Dentro de lo discutido, los profesores plantearon que no se puede decir que la guerra ha traído conservación o que ha traído destrucción, pues son planteamientos simplistas, ya que ha habido un evidente reordenamiento del país y del territorio de una manera compleja por este fenómeno. Por ejemplo, existen áreas de algunos parques naturales, como la Macarena o Tinigua, que están minados o simplemente ocupados autoritariamente, lo cual ha frenado la ocupación civil de estos territorios. Sin embargo, a la vez, las FARC y otros actores armados han colonizado por medio de las armas varios recursos naturales, como el Río Guayabero en el Meta o Catatumbo en el Putumayo, y han contaminado a través del vertimiento de petróleo en sus aguas, después de atentados en contra de algunas multinacionales de hidrocarburos. Igualmente, esto sucede con el balance entre la deforestación que realizan las guerrillas para sus cultivos ilícitos, frente al aislamiento de los mercados legítimos que no han podido permear la mayor parte del territorio colombiano y transformar los ecosistemas. Entonces, es muy difícil discernir si la guerra es cómplice de la destrucción del medio ambiente o lo contrario, más aún al tener en cuenta que, a pesar de cargar con más de 50 años de guerra, Colombia es un país que se destaca a nivel latinoamericano en el desempeño ambiental, según índices del EPI[1].

En este sentido los Acuerdos de Paz podrían ser una caja de pandora que pueden poner en riesgo la ecología del país, pues la activación económica de los sectores que suponen potencializarse al firmar los Acuerdos pueden venir acompañados de un alto riesgo de deforestación. Como evidencia, Germán Andrade trajo a colación el caso del departamento de San Martín en Perú, después de la derrota que sufrió la guerrilla Sendero Luminoso hacia finales del siglo pasado. Luego de haber vivido por varios años la guerra, San Martín tuvo un auge económico donde pudieron integrarse muchos mercados que antes no eran viables en la zona. A partir de este momento, San Martín ha presentado las mayores tasas de deforestación de este país y ‘la mano invisible†ha acabado con ecosistemas amazónicos que son fundamentales para los ciclos biológicos de la Tierra. Ahora bien, esto puede suceder en una gran parte del territorio colombiano si no se crea toda una institucionalidad sólida que acompañe a los Acuerdos de la Habana, ausente en la literatura que han presentado las partes hasta ahora.

En efecto, por ahora no hay ninguna propuesta de reordenamiento institucional para que la Paz traiga los beneficios o dividendos ambientales, que además han sido parte de la promesa de los Ministerios. Lo que está en juego hoy en las áreas del conflicto son 15 millones de hectáreas representadas por mosaicos de selvas deforestadas, producto de las economías de la guerra como el cultivo de la coca. Esto es lo que constituye la frontera agrícola que plantea el Gobierno para el futuro desarrollo rural; así pues nace un dilema en los usos del territorio sin un control estatal, pues el bienestar económico de la población sin una institucionalidad que cuide los ecosistemas puede liberar consecuencias ambientalmente desastrosas.

La conclusión que plantea entonces el profesor Andrade es que, si bien Colombia cuenta con 17 millones de hectáreas protegidas que no pueden ser tocadas por sectores productivos, el fracaso de Colombia en su política de uso sostenible de la tierra no puede extenderse en el post-acuerdo. En cambio, es inminente que existan cambios estructurales que incluyan la biodiversidad de los bosques colombianos en las cadenas productivas que se pretenden desarrollar y no se dejen a la suerte de las fuerzas económicas del momento. Desafortunadamente, por ahora, en las economías campesinas que se pretenden consolidar para el post-acuerdo, no hay elementos de ordenamiento o de planificación que le garanticen al país que como mínimo la biodiversidad que existe hoy en día permanecerá o mejorará. Según Andrade, existen actualmente proyectos que pueden ser un buen ejemplo para el desenlace agrícola, como acuerdos campesinos de cooperativismo en la vertiente oriental de la Serranía de San Lucas, en el Medio Magdalena, que pretenden hacer toda una gestión social responsable y sostenible en torno a los bosques de su territorio. Asimismo, existen otros incentivos de entidades privadas, que nacen a través de programas de mercadeo con causa o otras figuras de valor compartido, como BanCO2 de Bancolombia, que permite a cualquier ciudadano donar dinero a una bolsa virtual que se reparte entre campesinos que son subsidiados para cuidar el medio ambiente y de este modo, garantizarles un buen vivir sin tener que recurrir a costos de oportunidad que los lleve a sacrificar ecosistemas. No obstante, estos programas son transitorios, no son sostenibles en el largo plazo y no pueden controlar un territorio tan complejo y diverso como el de Colombia.

