Pues bien, estas tres conclusiones permiten tener el panorama inicial respecto a la situación y desempeño del campo. Como bien lo sabemos, nos encontramos en el punto de partida hacia la construcción de paz. Bajo esta premisa creo es el momento de plantearse la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo que se acordó entre el Gobierno y las FARC-EP, para lograr saldar esa deuda histórica que tenemos con el campo? Creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho, y la cual intentaré dar respuesta a partir del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, texto donde se suscriben los acuerdos a los cuales llegaron las partes.

Muchas son las opiniones y los debates que resultan de este Acuerdo. Traigo a la discusión dos elementos que me llamaron la atención después de la lectura de éste. En primer lugar, considero que el texto intenta generar un gran acuerdo nacional a través del reconocimiento de los resultados del plebiscito, como base para la creación de las condiciones de una paz estable y duradera. Lo cual nos lleva a el segundo elemento; se deja claro que el Acuerdo busca el reconocimiento de toda la sociedad colombiana como actores del proceso de construcción de paz, donde desde un principio se propone como eje fundamental la participación ciudadana colectiva, como herramienta para la construcción de la anhelada paz estable y duradera. Teniendo en cuenta estas premisas, el Acuerdo nos recuerda dos artículos de la Constitución Política Colombiana, que sustentan lo anteriormente mencionado:

Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento

Artículo 95. […]. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: […]

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

Pues si, como lo pueden ver, constitucionalmente tenemos derecho a la paz, pero más allá de eso, tenemos el deber, sí, el deber, de construir en sociedad esta paz. Ahora bien, volviendo a nuestra pregunta, quiero resaltar que el primer punto que exalta este Acuerdo gira en torno al establecimiento de una Reforma Rural Integral (RRI), en donde ambas partes establecen varios propósitos. Por un lado, el Gobierno plantea que el principal propósito es “cambiar condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio” (Gobierno Nacional. FARC-EP, 2016) . Mientras que las FARC-EP plantean como propósito “solucionar causas históricas del conflicto” como lo son el atraso rural, la propiedad sobre la tierra y su concentración, al igual que las causas de la exclusión del campesinado. Todo encaminado a cerrar las brechas urbano rurales, a fin de mejorar condiciones de vida de la población rural.

En el texto se plantea que la “transformación estructural” gira entorno a cuatro ejes fundamentales. En el momento en que se logren sobrellevar estos retos estructurales, se logrará alcanzar un estado de desarrollo rural integral. Los cuatro ejes fundamentales, se pueden plantear en términos de retos, para los cuales el Acuerdo plantea una serie de medidas urgentes. El cuadro enseguida presentado presenta los respectivos retos y las correspondientes medidas:

La importancia de Reforma Rural Integral está soportada en los resultados del censo nacional agropecuario, del cual quiero resaltar tres indicadores que dan fe de las metas y de la necesidad de la aplicación de las medidas anteriormente mencionadas.

El primer indicador gira entorno a la tenencia de la tierra. Como se puede observar en el gráfico 1, “el 70,4% de las UPA tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 2,0% del área rural dispersa censada; mientras que el 0,2% de las UPA tiene 1.000 hectáreas o más y ocupa el 73,8% del área rural dispersa censada.”. (DANE, 2016)Por lo cual se puede evidenciar la fuerte concentración de la tierra.

El segundo indicador, presenta la situación en cuanto a infraestructura agrícola, donde el panorama es desalentador. Solamente el 16,4% de los censados, respondieron que tienen efectivamente acceso a maquinaria. (gráfico 2). El último indicador que quiero mencionar, está relacionado con la asistencia técnica. Donde se puede observar que el 83.5% de las UPA censadasno cuenta con asistencia técnica. (gráfico 3)

Como se podrán dar cuenta, el Acuerdo parte de una realidad innegable, y plantea los retos para resolver estas problemáticas. Algunos dirán que estas apuestas son muy visionarias. Pero son justamente las ideas visionarias que han logrado los avances más importantes de la humanidad. Tenemos que ver el Acuerdo como la excusa para” abrir otro capítulo en la historia del país”. Establecer metas, como un paralelo de la misión y visión en las organizaciones que son necesarias para así saber, qué queremos y dónde queremos estar como sociedad.

Bibliografía

DANE. (2016). Tercer censo nacional Agropecuario. Hay campo para todos.

Gobierno Nacional. FARC-EP. (2016). ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ . Bogotá.

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/politica-de-desarrollo-agrario-integral.html

https://www.youtube.com/watch?v=ZHLvVIT_FAU

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Una nueva perspectiva: marihuana con fines medicinales:

Ahora bien, es evidente que la entrada a un nuevo milenio, la revolución del internet y el masivo flujo de información que gozamos actualmente, ha logrado que la velocidad de cambio de la sociedad (sobretodo de influencia occidental) aumente y los paradigmas sean ambulantes y pasajeros. En este orden de ideas, las libertades individuales y la ciencia cada vez son más influyentes en las nuevas generaciones y se han sobrepuesto sobre el credo colectivo del pasado. De acuerdo con lo anterior, la investigación científica de esta planta ha dado pasos gigantes que desvirtúan los criterios de prohibición del cannabis y los pone en tela de juicio por estar basados en suposiciones y no en evidencias empíricas. Estudios han demostrado que existen receptores de cannabinoides en nuestro cuerpo, por lo cual nuestro ADN puede generar alianzas con el uso de la planta. De hecho, hasta hoy se ha concluido que existe un amplio espectro del uso medicinal del cannabis, entre los cuales están: el tratamiento de migrañas, el tratamiento de glaucoma, el tratamiento de epilepsia, la prevención de dolor y espasmos, la disminución de síntomas de enfermedades crónicas, el alivio del síndrome premenstrual, entre otros. De este modo, es un hecho que la nueva percepción medicinal del cannabis ha cambiado la política de drogas de un gran número de países.

