Todas las acciones del pasado las podemos ver reflejadas hoy en día. En el 2017 la organización internacional Oxfam realizó un análisis sobre la concentración de tierra en Colombia presentado en el informe Radiografía de la Desigualdad, y entre muchas conclusiones expusieron que “el 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas” (Oxfam, 2017)

Observando dichos números, es evidente que hay un problema de desigualdad en la repartición de tierras en Colombia. Ha habido diferentes propuestas y muchos puntos de vista alrededor de la solución de esta problemática; sin embargo, no se ha encontrado un punto de acuerdo para la realización de una nueva repartición de tierras.

Bajo el mandato del nuevo gobierno de Gustavo Petro, se han abierto discusiones que giran en torno a la desigualdad de tenencia de tierras. Y el último acontecimiento, quizás uno de los más importantes de los últimos años, fue el acuerdo entre Fedegán y el Gobierno Nacional por la compra de tres millones de hectáreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. (Presidencia de la República, 2022)

Por supuesto, es un hecho histórico para Colombia la construcción de un acuerdo donde un sector como el agropecuario, que ha sido golpeado tan fuerte por el conflicto armado, esté encontrando un rumbo para su desarrollo. Este acuerdo resulta ser un hecho clave para la evolución del campo en país.

Ahora, es momento de esperar para saber cómo será la metodología de compra directa de los terrenos en cuestión. Pero más importante, es el uso que se le darían a los terrenos otorgados a los campesinos para su sostenibilidad.

El acuerdo es un principio de un proyecto a largo plazo que defina la situación agraria del país. Es momento de impulsar los proyectos de alta eficiencia en el campo. A su vez, crear nuevas facilidades económicas, sociales y fiscales para que esos campesinos tengan cómo mantener sus predios y evitar un círculo vicioso en el que los campesinos reciban tierras y luego tengan la necesidad de venderlas para cubrir sus gastos operativos.

Los pequeños productores no solo necesitarían de tierras para su subsistencia, sino de un flujo de capital del que el gobierno tiene que hacerse responsable para que estos acuerdos tengan éxito. Ahora, con capital, nuevos pequeños terratenientes tendrán la libertad de escoger el rumbo de su proyecto agropecuario.

Uno de los proyectos que más llama la atención en pequeñas distribuciones de tierra es el pastoreo racional Voisin. Este concepto no es nuevo; de hecho, es un pilar de la eficiencia en el negocio de la ganadería. Además, ha evolucionado en tecnificación con el fin de tener menores costos de operación y de infraestructura. ¿Cómo podría planteársele a un campesino dicho negocio?

La construcción de un proyecto Voisin, por ejemplo, que consta de cuatro leyes importantes. La primera se refiere al descanso que el pasto debe tener entre dos pastoreos. El descanso depende de las características fisiológicas de la planta y a su vez del clima en el que se quiera desarrollar el proyecto. La segunda ley habla del tiempo de ocupación de los potreros. El objetivo de esta ley es que el pasto no sea cortado dos veces por los animales en el mismo período de ocupación del potrero. Para esto, se utilizan tiempos de pastoreos cortos de entre 2 a 4 días como máximo por rotación. Como tercera ley, el PRV (Pastoreo Racional Voisin) explica que la altura del pasto debe oscilar entre 60 y 80 centímetros para que sea cómodo para los animales la ingesta de alimento. Por último, la cuarta ley explica que los animales no deben permanecer más de 72 horas en el mismo potrero, pues, está demostrado que los bovinos presentan mayores conversiones de kilogramos en las primeras 24 horas de ocupación de los potreros. (Voisin, 2004)

Asimismo, hay muchos proyectos que recaen en la genética para proyectos lecheros, sin embargo, también dependen de la zona climática en la que se encuentren. Es posible pensar en muchas alternativas, sin embargo, hay que explorar las zonas de operación del acuerdo planteado por el Gobierno Nacional y Fedegán, para comenzar a solidificar las ideas y los proyectos posibles. Al final, el bienestar de la población es importante y pensar en el desarrollo del agro también lo es.

Referencias

Oxfam. (2017). Radiografía de la Desigualdad. Recuperado de: https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualdad

Presidencia de la República. (2022). MinAgricultura y Fedegán logran acuerdo para compra de tierras. Recuperado de: https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/MinAgricultura-y-Fedegan-logran-acuerdo-para-compra-de-tierras-221006.aspx

Contexto Ganadero. (2014). Las leyes Voisin mejoran la ganadería en todo el mundo. Recuperado de: https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/las-leyes-voisin-mejoran-la-ganaderia-en-todo-el-mundo

Piñero, L. (2004). Pastoreo Racional Voisin. Tecnología Agroecológica Para el Tercer Milenio.