En fin, en medio del siglo XXI, con contingencias ambientales tan palpables, los Acuerdos son ciegos frente al medio ambiente, pues les hace falta reconocer el valor ecológico del territorio colombiano, dividido en las denominadas “tierras” que sólo tienen en cuenta su productividad y la economía. En este sentido, se está olvidando que estas tierras cuentan con complejos sistemas naturales que son caracterizados por paisajes, ríos, quebradas, bosques o vegetación, y que son un beneficio potencial para la humanidad. Es cuestión de una mejor gestión del conocimiento, instituciones ambientales sólidas, menos intereses económicos y mayor voluntad política.

Bibliografía

Mesa Redonda “Sí Paz: Sí Medio Ambiente”. Día Paiz. Mediada por Manuel Rodríguez y Germán Andrade.

[1] El Environmental Performance Index (EPI) es un índice desarrollado por la Universidad de Yale que mide el desempeño de los países en cuanto a los asuntos ambientales de alta prioridad y está basado principalmente en dos áreas: protección de la salud humana y protección de los ecosistemas

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Rubén Darío Lizarralde Montoya

La compañía se ha dedicado, a través de los años, a la producción y comercialización de un producto que para la época era una de las apuestas más riesgosas de la agroindustria; ya que el café estaba en boom y se mostraba como el fruto predilecto de la economía del país. Indupalma, por su parte, se dedicó a al cultivo de palma africana, la extracción de aceites y sus derivados, la producción de semillas hibridas, polen y plántulas. Sin embargo, no cabe duda de que el producto estrella de la compañía fue y es el aceite de palma; producto altamente demandado por diversas industrias del mercado como la industrial, farmacéutica, energética, alimenticia, entre otras.

Durante sus inicios, en las décadas de los 60 y 70, la empresa pudo evidenciar años bastante exitosos en los cuales se mostraba como un referente a nivel nacional por su evolución y desarrollo, pues contaba con la mejor planta extractora de todo el continente. Adicionalmente, la compañía contaba con alrededor de 2000 empleados y llegó a la cifra record de 5000 hectáreas plantadas de palma. No obstante, durante la década de los 80 y hasta mediados de los 90 la empresa cayó en una serie de problemas que dificultaron su competitividad y pusieron en duda la viabilidad del negocio de la palma en el país. Los problemas enfrentados en la compañía por alrededor de 20 años tuvieron que ver con las numerosas huelgas del sindicato y el secuestro del gerente general de la época por parte del M-19. Estos hechos obligaron a que la empresa firmara un acuerdo en el cual garantizaba una serie de mejoras en las condiciones laborales de los empleados. Este acuerdo condenó a la firma a una ineficiencia económica, pues el 84% de los ingresos se estaban gastando en obligaciones laborales.

Finalmente en 1994, luego de una serie de años que dificultaron el desarrollo óptimo de la empresa, se tomó la decisión de nombrar como gerente general a Rubén Darío Lizarralde. Cabe resaltar que en el estado crítico en el que se encontraba Indupalma era muy probable que la empresa no pudiera salir adelante y se tuviera que acoger a un proceso de liquidación. Sin embargo, con una serie de decisiones acertadas, el nuevo gerente general le terminaría dando la vuelta al futuro de la compañía.

Indupalma necesitaba de un modelo ingenioso que pudiera revertir su situación. El Dr. Lizarralde creó un plan en el cual potencializó el desarrollo de la empresa mientras vinculaba a habitantes del área activa, logrando relacionarse con la población del Cesar. Con estas Cooperativas de Trabajo Asociado se logra generar un modelo de emprendimiento que lleva a que las personas tengan la oportunidad de convertirse en dueños de terrenos dentro de los cuales Indupalma actúa como socio con el fin de comprarles los frutos de la palma. Con este modelo de trabajo la empresa logró incrementar su productividad creando conciencia entre sus empleados quienes entraron en una nueva política de disminución de tiempos muertos y de estar vinculados como factores clave en la consecución de metas de tipo económico y social.

