Con los precios de los contratos, el agricultor debe ser cuidadoso para que su estructura de costos y gastos se alcance a cubrir. En condiciones normales, es decir, con cultivos de producción aceptable, en condiciones fitosanitarias normales que no van a implicar un aumento de los costos, Enrique y sus asociados tienen calculado que con cuarenta (40) toneladas por hectárea, a $500 pesos el kilo se llega al punto de equilibrio es decir veinte millones de pesos ($20´000,000) ajustando apropiadamente la estructura de costos. Sin embargo, típicamente en la estructura de costos del campo colombiano no se incluyen rubros como gastos de administración, la corrección monetaria y el desgaste de maquinaria (depreciación) entre otros, los cuales, según Enrique si se debería incluir en la estructura de costos y gastos. Debido a lo anterior es que el objetivo de Enrique, por obvias razones, no es producir esas cuarenta (40) toneladas, sino sesenta (60) y de ahí para arriba.

Para Enrique, nadie le dijo la verdad completa al país, en donde habrá cambios en la Constitución y donde recientemente la Corte Constitucional aprobó que durante tres (3) periodos presidenciales no se va a poder tocar el Acuerdo. El presidente no puede afirmar que la paz en Colombia es una realidad, basándose en el simple hecho de que se firmó un Acuerdo con un grupo. El costo de este Acuerdo es lo que costó un premio Nobel de Paz, y dicho costo lo asumirá todo el pueblo colombiano. De acuerdo con Enrique, se le va a quitar presupuesto a la educación y a la infraestructura para el sostenimiento de aquello que se prometió en el Acuerdo. Toda la información utilizada para este artículo fue obtenida a partir de la entrevista telefónica realizada a Enrique Puerto en 21 de febrero de 2017.

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Pues bien, estas tres conclusiones permiten tener el panorama inicial respecto a la situación y desempeño del campo. Como bien lo sabemos, nos encontramos en el punto de partida hacia la construcción de paz. Bajo esta premisa creo es el momento de plantearse la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo que se acordó entre el Gobierno y las FARC-EP, para lograr saldar esa deuda histórica que tenemos con el campo? Creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho, y la cual intentaré dar respuesta a partir del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, texto donde se suscriben los acuerdos a los cuales llegaron las partes.

Muchas son las opiniones y los debates que resultan de este Acuerdo. Traigo a la discusión dos elementos que me llamaron la atención después de la lectura de éste. En primer lugar, considero que el texto intenta generar un gran acuerdo nacional a través del reconocimiento de los resultados del plebiscito, como base para la creación de las condiciones de una paz estable y duradera. Lo cual nos lleva a el segundo elemento; se deja claro que el Acuerdo busca el reconocimiento de toda la sociedad colombiana como actores del proceso de construcción de paz, donde desde un principio se propone como eje fundamental la participación ciudadana colectiva, como herramienta para la construcción de la anhelada paz estable y duradera. Teniendo en cuenta estas premisas, el Acuerdo nos recuerda dos artículos de la Constitución Política Colombiana, que sustentan lo anteriormente mencionado:

Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento

Artículo 95. […]. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: […]

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

Pues si, como lo pueden ver, constitucionalmente tenemos derecho a la paz, pero más allá de eso, tenemos el deber, sí, el deber, de construir en sociedad esta paz. Ahora bien, volviendo a nuestra pregunta, quiero resaltar que el primer punto que exalta este Acuerdo gira en torno al establecimiento de una Reforma Rural Integral (RRI), en donde ambas partes establecen varios propósitos. Por un lado, el Gobierno plantea que el principal propósito es “cambiar condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio” (Gobierno Nacional. FARC-EP, 2016) . Mientras que las FARC-EP plantean como propósito “solucionar causas históricas del conflicto” como lo son el atraso rural, la propiedad sobre la tierra y su concentración, al igual que las causas de la exclusión del campesinado. Todo encaminado a cerrar las brechas urbano rurales, a fin de mejorar condiciones de vida de la población rural.

En el texto se plantea que la “transformación estructural” gira entorno a cuatro ejes fundamentales. En el momento en que se logren sobrellevar estos retos estructurales, se logrará alcanzar un estado de desarrollo rural integral. Los cuatro ejes fundamentales, se pueden plantear en términos de retos, para los cuales el Acuerdo plantea una serie de medidas urgentes. El cuadro enseguida presentado presenta los respectivos retos y las correspondientes medidas:

La importancia de Reforma Rural Integral está soportada en los resultados del censo nacional agropecuario, del cual quiero resaltar tres indicadores que dan fe de las metas y de la necesidad de la aplicación de las medidas anteriormente mencionadas.

