Mi inquietud por este tema ha despertado la necesidad de interrogar a una persona experta no sólo en la economía del país, sino también en temas de control del narcotráfico y sobretodo en el agro del país. Carlos Gustavo Cano es economista de la Univesidad de los Andes de la ciudad de Bogotá. Hizo un master en economía en Inglaterra, un Postgrado en Government, Business and the International Economy en la Universidad de Harvard y otro en el INALDE en Bogotá. Su trayectoria profesional como Codirector del Banco de la República desde febrero de 2005 y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia lo hace una persona integral con una perspectiva amplia y desarrollada sobre el tema.

C.G: Muchas gracias por esta entrevista y la atención.

M.C: ¿Cómo crees tú que el narcotráfico ha influenciado la economía del país?

C.G: El narcotráfico es el factor más fuerte destructivo de la economía. Ha destruido la economía del país, y no me refiero a las cifras, me refiero al talento humano. Destruyó la agricultura. El narcotráfico y la droga han sido el combustible de la violencia en Colombia, y esa ha sido la tragedia nacional. Ese es el impacto fundamental. Este país ha sido muy violento, especialmente a partir de la llamada apertura económica donde se descuidó la agricultura y donde después de la exitosa política antidrogas que hubo en Perú que desestimuló la siembras y que se aplicó a la interdicción contra los capos colombianos: cartel de Cali, cartel de Medellín, el precio de la hoja de coca cayó en Perú y se bajó mucho el cultivo. Pero cuando se empezaban a desaparecer las fuentes de aprovisionamiento de hoja de coca para los carteles colombianos, estos carteles introdujeron la hoja de coca en Colombia. La hoja de coca no se cultivaba en Colombia en esa época. Hoy en día volvió a ser el primer productor del mundo en hoja de coca.

M.C: ¿Cómo consideras que la fumigación de cultivos ilícitos juega parte en esto hoy en día?

C.G: A mí me parece que en los cultivos industriales grandes es necesaria la fumigación, y el glifosato no es un producto tan dañino como se dice. Yo vengo de una familia arrocera y se aplica glifosato. Eso ha sido un tema más ideológico que tecnológico, y aquí nos invade siempre la ideología más que la tecnología. Hoy en día, todo acto de fumigación tiene externalidades negativas para la salud de las plantas, para la salud humana, no se puede abusar de ello. Sin embargo, si el glifosato es aplicado en las dosis indicadas por los fabricantes y en las alturas indicadas por los mismos fabricantes no debería haber problema. Hay es que vigilar muy bien cómo se aplica. Hoy en día con los drones, se puede localizar mucho mejor la aplicación del glifosato minimizando los daños colaterales.

M.C: Y en cuanto a la legalización de estos cultivos ilícitos, ¿Tú piensas que ayudaría a disminuir la violencia generada por el narcotráfico y sería de alguna manera positivo o realmente no es una solución?

C.G: Yo siempre pensé desde que era estudiante que la forma de disminuir el atractivo del negocio era suspendiendo la prohibición. Quiero hacer referencia a la época de las mafias de los Estados Unidos y de las mafias de Chicago en los años 20´s y 30´s cuando hubo prohibición de las bebidas alcohólicas, eso disparó el contrabando y ese tipo de actividades. Lo que ocurre es que eso no puede ser una decisión de Colombia, sino una decisión de los principales mercados que son los que demandan la droga. Y el principal mercado del mundo que demanda la droga es sin duda Estados unidos. Y no lo va a hacer, no lo ha hecho y no creo que eso sea posible. Si no se legaliza en el mercado más grande del mundo, no hay nada que hacer. Vamos a seguir siendo presa de ese atractivo, que tras la prohibición hace de esta actividad un enorme negocio.

M.C: ¿Consideras que hay manera de dialogarlo?

C.G: Sobre eso se ha dialogado y se ha escrito. Sin embargo, no creo que haya viabilidad para ello.

M.C: El otro día estuve leyendo unos artículos en Semana Sostenible de cómo el proceso de paz había incrementado la tala y deforestación en el Amazonas y lugares de Colombia donde antes no se podía acceder por la violencia para realizar cultivos ilícitos. ¿Cómo consideras que esto se puede detener?