En efecto, Colombia se ha subido a este tren de la regulación de la marihuana, por medio de la aprobación del Proyecto de Ley promovido por el Senador Juan Manuel Galán a mediados de este año. Siendo así, Colombia es ahora el cuarto país latinoamericano que legaliza su uso medicinal y científico, algo que le abre las puertas a un nuevo mercado y a nuevas oportunidades de negocio dentro del país y un cambio tanto económico como social. A partir de este cambio de políticas, los cultivadores de esta planta pueden empezar a competir dentro de la legalidad y dejar de lado los vínculos con la insurgencia; asimismo, la Ley pretende involucrar a los cultivadores de otros narcóticos ilícitos, como la coca y la amapola, ya que el cannabis medicinal está dentro de los productos de sustitución de cultivos ilícitos.

Si bien la intención de la nueva Ley es promover el cultivo de esta planta involucrando a los pequeños y medianos cultivadores, por ahora el Ministerio de Salud ha otorgado una serie de licencias a laboratorios colombianos y canadienses como son Labfarve, Cannavida y PharmaCielo. Además, la solicitud del cultivo de esta planta se caracteriza por tener un largo proceso burocrático, donde debe haber aprobación por parte de los Ministerios de Salud, de Justicia, de Agricultura, del ICA, del INVIMA y de Colciencias. Asimismo, dentro de la Ley no se pretende brindarles seguridad y apoyo a estos cultivadores que pueden asumir un riesgo importante al tomar esta opción legal. En otras palabras, las barreras de entrada de esta nueva industria son altas para la capacidad que tienen los campesinos; los cuales no tienen las herramientas económicas ni jurídicas para presentar sus proyectos frente a estas instituciones. Sin embargo, con el fin de luchar en contra de la burocracia y abrirse campo dentro de este mercado, los campesinos e indígenas de varios municipios del Cauca han conformado una cooperativa de marihuana medicinal, bajo el nombre de Caucannabis. La cooperativa nació con el fin de unir los esfuerzos de los trabajadores de la tierra de este departamento, para transformar la explotación ilegal de los cultivos de marihuana por un sustituto legal y “generar desarrollo social y económico en la región” (Portafolio, 2016). Además, esta asociación entre cultivadores cuenta con una alianza de un grupo de investigación de la Universidad Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. La inclusión de una unidad investigativa dentro de este modelo, le puede brindar ventajas competitivas y gestionar mejor la producción del producto, sin incurrir en tanta incertidumbre comercial. Este es un ejemplo que es replicable para otras regiones del país, como en el Meta y en Bolívar, ya que, junto al Cauca, es donde se concentra la mayor producción de esta planta.

En conclusión, este nuevo fenómeno ha abierto las puertas a una nueva oportunidad de negocio que en el pasado era impensable, ya sea por tabú, por religión, por falta de información o por estereotipos sociales. Por último, el potencial de mercado que presenta el cannabis no se da únicamente en el segmento de derivados farmacéuticos, pues como vimos, es una planta que tiene otros usos que pueden aportar beneficios a la sociedad y a la economía.

Bibliografía

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Sin mujeres empoderadas, las áreas rurales no tienen futuro. Según el Banco Mundial, es fundamental el financiamiento de proyectos en donde la mujer sea la líder de emprendimientos agrícolas sostenibles, ya que en muchos casos, según el informe de la “ONU Mujeres”: las mujeres tienen accesos limitado y mucho menor que los hombre a los insumos, tales como: semillas, créditos y servicios de extensión (tierras). Lo anterior hace que las diferencias de género sean un factor influyente en la capacidad de acción de la mujer agricultora que deseen beneficiarse de nuevas oportunidades económicas.

Existen muchos casos exitosos de proyectos agrícolas, sin embargo, en esta oportunidad quisiera resaltar dos ejemplos en particular. El primero es sobre un programa en Bolivia y el segundo del Banco Grameen fundado por Muhammad Yunus.

Desde el 2006 en Bolivia se lanzó un programa llamado PAR, el cual se enfoca en patrocinar subsectores agrícolas con alto potencial en el mercado, que aun les falta desarrollarse y están siendo liderados por mujeres., El principal objetivo del proyecto es trabajar con comunidades rurales e indígenas en las áreas mas pobres , logrando ayudar a unos 41.000 pequeños campesinos mejorando su acceso a mercados locales e internacionales. Adicional a esto, han logrado mejorar las redes comerciales entre los productores (Campesinos) y comercializadores de los productos, los cuales reciben y administran fondos gubernamentales para mejorar la infraestructura productiva, mejorar los equipos y contratar asistencia técnica. La subvención ayuda a los productores a cumplir con los requerimientos de los compradores en cuanto a volumen y calidad de los productos, mejorar sus ingresos y consolidar sus vínculos con mercados dinámicos. En este ejemplo, se pudo ratificar la efectividad de la ayuda integral, tanto técnica, administrativa y agraria que lograron hacer que fueran social y económicamente viable dentro de esta comunidad Andina.