Con el fin de lograr una mayor actividad financiera, y a la vez establecer relaciones perdurables con los campesinos pertenecientes a las regiones donde se ubicaba la empresa, se crearon las Unidades Autónomas Empresariales. Por medio de un proceso de estructuración de proyectos y una alianza entre el sector público y el sector privado los trabajadores podían convertirse en socios del negocio. Indupalma le ofrecía al campesino ser parte del programa donde entraría con un terreno de 10 hectáreas listas para la producción. De las 10 hectáreas, 6,5 estarían destinadas a la plantación de palma mientras que los 3,5 restantes serían de uso libre para satisfacer las necesidad básicas de cada uno. El gobierno les entregaba un crédito blando (40%) y alguna entidad bancaria les entregaba el otro crédito (60%) para financiar el terreno. Adicionalmente Indupalma firmó un contrato con ellos convirtiéndolos en proveedores de la fruta por mínimo 28 años para así lograr satisfacer la demanda creciente por parte del mercado nacional e internacional.

Por lo tanto el papel que juega Indupalma dentro del proyecto es muy valioso. Esta se encarga de administrar, operar y divulgar el programa dentro de los distintos lugares donde se ubica. A su vez, la empresa ofrece asesorías financieras, comerciales y judiciales para colaborarle a la población y nuevos socios de la empresa con sus necesidades y dudas. Actualmente se han visto más de 1300 personas involucradas, al igual que más de 500 familiar que cuentan con la titularidad de las tierras por parte de este proyecto.

Este proyecto impulsado por Indupalma, el gobierno y demás entidades del sector privado ha servido como referente para otros organismos y empresas en distintos países de la región. Este esquema ha logrado convertirse en un negocio ideal para todas las partes. Por un lado la empresa se ha visto inmensamente beneficiada al evidenciar la duplicación de la frontera productiva y su capacidad, el incremento en producción de un +78%, el aumento de la productividad en un 60% y la generación de nuevos proyectos e inversiones. Por otro lado, entre los beneficios de los campesinos/proveedores encontramos que se aseguraron una venta de la producción durante mínimo 28 años, generaron 1800 empleos directos y 3600 indirectos, gozaron de programas educativos en temas financieros, administrativos, agronómicos y demás, se crearon más de 30 cooperativas de trabajo. Y por último, la comunidad se benefició al asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiados, también se disminuyó el hurto y el homicidio en los municipios donde se ubican los proyectos y se crearon lazos sociales fuertes mediante el fortalecimiento del tejido social.

De esta manera se logra sembrar el camino para desarrollar un crecimiento económico sostenible. Este tipo de negocios son aquellos que se deben estar discutiendo en la Habana para guiar el futuro del país en donde todos los actores involucrados al campo colombiano tengan la oportunidad de salir de la miseria y se vuelvan entes productivos de las sociedad. Este modelo puede llegar a implementarse en cualquier tipo de negocio de la agroindustria. Así bien, servirá inclusive para los excombatientes que estarán desempleado en marzo, al finalizar la guerra.

@SanVasquezG

Bibliografía

CECODES. (2008). Alianza para los negocios inclusivos. Recuperado el 18 de febrero de 2016 de: http://www.cecodes.org.co/descargas/documentos_ni/libro_ni_colombia_diciembre08.pdf

Indupalma. Recuperado el 18 de febrero de 2016 de: http://www.indupalma.com/sites/default/files/file_attach/Informe%20Sostenibilidad%20IN

Indupalma. Nuestra historia. Recuperado el 18 de feb. de 16 de: http://www.indupalma.com/nuestra-historia/nacimiento-y-crecimiento-1961-1977

Ossa, M. (2013). Caso de éxito de industria agraria la palma. Colegio de Estudios Superiores de Administración. Recuperado el 18 de feb. de 16 de: http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1303/5/TG00810.pdf

Imagen 1 tomada de: http://www.indupalma.com/sites/default/files/gallery/banner-operacionlogistica.jpg?1316620954

Imagen 2 tomada de: http://noticiasunolaredindependiente.com/wp-content/uploads/2013/09/Indupalma_Home.jpg

Imagen 3 tomada de: http://radiomacondo.fm/wp-content/uploads/2013/10/indupalma-cultivo-palma-640×280-02072012.jpg

Imagen 4 tomada de: http://www.fedebiocombustibles.com/files/NotNal(3).jpg

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En este contexto, Colombia es actualmente el primer productor de aceite de palma en América y el cuarto en el mundo. Sin duda alguna, es una muy poderosa industria que podría ser capaz de aportar estabilidad económica y social a todo un país. El país cuenta con 58 núcleos palmeros distribuidos en cuatro zonas: la zona norte, compuesta por la Costa y el Cesar con 15; la zona central, compuesta por el sur del Cesar; Bucaramanga y Norte de Santander con 13; la zona oriental compuesta por el Meta y Casanare con 25; y el suroccidente, compuesto por Tumaco y Caquetá con 5.

