Es lo que viene sucediendo con la ‘palomita de la paz†en que durante un buen tiempo se engañó a todos los colombianos, haciendo creer en la posibilidad de que veteranos narcoguerrilleros dejarían las armas, sus fuentes de ingresos y entrarían en los cauces de un Estado Social de Derecho. Esto es un buen ejemplo de “poder engañar a todos algunas veces”.

De otra parte “puedes engañar a algunos todas las veces” es el caso de una narcoguerrilla que no se cree tal, sino la adalid de la justicia social y defensora del pueblo colombiano, ambos víctimas de la opresión de una oligarquía que los explota. La minería ilegal, el contrabando, el narcotráfico y toda suerte de vacunas (al transporte, a la actividad comercial, a la actividad productiva, etc.), junto con actos terroristas, son para ella medios justificados y eficaces para lograr el ideal de la toma del poder. ¿Y el poder para qué? Para hacerse a los recursos del Estado, ‘sanearlos de la corrupción existenteâ€, y administrarlos con ‘la transparencia†que sólo el ideal ‘revolucionario†concede.

Foto de NTN24, publicado el 10 de Julio de 2015.

No se crea que esos ‘algunos†son sólo un puñado de ‘ingenuos campesinos†que agradecen la compra de su coca a integrantes de frentes narcoguerrilleros. Intercambio que el mismo Estado promueve al no proveer la infraestructura necesaria y los canales de comercialización para productos diferentes a la coca; ya que esta no requiere sino una mochila para transportarla. No, a aquéllos se les suma todos los integrantes armados convencidos de aquella acción ‘revolucionariaâ€, y que no creen en resinserción alguna (ni la que viene sucediéndose de hace más de una década, ni la prometida ahora por el Gobierno). Pero también se les suma destacados intelectuales, legisladores en todos los niveles de las corporaciones (Congreso, Asambleas y Concejos), magistrados de las altas cortes, jueces, fiscales, médicos, profesionales y operarios que creen en el ideario de un régimen ajeno al actual de la división de los poderes. Creen en la llegada de una figura redentora al modo de los Lenín, Stalin, Hitler y los Mao, que salvarán al pueblo de los estragos causados por el capitalismo. En otras palabras, un gran número de profesionales aspirando a posiciones importantes en el nuevo régimen ‘revolucionarioâ€.

Y “el todas las veces”, se refiere a que dicha ideología y acción revolucionaria, no cesará. Nadie aprende en piel ajena. La autocracia de los Castro, Chaves, Maduro, Correa y Evos hay que vivirlas para entender el asunto. Claro que las experiencias soviéticas y cubanas fracasadas no les indican nada a esos adeptos; ni tampoco la aspiración capitalista de una China que va quitándose el traje comunista.

Ref. Fotografia: De izquierda a derecha los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Bolivia, Evo Morales; y de Ecuador, Rafael Correa. Foto de El Día. Bolivia.

No crea el lector que por esto abogamos por un capitalismo salvaje como el que practican algunos negociantes y empresarios, para quienes el obrero es un ‘costo laboral†que hay que mantener a raya, o que existe una ‘mano invisible†que todo lo armoniza. No, socialismo y capitalismo a ultranza han demostrado su inoperancia. El primero, por las dictaduras que ha gestado y que dan cabida a la vida plena de privilegios de la élite ‘revolucionariaâ€. El segundo, porque nunca antes se han gestado tan pocos ricos tan ricos y tantos pobres tan pobres. El reto es el de una regulación social, política y económica del mercado para que los recursos escasos se empleen del modo más eficiente posible, y los excedentes en verdad lleguen de modo justo a quienes más los necesitan. Y esto aún está por descubrirse cómo hacerlo. Lo que está claro es que con los medios empleados por las FARC sólo queda la desolación, la destrucción social, económica, política y ambiental que no se recupera.

Julio 11, 2015

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En la década pasada la reinserción de para-militares derivó en la extradición de los principales cabecillas, carcel para un buen número de ellos, y otros en programas de reintegración a la vida ciudadana de quienes no habían cometido delitos atroces. Sin embargo, quienes no se acogieron a las concesiones del gobierno se fragmentaron en varias bandas hasta merecer el acrónimo de ‘bacrims†(bandas criminales). Hoy, de estas: ‘los rastrojos†y ‘los urabeños†junto con las FARC se disputan el dominio de los municipios del Pacífico, territorios que incluyen las rutas de salida de la coca.