El primer indicador gira entorno a la tenencia de la tierra. Como se puede observar en el gráfico 1, “el 70,4% de las UPA tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 2,0% del área rural dispersa censada; mientras que el 0,2% de las UPA tiene 1.000 hectáreas o más y ocupa el 73,8% del área rural dispersa censada.”. (DANE, 2016)Por lo cual se puede evidenciar la fuerte concentración de la tierra.

El segundo indicador, presenta la situación en cuanto a infraestructura agrícola, donde el panorama es desalentador. Solamente el 16,4% de los censados, respondieron que tienen efectivamente acceso a maquinaria. (gráfico 2). El último indicador que quiero mencionar, está relacionado con la asistencia técnica. Donde se puede observar que el 83.5% de las UPA censadasno cuenta con asistencia técnica. (gráfico 3)

Como se podrán dar cuenta, el Acuerdo parte de una realidad innegable, y plantea los retos para resolver estas problemáticas. Algunos dirán que estas apuestas son muy visionarias. Pero son justamente las ideas visionarias que han logrado los avances más importantes de la humanidad. Tenemos que ver el Acuerdo como la excusa para” abrir otro capítulo en la historia del país”. Establecer metas, como un paralelo de la misión y visión en las organizaciones que son necesarias para así saber, qué queremos y dónde queremos estar como sociedad.

Bibliografía

DANE. (2016). Tercer censo nacional Agropecuario. Hay campo para todos.

Gobierno Nacional. FARC-EP. (2016). ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ . Bogotá.

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/politica-de-desarrollo-agrario-integral.html

https://www.youtube.com/watch?v=ZHLvVIT_FAU

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Dentro de lo discutido, los profesores plantearon que no se puede decir que la guerra ha traído conservación o que ha traído destrucción, pues son planteamientos simplistas, ya que ha habido un evidente reordenamiento del país y del territorio de una manera compleja por este fenómeno. Por ejemplo, existen áreas de algunos parques naturales, como la Macarena o Tinigua, que están minados o simplemente ocupados autoritariamente, lo cual ha frenado la ocupación civil de estos territorios. Sin embargo, a la vez, las FARC y otros actores armados han colonizado por medio de las armas varios recursos naturales, como el Río Guayabero en el Meta o Catatumbo en el Putumayo, y han contaminado a través del vertimiento de petróleo en sus aguas, después de atentados en contra de algunas multinacionales de hidrocarburos. Igualmente, esto sucede con el balance entre la deforestación que realizan las guerrillas para sus cultivos ilícitos, frente al aislamiento de los mercados legítimos que no han podido permear la mayor parte del territorio colombiano y transformar los ecosistemas. Entonces, es muy difícil discernir si la guerra es cómplice de la destrucción del medio ambiente o lo contrario, más aún al tener en cuenta que, a pesar de cargar con más de 50 años de guerra, Colombia es un país que se destaca a nivel latinoamericano en el desempeño ambiental, según índices del EPI[1].

En este sentido los Acuerdos de Paz podrían ser una caja de pandora que pueden poner en riesgo la ecología del país, pues la activación económica de los sectores que suponen potencializarse al firmar los Acuerdos pueden venir acompañados de un alto riesgo de deforestación. Como evidencia, Germán Andrade trajo a colación el caso del departamento de San Martín en Perú, después de la derrota que sufrió la guerrilla Sendero Luminoso hacia finales del siglo pasado. Luego de haber vivido por varios años la guerra, San Martín tuvo un auge económico donde pudieron integrarse muchos mercados que antes no eran viables en la zona. A partir de este momento, San Martín ha presentado las mayores tasas de deforestación de este país y ‘la mano invisible†ha acabado con ecosistemas amazónicos que son fundamentales para los ciclos biológicos de la Tierra. Ahora bien, esto puede suceder en una gran parte del territorio colombiano si no se crea toda una institucionalidad sólida que acompañe a los Acuerdos de la Habana, ausente en la literatura que han presentado las partes hasta ahora.

En efecto, por ahora no hay ninguna propuesta de reordenamiento institucional para que la Paz traiga los beneficios o dividendos ambientales, que además han sido parte de la promesa de los Ministerios. Lo que está en juego hoy en las áreas del conflicto son 15 millones de hectáreas representadas por mosaicos de selvas deforestadas, producto de las economías de la guerra como el cultivo de la coca. Esto es lo que constituye la frontera agrícola que plantea el Gobierno para el futuro desarrollo rural; así pues nace un dilema en los usos del territorio sin un control estatal, pues el bienestar económico de la población sin una institucionalidad que cuide los ecosistemas puede liberar consecuencias ambientalmente desastrosas.