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Adicionalmente, quiero hacer énfasis en que, dada la forma en la que se negocia en el campo, resulta mucho más fácil caer en errores que nos den problemas. Cabe resaltar el contexto del sector rural en Colombia donde nos encontramos con las siguientes problemáticas: 1) persiste la irregularidad en la tenencia de tierras como la falta de titularidad,2) hay problemas de desplazamiento forzado, testaferrato[2] y 3) actividades vinculadas a narcotráfico, por citar algunos ejemplos.

Una de las grandes dificultades es entender las disposiciones legales que regulan determinas materias y el lenguaje en el que están redactadas. Pero, una vez son conocidas podemos darnos cuenta de que existen mecanismos para proteger nuestros intereses y blindarnos ante requerimientos de las autoridades competentes.

Empezaremos explicando la esencia de un contrato de compraventa. Esto es un acuerdo de voluntades en donde el vendedor se obliga a entregar una cosa, a cambio del pago de un precio por el comprador. Es decir, resulta importante llegar a un acuerdo sobre la cosa[3] y el precio. Sobre estos dos puntos hay que tener en cuenta que la cosa debe ser detallada con el número de cedula catastral y linderos para que no haya lugar a dudas sobre qué es lo que se está transando. Respecto del precio debe dejarse clara la suma que se está pagando o en su defecto dejar clara la forma en que se va a determinar dicho precio[4] con la respectiva forma de pago.

Ahora bien, para la compraventa de bienes denominados “inmuebles”, como lo son las fincas, la ley contempla unos requisitos adicionales. Esos requisitos adicionales son las “solemnidades”.

Es decir, que para que se pueda realizar una venta efectiva de un lote es necesario cumplir unos pasos adicionales, que son: 1) la realización de una escritura pública en cualquier notaria del país y 2) inscribir ese documento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio donde se encuentre ubicado el bien. Lo anterior es un requisito fundamental para que se dé por sentado el traspaso de la propiedad. Si el bien que se busca comprar por medio del contrato presenta problemas legales, es muy posible que el último paso del registro de la escritura no pueda realizarse. Como consecuencia de lo anterior, entenderíamos que el vendedor incumplió el contrato dado que era su obligación la transferencia de la propiedad. Sin embargo, hay circunstancias en las que es posible realizar el registro de la escritura, pues al momento de la celebración del contrato de compraventa todo pareciera estar en orden. Aún así, es posible que se presenten otros inconvenientes tiempo después.

Para ponerlos en contexto los invito a que se imaginen la siguiente negociación. Usted está interesado en adquirir un predio para cultivar y encuentra el indicado. El dueño del predio está interesado en vender. Los documentos se encuentran al día, redactan el contrato, se detalla el predio objeto de la compraventa con el número de matrícula inmobiliaria y linderos, se pacta el precio, se dirigen a la notaria para el otorgamiento de la escritura pública, y finalmente inscriben los documentos en la oficina de registro de instrumentos públicos. En suma, se entendería que se ha cumplido con todos los pasos descritos para celebrar la compraventa y transferir la propiedad.

Los problemas pueden surgir después. Resulta que el vendedor es un narcotraficante, un testaferro o un político corrupto. Todos ellos tienen en común el hecho de que adquirieron el predio con dinero derivado de actividades ilegales. El caso está en manos de la Fiscalía, que emprende un proceso de extinción de dominio con el fin de que la propiedad del bien sea ahora del Estado.

Cultivo de coca intervenido por las autoridades. Extraído de: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/produccion-de-cocaina-en-2016-en-colombia-es-la-mas-alta-en-toda-la-historia-108944

Estaría usted como comprador en un proceso judicial donde la única defensa para mantener la propiedad del lote es la buena fe exenta de culpa. Esto consiste en demostrar que usted durante la negociación de la compraventa actuó de forma diligente en la medida de sus capacidades para verificar la legalidad del bien[5]. Es decir, que el bien no provenga de una persona vinculada con delitos que conlleven a la acción de extinción de dominio[6], o que el vendedor anteriormente haya utilizado el bien para actividades ilegales, como tener un laboratorio de drogas.

Por lo tanto, se recomiendan las siguientes acciones: 1) solicitar el certificado de libertad y tradición del inmueble disponible en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro donde se evidencian todos los propietarios anteriores del inmueble. Con esos datos es posible hacer una búsqueda rápida en base de datos públicos para establecer una conexidad de esos propietarios con ciertos delitos. 2) Es posible solicitar un derecho de petición a la fiscalía general de la nación sobre información que ellos tengan sobre el inmueble y sus anteriores propietarios. Lo último no es estrictamente necesario, pero le daría una mayor seguridad, muy recomendable si su patrimonio está en juego.

Como moraleja de este artículo sea muy precavido con quien hace negocios. Agote todos los medios que estén a su alcance para asegurarse que no hay nada ilícito en la persona o en el negocio que está realizando. De forma que tenga la tranquilidad y seguridad que posteriormente a la compra del inmueble no tendrá ningún problema con las autoridades del país y tanto sus inversiones como su patrimonio estarán a salvo.