La índole de las FARC, en algunos aspectos difiere de la de los paramilitares (aquéllos poseen un proyecto político de toma del poder del Estado por cualquier medio con el apoyo de las ‘masasâ€, para imponer un modelo de planificación económica centralizada, erradicando cualquier vestigio de economía de mercado). En otros aspectos las FARC, como cartel que trafica con drogas, minería ilegal y contrabando, no difiere de las acciones perpetradas por los paramilitares. Los superan, eso sí, con ataques a la infraestructura petrolera y eléctrica del país, junto con secuestros como modalidad permanente de acción ‘revolucionariaâ€.

Esta esquizofrenia de las partes, una con un proyecto político sustentado con actividades de cartel cuyo unidad de mando no se halla asegurada –quienes firmen en la Habana no podrán ser garantes del acuerdo de parte de todos los frentes–: las ‘farcrim†ya se hallan en gestación. La otra, cuya ambiguedad de propósito es cada vez más patética, ya que nadie a ciencia cierta sabe a cuál de las 37 ascepciones del vocablo ‘pazâ€, que ofrece el diccionario de la Real Academia Española, se refiere el Gobierno.

¿Y por qué desaliento? Para las FARC, de una parte, sus acciones pretenden manifestar su fortaleza ‘bélica†y con ello exigir una negociación entre pares; de otra, su aspiración a la no-violencia ghandiana raya en el cinismo. Para el Gobierno actual, el imitar a Nelson Mandela pareciera ser asunto de relaciones públicas internacionales. Ni la liberación de la opresión colonial Inglesa, o de la opresión blanca sobre los africanos tiene similitud alguna con la flagelación a la que ambas partes, FARC y Gobierno, han sometido a campesinos y finqueros en el campo. Unos por acción directa de explotación (impuestos de gramaje, reclutamiento infantil, secuestro) y otros por no-acción o negligencia en la ausencia de Estado con acciones de desarrollo efectivas.

La talla moral de Ghandi y de Mandela no se alcanza con la simple firma de ‘lo que está todo acordadoâ€. Todo este ‘sainete†causa un profundo desaliento.

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Unos meses después lo que viene revelándose es una situación de oportunismo y desaliento. Términos alrededor de los cuales existen definiciones precisas y no multitud de acepciones como, en cambio, sí existen sobre ‘la pazâ€.

Si la primera acepción describe bien la acción del gobierno actual, la segunda describe bien la acción de las FARC. Un “principio fundamental” para el primero sería la veracidad que lleva a distinguir entre quienes ejercen el sano e indispensable oficio de la ‘política†y quienes ‘politiqueanâ€. Esto último acaba de revelarse con el levantamiento de órdenes de captura a cabecillas de las FARC desde hace 5 meses, sin que lo conocieran los ciudadanos.

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Leo en el informe reciente a los accionistas de una Empresa unos apartes que me parecen lo más sensato de todo lo que se escribe al respecto: “..Sugiero que el tema más importante en el panorama nacional es el de las conversaciones de la Habana, pues ha llegado la hora de desmontar el aviso de las FARC; no podemos continuar siendo el único país de este hemisferio donde todavía siga vigente la dialéctica del terror, de la extorsión y la barbarie ….la superioridad militar de nuestras Fuerzas Armadas será cada día mayor y que no podemos equivocarnos en que los aspirantes a jubilación de ese grupo narcoterrorista, no están sentados allí movidos por el deseo de terminar el conflicto armado, sino porque son conscientes que no pueden ganarlo. Seguramente por sus mentes rondarán día y noche las macabras imágenes de Reyes, Briceño y Cano, abatidos por la contundencia de nuestro Ejército. Basta con ver su deterioro físico: ya ni siquiera pueden hacer una ligera caminata porque se les fue la juventud dejando toda una secuencia de dolor, muerte, desolación, desplazamiento forzados y arrebatando de paso, sueños e ilusiones de miles de colombianos… dadas estas circunstancias, no es mucho lo que hay para ceder en los diálogos de Cuba. Ojalá así sea. No tendría ningún sentido que esos malhechores, acusados de crímenes atroces, terminaran cómodamente instalados en el Congreso de la República. Seguramente haya que perdonar y olvidar pero todo tiene límites…”

Mi interpretación de este texto y de lo que leo de acuciosos observadores es que es ingenuo creer que individuos cuyos grandes capitales y posesión de grandes extensiones de tierra –en cabeza de testaferros- dejen sus prácticas narcoterroristas por la simple firma de un acuerdo. Acuerdo cuyo futuro las leyes –transitorias o no- no podrán garantizar la seguridad personal de quienes tienen a cuestas delitos de lesa humanidad.