La conclusión que plantea entonces el profesor Andrade es que, si bien Colombia cuenta con 17 millones de hectáreas protegidas que no pueden ser tocadas por sectores productivos, el fracaso de Colombia en su política de uso sostenible de la tierra no puede extenderse en el post-acuerdo. En cambio, es inminente que existan cambios estructurales que incluyan la biodiversidad de los bosques colombianos en las cadenas productivas que se pretenden desarrollar y no se dejen a la suerte de las fuerzas económicas del momento. Desafortunadamente, por ahora, en las economías campesinas que se pretenden consolidar para el post-acuerdo, no hay elementos de ordenamiento o de planificación que le garanticen al país que como mínimo la biodiversidad que existe hoy en día permanecerá o mejorará. Según Andrade, existen actualmente proyectos que pueden ser un buen ejemplo para el desenlace agrícola, como acuerdos campesinos de cooperativismo en la vertiente oriental de la Serranía de San Lucas, en el Medio Magdalena, que pretenden hacer toda una gestión social responsable y sostenible en torno a los bosques de su territorio. Asimismo, existen otros incentivos de entidades privadas, que nacen a través de programas de mercadeo con causa o otras figuras de valor compartido, como BanCO2 de Bancolombia, que permite a cualquier ciudadano donar dinero a una bolsa virtual que se reparte entre campesinos que son subsidiados para cuidar el medio ambiente y de este modo, garantizarles un buen vivir sin tener que recurrir a costos de oportunidad que los lleve a sacrificar ecosistemas. No obstante, estos programas son transitorios, no son sostenibles en el largo plazo y no pueden controlar un territorio tan complejo y diverso como el de Colombia.

En fin, en medio del siglo XXI, con contingencias ambientales tan palpables, los Acuerdos son ciegos frente al medio ambiente, pues les hace falta reconocer el valor ecológico del territorio colombiano, dividido en las denominadas “tierras” que sólo tienen en cuenta su productividad y la economía. En este sentido, se está olvidando que estas tierras cuentan con complejos sistemas naturales que son caracterizados por paisajes, ríos, quebradas, bosques o vegetación, y que son un beneficio potencial para la humanidad. Es cuestión de una mejor gestión del conocimiento, instituciones ambientales sólidas, menos intereses económicos y mayor voluntad política.

Bibliografía

Mesa Redonda “Sí Paz: Sí Medio Ambiente”. Día Paiz. Mediada por Manuel Rodríguez y Germán Andrade.

[1] El Environmental Performance Index (EPI) es un índice desarrollado por la Universidad de Yale que mide el desempeño de los países en cuanto a los asuntos ambientales de alta prioridad y está basado principalmente en dos áreas: protección de la salud humana y protección de los ecosistemas

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Sobre el Plebiscito de Octubre

La Fundación, pese a ser desde su origen trabajadora incansable por la paz, ha dicho en reiteradas ocasiones que en el actual proceso de negociación, adelantado por el Gobierno colombiano y la dirigencia de las FARC, se abstiene de adoptar una posición institucional. Dos razones han sustentado esa determinación:

De un lado, su convicción absoluta de que la paz verdadera y sostenible descansa, precisamente, en la posibilidad de que cada individuo exprese y defienda con entera libertad sus puntos de vista, sin ser constreñido por nadie, en el marco de una sociedad pluralista, respetuosa de la opinión y las convicciones de todos. De otro, como hemos manifestado, el que lamentablemente, en este caso, la búsqueda de la paz se ha teñido de consideraciones de política partidista y aspiraciones electorales, que no son propiamente el medio más idóneo para que en él florezcan la armonía y la reconciliación que tanto necesitamos los colombianos. La palabra paz –también lo hemos dicho- se ha vuelto ligera y todos los labios la pronuncian con diferente sentido.

Reiteramos esa posición de la Fundacion Social: ella sabe, respeta y privilegia que entre sus funcionarios, lo mismo que entre sus clientes y aliados, y las comunidades beneficiarias de sus programas, hay personas de todas las tendencias cuyo convivir armónico y respetuoso constituye precisamente la esencia de la democracia, y mal haría en sumarse a la dolorosa y peligrosísima polarización en que esta coyuntura nos ha situado.

Ahora bien: que la Fundación no se matricule en alguno de los bandos del debate no significa que no tenga postura y convicciones claras sobre el momento que se vive en el País, y considera su obligación expresarlas de manera firme, porque independientemente de la opción que cada ciudadano quiera escoger ante la consulta a la cual ha sido convocado por el Gobierno, (mediante una legislación especial hecha para este caso), hay en juego aquí asuntos de ética ciudadana, de principios y de defensa de la democracia que no deberían ser objeto de discusión, y que en cualquier caso tendrían que ser respetados y preservados:

1. Sin entrar en el debate puramente jurídico sobre atribuciones y competencias de los distintos órganos del Estado, es de por sí muy deseable y positivo que algo tan importante como pactar con un grupo armado reformas relevantes en las instituciones y en las políticas públicas, sea objeto de consulta a toda la sociedad. De hecho, más allá de las trajinadas expresiones sobre eventuales “blindajes” jurídicos al acuerdo suscrito, lo único que sirve de base firme a una “paz estable y duradera” es que la sociedad misma la respalde y esté convencida de su conveniencia y comprometida con su éxito. Desafortunadamente en este caso, más que buscarse un consenso informado de la sociedad, en una u otra dirección, se ha puesto todo el énfasis en una votación. Sería muy lamentable –y ya no es fácil evitarlo- que una extraordinaria oportunidad para lograr verdaderos acuerdos entre la mayoría de los colombianos sobre asuntos fundamentales, se convirtiera simplemente en un nuevo episodio de votación con los mismos o mayores vicios de otros procesos electorales.