C.G: Creo yo que, desde que se inició el proceso de paz y se anunció un tratamiento muy benévolo para los cultivadores de droga de uso ilícito se expandió tremendamente el cultivo. Se suspendieron las fumigaciones, se anunciaba el acuerdo con las FARC y se anunciaban beneficios para aquellos campesinos que estuvieran dedicados al cultivo de droga; y eso disparó los cultivos. Precisamente la gente dijo: “no, yo me pongo a sembrar porque da y después me van a remunerar para poder terminar eso”. Colombia tiene ya más de 200,000 hectáreas de cultivos de coca, y esa es el área más alta del mundo. Y como eso cambió de manos después de los carteles de Cali y Medellín que se destruyeron pues pasó al cartel más grande del mundo que se llama las FARC. Y resulta que las FARC, a mi juicio, desaparecieron como marca, pero la actividad sigue y toda esa organización mutó y ahora la alianza grande es con los carteles mexicanos que son los grandes comercializadores de Estados Unidos.

M.C: ¿Cómo consideras tu que se puede dar fin a este fenómeno?

C.G: Me parece que tiene que haber siempre un acuerdo internacional sobre el asunto. Y tenemos que tener una determinación fundamental para recuperar la agricultura lícita. Esta no se recupera a punta de sembrar inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad de la tierra. Creo yo que, ha habido más ideología que tecnología. Hay que pulsar la gran agricultura, la inversión nacional y extranjera de generación de empleo agrícola para estas víctimas que son los pobres campesinos que están sometidos al cultivo. Y que además no ganan dinero. El dinero se lo ganan la cadena de agregación de valor a través de la comercialización. O sea los mexicanos, los carteles y las FARC.

M.C: ¿Qué políticas económicas se podrían implementar para esto?

C.G: Ese tema de la conversación internacional al respecto ha sido ensayado muchas veces, yo perdí la fe en esa viabilidad. Pero te puedo responder inspirado en la experiencia de cuando viví en Perú del año 1999 al 2002, cuando trabajé en desarrollo alternativo, en Perú y en Bolivia en el campo: no en una oficina. Aprendí algo de los peruanos que se montó en el primer gobierno de Fujimori, cuando lo asesoró el economista Hernando de Soto: “Si usted persigue a los productores de coca, esos productores de coca van a buscar la protección de Sendero Luminoso (la guerrilla peruana). Y segundo, si usted destruye los cultivos, pero no destruye al comprador los cultivos simplemente van a cambiar de sitio. El efecto globo”. Y lo que montó ese gobierno en ese momento fue la interdicción aérea contra los capos colombianos que eran los compradores de coca. Entonces, cuando tú debilitas al comprador, la cadena de comercialización se encarga de generar un desestimulo para las siembras. Cuando no hay un comprador, la hoja de coca cae de precio. Y eso fue lo que paso en Perú y fue exitosísimo. Entonces, trayendo acá esa experiencia, yo diría que aquí lo que hay que hacer es atacar, destruir al comprador de la hoja de coca. Destruir los grandes carteles mexicanos que se han asociado con las FARC y ex FARC; Llorente, Catatumbo, Putumayo, etcétera. Es atacar al comprador de la hoja de coca, no atacar al cultivador de la hoja, eso no solamente es injusto e inmoral sino absolutamente contraproducente y desde el punto de vista político, torpe.

M.C: ¿Y con atacarlo te refieres a qué explícitamente?

C.G: A hacer una interdicción, tratar de capturarlos y hacer justicia. Porque el comprador de la hoja de coca es quien sostiene el negocio, crea el estímulo y somete de manera esclavista a los campesinos. Hay que lesionar la demanda para producir una caída en la hoja de coca, y así desestimular la producción. Pero, simultáneamente y necesariamente acompañado por una política agrícola que genere gran agricultura, que arrastre empleos.

En el Banco de la República hicimos una vez un trabajo para analizar ¿quién es más beneficiado en el campo: el campesino que es empleado de una empresa agrícola formal, o el campesino que tiene un pedazo de tierra? Los que más ganan son los asalariados, más que los propietarios, eso es una gran falacia que esta cargada de ideología en el país. Es una discusión bizantina que no ha conducido a nada concreto sino a grandes equivocaciones en políticas públicas.

M.C: Has repetido varias veces la frase de que estamos llenos de ideología y no de tecnología, ¿Puedes explicar un poco más a qué te refieres?