Como segundo ejemplo esta el Banco Grameen, esta entidad financiera originaria de Bangladesh impulsó masivamente la oportunidad de microcréditos a personas del campo que por falta de recursos no podían mejorar sus condiciones de productividad, generando una perpetuidad en sus precarias condiciones de vida. Aunque existe el Banco de la Mujer en Colombia con proyectos muy valiosos y similares al Banco Grameen, sería importante educar a las comunidades no solo para que tengan conocimiento de estas entidades, sino también de los múltiples usos en el campo rural que le puedan destinar a estos dineros. Es decir, hay que ayudar a las comunidades a que continúen las tradiciones del campo, generando capital social, sostenibilidad y productividad.

¿Cómo podemos lograr que un número mayor de este tipo de proyectos se sigan instaurando en los países en vía de desarrollo como Colombia? Aunque la respuesta parezca obvia, según el Plan de Desarrollo Sostenible, para el 2030 se deben tener algunos objetivos claramente controlados que ayuden a generar una igualdad de género. Algunos de estos son: eliminar el pago de matrículas escolares y conceder subsidios, becas y apoyo no financiero, sobre todo en las zonas rurales y remotas. De igual manera, la promoción y garantía de un derecho igualitario de las mujeres en todas las dimensiones, para que estas gocen al igual que los hombres de estos.

En adición, es necesario tener claro que es importante la inclusión de las mujeres rurales a la hora del diseño de las leyes, políticas públicas y estrategias en el campo rural colombiano. No solo porque ellas pueden exponer su situación y necesidades desde un punto de vista mucho más real, sino también porque pueden proponer soluciones efectivas y aplicables, que con la ayuda de especialistas técnicos logren generar como resultado políticas exitosas para la comunidad.

Para concluir, quisiera dejarles este mensaje dado por la directora ejecutiva de “ONU Mujeres”, la señora Phumzile Mlambo-Ngcuka, en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de octubre de 2015, en el cual hace un llamado a todas las mujeres jóvenes, adultas y niñas, en especial las que habitan en el campo a ejercer una posición estratégica en el mundo de hoy.

“Debemos aprovechar todas las oportunidades para garantizar que las mujeres rurales no se queden atrás sino que, al contrario, asuman el liderazgo” .

s.gomez92@uniandes.edu.co

@Stephie_go

BIBLIOGRAFÍA

Mlambo-Ngcuka, P. (15 de 10 de 2015). Día Internacional de la Mujer Rual. Recuperado el 05 de 02 de 2016, de Onu Mujeres: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/10/ed-statement-rural-womens-day

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Las ZRC nacieron con el objetivo de “fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas” (Decreto 1777, 1996). A pesar de que las ZRC llevan más 20 años como parte de nuestro ordenamiento jurídico, últimamente volvieron a ser objeto de debate público cuando las FARC-EP, dentro de sus diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino, plantearon destinar 9 millones de hectáreas para la creación de 59 Zonas de Reserva Campesina, con “autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia” (FARC-EP, 2013). Esta extensión representa el doble de la tierra que tiene cultivada actualmente el país (El País, 2013). El miedo de muchos colombianos reside en que estas Zonas de Reserva Campesina se conviertan, como lo dijo el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, en “republiquetas independientes” bajo el mando de los grupos armados al margen de la ley (El Espectador, 2013). Hoy en día, existen 6 Zonas de Reserva establecidas que suman un total de 831.000 hectáreas en 6 departamentos, están pendientes de aprobación otras 7 que abarcan 1â€253.000 hectáreas, y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) habla de la aspiración de 50 comunidades -con 10 millones de hectáreas y 3 millones de campesinos- de ser declaradas también como Zonas de Reserva Campesina (El Tiempo, 2013).

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• Caracol Radio. (16 de Julio de 2013). Infografía: mapa de las zonas de reserva campesina existentes en Colombia. Recuperado el 19 de Noviembre de 2015, de http://www.semana.com/nacion/articulo/zonas-reserva-campesina-otra-formula-para-restituir-tierras/122641-3
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Este proyecto fue aprobado el pasado 11 de noviembre en tercer debate por la Comisión V del Senado, con una votación de 8 votos a favor y sólo 1 en contra, que correspondió al voto del senador Jorge Enrique Robledo. En ese sentido, al proyecto le quedaría solamente un aval frente a la plenaria del Senado para ser sancionado como ley de la República.

El nuevo proyecto de ley se justifica bajo la premisa de que la mayoría de los baldíos con los que aún cuenta la Nación, principalmente aquellos de la Altillanura colombiana, no son aptos para la economía campesina puesto que requieren de grandes inversiones para ser rentables y por lo tanto, tienen vocación para llevar a cabo grandes proyectos agroindustriales. Sin embargo, las críticas al proyecto de ley no se han hecho esperar por parte de congresistas y diversos sectores de la sociedad civil que no reparan en manifestar sus reservas frente al proyecto, argumentando que éste pretende legalizar la acumulación de baldíos –práctica hoy en día prohibida taxativamente por la Ley 160 de 1994- y favorecer la concentración de la tierra en manos de grandes empresarios y multinacionales, desconociendo así, el derecho primario que tienen los campesinos sobre las tierras baldías. En el pasado artículo expuse los argumentos que sustentan el proyecto de ley y en el artículo de hoy, tengo como propósito, exponer las principales críticas contra el proyecto. De esta manera, el lector puede contar con elementos de juicio que le permitan adoptar una posición informada frente a un tema de actualidad y relevancia.