2. Reina además una enorme confusión en cuanto a qué es exactamente lo que los colombianos han de respaldar. Es curioso. Tal vez ningún tema ha sido objeto de tanta cobertura periodística, tanto debate, tanto comentario de expertos y tanta opinión como este; y en medio de todo ese ruido, buena parte de los ciudadanos no sabe a ciencia cierta de qué se trata el asunto. Por qué? Desafortunadamente, los medios de comunicación y los líderes llamados a informar tienen en su mayoría posiciones preestablecidas, lo cual ha hecho que casi toda la información sea sesgada, parcial, incompleta y deliberadamente editada para inducir en una u otra dirección. Una cosa es que comentaristas o líderes opinen y argumenten sus preferencias, pero otra distinta, y muy condenable y peligrosa, que se administre la información para inducir mediante la confusión o el engaño a una determinada opinión. Lo más frecuente, por ejemplo, es que los titulares de prensa sugieran o señalen abiertamente realidades muy distintas de las que en realidad envuelve el contenido de la respectiva noticia; o que por las redes sociales circule una mezcla de verdades, verdades a medias y abiertas mentiras, sin que el ciudadano pueda distinguir en absoluto unas de otras.

3. Y lo más grave: la bandera de “la paz” se ha convertido en la mayor causa de división que los colombianos hemos conocido en mucho tiempo, y viene incubando, de manera creciente, odio e intolerancia como no se veían desde la trágica violencia bipartidista de los años 50â€s. Absurdo, no? Enarbolando el estandarte de la reconciliación, la paz o la justicia, unos y otros apenas nos estamos conteniendo para no golpearnos físicamente; y digo físicamente, porque moralmente, mediante la descalificación y la ofensa ya ello hace parte de nuestro repertorio cotidiano. Parece que cada uno se ha apropiado de la palabra “paz” y la quiere llenar con su propio significado: “que los demás adhieran sin chistar a mi posición”, porque de no hacerlo, automáticamente hacen parte del grupo perverso y condenable de “los enemigos de la paz” o los “amigos del terrorismo”

4. El acuerdo divulgado contiene 297 páginas de declaraciones y compromisos sobre temas muy variados. No resulta fácil que de manera consciente e informada, en medio del ruido mediático que se ha desatado, las personas puedan resumir su pensamiento en un simple Sí o No. Con bastante sabiduría y no poca información, un compañero nuestro, cajero del Banco Caja Social en una ciudad de provincia, me manifestaba en días pasados que en su opinión faltaría en el plebiscito la opción que él en conciencia escogería: “no entiendo”.

5. Qué se va a apoyar o rechazar el día 2 de Octubre? No es si se quiere la paz o la guerra; tampoco si se apoya o no a un gobernante, actual o pasado; ni si se van o no a pagar más impuestos. Aquí los equívocos han llegado al extremo, y la propaganda abundante no ha ayudado a la claridad: lo que debe ser respaldado u objetado en el plebiscito es la totalidad de las 297 páginas del acuerdo concreto suscrito entre los negociadores del Gobierno Colombiano y los de las FARC, al cual ambos convinieron poner como título “Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”. De manera que quien diga NO, no está por ello negando su deseo de paz; ni quien diga SÍ está de manera automática traicionado a la Patria, como de manera sesgada en ambos casos se viene predicando, para crear a los colombianos desinformados falsos dilemas éticos.