Imagen tomada de: http://anif.co/node/5045

La demanda por el aceite de palma se ha incrementado a través de los años al igual que la variedad de usos. Es un producto con mucho valor y mucho futuro ya que genera grandes utilidades a los miembros del sector y también se le visiona como el gran sustituto del combustible. Adicionalmente, existe la idea de un Plan Nacional para el Desarrollo Integral de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia; una estrategia fundamental a nivel nacional que garantice la sostenibilidad económica y social del sector. El plan fue estructurado por el Dr. Arturo Infante Villarreal, y es un modelo ejemplar para poner en funcionamiento especialmente en estos días que estamos próximos a firmar la paz.

Infante traduce el Plan como: “El esquema social y financiero para el desarrollo de proyectos integrales de palma de aceite en Colombia”, en el que propone una expansión en la cadena productiva de esta industria agrícola. El Plan consiste en sembrar 830.000 nuevas hectáreas de palma de aceite en plantaciones grandes, de 30.000 hectáreas cada una, desarrollándolas en bloques de 5.000 hectáreas. El autor comenta que debe ser una siembra de este tamaño para así aprovechar las economías de escala en el establecimiento, mantenimiento y explotación de las plantaciones para poder competir en los mercados internacionales. Dicho autor, ex Rector de Uniandes, ex embajador en Malasia y antiguo miembro especial de la Junta Directiva de CENIPALMA, reitera que en los países lideres la industria palmer, Indonesia y Malasia, una plantación de 20.000 hectáreas es difícilmente eficiente para enfrentar los mercados internacionales.

Imagen tomada de: http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/en/c/163417/

La expansión de las plantaciones debe ir acompañada de un crecimiento sincronizado de la industria intermedia del aceite para penetrar los mercados internacionales con productos que cuenten con un valor agregado. Las fábricas existentes en Colombia son pequeñas con capacidad de 200 toneladas por día, mientras que los países líderes tienen capacidades de 1.000 toneladas por día, o más. Adicionalmente, la industria oleoquímica (fabricante de productos especializados) prácticamente no existe en Colombia. “En Malasia, el líder mundial, existe una gran integración entre las plantaciones, la industria intermedia y las instalaciones oleoquímica que funcionan mediante acuerdos con las grandes empresas multinacionales del sector como Procter & Gamble, Cargill, Nestlé, Henkel, Cognis y Kao”[2].

El propósito del Plan va más allá de lo económico. Este busca contribuir significativamente a apaciguar los graves problemas sociales que sufren las zonas rurales mediante el ofrecimiento de empleo y vinculación como copropietarios de las nuevas plantaciones a la población más vulnerable. Entre ellos se encuentran los campesinos pobres, los desplazados de la violencia (quienes en un 60% están integrados por mujeres cabeza de familia), los campesinos a quienes se quiere remover de cultivos ilícitos y por último, a los combatientes reinsertados a la vida civil. El plan proveería ingresos a cerca de 440.000 trabajadores y sus familias, incluyendo a los 75.000 que ya se están beneficiando con los empleos directos e indirectos de la industria palmera.

Imagen tomada de: http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/84579/la-palma-revive-en-tumaco-una-de-las-zonas-mas-conflictivas-de-colombia

El Plan requeriría una inversión de $4.355.125 (pesos en 2002) por hectárea hasta la etapa productiva, que empieza tres años después de la siembra, lo cual arroja un gran total de aproximadamente US$ 1.095 millones para las 800.000 has a la tasa de cambio actual ($3,300 por dólar), sin incluir el valor de la tierra ni las plantas extractoras del aceite. Los estudios previos de evaluación edafoclimática adelantados por Fedepalma, Finagro y una misión de Malasia que visitó a Colombia, indican que existen 3,5 millones de hectáreas aptas para el cultivo de la palma en varias zonas del país, siendo las más prometedoras las ubicadas en el Magdalena medio y bajo, debido al atractivo de las tierras en sí y al sistema de transporte existente, el cual puede ser reforzado con la navegación fluvial del río Magdalena[3].