C.G: Cada vez que yo oigo hablar sobre política de tierras vienen los ideólogos a hablar de izquierda, derecha, de centro. Entonces, todo está cargado de ideología en el sentido de que se piensa que sólo de tierra vive el hombre. Que solo un pedazo de tierra adjudicado a un campesino es la redención. Resulta que la agricultura es intensiva en conocimiento, es intensiva en tecnología. Tú vas al Perú, y ves cultivos de espárragos, de uva de mesa, de cochinilla, de mandarina, lo que tú quieras. Con alta tecnología y alta productividad, y muchos éxitos en mercados internacionales. ¿Quién maneja eso? Es una persona que no pasa de 38 años, biólogo o agrónomo de la Universidad de la Molina con un MBA en Cornell o un administrador de la Universidad del Pacífico, equivalentes a la Universidad de los Andes, con una maestría en biología en Davis, California. Ese es el administrador, el gerente, el talento humano que necesitamos para arrastrar agricultura.

Hoy en día, Colombia se quedó atrás en materia de tecnología. Como la violencia y el narcotráfico abortaron la vocación de los jóvenes por el negocio agrícola, el negocio agrícola está destruido, con muy pocas excepciones empieza a reverdecer. Pero nos va a tomar tiempo y no podemos soslayar el hecho de que es la gente joven con talento, con conocimiento, con tecnología la que puede sacar el sector agrícola hacia adelante. Mira María Camila, cuando yo estaba niño, conocí la revolución verde de los años 60 y 70, los años más brillantes de la historia de la agricultura en Colombia; no había narcotráfico, había prosperidad en el campo, había una tranquilidad enorme en ese sentido, y eso hay que repetirlo. Si vamos a hablar de agricultura hoy, se trata de tecnología. Pero si vamos a hablar de políticas sociales, pues hay otros instrumentos diferentes a la propia agricultura.

M.C: ¿En un escenario hipotético donde se lograran infiltrar los capos y sistemas de la hoja de coca, qué pasa con toda la tierra baldía?

C.G: Esa tierra la recupera el Estado a través del proceso de extinción de dominio y de la restitución de tierras. A mi juicio, esa tierra debería recuperarla el Estado y no necesariamente devolvérsela a quienes la perdieron. Esa tierra es la gran oportunidad para hacer un relevo generacional, re adjudicársela a los jóvenes de talento que de manera asociativa y por concurso presenten proyectos productivos con tecnología de vanguardia. Pero no a través de la propiedad privada, sino a través de concesión, a través de relaciones contractuales, leasing, usufructo, en periodos de 50-80 años. Y con el producto que genere esos pagos por arrendamiento o leasing, configurar un gran fondo de pensiones para los despojados. Si tú le preguntas a un campesino hoy que ya tiene 70 u 80 años, que perdió la tierra hace 30 años: ¿prefiere el pedazo de tierra que tenía antes o una pensión decente? Se va por la pensión inmediatamente. Eso no tiene sex-appeal político y electorero, pero eso es lo que realmente debería pensar el país si quiere hacer un relevo generacional con un avance tecnológico y que agregue valor real.

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Angelino Garzón (Vicepresidente de la República), Rodrigo Rivera (Ministro de Defensa) y Juan Camilo Restrepo Salazar (Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural), pusieron en operación el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras -CI2RT-.

CI2RT se concibe como un esquema excepcional de seguridad para los campesinos beneficiarios de la política de titulación y restitución de tierras del que hará parte el Ministerio del Interior, las Fuerzas Militares y la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría y cerca de una veintena de entidades y organismos de seguridad del Estado.

El ministro de Defensa destacó tres de las prioridades fundamentales del CI2RT:

1. Blindar el proceso de restitución contral el riesgo de captura, infiltraciones o presiones por parte de grupos armados ilegales.

2. Coordinar la inteligencia del Estado sobre la seguridad en zonas de restitución.

La secretaría técnica del CI2RT, reveló el primer mapa de riesgo para el proceso de restitución de tierras. En el se advierte que en cuatro municipios el riesgo es extremo; en 54 es alto; en 16 es medio y en 445 es bajo.

“Este es un mensaje perentorio a los criminales, a los testaferros, que con el engaño y el terror, pretenden que esta decisión de Gobierno, de Estado, se paralice. A los criminales les decimos que no nos vamos a paralizar y por el contrario, la orientación del presidente Juan Manuel Santos es ir hasta el final en este proceso de restitución y titulación de tierras”, dijo el vicepresidente Angelino Garzón.

“La política de titulación y restitución es de la más alta prioridad social del actual gobierno y aunque este propósito tiene riesgos, los queremos anticipar con inteligencia y seguridad acentuada”, indicó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar.

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