6. En un entorno tan confuso, qué puede recomendar la Fundacion a sus funcionarios y a la sociedad toda? a. Es el momento para aplicar, en la práctica, en el ámbito y el ambiente de cada quien, el ejercicio verdadero de la paz: el reconocimiento respetuoso del otro, y de su sagrado derecho a pensar y creer de buena fe algo diferente; y a tener claro, actuando en consecuencia, que la diferencia de opiniones no puede constituirse en semilla para la descalificación y el odio. b. La confusión y la desinformación exigen a cada individuo responsable, un esfuerzo especial para el conocimiento directo, el entendimiento y la profundización del tema que está siendo sometido a consulta. Es una obligación ética del más alto alcance actuar de esta manera, para hacerse su propio juicio sobre si conviene o no al futuro del país lo que ha sido pactado. En otras palabras: solo el estudio juicioso de los acuerdos puede llevar a cada uno a la conclusión seria sobre si de verdad ellos son el camino para “la construcción de una paz estable y duradera”, o si por el contrario, a pesar de su título, van a engendrar males mayores. Cada quien debería, por tanto, encontrar, dentro de sus circunstancias particulares, la manera en que con responsabilidad y objetividad pueda conocer el verdadero contenido de lo pactado y formar su propio juicio sobre él. c. Llegar a una posición personal, informada y movida por la convicción propia sobre lo que es correcto para el bien común, es la obligación ética que todos tenemos. Y cumple con tal obligación quien de buena fe, con conocimiento y reflexión, concluya por el “SÍ” o por el “NO. Pero la conciencia debiera reprochar a quien opte por cualquiera de las posibilidades movido por el apasionamiento, la superficialidad de la propaganda, el interés partidista, el oportunismo político o económico, la ingenuidad, o la falta de diligencia por informarse de verdad. Es casi increíble que líderes que se presume destacados hayan tenido el desatino de decir que para votar no deben leerse los acuerdos, porque ellos solo generarían confusión pues están diseñados para expertos…!! d. En cualquier caso, de SÍ o de NO, todo lo que ha habido alrededor de este proceso ha producido y seguirá produciendo impactos relevantes en nuestra sociedad, en sus instituciones y en la convivencia. Es una obligación superior de cada uno, y por supuesto de la Organización, seguir contribuyendo, ahora con más ahínco aun, a tender puentes de entendimiento y convivencia, sobre la base de la verdad y el respeto. Es nuestro principal compromiso, y ahora lo reafirmamos».

EDUARDO VILLAR BORRERO

Presidente

Fundación Social

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Luego, la industrialización y la mejora de las condiciones de vida del país provocaron un alto crecimiento de la población y así, el alza de la demanda de productos no podía satisfacerse a través de los antiguos métodos de producción. Además, esta revolución tecnológica desplazó la mano de obra de los operarios y la reemplazó por la automatización de los procesos a partir de las máquinas. De este modo, la diversidad técnica de obreros desempleados y su necesidad por obtener un sustento económico los llevó a asociarse y crear fábricas de todo tipo bajo el nombre de cooperativas. Desde entonces, este modelo empresarial fue replicado con éxito en los demás países de Europa y posteriormente, desde el siglo XX, empezaron a nacer varias cooperativas en Asia y América Latina. Estas asociaciones han generado numerosas soluciones de inclusión económica y social en todos los continentes: ¿no es esto lo que necesitamos para que haya paz?

Pero, ¿qué son las cooperativas?

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida en inglés como la FAO), las cooperativas son “un tipo especial de empresa social que busca un equilibrio entre dos objetivos principales: satisfacer las necesidades de sus miembros y tratar de obtener ganancias y sostenibilidad” (FAO, 2012). Además, esta organización plantea que la esencia de las cooperativas tienen como objetivo: anteponer a las personas frente a las ganancias. En este orden de ideas, el ideal de este tipo de empresa social es darle a cualquier tipo de persona la posibilidad de cumplir sus proyectos de vida con ayuda de otros miembros en condiciones y conocimientos semejantes, creando así un tren de “aspiraciones sociales, culturales y económicas comunes” (FAO, 2012). Por otro lado, el éxito de las cooperativas radica en su buena gestión y una alta capacitación empresarial, por lo que es esencial que la tecnificación, la investigación de las universidades y las políticas en educación de los gobiernos jueguen un papel importante; de este modo, la función educativa del modelo genera un mayor y mejor capital humano. Por último, es necesario resaltar que este tipo de organizaciones emplean a más de 100 millones de personas en el mundo, un 20% más que las multinacionales. Igualmente, han sido los actores principales en la alimentación mundial, por lo que han contribuido esencialmente a la reducción de la pobreza y el hambre en el mundo (FAO, 2012).

El contexto colombiano

Ahora bien, las condiciones actuales de los campesinos colombianos son cercanas a aquellas en las que se encontraban los obreros ingleses en el siglo XVIII, sólo que con un contexto diferente y casi con tres siglos de diferencia. La entrada de productos de multinacionales agrícolas a partir de los Tratados de Libre Comercio, la falta de infraestructura y de garantías económicas y la opresión de los grupos insurgentes, son factores que han llevado a los trabajadores agrícolas, como los reconoce el Gobierno, a optar por la plantación de productos ilegales para el narcotráfico. Con el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC y el comienzo del postacuerdo, el Gobierno le ha prometido a los campesinos un nuevo sistema de subsidios para la sustitución de estos cultivos ilícitos por productos de rápida cosecha, una mejor distribución de las tierras y una amplia inversión en infraestructura. Es evidente que cumplir con estas promesas es un buen comienzo para el campo colombiano, pero no es suficiente si no hay sostenibilidad agraria.