Claro que exigirán del Estado toda la parafernalia de seguridad con la que cuentan nuestros gobernantes –he contado hasta diez vehículos entre ambulancia y guardaespaldas cuando se desplaza el Presidente de la República-. Lo irónico del asunto es que los causantes de que exista el aparato de seguridad para gobernantes, ejecutivos y profesionales de petroleras y otras empresas, deba ahora colocárseles a dichos causantes.

Bien saben ellos que si dejaron a cientos de miles de familias huérfanas y heridas, la firma de un acuerdo no bastará para brindarles garantías de su vida y menos si sus delitos quedan impunes.

Bogotá, marzo 2014

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Pero, partiendo de lo anterior ¿Cuál ha sido el papel de la empresa privada durante estos procesos y para lo que vendrá? Pues bien, de acuerdo con el Diario La República, en un informa de Noviembre del año anterior, son 115 las empresas que en la actualidad le apuestan a la reintegración por medio de empleo y financiación de proyectos, así como 13 universidades que han vinculado a cerca de 200 estudiantes al proceso de reintegración. [2] De acuerdo con dicho diario, Éxito, Terpel y Coltabaco, así como Los Andes, Externado y el Rosario son las instituciones que más se han comprometido con el apoyo a algo que dejó de ser una iniciativa para convertirse en un proyecto en proceso de consolidación.

Un caso visible para la comunidad de la Universidad de los Andes se refiere al de Enrique Cavelier quien como gerente de Alquería ya empezó a implementar su propio proyecto de inclusión en zonas afectadas por la violencia en el Departamento del Meta. “Su reto es lograr que estas poblaciones tengan un mejor estilo de vida. Pero para convertir esto en una realidad la empresa privada debe seguir creando esa “asociatividad” y confianza con los campesinos y entender que este es un aporte concreto y significativo en el proceso de paz.”[3]

Habiendo puesto en contexto el aporte conjunto que han llevado el Gobierno Nacional con la Empresa Privada, no es menor el desafío que se avecina si se tiene en cuenta el número de guerrilleros que buscarán integrarse a la sociedad civil en caso de concretarse un acuerdo. Cerca de 7000 hombres de las Farc, de acuerdo con la Revista Semana[4] habrán de aplicar a esta alternativa. Pero, ¿qué dejan experiencias anteriores cuya responsabilidad era casi exclusiva del Gobierno Nacional? De acuerdo con “Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia” de Álvaro Villarraga Sarmiento se indica que: “bajo el Decreto 2546 de 1999 se creó la Dirección General para la Reinserción del Ministerio del Interior, cuya función fue coordinar y dirigir la acción del Estado para el desarrollo del Programa de Reinserción. Los desmovilizados recibieron el beneficio de indulto, un auxilio de sostenimiento inicial, atención en salud y acceso a créditos productivos asistencia técnica. El programa de validación de bachillerato, con énfasis en resolución pacífica de conflictos, se extendió a una franja importante de la población de escasos recursos”.[5]

Ahora bien, queda en el tintero y pensando en el futuro de estos actores. ¿Bastará solo con un proceso de “socialización económica”? ¿Qué podemos decir de su adaptación psico-social a la nueva vida que les espera? En ese sentido, Villarraga Sarmiento menciona que, en “materia de capacitación para el trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) prestó un importante apoyo. Los amnistiados de origen rural tendieron a vincularse de nuevo al campo, en actividades productivas, pero por lo regular en lugares distintos a aquellos donde hicieron parte de las guerrillas, y sobresalieron con frecuencia por el liderazgo social”[6]. Claro, sobre la mesa queda el debate sobre la efectividad en materia de adaptación, pero ante todo, resocialización de los individuos de grupos armados que se reinsertan. Y, en ese escenario, la responsabilidad ¿por cuenta de quiénes corre? ¿El Gobierno Nacional? ¿Los empresarios? Amanecerá y veremos, pero, las experiencias mencionadas dan a entender lo perjudicial de asignarles la responsabilidad solo a uno de los entes mencionados. Ha de ser balanceado y compartido.

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