Tomado de: http://riodeoro-cesar.gov.co/apc-aa-files/65353237353930643863316363336662/Corte_de_palma.jpg

En conclusión, el aceite de palma es un producto que cuenta con un alto valor económico gracias a las grandes demandas mundiales. Es también un producto que cuenta con muchísimos usos y fines, lo que lo hace muy atractivo a futuro. Implementando el Plan creado por Arturo Infante, la palma de aceite le garantizaría ingresos a cerca de 440.000 trabajadores y sus familias. Entre los beneficiados se vería la población rural marginada que gozaría de un porcentaje de las acciones, convirtiéndose en copropietarios de la plantación en la cual trabajarán. Campesinos pobres, desplazados, sembradores de cultivos ilícitos y ex guerrilleros serían los grandes beneficiados con este plan; y así mismo, Colombia se volvería más competitiva y conquistaría parte del mercado internacional del aceite de palma.

Bibliografía

[1] Portafolio. (2014). Economía. Colombia, cuarto productor de aceite de palma en el mundo. Tomado el 11 de feb. de 16 de: http://www.portafolio.co/especiales/portafolio-21-aniversario/colombia-productor-aceite-palma-2014

[2] Infante, A. (2002). Módulo Académico. El esquema social y financiero para el desarrollo de proyectos integrales de palma de aceite en Colombia. Tomado el 11 de feb. de 16 de:

http://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/viewFile/945/945

[3] Infante, A. (2002). Módulo Académico. El esquema social y financiero para el desarrollo de proyectos integrales de palma de aceite en Colombia. Tomado el 11 de feb. de 16 de: http://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/viewFile/945/945

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Para los ambientalistas, el cultivo de palma provoca serios problemas medioambientales como la deforestación, la contaminación del aire y del aire o las sequías. Esto le ha agregado aún más mala reputación de la que se tenía. Sin embargo, los colombianos debemos entender que vivimos en un país donde nuestros principales recursos no vienen de las urbes, sino del campo. Los recursos naturales y la agricultura son fundamentales para el desarrollo económico del país y tiene una relevancia estratégica como generador de empleo en el área rural. Por su lado, el sector palmero “genera aproximadamente 135.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y apoya a más de 6.000 pequeños productores.”[3] (Jens Mesa, presidente de Fedepalma).

Por otro lado, se encuentra, las guerrillas, entre ellas las FARC; quienes desde que comenzó el Plan Colombia del gobierno Pastrana, han atacado la idea de muchos empresarios de los subsectores de palma, cacao, caucho, etc. de sustituir cultivos ilícitos por cultivos legales generadores de empleos y grandes utilidades. “Claramente, a las FARC no les gustaba este modelo ya que les redujo –en menos de diez años-, unas 100 mil hectáreas de coca” que pudieron ser exportadas a mercados internacionales generando así millones y millones de dólares. “Tal vez por ello, comenzaron a través de varias ONG, congresistas y sus periodistas/columnistas de un par de medios importantes del país, una campaña mediática de desprestigio contra los empresarios de la palma y otros gremios de la producción agropecuaria. Como en este país, una calumnia la convierten en verdad en menos de dos horas, alcanzaron a estigmatizar a los empresarios de la palma como despojadores de tierras y deforestadores de bosques naturales. Nada mas perverso y lejano de la realidad”[4].

[5]

La realidad de la palma de aceite y del país es otra de la que nos quieren hacer ver los distintos intereses personales otros gremios agrícolas y las FARC. La situación real es que el sector palmero “conforma la mejor comunidad agrícola de Colombia, nunca promueven paros, contribuyen con la preservación del medio ambiente, ayudan a sustituir cultivos ilícitos, reactivan la economía en zonas apartadas y garantizan el aceite de cocina y el biocombustible a 47 millones de colombianos”[6]. Adicionalmente, los aceites de palma crudo y rojo son la fuente más rica en precursores de la vitamina A, que son potentes agentes antioxidantes. Esta característica hace del aceite de palma un preventivo contra la ceguera nocturna consecuente de la desnutrición y de la falta de vitamina A. Se considera que la falta de vitamina A es un problema de salud pública en 60 países, y pone en riesgo la vida y la visión de aproximadamente 250 millones de niños en edad preescolar[7]. Inclusive, investigaciones mundiales reiteran que el aceite de palma reduce los niveles de colesterol sanguíneo.