¿Qué es sostenibilidad agraria? En otras palabras, a través de un sistema de cooperación agrícola e incentivos para su creación, nuestro Estado y el 32% de nuestra población, que vive en 94% del territorio nacional (Semana, 2012), podría lograr un mejor provecho de su producción agrícola en el largo plazo por la integración entre beneficio social y beneficio económico que este sistema puede generar. A partir de las cooperativas regionales o sectoriales, los campesinos pueden compartir su know how y de este modo, consolidar una mayor competencia frente a los productos extranjeros y capitalizar recursos a través de una estructura económica sólida que no dependa de intermediarios. En palabras del panelista de BluRadio, Aurelio Suárez: “el cooperativismo surge como una necesidad imperiosa y una solución importante ante una competencia muy fuerte que va a haber en el mundo económico… la crisis, la globalización y las necesidades son como tres variables que se pueden juntar para decir que ahí aparece el modelo cooperativo como solución” (2013).

En conclusión, la implementación de este esquema de cooperación debe ser el resultado a largo plazo de un buen manejo de políticas gubernamentales; obviamente, sin olvidar que la corrupción no tiene lugar en la construcción de este modelo empresarial.

Asimismo, es necesario dejar sanar las heridas que la guerra ha dejado en la población campesina a través del perdón y la reconciliación; es necesario este proceso para poder confiar en el otro y establecer alianzas tanto económicas como sociales. Posteriormente, debemos lidiar con los intereses económicos de los ganaderos que usan alrededor del 80% del potencial agropecuario como pastos para ganado y producción de leche. En este escenario el Estado debe entrar a regular en beneficio de los intereses mayoritarios. Además, es urgente empezar a diversificar el portafolio de cultivos ya que del 20% de la tierra que usamos para la agricultura, usamos sólo el 16% para el cultivo de tres productos: café, azúcar y palma de cera, que en efecto utilizan el modelo cooperativo para su gestión; también es importante tener en cuenta que estos productos los utilizamos principalmente para exportación y no para consumo interno (DANE, 2014).

En general, la cooperación es una parte importante de la solución del conflicto; nace de la buena voluntad de los colombianos, la integración de diversos sectores económicos, un buen gobierno y una población optimista que busca un mejor país para todos. Siendo así, ¿Usted también cooperará?

Bibliografía

Así es la Colombia Rural. (2012). Semana. Recuperado de http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html

Arias, J.A. 20-20: ¿la década del cooperativismo?. (6 de Mayo de 2013). MOIR. Recuperado de http://www.moir.org.co/20-20-la-decada-del-cooperativismo.html

Censo Nacional Agropecuario. (2014). DANE. Recuperado de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014

Construir la paz a través de las cooperativas (28 de Abril de 2013). El Pueblo. Recuperado de http://elpueblo.com.co/construir-la-paz-a-traves-de-las-cooperativas/

Duarte, F. El aporte de las cooperativas a la paz (7 de Noviembre de 2014). El Mundo. Recuperado de http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/el_aporte_de_las__cooperativas_a_la_paz.php#.V7VBnZPhCRs

El Chicharrrón (problema) de la tierra en Colombia. (10 de Abril de 2016). Forjando la Paz. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=PDZRVaqA0TU

Las Cooperativas Agrícolas alimentan al Mundo. (2012). FAO. Recuperado de http://www.fao.org/fileadmin/templates/getinvolved/images/WFD2012_leaflet_es_low.pdf

Las cooperativas agrícolas son clave para reducir el hambre y la pobreza. (30 de Octubre de 2011). FAO. Recuperado de http://www.fao.org/news/story/es/item/93819/icode/

Modelo Cooperativo idóneo en la lucha por la paz. (2015). Confecoop. Recuperado de http://www.confecoop.coop/index.php/actualidad-2015/3245-co-operatives-united-445

Reseña histórica del cooperativismo. (s.f.). Banco de la República. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-cooperativismo/generali1.htm

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La ganancia con el empleo de ese término, ‘pazâ€, que en el fondo es equívoco, es haber logrado referirse a una de tantas violencias acendrada desde hace más de medio siglo existentes en el país como ‘conflicto armadoâ€. Todo colombiano ha vivido en carne propia alguna forma de violencia causada por ‘paramilitaresâ€, o por algunos miembros de las fuerzas armadas, por ‘narcosâ€, por ‘guerrillaâ€, por ‘terroristasâ€, por ‘bacrimâ€, por ‘delincuentes comunesâ€, por ‘chantajistas†(otro nombre a los funcionarios o empresarios que exigen prebendas y son los autores de la ‘corrupción†del paísâ€) etc.