Al igual que en las anteriores iniciativas del Gobierno por modificar la Ley 160 de 1994 –ésta constituye el sexto intento-, el principal opositor ha sido el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, a quien no le ha temblado la voz para denunciar lo que considera un fraude agrario. Vale la pena recordar que fue el mismo senador Robledo el que reveló las irregularidades en la compra de terrenos baldíos por parte de la multinacional Cargill –la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo-. Entre el 2010 y el 2012, Cargill adquirió 39 predios en el departamento del Vichada que sumaron un total de 52.576 hectáreas por un precio superior a los $73 mil millones de pesos (El Espectador, 2013). Normalmente, esto sería considerado un negocio legítimo si no fuera por el hecho de que los terrenos adquiridos fueron adjudicados como baldíos a campesinos y por ende, les aplicaba la restricción impuesta por la Ley 160 de 1994 que prohíbe expresamente la acumulación de más de una UAF en tierras tituladas inicialmente como baldíos. La estrategia jurídica para burlar la ley, diseñada por la prestigiosa firma de abogados Brigard & Urrutia, consistió en la constitución de 36 sociedades por acciones simplificadas (S.A.S) para comprar uno por uno, los 39 predios. Estas sociedades de papel reportaron un mismo domicilio en Bogotá, idénticos representantes legales o revisores fiscales, miembros repetidos en juntas directivas y la misma actividad de cultivo de cereales (El Espectador, 2013). Cargill no fue la única empresa que violó la ley. También siguieron la misma estrategia empresas como Riopaila Castilla, Poligrow, Mónica Semillas y otras 11 empresas más. Las denuncias del senador Robledo llevaron a la renuncia del entonces embajador en Washington y socio de la mencionada firma de abogados, Carlos Urrutia, a la investigación por parte de la Contraloría de las empresas implicadas y posteriormente, al retiro del proyecto de ley por parte del Gobierno. Más adelante, el Gobierno volvió a presentar una iniciativa similar a la anterior para permitir la acumulación de baldíos con miras al desarrollo de proyectos agroindustriales, pero esta vez, en el Plan de Desarrollo 2010-2014. Nuevamente, el senador Robledo demandó los artículos correspondientes frente a la Corte Constitucional que terminó por darle la razón, declarándolos inexequibles.

Fuente: (Senado de la República de Colombia, 2015).

En el presente proyecto de ley, el senador Robledo y el Representante a la Cámara, Inti Asprilla, volvieron a manifestar las mismas inquietudes de la iniciativa pasada, pues a excepción de unas pequeñas modificaciones, el nuevo proyecto de ley es idéntico al anterior y pretende los mismos objetivos. El proyecto de ley 223 de 2015 plantea un modelo de desarrollo agrícola fundado bajo el principio según el cual los proyectos asociativos entre empresarios y trabajadores agrarios, con o sin tierra, pueden generar actividades de producción a gran escala que permitan maximizar la productividad de la mano de obra y reducir los costos unitarios de producción. En ese orden de ideas, el proyecto de ley pretende declarar unas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) para adelantar proyectos agroindustriales con economías de escala y de caracter asociativo.

La crítica principal que se le hace al proyecto de ley es que viola, de manera flagrante, la restricción en la acumulación de baldíos reglamentada por la Ley 60 de 1994. De acuerdo con la Ley 160, no es permitida la acumulación de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) en tierras inicialmente adjudicadas como baldíos. Por el contrario, el proyecto de ley 223, en el artículo 9, establece que en las Zidres, el ejecutor del proyecto podrá: arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios obtenidos lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen desprenderse del derecho del dominio, hasta completar el área requerida para el proyecto productivo. Es decir, se rompe por completo la restricción de la UAF que tuvo como objetivo en su formulación, lograr que los terrenos inicialmente adjudicados como baldíos permanecieran en la economía campesina y no fueran a parar a manos de grandes empresarios. Lo más grave del asunto es que esta ley le abriría la puerta a la legalización de tierras que fueron adquiridas de forma ilegal, como en el caso de Cargill o Riopaila Castilla, ya que el artículo 12 permite “sanear las situaciones imperfectas garantizando la seguridad jurídica” en las zonas declaradas como Zidres. A pesar de que la versión aprobada por la Comisión V de la Cámara estableció una restricción que excluye a los baldíos adjudicados después de la Ley 160 de 1994, ésta va en contravía directa de los conceptos jurídicos emitidos por el Consejo de Estado, la Contraloría y la Corte Constitucional que afirman que la prohibición de acumular tierras con antecedentes de baldíos, aplica a todas las adquisiciones posteriores a la Ley 160, independientemente del año de su adjudicación (OXFAM International, 2015).