En conclusión, más que un problema, el cultivo de palma de aceite debe ser una solución para el país. Ahora que estamos a punto de firmar la paz, en La Habana deben estar pensando en implementar un modelo asociativo que pueda garantizar a largo plazo una vida digna a los 8000 reinsertados. La cuestión de integrar victimas y victimarios no será un tema fácil, pero para que el país salga adelante se debe diseñar una política agraria sostenible y rentable de los agro negocios a largo plazo. “En términos prácticos, hay que destinar 800 mil hectáreas, ocho mil viviendas y garantizar los recursos de inversión para subvencionar insumos agrícolas, semillas, instalación de sistemas de riego, compra de maquinaria, equipos e infraestructura de almacenamiento de alimentos, líneas de crédito a largo plazo, transferencia de tecnología y un mecanismo de sustentación de precios de mercado. Es así como se resuelve este problema del post conflicto, porque nadie en Bogotá, les va a dar empleo a estos reinsertados.[8]”

[9]

Bibliografía

Nota: Imagen Inicial de Duncan Gromko, 2015. Disponible en: http://latinamericanscience.org/palma

[1] Moanack, G. (2000). El Tiempo. Revaluando la imagen de un aceite. Tomado el 29 de enero de 2016 de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1234594

2 Moanack, G. (2000). El Tiempo. Revaluando la imagen de un aceite. Tomado el 29 de enero de 2016 de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1234594

[3] Redacción Negocios. (2013). El Espectador. El modelo que genera polémica. Tomado el 29 de ene. de 16 de: http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-modelo-genera-polemica-articulo-445381

[4] Dangond, I. (2015). El Espectador. El aceite del post conflicto. Tomado el 29 de ene. de 16 de: http://www.elespectador.com/opinion/el-aceite-del-post-conflicto-columna-549246

[5] Redacción Negocios. (2013). El Espectador. El modelo que genera polémica. Tomado el 29 de ene. de 16 de: http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-modelo-genera-polemica-articulo-445381

[6] Dangond, I. (2015). El Espectador. El aceite del post conflicto. Tomado el 29 de ene. de 16 de: http://www.elespectador.com/opinion/el-aceite-del-post-conflicto-columna-549246

[7] Moanack, G. (2000). El Tiempo. Revaluando la imagen de un aceite. Tomado el 29 de enero de 2016 de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1234594

[8] Dangond, I. (2015). El Espectador. El aceite del post conflicto. Tomado el 29 de ene. de 16 de: http://www.elespectador.com/opinion/el-aceite-del-post-conflicto-columna-549246

[9] Procolombia. Agroindustria. Aceite de Palma. Tomado el 2 de febrero de 2016 de: http://ue.procolombia.co/sites/default/files/imagecache/Interna_600x226/PALMA.jpg

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La mejor forma de conservación, como se ha argumentado en los artículos anteriores, es aquella que se desarrolla desde lo local, y que entiende a la comunidad como miembro inherente del proceso para generar lógicas de conservación que incluyen territorio, comunidad y recursos naturales. El conflicto colombiano ha afectado tanto a las comunidades, como a sus recursos naturales y los territorios, por lo que la conservación y las áreas destinadas a estas (Cualquiera que sea la modalidad jurídica que se use) dependen para su buena gestión de los efectos que el conflicto pueda tener sobre cada variable.

El actual proceso de paz nos enfrenta, como país, a la perpetuación del conflicto o al comienzo de su terminación. Entender la territorialidad del conflicto es fundamental para generar iniciativas y políticas de conservación con miras al desarrollo social de aquellas comunidades que más han sufrido sus consecuencias. El Congo ha logrado, de manera más o menos exitosa, desarrollar políticas de conservación durante los periodos más álgidos del conflicto interno de esta nación:

Los conflictos de 1996 y 1998 exacerbaron y aumentaron la destrucción de los ecosistemas, y condujeron a la explotación ilegal y al sistemático saqueo de recursos, tanto en tierra (café, madera, marfil, etc.) como de recursos subterráneos (coltán, oro, diamantes). Las armas proliferaron y los guardas y gerentes del ICCN fueron asesinados por bandas de maleantes. Para salvar los sitios de Patrimonio Mundial amenazados, el ICCN propuso al Centro del Patrimonio Mundial la realización de un proyecto encaminado a prestar apoyo a la gestión de la biodiversidad en tiempos de conflicto. Este proyecto, de cuatro años de duración, cuenta con un presupuesto global de 4.180.957 dólares, de los cuales 2.902.024 fueron contribuidos por la Fundación de las Naciones Unidas (FNU). (Baliruhya, Eulalie. Conservación en tiempos de conflicto. Revista nuestro planeta.2002)

Colombia, al igual que el Congo, ha logrado continuar el proceso de conservación, con los obstáculos que supone, para aquellos que se encargan de cuidar de cada región, proteger los recursos naturales en medio de combates y con las necesidades apremiantes de comunidades enteras que se sirven de los recursos a la mano para sobrevivir. Sin embargo tener en papel una de las legislaciones más avanzadas en conservación no garantiza la sostenibilidad de estas áreas, más cuando no hay presencia del Estado en estas zonas y son los frentes guerrilleros quienes tiene el control, con la consecuencia de disponer los recursos naturales de las regiones bajo las cuales reinan.