Ha sido importante refinar una de esas violencias con el término de ‘conflicto armado†en lugar de ‘guerrillaâ€, ‘terrorismoâ€, ‘narcoguerrillaâ€: términos que se estrenaron a finales de la década de los 90 –luego de los fallidos intentos de conciliación del gobierno con las FARC a pesar que se les permitió la ocupación de la zona de distensión del Caguán (40.000Kms2, el tamaño de un país como Suiza). De una parte, transformar el término para referirse a sus acciones (ya no ‘terroristas†sino a las de ‘combatientes de un grupo armadoâ€), y de otra, acordar la Habana como lugar de encuentro, es lo que ha permitido que cabezas de las FARC estuvieran dispuestos a negociar.

Ahora bien, lo que se pretende es que la conciencia del ciudadano común quede dispuesta a aceptar todo el obrar de sus integrantes como acciones de una ‘guerra internaâ€, entre ‘combatientes†de diferentes bandos. No hay duda que la propaganda profusa de un acuerdo ha logrado bastante, sin embargo, es estimar en poco la conciencia de ese ciudadano común que, insisto, sí ha vivido esa y todo el resto de violencias ya descritas. No importa lo que se firme, el obrar de los integrantes deja heridas que no sanan con firmas.

Cualquier acuerdo que se logre: la entrega de armas de parte de algunos, un puñado que pague sus crímenes de lesa humanidad, y otro puñado de víctimas a quienes se les repare, no hay duda que será sano para una sociedad sufrida y sin garantías para algunos de sus derechos de parte del Estado.

Sin embargo, la decepción va a ser grande cuando el tan ansiado estado psicológico de ‘paz†no se dé más allá de la persuasiva propaganda de los medios de comunicación. Diez mil o tantos ‘combatientes†no son la causa única de las violencias del país.

Los cientos de miles de millones de pesos que el Gobierno, sin acuerdo inicial alguno con la ciudadanía, ha invertido con nuestros impuestos para lograr esa conciliación serán pocos para contener el resto de violencias y las nuevas que se generarán. Sí, porque es ingenuidad creer que aquellos de las FARC que no firmarán, no conformarán las ‘farcrim†que, en alianza con los ‘elenocrim†continuarán con los negocios lucrativos del secuestro, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

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Es lo que viene sucediendo con la ‘palomita de la paz†en que durante un buen tiempo se engañó a todos los colombianos, haciendo creer en la posibilidad de que veteranos narcoguerrilleros dejarían las armas, sus fuentes de ingresos y entrarían en los cauces de un Estado Social de Derecho. Esto es un buen ejemplo de “poder engañar a todos algunas veces”.

De otra parte “puedes engañar a algunos todas las veces” es el caso de una narcoguerrilla que no se cree tal, sino la adalid de la justicia social y defensora del pueblo colombiano, ambos víctimas de la opresión de una oligarquía que los explota. La minería ilegal, el contrabando, el narcotráfico y toda suerte de vacunas (al transporte, a la actividad comercial, a la actividad productiva, etc.), junto con actos terroristas, son para ella medios justificados y eficaces para lograr el ideal de la toma del poder. ¿Y el poder para qué? Para hacerse a los recursos del Estado, ‘sanearlos de la corrupción existenteâ€, y administrarlos con ‘la transparencia†que sólo el ideal ‘revolucionario†concede.

Foto de NTN24, publicado el 10 de Julio de 2015.

No se crea que esos ‘algunos†son sólo un puñado de ‘ingenuos campesinos†que agradecen la compra de su coca a integrantes de frentes narcoguerrilleros. Intercambio que el mismo Estado promueve al no proveer la infraestructura necesaria y los canales de comercialización para productos diferentes a la coca; ya que esta no requiere sino una mochila para transportarla. No, a aquéllos se les suma todos los integrantes armados convencidos de aquella acción ‘revolucionariaâ€, y que no creen en resinserción alguna (ni la que viene sucediéndose de hace más de una década, ni la prometida ahora por el Gobierno). Pero también se les suma destacados intelectuales, legisladores en todos los niveles de las corporaciones (Congreso, Asambleas y Concejos), magistrados de las altas cortes, jueces, fiscales, médicos, profesionales y operarios que creen en el ideario de un régimen ajeno al actual de la división de los poderes. Creen en la llegada de una figura redentora al modo de los Lenín, Stalin, Hitler y los Mao, que salvarán al pueblo de los estragos causados por el capitalismo. En otras palabras, un gran número de profesionales aspirando a posiciones importantes en el nuevo régimen ‘revolucionarioâ€.

Y “el todas las veces”, se refiere a que dicha ideología y acción revolucionaria, no cesará. Nadie aprende en piel ajena. La autocracia de los Castro, Chaves, Maduro, Correa y Evos hay que vivirlas para entender el asunto. Claro que las experiencias soviéticas y cubanas fracasadas no les indican nada a esos adeptos; ni tampoco la aspiración capitalista de una China que va quitándose el traje comunista.

