Pero, partiendo de lo anterior ¿Cuál ha sido el papel de la empresa privada durante estos procesos y para lo que vendrá? Pues bien, de acuerdo con el Diario La República, en un informa de Noviembre del año anterior, son 115 las empresas que en la actualidad le apuestan a la reintegración por medio de empleo y financiación de proyectos, así como 13 universidades que han vinculado a cerca de 200 estudiantes al proceso de reintegración. [2] De acuerdo con dicho diario, Éxito, Terpel y Coltabaco, así como Los Andes, Externado y el Rosario son las instituciones que más se han comprometido con el apoyo a algo que dejó de ser una iniciativa para convertirse en un proyecto en proceso de consolidación.

Un caso visible para la comunidad de la Universidad de los Andes se refiere al de Enrique Cavelier quien como gerente de Alquería ya empezó a implementar su propio proyecto de inclusión en zonas afectadas por la violencia en el Departamento del Meta. “Su reto es lograr que estas poblaciones tengan un mejor estilo de vida. Pero para convertir esto en una realidad la empresa privada debe seguir creando esa “asociatividad” y confianza con los campesinos y entender que este es un aporte concreto y significativo en el proceso de paz.”[3]

Habiendo puesto en contexto el aporte conjunto que han llevado el Gobierno Nacional con la Empresa Privada, no es menor el desafío que se avecina si se tiene en cuenta el número de guerrilleros que buscarán integrarse a la sociedad civil en caso de concretarse un acuerdo. Cerca de 7000 hombres de las Farc, de acuerdo con la Revista Semana[4] habrán de aplicar a esta alternativa. Pero, ¿qué dejan experiencias anteriores cuya responsabilidad era casi exclusiva del Gobierno Nacional? De acuerdo con “Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia” de Álvaro Villarraga Sarmiento se indica que: “bajo el Decreto 2546 de 1999 se creó la Dirección General para la Reinserción del Ministerio del Interior, cuya función fue coordinar y dirigir la acción del Estado para el desarrollo del Programa de Reinserción. Los desmovilizados recibieron el beneficio de indulto, un auxilio de sostenimiento inicial, atención en salud y acceso a créditos productivos asistencia técnica. El programa de validación de bachillerato, con énfasis en resolución pacífica de conflictos, se extendió a una franja importante de la población de escasos recursos”.[5]

Ahora bien, queda en el tintero y pensando en el futuro de estos actores. ¿Bastará solo con un proceso de “socialización económica”? ¿Qué podemos decir de su adaptación psico-social a la nueva vida que les espera? En ese sentido, Villarraga Sarmiento menciona que, en “materia de capacitación para el trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) prestó un importante apoyo. Los amnistiados de origen rural tendieron a vincularse de nuevo al campo, en actividades productivas, pero por lo regular en lugares distintos a aquellos donde hicieron parte de las guerrillas, y sobresalieron con frecuencia por el liderazgo social”[6]. Claro, sobre la mesa queda el debate sobre la efectividad en materia de adaptación, pero ante todo, resocialización de los individuos de grupos armados que se reinsertan. Y, en ese escenario, la responsabilidad ¿por cuenta de quiénes corre? ¿El Gobierno Nacional? ¿Los empresarios? Amanecerá y veremos, pero, las experiencias mencionadas dan a entender lo perjudicial de asignarles la responsabilidad solo a uno de los entes mencionados. Ha de ser balanceado y compartido.

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