[1] Estudiante de derecho y administración de la Universidad de los Andes.

[2] Es la actividad en la que una persona presta su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos.

[3] Entiéndase por cosa, el bien que se está vendiendo

[4] Por ejemplo, es posible establecer que el valor acordado para el pago es lo equivalente a 10.000 dólares a la tasa representativa del mercado o lo equivalente a 10.000 libras de café en la bolsa de Nueva York el día del otorgamiento de las escrituras.

[5] La legalidad del bien tanto por procedencia como por destinación.

[6] Los delitos sujetos a la extinción de dominio puede ser el narcotráfico, lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

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La razón por la cual dichos países están estableciendo campañas para promover la siembra de esta especie recae en los beneficios ambientales que dicho árbol trae. En primera medida, este árbol tiene la capacidad de absorber el doble del dióxido de carbono que un árbol normal. Además su tiempo de reproducción es un tercio del tiempo que toma un árbol normal en reproducirse. Sin embargo, esta especie puede convertirse en una especie invasora. En el 2011 “la universidad de La Salle logró desarrollar una tecnología que permite ‘colombianizar’ la paulownia, conocida también en Japón como ‘kiri’, para que crezca en cualquier región del país como si fuera nativa y no se vuelva invasora.” (El tiempo, 2011) Pese a los avances y los beneficios ambientales que esta especie puede traer a la humanidad, el gobierno Colombiano no ha realizado programas o campañas para incentivar la siembra masiva de esta. La razón fundamental es que el gobierno está destinando sus esfuerzos para aumentar los productos agrícolas de exportación (El tiempo, 2017) y para mejorar las técnicas y los recursos que tienen los productores (Portafolio, 2016)

Debido a la importancia que representa el sector agropecuario para la economía del país por el alto número de personas que dependen de este sector, es necesario observar los beneficios económicos que esta especie puede brindar. En primer lugar, este árbol se destaca por hacer un buen uso de los recursos disponibles, consumiendo en menor medida recursos como el agua. Además su madera suele ser de alta calidad para la elaboración de productos de carpintería o de papel, teniendo la ventaja de producirse de manera rápida en un lapso de nueve años a diferencia de un árbol normal que puede tomar hasta 40 años. De igual forma, su vida útil es extensa y al ser talada, la Paulownia se regenera por sí misma. Por otro lado sus hojas suelen ser proveedoras de grandes nutrientes para el suelo y son alimento para ganado. Por estos motivos esta especie de árbol es considerada como una oportunidad agropecuaria que ofrece una alta rentabilidad ofreciendo un valor aproximado de mil euros anuales por hectárea (Revista m&m). Su fácil manejo y capacidad de adaptarse a cualquier clima hacen de esta especie una solución a una problemática social y ambiental sin dejar de lado los beneficios económicos.

Considerando estos aspectos es determinante que el Gobierno empiece a establecer estrategias para incentivar la producción de la Paulownia, pensando principalmente en los beneficios ambientales que se van a generar. Para lograr esto se debe educar a los diferentes agropecuarios para demostrarles los beneficios económicos y ambientales que la siembra de esta especie puede traer. Por este motivo el gobierno no solo debe destinar sus esfuerzos en la expansión del sector agropecuario con el fin de brindar beneficios económicos al país sino que debe buscar soluciones que sean sostenibles en el tiempo y que puedan tener efectos similares o mejores.

Bibliografía

Portafolio. (14 de 4 de 2016). Incentivos para créditos del plan Colombia Siembra. Portafolio .

El Tiempo. (4 de 2 de 2017). Colombia tiene 26 productos agrícolas con potencial exportador. El Tiempo .

El Nuevo Siglo. (8 de 1 de 2017). Kiri, un árbol increíble. El Nuevo Siglo .

El Tiempo. (18 de 6 de 2011). Logran que el ‘rey’ de los árboles crezca en Colombia. El tiempo .

Revista M&M. (s.f.). Paulownia: Valioso Género que Conquista el Mercado. Recuperado el 6 de 2 de 2017, de Revista M&M: http://www.revista-mm.com/ediciones/rev59/paulownia.pdf

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Las dichas regiones fueron azotadas por los grupos armados ilegales. En el caso de Montes de María esto fue causado por los paramilitares que controlaron la región. Luego de su desmovilización y para evitar la entrada de nuevos grupos, el Estado creó alternativas para los campesinos y hoy día hay empresas con grandes latifundios y cooperativas campesinas en esta que producen tabaco y otros productos. Ya que lo que se hizo fue crear las condiciones para volver competitivo este lugar, esto será posible en otros sitios similares.