Fuente: (Alianza Verde Sopetran, 2014)

Otra gran crítica al proyecto se encuentra frente a la titulación de terrenos baldíos como tal. Si bien el artículo 7 establece que los terrenos baldíos podrán ser entregados en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio y sólo tendrá lugar cuando se trate de proyectos productivos que integren como asociados al pequeño o al mediano productor, el derecho de los campesinos no se puede reducir a la mera formalidad de contar con un título de propiedad sobre un predio, sino que el Estado debe garantizarles que puedan disponer libremente de sus tierras, es decir, que tengan el poder para decidir qué hacer con ellas. Pero, al declarar las Zidres como zonas de utilidad pública e interés social en el artículo 1 del proyecto de ley y de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, se abre la puerta a la expropiación de la tierra en caso de que el campesino no siga los lineamientos y criterios de productividad definidos por la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA) y se oponga a entrar en el régimen de transición.

Finalmente, la alianza entre campesinos e inversionistas que propone la ley para el desarrollo de los proyectos agroindustriales deja muchas dudas, a tal punto que el senador Robledo las ha llamado “asociaciones entre zorros y gallinas” por su carácter desigual y asimétrico (Canal Capital, 2014). En las alianzas propuestas en el proyecto de ley 223, los campesinos quedan sometidos a lo que decidan los gestores del proyecto agroindustrial ya que no se especifica en absoluto, ninguna participación campesina en las decisiones estratégicas que se adopten en el marco de estas alianzas. Debería precisarse el derecho de los campesinos a contar con voz y voto en los órganos de dirección de los proyectos productivos, pues de lo contrario, su papel se reduciría a aportar su tierra y su fuerza de trabajo, quedando relegados a ser simples jornaleros al servicio de grandes terratenientes. Tampoco se les garantiza a los campesinos derechos mínimos para que vivan en condiciones dignas. Por ejemplo, no se precisa la forma como se remunerará a los trabajadores agrarios que se asocien. ¿Cómo se repartirán las utilidades? ¿Los campesinos tendrán derecho a parte de las utilidades? En cuanto a las condiciones laborales, ¿Podrán las empresas gestoras contratar a sus trabajadores, incluidos los campesinos que se asocien, a través de terceros o deberán hacerlo directamente? ¿Les garantizarán a los campesinos contratos de estabilidad laboral? ¿Los salarios deberán ser superiores al mínimo? (Senado de la República de Colombia, 2015) Como se puede observar el proyecto de ley deja muchas inquietudes que por acción deliberada o por omisión, vulneran los derechos de los trabajadores agrarios.

Fuente: (Canal Capital, 2014)

Los defensores del proyecto, como el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, argumentan que ésta es una iniciativa para potenciar la productividad. Según el superintendente, el 77% de los baldíos adjudicados en el pasado fueron vendidos casi de inmediato (Dinero, 2015). Por eso, se buscó una fórmula para promover el trabajo de grandes, pequeños y medianos empresarios, porque se sabe que se requieren grandes inversiones. El proyecto busca emular la experiencia del “cerrado brasileño” en el que Brasil, mediante la puesta en producción de la soja, azúcar, café, jugo de naranja, carne de aves, carne bovina, tabaco y etanol a gran escala, logró transformarse en uno de los principales productores agrícolas a nivel mundial. En el año 2007, el sector agropecuario brasilero representó el 37% de los empleos y el 36,4% de las exportaciones de ese país (Senado de la República de Colombia, 2015). A pesar de que ésta pareciera ser una opción atractiva para Colombia, existe una diferencia significativa con el caso brasilero y es que desde 1973, Brasil llevó a cabo una gran inversión pública en investigación y desarrollo agropecuario a través de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Esta empresa, adscrita al Ministerio de Agricultura, produjo importantes innovaciones tecnológicas que volvieron la tierra más productiva. Por ejemplo, se logró reducir los niveles de acidez del suelo a través de una bacteria que ayudó a fijar el nivel de nitrógeno, volviendo terrenos infértiles aptos para la producción, se crearon nuevas variedades de pastos y se adoptaron prácticas más efectivas para el cultivo y el barbecho, entre otras. En cambio, el proyecto presentado por el Gobierno para desarrollar la Altillanura deja en manos de las asociaciones las innovaciones agropecuarias y tecnológicas, haciendo poco probable la replicación del éxito brasilero.

Recientemente ha salido a la luz pública un estudio realizado por la Universidad Javeriana, la Universidad de los Llanos y OXFAM que desvirtúa el argumento sobre el que se basa el proyecto de ley 223 que sostiene que las tierras de la Altillanura no son aptas para la producción agrícola familiar. Los investigadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana y de la Universidad de los Llanos analizaron en profundidad a 10 familias campesinas en parcelaciones de Puerto López, Meta. Las conclusiones del estudio señalan que 1) los ingresos obtenidos por la agricultura familiar en la altillanura superan ampliamente, entre 3 y 15 veces, la alternativa de arrendamiento de tierra que proponen los agroindustriales de la zona; 2) que la agricultura familiar en la Altillanura es altamente eficiente y 3) que puede desarrollarse sin la tutoría de los grandes empresarios agroindustriales y sin hacer alianzas productivas con ellos (BusinessCol, 2015). Aunque el estudio está bien documentado, abre la puerta para reconsiderar la viabilidad de la agricultura familiar en la Altillanura colombiana, y más importante aún, resalta la importancia de vincular investigaciones académicas en el diseño de políticas públicas, se debe tener en cuenta que únicamente se documenta la experiencia de 10 familias campesinas de una misma región. Habría que analizar qué tanto se pueden extrapolar los resultados de la investigación a otras regiones de la Altillanura colombiana con condiciones de productividad diferentes. Sin embargo, si se llegase a comprobar de forma científica la inviabilidad de la Altillanura para desarrollar proyectos de economía campesina, tampoco deberíamos satanizar la empresa privada y, sin eufemismos, dejar el desarrollo de la Altillanura en manos de los empresarios nacionales que cuentan con el capital para hacerlo. De manera simultánea, se podría adelantar una reforma agraria en tierras más fértiles como las del Magdalena Medio, donde existen grandes latifundios ociosos, de caracter especulativo y disfrazados de ganadería extensiva, que podrían ser aprovechados por familias campesinas para su subsistencia. No nos sirve mandar a los campesinos a la periferia, entregándoles tierras infértiles desprovistas de bienes públicos como carreteras para sacar sus productos o asistencia técnica para mejorar su productividad y condenándolos así, a la pobreza eterna (Alejandro Reyes Posada, 2015). Pero, hasta que se compruebe la inviabilidad campesina de la Altillanura colombiana, lo prudente es retirar el proyecto de ley acogiéndose al principio jurídico de precaución.

