donde hay poca o ninguna presencia del estado. Así es el caso de la Reserva Nacional Natural del Puinawai, donde grupos armados ilegales obligan a indígenas de la región a extraer coltán, dejando a su paso zonas deforestadas dentro de los parques.(ver imagen 2).

En estos momentos saber con exactitud cuál es la producción y las reservas de coltán en Colombia es muy difícil, debido a que no se han hecho estudios significativos sobre el tema, en gran medida porque la mayor parte de la producción es realizada de manera ilegal. “…, pues en Colombia sólo hay un título minero para tierras raras en el Vichada, a nombre de Luis Alberto Rodríguez Forero. Él denunció ante la Policía que terceros estaban utilizando su título para reportar producción de coltán, que bien puede haber sido extraído en Colombia, en Venezuela o en Brasil.” Si el gobierno no otorga mas títulos mineros para la explotación del coltán, que sean regulados y que obliguen a que los yacimientos sean explotados con el mínimo impacto medio ambiental, y el Estado no controle y tenga poder sobre los parques nacionales y las zonas donde están los yacimientos, el coltán va a continuar siendo un recurso exclusivo de la minería ilegal, que no le genera ingresos al país, deteriora el medio ambiente y sirve como financiación de los grupos armados ilegales.

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Las imágenes sobre los terremotos del Japón, los estragos del Tsumani que arrasó uno de sus pueblos –de los mejores preparados para hacer frente a temblores-, las explosiones en edificios de los reactores nucleares, el peligro de la desinformación producto de testimonios de expertos que se contradicen, en fin, la realidad de la vida en todo su misterio y drama.

El único país que ha vivido las consecuencias de la mayor explosión radioactiva en la historia de la humanidad y ahora a la puerta de otra –esta producto del empleo pacífico de la energía nuclear- cuyas consecuencias aún no pueden preveerse. Una sociedad y un pueblo paradigmático en organización y prevención sorprendido por la magnitud de las fuerzas de la naturaleza que enlazadas causan estragos inimaginados.

Toda la técnica, tecnología y ciencia cuestionada en su capacidad predictiva. Aunque no en su atención a la medición de las consecuencias de los fenómenos telúricos en cuestión, sus estragos económicos, sociales y hasta políticos. Se generarán toda suerte de interpretaciones sobre sus causas, se apropiarán recursos en porciones que significarán puntos del PIB para acciones humanitarias y de rehabilitación hasta dejar los pueblos y los campos mejor dotados que antes. Seguramente que con el tesón y trabajo del pueblo japonés, en una década todo estará recuperado.

¿Por qué esta alusión a una tragedia originada por fenómenos naturales, como antesala a la discusión sobre minería de páramo que se pretende realizar en Santurbán, Santander?

Video informativo

Ver Comentario ambientalista / Argumento de la empresa

La respuesta es la siguiente: Si bien existen situaciones en que las personas pueden volver su habitat a estados originales después de eventos naturales de gran magnitud –lo que seguramente se logrará en el Japón-, intervenir páramos no obedece a la misma lógica.

El Parque Natural Chingaza –páramo- albergó durante más de medio siglo una mina de caliza de empresas cementeras. Una vez agotada, dejaron la mina hace 20 años. Recientemente, donaron 2400 has al Parque Chingaza. Puede hoy no sólo observarse los estragos causados, sino el hecho que terminos como ‘recuperaciónâ€, ‘rehabilitaciónâ€, ‘restauración†son eufemismos. Se trata de una biótica irremplazable. ¿Qué significó ello en pérdidas de ‘producción†de agua? Será pronto calculable con exactitud.

Por eso el debate actual entre ‘oro y agua†en los páramos es certero.

¿Qué hace la minería de cielo abierto en Colombia? No es necesario especularlo. Basta ver el Cerrejón, Cerromatoso y Drummond. El beneficio económico en regalías, empleo y otros indicadores no puede negarse. La incapacidad del Estado y de inversionistas colombianos en estos asuntos quedó demostrada en los dos primeros proyectos cuando aún siendo de iniciativa y participación accionaria de dicho Estado debió relegarla a sólo una participación en regalías.

Regalías que la institucionalidad precaria en esas actividades en el país deja bastante que desear. A lo que se suma que los recursos naturales susceptibles a la minería no son aún un asunto público en Colombia.

Es posible que, una vez esas empresas terminen su intervención por agotamiento del recurso que las llevó allí, su conciencia ambiental las lleve, en el futuro y por ejemplo, a construir grandes reservorios de agua. Sin embargo, sólo el balance entre reputación internacional de empresas ambientalistas y costos definirá esos proyectos de ‘ciencia ficciónâ€.

Lo que no es susceptible de ‘ciencia ficción†es el hecho que la vida, en todo su esplendor, complejidad, misterio y drama es frágil. Con todo y los grandes avances de la ciencia y la tecnología estos son sólo como unos pocos granos de arena de conocimiento en ese mar de realidad que es la vida. Hay que reconocer que cuando la ciencia y su empleo es soberbio son más los estragos que causan que sus bien intencionados y supuestos beneficios.

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