Proponer este correctivo de un plan de vías terciarias en los acuerdos con las Farc es necesario para quitarles el control de ciertas zonas. Para las elecciones de segunda vuelta presidencial, se confirmó que las Farc presionaron en varias zonas de Nariño para votar por Juan Manuel Santos. Curiosamente, en estas mismas zonas (El Rosario, Providencia y Samaniego en Nariño) los resultados de segunda vuelta y de los votos por el “sí”, fueron idénticos. Esto se repite en lugares con alta presencia de cultivos ilícitos como Tibú o en el Putumayo. Con los cultivos ilícitos en alza, lo más probable es que haya presión futura por parte de algún grupo armado para las elecciones. Es por eso que un plan de vías hará que el Estado recupere el control de estas zonas para garantizar procesos electorales limpios y sin presión de ningún grupo armado ilegal.

Lo planteado en el Acuerdo deja mucho que desear en este sentido. En primer lugar, las Farc afirman que ellos tienen una relación lejana con la producción de droga en Colombia, cosa falsa así. En segundo lugar, los acuerdos en sus páginas 89 Y 90 hablan de un proceso de sustitución donde se deben crear “condiciones de bienestar” pero no se especifica el proceso para esto. Si se remite uno a la parte rural del Acuerdo, aunque se habla a fondo de elementos como el Fondo de Tierras, sólo se enumera la infraestructura como elemento importante en el campo en la página 10 en el punto de integralidad.

Sólo a manera de anécdota, en El Salvador cuando el gobierno construyó una autopista por la mitad de la selva, el FMLN perdió su retaguardia estratégica, contribuyendo a su derrota final. Siendo la infraestructura uno de los problemas históricos del agro colombiano, sorprende que una guerrilla que se ha empeñado en destruirla, no profundice en su modernización. Para que el Acuerdo de verdad sea integral, propongo que se creen unos planes viales parecidos a los 4G donde se plantee conectar lugares como el Putumayo, Tibú, zonas del Nariño y del Chocó a las principales vías de comunicación nacional. Incluso se podría plantear que de la fortuna de 33 billones de pesos de las FARC, se financie una parte. De esta manera, el Estado mejorará la competitividad de estas regiones, habrá empleo y además creará lo básico para poder llevar otros elementos tales como servicios públicos a estas zonas.

Este plan de vías terciarias traerá muchas ventajas a estas regiones. Las 4G cuestan más de 112 billones de pesos o casi 15% del PIB, por lo cual un plan de vías terciarias aportaría un monto del PIB en regiones apartadas de los centros urbanos. De igual manera, sería una oportunidad de corregir los problemas estructurales del campo como lo es la conectividad con los centros urbanos. Sólo para poner un ejemplo, si se arreglaran las vías terciarias entre Yopal y Sogamoso además de mejorar esta vía, la vía Bogotá-Villavicencio se descongestionaría significativamente y además los productores de Arauca, Vichada y Casanare tendrían otras opciones para enviar sus productos a Bogotá vía Boyacá. Los ahorros en costos se verían reflejados en los precios de los alimentos y el empleo en estos lugares aumentaría significativamente durante la construcción de las mismas.

Es importante que la financiación sea realista. Si se ponen demasiados peajes como en algunas vías de Colombia, se encarecerán los productos. Por lo tanto, el gobierno puede destinar una parte de las regalías para esto. Ya que hace poco se pasó una ley poniéndole altos impuestos a las bebidas alcohólicas, lo mejor sería destinar estos recursos a mejoras de las vías terciarias. Es así que aunque haya un aumento del costo de bebidas como el aguardiente, las mejoras en su transporte podrían compensar el alza de precios. Otra opción sería destinar ciertos montos (i.e. 3% del presupuesto departamental) para la mejora de las dichas vías. Lo cierto es que estas son poco rentables para los consorcios, por lo cual no es seguro que haya APPs, pero es necesario que el Estado busque los recursos para darle un empujón a los productores locales, recupere el control de las zonas cocaleras y ayude a que la sustitución de cultivos tenga alternativas viables más allá de un precio alto de la cocaína.

Para concluir, esta oportunidad de corregir una de las fallas estructurales del agro no se puede desperdiciar. No se puede afirmar como dicen varios que el agro perdió en el plebiscito. Al contrario, si se logra superar este atraso vial, habrá valido la pena la espera. Construir carreteras es una forma de presencia estatal y de quitarle el control de territorios a los violentos. Es por esto que aunque unas APP son poco factibles, usar fuentes de financiación tradicionales y ponerle un orden al gasto estatal serán efectivos para efectuar estos cambios.