Fuente: (Clarín, 2014)

Otro aspecto a tener en cuenta en esta discusión es que aproximadamente, el 50% de la propiedad rural privada fue inicialmente titulada como baldío de la Nación (Castro, 2013). Por lo tanto, la aplicación irrestricta de la Ley 160 en la recuperación de terrenos que excedan el límite impuesto por la UAF es completamente inviable. Es imprescindible respetar los derechos de propiedad de quienes han desarrollado una producción agraria íntegra, han pagado impuestos y generado empleo, aún si poseen más de una UAF, ya que el Estado es en gran parte responsable del desorden jurídico y el vacío normativo, por su inoperancia e incapacidad de hacer cumplir la ley. Sin embargo, el Estado sí debe adelantar procesos de recuperación de terrenos baldíos privatizados cuando estén en conflicto con ocupantes campesinos que reclamen su adjudicación; cuando fueron ilegalmente titulados por razones especulativas de acaparamiento para valorizar, sin explotación adecuada del potencial productivo; y cuando estén en zonas de alta concentración de la propiedad y de falta de acceso a la tierra por parte de pequeños productores (Alejandro Reyes Posada, 2015).

En conclusión, el proyecto de ley 223 modifica subrepticiamente el régimen de baldíos y el espíritu social plasmado en la Ley 160 de 1994. Si se aprueba esta ley, se permitiría la acumulación predios con antecedentes de baldíos, se aprobaría la entrega de tierras en concesión a grandes capitales por largos periodos de tiempo, se favorecerían los procesos de extranjerización de la tierra, se legalizaría la adquisición ilegal de tierras baldías, y los campesinos entrarían formar a asociaciones desiguales e inciertas a riesgo de ser expropiados por no cumplir con los criterios de productividad de la UPRA. Lejos de ser un proyecto que fomente la productividad y la modernización del campo, los colombianos estamos siendo testigos de una contrarreforma agraria que vulnera los derechos del campesinado y premia a los grandes terratenientes y multinacionales extranjeras. No deja de ser especialmente inverosímil e irónico que un Gobierno que hace todo tipo de concesiones para lograr firmar un acuerdo de paz de un conflicto originado en la propiedad desigual de la tierra, presente simultáneamente un proyecto de ley que desconoce derechos adquiridos y concentra aún más la tierra, apalancándose en las mayorías parlamentarias que tiene en el Congreso. Esperemos, como en ocasiones anteriores, que la Corte Constitucional vuelva a pronunciarse, declarando la ilegalidad de este adefesio y restaurando la confianza de los colombianos en las instituciones jurídicas. De hecho, la probabilidad de que esto ocurra es alta pues ya varios dirigentes indígenas han declarado la inconstitucionalidad del proyecto porque unas de las Zidres presupuestadas tocan áreas de resguardos indígenas y no se ha hecho ninguna consulta previa con las comunidades al respecto (KienyKe, 2015). Es necesario retirar el proyecto de ley 223 de 2015 para que el país pueda, de manera juiciosa, frentera y con la participación de numerosos actores, llegar a un consenso frente a qué política de desarrollo agrario es la más conveniente. Sea cual sea debe respetar los derechos de los campesinos pobres, darle seguridad jurídica a la propiedad rural, reconocer derechos ya adquiridos y por qué no, considerar la posibilidad de adelantar proyectos agroindustriales en zonas que así lo exigen y únicamente, en cabeza de nacionales.

@aperdomo91

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En épocas tribales el poder se centralizaba en una o muy pocas personas. El jefe de la tribu decidía sobre todos los aspectos de la comunidad y solo por la fuerza era sustituido en vida. La eficacia de su liderazgo dependía en gran medida de la obediencia y sometimiento de la población bajo su jurisdicción.

En el otro extremo están las comunidades abiertas y libres, donde las decisiones no están en una o en muy pocas cabezas, donde prosperan instituciones políticas intermedias que arbitran en la solución de conflictos y que contribuyen vitalmente en el diseño e implementación de una multiplicidad de acciones colectivas.

Estas instituciones intermedias pueden ser de carácter público, privado o mixto. Van desde gobiernos locales y regionales hasta organizaciones de inspiración religiosa o con fines no gubernamentales, así como asociaciones gremiales o dirigidas al abordaje de temas que inquietan a los miembros de una comunidad.