Ref. Fotografia: De izquierda a derecha los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Bolivia, Evo Morales; y de Ecuador, Rafael Correa. Foto de El Día. Bolivia.

No crea el lector que por esto abogamos por un capitalismo salvaje como el que practican algunos negociantes y empresarios, para quienes el obrero es un ‘costo laboral†que hay que mantener a raya, o que existe una ‘mano invisible†que todo lo armoniza. No, socialismo y capitalismo a ultranza han demostrado su inoperancia. El primero, por las dictaduras que ha gestado y que dan cabida a la vida plena de privilegios de la élite ‘revolucionariaâ€. El segundo, porque nunca antes se han gestado tan pocos ricos tan ricos y tantos pobres tan pobres. El reto es el de una regulación social, política y económica del mercado para que los recursos escasos se empleen del modo más eficiente posible, y los excedentes en verdad lleguen de modo justo a quienes más los necesitan. Y esto aún está por descubrirse cómo hacerlo. Lo que está claro es que con los medios empleados por las FARC sólo queda la desolación, la destrucción social, económica, política y ambiental que no se recupera.

Julio 11, 2015

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En la década pasada la reinserción de para-militares derivó en la extradición de los principales cabecillas, carcel para un buen número de ellos, y otros en programas de reintegración a la vida ciudadana de quienes no habían cometido delitos atroces. Sin embargo, quienes no se acogieron a las concesiones del gobierno se fragmentaron en varias bandas hasta merecer el acrónimo de ‘bacrims†(bandas criminales). Hoy, de estas: ‘los rastrojos†y ‘los urabeños†junto con las FARC se disputan el dominio de los municipios del Pacífico, territorios que incluyen las rutas de salida de la coca.

La índole de las FARC, en algunos aspectos difiere de la de los paramilitares (aquéllos poseen un proyecto político de toma del poder del Estado por cualquier medio con el apoyo de las ‘masasâ€, para imponer un modelo de planificación económica centralizada, erradicando cualquier vestigio de economía de mercado). En otros aspectos las FARC, como cartel que trafica con drogas, minería ilegal y contrabando, no difiere de las acciones perpetradas por los paramilitares. Los superan, eso sí, con ataques a la infraestructura petrolera y eléctrica del país, junto con secuestros como modalidad permanente de acción ‘revolucionariaâ€.

Esta esquizofrenia de las partes, una con un proyecto político sustentado con actividades de cartel cuyo unidad de mando no se halla asegurada –quienes firmen en la Habana no podrán ser garantes del acuerdo de parte de todos los frentes–: las ‘farcrim†ya se hallan en gestación. La otra, cuya ambiguedad de propósito es cada vez más patética, ya que nadie a ciencia cierta sabe a cuál de las 37 ascepciones del vocablo ‘pazâ€, que ofrece el diccionario de la Real Academia Española, se refiere el Gobierno.

¿Y por qué desaliento? Para las FARC, de una parte, sus acciones pretenden manifestar su fortaleza ‘bélica†y con ello exigir una negociación entre pares; de otra, su aspiración a la no-violencia ghandiana raya en el cinismo. Para el Gobierno actual, el imitar a Nelson Mandela pareciera ser asunto de relaciones públicas internacionales. Ni la liberación de la opresión colonial Inglesa, o de la opresión blanca sobre los africanos tiene similitud alguna con la flagelación a la que ambas partes, FARC y Gobierno, han sometido a campesinos y finqueros en el campo. Unos por acción directa de explotación (impuestos de gramaje, reclutamiento infantil, secuestro) y otros por no-acción o negligencia en la ausencia de Estado con acciones de desarrollo efectivas.

La talla moral de Ghandi y de Mandela no se alcanza con la simple firma de ‘lo que está todo acordadoâ€. Todo este ‘sainete†causa un profundo desaliento.

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Unos meses después lo que viene revelándose es una situación de oportunismo y desaliento. Términos alrededor de los cuales existen definiciones precisas y no multitud de acepciones como, en cambio, sí existen sobre ‘la pazâ€.

Si la primera acepción describe bien la acción del gobierno actual, la segunda describe bien la acción de las FARC. Un “principio fundamental” para el primero sería la veracidad que lleva a distinguir entre quienes ejercen el sano e indispensable oficio de la ‘política†y quienes ‘politiqueanâ€. Esto último acaba de revelarse con el levantamiento de órdenes de captura a cabecillas de las FARC desde hace 5 meses, sin que lo conocieran los ciudadanos.

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Y esto con el fin de ampliar la definición que ofrece el diccionario: “Estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos” (RAE). La esperanza es algo más que un estado de ánimo y que un deseo.

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