Adicional a esto se plantean algunos correctivos para ayudar a destrabar el Acuerdo

1. El Lunes 10 de Octubre, más de 400 empresarios enviaron una carta al gobierno donde dicen estar a la orden para destrabar los mismos ¿Por qué no amnistiar rápidamente a la denominada guerrillerada de las Farc (5700 integrantes aproximadamente, sólo culpables de rebelión) y que estos empresarios les den trabajo en su empresa? No serían grupos muy grandes (en promedio 15 por empresa) y se les daría una opción de trabajo digno a estas personas. Estoy seguro de que pueden ayudar en cosas como hacer caminos por plantaciones o de guardabosques
2. Uno de los problemas de esta solución es la vivienda de los mismos. En vista de la gran afluencia de personas que fueron a las marchas de Octubre 5 de 2016 para motivar al gobierno a seguir buscando un acuerdo¿Por qué estas personas no se proponen como voluntarios para darles un albergue en sus hogares
3. Con el fin de ubicar a estas personas en el mercado laboral el Ministerio de Trabajo podría tratar de coordinar programas específicos para que el proceso sea lo más pronto posible y así ahorrarle costos al Estado sobre la manutención de la dicha guerrillerada en el post acuerdo.
4. Con estas pequeñas propuestas se busca dar algunas soluciones muy simples (15 personas nuevas para empresas grandes no es tanto) y si al menos una de estas es tenida en cuenta, habrá valido la pena.

   Es bueno saber: ¿Por qué está mal usar frases como “millones y millonas”, “todos y todas”?

   Muchas de las lenguas romances usan el plural masculino para incluir a varios géneros y así hacer uso de la economía lingüística. Tal caso es el del español “nos fuimos de paseo”, el occitán “totes los passatgiers son tristes” (todos los pasajeros son tristes) o el francés “ils sont étudiants” (ellos son estudiantes). Ya que el masculino es el género no marcado es correcto usarlo y así ahorrarse frases como “los trabajadores y las trabajadoras”, ya que se puede caer en errores como “los libros y libras”, etc. Esto se trae a colación ya que el Acuerdo tiende a caer en esto error en muchos lugares (i.e. “comunidad-hombre y mujer-“, “líderes y lideresas”), por lo cual se recomienda corregir la redacción para tener economía del lenguaje.

Bibliografía:

El Espectador. 17 de Noviembre de 2015. La paz pendiente de los Montes de María. Recurso en línea. Recuperado en http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vice/paz-pendiente-de-los-montes-de-maria-articulo-599897

La Silla Vacía. Las 80 tundas de Santos a Zuluaga. Recurso en línea. Recuperado en http://lasillavacia.com/historia/historia-municipios-atipicos-47997

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados del plebiscito. Recurso en línea. Consultado en http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPL23115ZZZZZZZZZZZZ_L1.html

Acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc. Recurso en línea. Consultado en https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf

El Espectador. 4 de Octubre de 2016. Licores, las nuevas regalías. Recurso en línea. Recuperado en http://www.elespectador.com/noticias/economia/licores-nuevas-regalias-articulo-658552

El autor aclara que apoya al gobierno y a los voceros del NO a seguir persistiendo en la renegociación de los acuerdos y que le pesa mucho no haber podido ir a las dichas marchas, ya que no sabía de estas.

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El negocio de la palma afronta varios temas críticos en su entorno. En primer lugar, existe un alto numero de conflictos de tenencia de tierra que afectan directamente la productividad de sus operaciones. Se destacan casos en el Urabá (Chocó), Guapi (Cauca), Tumaco (Nariño), El Peñon, Regidor, Rioviejo, San Pablo, Simití y Cantagallo (Sur de Bolívar), entre otros. Muchos de estos casos han sido por causa del desplazamiento de poblaciones campesinas y étnicas. En segundo lugar, la promoción de proyectos palmeros en territorios colectivos que no cuentan con un adecuado análisis de viabilidad pone en peligro la rentabilidad y a la vez la productividad del cultivo; lo cual afecta los resultados del sector en gran medida. En tercer lugar, las precarias condiciones laborales y sociales por parte de pequeños productores ponen en evidencia el incumplimiento de los derechos humanos en algunas zonas palmeras. Por último, la expansión no planificada de cultivos de palma de aceite sin atender a criterios de ordenamiento territorial y a la protección de áreas con alto valor de conservación hace que mucha de esta tierra no sea sostenible ambientalmente.

Tomado de: Fedepalma

La agroindustria de la palma de aceite en Colombia ha mostrado un gran dinamismo en la presente década con relación a las otras industrias agrícolas. Se ha notado un crecimiento anual del área sembrada de 9% en los últimos 5 años; hoy en día el aceite de palma representa el 93% de la producción nacional de aceites y grasas y la industria de biocombustible ha permitido una ampliación del mercado doméstico. En 2015 el mercado interno representó el 66,4% de las ventas, mientras que el mercado de exportación tuvo el 33,6%. En el gráfico #1 se podrá ver cuáles fueron los aceites exportados y cuál es el líder en el mercado de la exportación.

Gráfico # 1

Tomado de: Fedepalma

En el gráfico anterior podemos ver cómo, a través de los años, ha aumentado la demanda del aceite colombiano en el mercado internacional. Actualmente el país lidera la producción de aceite de palma en América pero apenas cuenta con una participación del 2% mundial. Bien sabemos que el aceite de palma es por lejos el que más se comercializa (entre todos los aceites), sin embargo, la gráfica # 2 nos muestra los países que importan aceites colombianos (en Miles de Dólares).