El interesante ejemplo de Suiza

Quizás el mejor ejemplo actual de un país que ha superado la etapa de los liderazgos de tipo caudillista es Suiza. Pocos en el exterior saben quién es el que lleva la batuta del gobierno. Se trata de un país con hondas raíces federales. El país está dividido en 26 cantones que poseen una gran autonomía en el manejo de distintas áreas como en el caso de la educación, la salud, la construcción y la policía.

Los asuntos nacionales de Suiza, los que trascienden los intereses locales y regionales, son decididos por un Consejo Federal de siete miembros que funciona por el sistema de colegialidad y en donde el Presidente del país es elegido por la Asamblea Federal por un mandato de un año entre los más antiguos del Consejo. Es decir, el Presidente es apenas un primus inter pares que representa el país, pero que no tiene más poder que los otros siete miembros.

Nadie puede poner en duda el alto nivel de cultura política imperante en Suiza, ni puede decir que sus diferencias no son resueltas en forma pacífica y civilizada. Es sin duda un caso que demuestra que se puede gobernar sin liderazgos fuertes, sin liderazgos caudillistas de gran calado.

Relaciones de dependencia que deben superarse

Sería iluso pensar que el ejemplo de Suiza se puede replicar en otros países y comunidades con circunstancias geográficas y trayectorias históricas y culturales muy diferentes. Bien se sabe de las funestas consecuencias cuando se intenta trasplantar o replicar instituciones en una comunidad cuando ellas son extrañas y contrarias a sus tradiciones y costumbres políticas.

Por ejemplo, todavía está inmerso en la psiquis popular en muchas comunidades la añoranza por liderazgos caudillistas, similares a los que se daban en arreglos institucionales tribales. La implantación de la noche a la mañana en estas comunidades de sistemas descentralizados y colegiados de gobierno no es mas que una quimera. Ni gobernantes ni gobernados modificarán las prácticas con las cuales están familiarizados. Sencillamente no saben cómo hacer política en forma distinta.

Pero lo anterior no impide preguntarse si las relaciones caudillos–masas son las deseables cuando lo que se busca es extender las libertades individuales y consolidar avances económicos y culturales. La tesis que aquí se expone es la de que el destete de las peyorativamente llamadas “masas” de sus relaciones de dependencia con caudillos y liderazgos fuertes es un gran paso en la dirección correcta en términos de madurez y civilización política.

Lo que determina el progreso de una comunidad es el espíritu de independencia y auto gestión de sus miembros, lo que va en contravía de la creencia de que sus destinos están estrechamente ligados a la voluntad de un líder o de quienes dirigen un gobierno. Aunque existen circunstancias muy especiales, como en el caso de guerras o de grandes catástrofes naturales, en donde se hacen imprescindibles liderazgos fuertes, en la mayoría de los casos lo que se requiere es que florezcan las iniciativas de los individuos y las de sus más cercanas ordenaciones.

Retroceso atribuible a las ideas socialistas de gobierno

Un obstáculo para avanzar hacia una mayor auto determinación de individuos y sus familias ha sido la proliferación de funciones de los gobiernos en épocas recientes, especialmente a partir de las guerras del Siglo XX y del surgimiento de los “estados de bienestar” en la segunda mitad de ese siglo y en los primeros años del Siglo XXI.

Es apenas evidente que a medida que avanza económicamente una comunidad, se acrecienta la capacidad para proveer a la generalidad de sus miembros de unos servicios mínimos en áreas críticas como la educación y la salud. Pero de ahí a decir que los gobiernos deben involucrarse en todas las áreas, y que su acción debe abarcar más de lo mínimo, hay un largo trecho.

Los líderes políticos de las últimas décadas se han dado a la tarea de hacerle creer a las poblaciones que los gobiernos son quienes deben resolverles sus problemas fundamentales. Que están ahí para velar para que todas sus necesidades sean satisfechas. Que sin ellos no hay futuro. La propuesta socialista según la cual los gobiernos deben intervenir “en todo y con todo” es la que han acogido en mayor o menor grado las agrupaciones políticas más representativas.

Se pensaría que a medida que progresa económicamente una comunidad, a medida que aumentan los niveles culturales, a medida que se acrecientan los medios a disposición de los individuos y sus familias, a medida que se enriquecen las instancias intermedias de la vida comunitaria, tienden a perder relevancia instancias consideradas como “superiores”, tal como es el caso de los gobiernos nacionales o centrales.

Sin embargo, eso no es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Al contrario, entre mayor la riqueza de comunidades y países, mayores los niveles de expoliación a través de impuestos por parte de los gobiernos, así como más asfixiante su intervencionismo en lo divino y lo humano. Y ello ha sido el resultado de una incesante propaganda por parte de políticos y sus acólitos, incluidos los sindicatos oficiales, dirigida a hacerle creer a la población que sin ellos no hay futuro.

Anacronismo de los liderazgos fuertes y sus burocracias

Con el avance económico y el surgimiento de tecnologías que les proporcionan a los individuos los medios para satisfacer sus necesidades más apremiantes, con la superación de miedos ancestrales y de formas de vida tribales e incultas, se pensaría que los caudillos se volverían anacrónicos, al igual que las poderosas y paquidérmicas burocracias que los respaldan.