Cuando nos referimos a la territorialidad del conflicto nos referimos directamente al desarrollo del conflicto colombiano desde lo local, es decir a una guerra de guerrillas que luchan por mantener el control sobre regiones limitadas. Existe amplia bibliografía acerca del comienzo del conflicto colombiano, la defensa de la propiedad campesina fue uno de esos ideales antaño defendidos por estos grupos que en su momento podían denominarse insurgentes. Ahora la tierra y el conflicto tienen una relación íntima frente a la economía del narcotráfico, que a su paso va dejando comunidades empobrecidas que son explotadas como mano de obra y ecosistemas perdidos, utilizados para la siembra de coca o la extracción de coltán, sin mencionar los enfrentamientos entre guerrilla y fuerzas armadas. Sin embargo hablar de la guerra o conflicto interno de Colombia nos enfrenta al estatus que tiene este, pues el postconflicto se enmarcará en la denominación que se le ha dado a la problemática actual. Uno de los grandes retos, si se llega a generar un acuerdo, es la del trato de las víctimas dado que los gobiernos han sido reticentes a denominar el conflicto colombiano como tal, por las implicaciones y la legitimidad que se le puede dar a los “terroristas” como se les ha denominado en la última década. Según el Tratado De Roma, la definición se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos (Tratado de roma, párrafo 2). La importancia de la denominación, en palabras de Juan José Ferro en su artículo “Existencia de un conflicto armado, ¿quién decide?, radica en que la naturaleza del conflicto determinará el régimen jurídico aplicable a los actos cometidos. El hecho de no denominar a la problemática colombiana como conflicto armado interno evitará que muchas víctimas sean resarcidas, y para el caso particular, el daño irreversible a ecosistemas será una de las víctimas que seguramente quedará excluida.

Pasando de la definición a la verdadera problemática en Colombia, el conflicto armado de guerrillas ha encontrado en lo territorial, entendido como los pueblos y municipios, un fundamento para expandir su modelo económico y de violencia. El problema inicial de tierras y gamonales, que encontró en las diferencias partidistas de los años 50 una excusa para atomizar la violencia, con el objetivo de exigir reivindicaciones de equidad, que luego incluyó el modelo de narcotráfico, generó el verdadero conflicto colombiano que es una mezcla de conflictos locales adaptados a las realidades de cada región en Colombia. Así lo menciona Fabio Velásquez Carrillo el compendio de ensayos “Territorio, conflicto y gestión pública en Colombia: Una mirada desde lo local” donde afirma que el accionar del conflicto desde lo local ha adoptado tres modelos: el control político electoral, control sobre la gestión municipal y control territorial. Estos territorios se convirtieron en las zonas rojas: La zona roja representa el enclave violento revestido de naturaleza, ausente del pleno mandato de los partidos tradicionales, expuesto a la agitación y a la protesta social, propicio para el accionar de las guerrillas..(Dimas, Serna Adrián. Conflicto y región en Colombia.2009:19)

Un conflicto que es diferente en cada municipio y que en Cuba difícilmente está representando los intereses de los grupos armados de cada región, enfrenta significativos impases en cómo las victimas van a ser resarcidas. Entre ellas las zonas de conservación que hasta el día de hoy hacen de campo de batalla y de víctima, de no darles la relevancia que merecen seguirán empobreciéndose y junto a ellas las comunidades que las habitan. El desarrollo local y el papel de los alcaldes y gobernadores será el diferenciador para saber si la pobreza y la explotación se quedan o se superan en un proceso de paz que dista mucho de dar soluciones a todas las problemáticas sociales de Colombia.

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También se han generado mapas de zonas rojas, es decir zonas donde se desarrollan las hostilidades de los actores armados, pero los parques y como estos afectan el conflicto están fuera de la discusión. Las áreas de conservación y de manera especial los parques naturales, a pesar de no ser añadidos como una variable importante dentro del conflicto siempre han estado presentes a través de hechos importantes, es así que muchos de los secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, vivieron su secuestro en el parque nacional Caño Cristales. En la Sierra Nevada de Santa Marta estuvieron secuestrados por el ELN, más de cien días, ocho extranjeros que hacían turismo: “La Sierra Nevada saltó a la fama, no por la maravilla arqueológica que representa que un país conserve una Ciudad Perdida anclada en la mitad de la selva, sino porque ocho extranjeros estuvieron 101 días secuestrados por el ELN cuando intentaron conocerla” (Revista semana. Los parques de las balas a la paz. 21 de Septiembre de 2013). Lo mismo sucede con territorios indígenas que fueron disputados por paramilitares y guerrilla, y fueron declarados por la Unesco como reservas de la biosfera.