Gráfico # 2

Tomado de: Fedepalma

Hoy en día 1.264.695 Toneladas anuales de aceite de palma son consumidas en Colombia, mientras que 520.515 Toneladas son exportadas.

Gráfico # 3

Tomado de: Fedepalma

Para concluir, cabe resaltar el crecimiento paulatino que ha tenido la industria palmera a través de los años. En el gráfico anterior vemos un histórico de plantaciones desde el año 2000 hasta el 2015. Aquí vemos cómo el sector ha crecido a lo largo del tiempo. Sin embargo falta mucho desarrollo en el sector tanto como en campo colombiano si quiere ser competitivo en el ámbito internacional.

Gráfico # 4

Tomado de: Fedepalma

Bibliografía

• Corporación para el desarrollo industrial de la biotecnologia y produccion limpia. CORPODIB. Tomado el 4 de marzo de 2016 de: http://www.si3ea.gov.co/si3ea/documentos/documentacion/Biodiesel/Capitulo%202.pdf
• Castro, A. (2009). Taller desarrollo rural en Colombia. Fedepalma. Tomado el 4 de mar. de 16 de: http://www.indepaz.org.co/blogs/palma/wp-content/uploads/2012/09/Presentacion-Fedepalma-Emb-Francia-copia.pdf
• Fedepalma. (2016). Tomado el 4 de marzo de 2016 de: http://sispaweb.fedepalma.org/SitePages/Home.aspx
• Martínez, G. (2013). Panorama de la agroindustria palmera- retos y oportunidades. Fedepalma. Tomado el 4 de marzo de 2016 de: http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Fedepalma/Panoramaagroindustriapalmeraretosyoportunidades_opt.pdf

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Colombia era una ‘mina de oro†para los conquistadores españoles, pues las extracciones de metales preciosos eran abrumadoras y representaban la principal fuente de ingresos dentro de la economía del Virreinato de la Nueva Granada. Por otra parte, la ganadería no era vista como una actividad económica rentable en zonas mineras, pero sí lo empezó a ser en zonas que carecían de riquezas en metales. Este fue el caso particular del Cesár y los Llanos Orientales a donde los animales llegaban por el Magdalena para el primero y por Venezuela para el segundo. La ganadería se convirtió allí en la actividad principal de los pobladores; y como pioneros iniciaron otros usos que podían aprovechar del animal, además de la carne: tales como los cueros.

Durante el siglo XVI, la demanda de carne bovina aumentó desmesuradamente, esto hizo que la ganadería se extendiera por todo el país. A partir de esta expansión se comenzaron a pensar en nuevos factores como: tipos de razas, clases de ganadería, zonas de población animal y logística de transporte y distribución del animal. Las razas que ingresaban al país eran traídas del antiguo Continente, especialmente de España. Dentro de las más destacables se encontraban: Gallega, Berrenda y Andalucía; que después de varias generaciones de cruces se fueron formando razas criollas. Aunque eran razas que se adaptaban muy bien al trópico Colombiano, no generaban el mejor rendimiento en otros tipos de ganadería a parte de la ceba, fue por eso que a principio del siglo XIX, iniciaron la importación de nuevas razas tales como: Normanda, Pardo Suiza, Holstein y Jersey; que contribuyeron considerablemente al mejoramiento del hato lechero colombiano. Con estas nuevas razas bovinas, se logró especializar cada región del país en una actividad distinta, por ejemplo, la Sabana de Bogotá se caracterizaba por tener lechería con animales de raza Holstein y Normanda, en cambio en zonas mas tropicales como los Llanos Orientales y la Costa Caribe las razas debían ser mas resistentes, y fue allí donde la raza Cebú, originaria de India, pero importada a Colombia del Brasil llegó a dominar en su totalidad la producción de carne en Colombia.

El proceso evolutivo de la ganadería ha marcado un sello dentro de la economía y cultura colombiana. Uno de los factores más importantes al cual se debe este desarrollo e importancia de esta actividad es a la agrupación y unificación de pequeños campesinos que impulsaban el desarrollo productivo de la actividad. Sin embargo, este compromiso de desarrollo se limitó hasta la ganadería extensiva ya que la inversión más grande era la tierra, no el animal como tal. Los bajos precios pagados por la carne, debido a que la calidad no ha sido una ventaja competitiva, explican que la tecnificación no haya sido la prioridad. Ésta requiere de altas inversiones que representan un riesgo que el ganadero aún no está dispuesto a correr.

De ahí que los dueños del hato colombiano deben dar un paso adelante para pasar de técnicas de época de la Conquista a procesos que generen mas tecnificación y rendimiento al finquero del país.