Para que este planteamiento, que es el consecuente con la reducción de expoliaciones y abusos, se convierta en realidad, se necesita cortar con la creencia de que el maná cae de las arcas públicas y de que es “el gobierno” el encargado de solucionar los problemas que enfrentan las comunidades.

Es necesario darle sepultura a esa tesis que tanto seduce a los socialistas de que hay que investir de toda clase de poderes a ese ente abstracto llamado “gobierno” o “estado”, y de paso a sus administradores, unos seres humanos sobre los que supuestamente recae la representación de los intereses de la comunidad.

Esas creencias constituyen remedios peores que las enfermedades. Son impunemente aprovechadas por hampones que se auto proclaman caudillos y por corruptos que dicen velar por los intereses ajenos. Pero además, esas creencias parten de la idea de que hay individuos con capacidades especiales, seres súper dotados, que pueden comprenderlo y abarcarlo todo.

La expresión más divertida al respecto es la que en algunos lugares se escucha en relación con eventuales gobernantes: “A ese si le cabe el país en la cabeza”. Personas que ni siquiera le caben sus familias en la cabeza adquieren la reputación de que son capaces de entender lo que sucede con las vidas de millones de individuos.

Los liderazgos caudillistas, los gobiernos omnipresentes, no hacen sentido en comunidades abiertas y complejas. No hacen sentido desde el punto de vista de sus miembros y las posibilidades que disponen de empoderarse de sus propios destinos y tampoco lo hacen desde el punto de vista de quienes pretenden ser los mandamases.

Estos últimos, o son deshonestos o simplemente están ahí para disfrutar del poder por el poder en sí mismo (lo que es de por sí una aberración de la personalidad). Porque de lo contrario reconocerían que no tienen la autoridad moral para expoliar alegremente a otros miembros de la comunidad y para hacer y deshacer con vidas que no son las suyas, ni tienen la capacidad para administrar el bienestar de una infinidad de individuos de cuyas motivaciones e intereses desconocen por completo.

Tomado de http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Liderazgos-burocracias-y-cultura-politica.html

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Créditos Abel Cárdenas/El Tiempo
http://www.eltiempo.com/mundial-brasil-2014/multimedia/fotos/fotos-del-recibimiento-a-la-seleccion-colombia/14212178

Lo que una campaña presidencial llena de resentimientos, desinformaciones, ataques personales logró: la polarización del País, lo han remontado nuestros deportistas. Estos sí que nos representan, llevan nuestros símbolos patrios con honor (bandera, himno), con tesón, con esperanza. Lograron la unión del país alrededor de los esfuerzos y perseverancia de jugadores, técnicos y patrocinadores. Cada jugada, cada disparo al arco, cada tapada o gol, cada pitada del arbítro o bandera de los jueces laterales: recogía la atención de más de 40 millones de colombianos, quienes en suspenso esperábamos algún resultado.

Y el resultado ha sido el mejor. La unión del país alrededor de unos jugadores, de un equipo, de un espectáculo sí. Pero que nos llevó a superar diferencias. A alegrarnos o entristecernos por lo mismo. Estos jóvenes, todos de origen común, ninguno criado con privilegios, acostumbrados a la perseverancia, al rigor y a la disciplina demostraron lo que pueden un puñado de ellos persuadidos por la guía y el buen juicio de un técnico experimentado.

Qué contraste con los miles de jóvenes que han caido víctimas de narcotraficantes y son hoy adictos compulsivos. O aquellos otros que debieron empuñar armas ilusionados por las arengas de quienes a cambio de un ingreso, o amenazados con la violación de sus hermanas o compañeras hacen parte de huestes irreflexivas. Huestes que siembran minas, secuestran, bombardean iglesias, puestos de policía, escuelas, y oleoductos.

No hay duda que todo lo que puedan gobiernos, negociadores, y ciudadanos contribuir a la recuperación ciudadana de esos jóvenes es indispensable hacerlo. Hemos corroborado en estos días de lo que es positivamente capaz nuestra juventud, alentada y bien guiada.

El problema en que nos hallamos los colombianos tiene por ahora dos aristas. La primera, la duda que unas negociaciones entre élites, las tradicionales y las que han minado y extorsionado, en verdad, logren un acuerdo que se cumpla: aquéllas, la integración de éstas a la vida política y a la dejación no sólo de sus armas, sino de su negocio más lucrativo: el narcortráfico. La segunda, la confianza en que las elites excluidas y que no han demostrado durante cinco décadas acuerdo alguno con un Estado Social de Derecho, se transformen en adalides de ese Estado.

Lo que desconcierta es emplear el eufemismo de la paz para unos acuerdos secretos que, finalmente, favorecen a la elite excluida. Y desconcierta aún más el consenso internacional que a todas luces demuestra un acuerdo de las partes, ambas expertas en orquestar esos consensos.

Un país en guerra no hubiera ofrecido las condiciones para lograr las estrellas deportivas que hemos visto brillar; ni tampoco la reunión multitudinaria de ciudadanos que voluntariamente acogieron nuestra Selección. Una agrupación de personas que no debió comprar una boleta selecta para el concierto de rock, u obligados por las casas gratuitas que recibieron o por formar parte de la clientela de un político poderoso.

10-07-2014

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“Uribe avanza otro paso hacia la segunda reelección, con Santos en la reserva por si falla la Operación-. Uno u otro garantizan la continuidad de la `seguridad democráticaâ€, que sigue sumando víctimas” Mayo 21, 2009

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