Lo anterior demuestra que gran parte los escenarios del conflicto en Colombia son zonas de reserva de interés general para la nación. Según la sentencia C 587 de 2002, ley aprobatoria del tratado de Ginebra, se consideran a las parques naturales como bienes que deben estar al margen del conflicto y por tanto deben considerarse dentro de este para el caso colombiano, cualquier negociación referente al conflicto debe incluir a los parques y zonas de conservación. La consideración trasciende a los argumentos ecologistas, pues se verían los parques como entidades estáticas, y sería un error. Ya hemos mencionados en otros artículos como los territorios de conservación son entidades dinámicas que interactúan con las comunidades, los gobiernos y demás entidades locales. Un conflicto como el nuestro y la complejidad que comprende demanda respuestas del mismo nivel, de lo contrario la reincidencia sería una debilidad manifiesta.

Según la Unidad de Parques Naturales de Colombia, en los parques hay aproximadamente 37700 indígenas, 47400 campesinos y 4800 afrodescendientes, sin contar el número de guerrilleros que habitan o transitan por los diferentes territorios, es así que los parques son parte de la problemática social del conflicto armado, al interior de ellos se desarrolla extracción ilegal de coltán, existen cultivos ilícitos y se encuentran las bases militares de diferentes grupos guerrilleros. La firma de un proceso de paz solo dejaría a un lado las bases militares de las FARC, el problema social continuaría. Se necesita una respuesta integral para un conflicto que no solo ha acabado con poblaciones enteras, sino que ha destruido ecosistemas afectando la sostenibilidad alimentaria de las familias que viven dentro de las reservas, y que tan pronto exista algún acuerdo continuarán en el abandono bajo el cual han vivido, para este caso el remedio podría ser más peligroso que la enfermedad. De hecho el conflicto ha aislado regiones completas que se han mantenido fuera de los alcances del crecimiento agropecuario, protegiendo especies endémicas: Al contrario de lo que muchos puedan creer, Colombia es respetada en el mundo por ser uno de los países que más ha preservado la naturaleza. Pero más sorprendente aún es que esa buena noticia se da porque el conflicto se ha encargado de mantener a raya a ciertos depredadores. “Aunque suene cínico”, explica Frederic Massé, profesor de la Universidad Externado, “la guerra ha permitido que muchos ecosistemas permanezcan intactos”. (Revista Semana. Septiembre).

Finalmente es necesario discutir el papel que puede tener la perspectiva de la conservación al interior del complejo panorama social colombiano. En Colombia existe una contradicción entre la jurisprudencia respecto a la conservación, que aun tiene una visión ecologista y de aislamiento, mientras los objetivos de unidades como la Parques Naturales de Colombia buscan la sostenibilidad y el apoyo a las comunidades. Esa contradicción puede desatar problemas tan graves como los del conflicto. Ya sucedió algo parecido en el Parque nacional Katíos donde una población indígena fue desplazada para convertir el territorio en parque natural, sin tener todas las garantías y vulnerándole su derecho ancestral a las tierras (Andrade, German. El fin de la frontera. 2009). Ahora poblaciones del Chocó son renuentes a desplazarse con el mismo fin, y todo porque la legislación colombiana ve la conservación como regiones aisladas. La problemática de continuar con esta visión no solo son las comunidades locales afectadas. Percibir regiones específicas como sitios exclusivos de conservación a cargo de entidades especializadas envía un mensaje a la sociedad de que lo demás puede ser acaparado y explotado, alejándose cada vez más de la verdadera definición de la conservación como un convenio social donde viven humanos y naturaleza.

Una solución en un documento es sino el comienzo de un proceso de paz, los afectados demandarán justicia y la retribución por las consecuencias vividas, pero al igual que los muertos que no podrá devolver el proceso de paz, eco-regiones completas ya han sido devastadas por la guerra y los cultivos ilícitos y ya no hacen parte de la riqueza natural del país. Aquellas que por suerte se han mantenido deben ser protegidas de lo contrario el abandono y la necesidad podrían en manos de depredadores oportunistas.

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