Twitter: stephie_go

Correo: s.gomez92@uniandes.edu.co

Bibliografía

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2012/ganaderiahttp://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2629/1047396260-2011.pdf?sequence=1

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Las ZRC nacieron con el objetivo de “fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas” (Decreto 1777, 1996). A pesar de que las ZRC llevan más 20 años como parte de nuestro ordenamiento jurídico, últimamente volvieron a ser objeto de debate público cuando las FARC-EP, dentro de sus diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino, plantearon destinar 9 millones de hectáreas para la creación de 59 Zonas de Reserva Campesina, con “autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia” (FARC-EP, 2013). Esta extensión representa el doble de la tierra que tiene cultivada actualmente el país (El País, 2013). El miedo de muchos colombianos reside en que estas Zonas de Reserva Campesina se conviertan, como lo dijo el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, en “republiquetas independientes” bajo el mando de los grupos armados al margen de la ley (El Espectador, 2013). Hoy en día, existen 6 Zonas de Reserva establecidas que suman un total de 831.000 hectáreas en 6 departamentos, están pendientes de aprobación otras 7 que abarcan 1â€253.000 hectáreas, y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) habla de la aspiración de 50 comunidades -con 10 millones de hectáreas y 3 millones de campesinos- de ser declaradas también como Zonas de Reserva Campesina (El Tiempo, 2013).

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Este proyecto fue aprobado el pasado 11 de noviembre en tercer debate por la Comisión V del Senado, con una votación de 8 votos a favor y sólo 1 en contra, que correspondió al voto del senador Jorge Enrique Robledo. En ese sentido, al proyecto le quedaría solamente un aval frente a la plenaria del Senado para ser sancionado como ley de la República.

El nuevo proyecto de ley se justifica bajo la premisa de que la mayoría de los baldíos con los que aún cuenta la Nación, principalmente aquellos de la Altillanura colombiana, no son aptos para la economía campesina puesto que requieren de grandes inversiones para ser rentables y por lo tanto, tienen vocación para llevar a cabo grandes proyectos agroindustriales. Sin embargo, las críticas al proyecto de ley no se han hecho esperar por parte de congresistas y diversos sectores de la sociedad civil que no reparan en manifestar sus reservas frente al proyecto, argumentando que éste pretende legalizar la acumulación de baldíos –práctica hoy en día prohibida taxativamente por la Ley 160 de 1994- y favorecer la concentración de la tierra en manos de grandes empresarios y multinacionales, desconociendo así, el derecho primario que tienen los campesinos sobre las tierras baldías. En el pasado artículo expuse los argumentos que sustentan el proyecto de ley y en el artículo de hoy, tengo como propósito, exponer las principales críticas contra el proyecto. De esta manera, el lector puede contar con elementos de juicio que le permitan adoptar una posición informada frente a un tema de actualidad y relevancia.

Al igual que en las anteriores iniciativas del Gobierno por modificar la Ley 160 de 1994 –ésta constituye el sexto intento-, el principal opositor ha sido el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, a quien no le ha temblado la voz para denunciar lo que considera un fraude agrario. Vale la pena recordar que fue el mismo senador Robledo el que reveló las irregularidades en la compra de terrenos baldíos por parte de la multinacional Cargill –la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo-. Entre el 2010 y el 2012, Cargill adquirió 39 predios en el departamento del Vichada que sumaron un total de 52.576 hectáreas por un precio superior a los $73 mil millones de pesos (El Espectador, 2013). Normalmente, esto sería considerado un negocio legítimo si no fuera por el hecho de que los terrenos adquiridos fueron adjudicados como baldíos a campesinos y por ende, les aplicaba la restricción impuesta por la Ley 160 de 1994 que prohíbe expresamente la acumulación de más de una UAF en tierras tituladas inicialmente como baldíos. La estrategia jurídica para burlar la ley, diseñada por la prestigiosa firma de abogados Brigard & Urrutia, consistió en la constitución de 36 sociedades por acciones simplificadas (S.A.S) para comprar uno por uno, los 39 predios. Estas sociedades de papel reportaron un mismo domicilio en Bogotá, idénticos representantes legales o revisores fiscales, miembros repetidos en juntas directivas y la misma actividad de cultivo de cereales (El Espectador, 2013). Cargill no fue la única empresa que violó la ley. También siguieron la misma estrategia empresas como Riopaila Castilla, Poligrow, Mónica Semillas y otras 11 empresas más. Las denuncias del senador Robledo llevaron a la renuncia del entonces embajador en Washington y socio de la mencionada firma de abogados, Carlos Urrutia, a la investigación por parte de la Contraloría de las empresas implicadas y posteriormente, al retiro del proyecto de ley por parte del Gobierno. Más adelante, el Gobierno volvió a presentar una iniciativa similar a la anterior para permitir la acumulación de baldíos con miras al desarrollo de proyectos agroindustriales, pero esta vez, en el Plan de Desarrollo 2010-2014. Nuevamente, el senador Robledo demandó los artículos correspondientes frente a la Corte Constitucional que terminó por darle la razón, declarándolos inexequibles.

Fuente: (Senado de la República de Colombia, 2015).

En el presente proyecto de ley, el senador Robledo y el Representante a la Cámara, Inti Asprilla, volvieron a manifestar las mismas inquietudes de la iniciativa pasada, pues a excepción de unas pequeñas modificaciones, el nuevo proyecto de ley es idéntico al anterior y pretende los mismos objetivos. El proyecto de ley 223 de 2015 plantea un modelo de desarrollo agrícola fundado bajo el principio según el cual los proyectos asociativos entre empresarios y trabajadores agrarios, con o sin tierra, pueden generar actividades de producción a gran escala que permitan maximizar la productividad de la mano de obra y reducir los costos unitarios de producción. En ese orden de ideas, el proyecto de ley pretende declarar unas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) para adelantar proyectos agroindustriales con economías de escala y de caracter asociativo.

La crítica principal que se le hace al proyecto de ley es que viola, de manera flagrante, la restricción en la acumulación de baldíos reglamentada por la Ley 60 de 1994. De acuerdo con la Ley 160, no es permitida la acumulación de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) en tierras inicialmente adjudicadas como baldíos. Por el contrario, el proyecto de ley 223, en el artículo 9, establece que en las Zidres, el ejecutor del proyecto podrá: arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios obtenidos lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen desprenderse del derecho del dominio, hasta completar el área requerida para el proyecto productivo. Es decir, se rompe por completo la restricción de la UAF que tuvo como objetivo en su formulación, lograr que los terrenos inicialmente adjudicados como baldíos permanecieran en la economía campesina y no fueran a parar a manos de grandes empresarios. Lo más grave del asunto es que esta ley le abriría la puerta a la legalización de tierras que fueron adquiridas de forma ilegal, como en el caso de Cargill o Riopaila Castilla, ya que el artículo 12 permite “sanear las situaciones imperfectas garantizando la seguridad jurídica” en las zonas declaradas como Zidres. A pesar de que la versión aprobada por la Comisión V de la Cámara estableció una restricción que excluye a los baldíos adjudicados después de la Ley 160 de 1994, ésta va en contravía directa de los conceptos jurídicos emitidos por el Consejo de Estado, la Contraloría y la Corte Constitucional que afirman que la prohibición de acumular tierras con antecedentes de baldíos, aplica a todas las adquisiciones posteriores a la Ley 160, independientemente del año de su adjudicación (OXFAM International, 2015).

Fuente: (Alianza Verde Sopetran, 2014)

Otra gran crítica al proyecto se encuentra frente a la titulación de terrenos baldíos como tal. Si bien el artículo 7 establece que los terrenos baldíos podrán ser entregados en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio y sólo tendrá lugar cuando se trate de proyectos productivos que integren como asociados al pequeño o al mediano productor, el derecho de los campesinos no se puede reducir a la mera formalidad de contar con un título de propiedad sobre un predio, sino que el Estado debe garantizarles que puedan disponer libremente de sus tierras, es decir, que tengan el poder para decidir qué hacer con ellas. Pero, al declarar las Zidres como zonas de utilidad pública e interés social en el artículo 1 del proyecto de ley y de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, se abre la puerta a la expropiación de la tierra en caso de que el campesino no siga los lineamientos y criterios de productividad definidos por la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA) y se oponga a entrar en el régimen de transición.

Finalmente, la alianza entre campesinos e inversionistas que propone la ley para el desarrollo de los proyectos agroindustriales deja muchas dudas, a tal punto que el senador Robledo las ha llamado “asociaciones entre zorros y gallinas” por su carácter desigual y asimétrico (Canal Capital, 2014). En las alianzas propuestas en el proyecto de ley 223, los campesinos quedan sometidos a lo que decidan los gestores del proyecto agroindustrial ya que no se especifica en absoluto, ninguna participación campesina en las decisiones estratégicas que se adopten en el marco de estas alianzas. Debería precisarse el derecho de los campesinos a contar con voz y voto en los órganos de dirección de los proyectos productivos, pues de lo contrario, su papel se reduciría a aportar su tierra y su fuerza de trabajo, quedando relegados a ser simples jornaleros al servicio de grandes terratenientes. Tampoco se les garantiza a los campesinos derechos mínimos para que vivan en condiciones dignas. Por ejemplo, no se precisa la forma como se remunerará a los trabajadores agrarios que se asocien. ¿Cómo se repartirán las utilidades? ¿Los campesinos tendrán derecho a parte de las utilidades? En cuanto a las condiciones laborales, ¿Podrán las empresas gestoras contratar a sus trabajadores, incluidos los campesinos que se asocien, a través de terceros o deberán hacerlo directamente? ¿Les garantizarán a los campesinos contratos de estabilidad laboral? ¿Los salarios deberán ser superiores al mínimo? (Senado de la República de Colombia, 2015) Como se puede observar el proyecto de ley deja muchas inquietudes que por acción deliberada o por omisión, vulneran los derechos de los trabajadores agrarios.

Fuente: (Canal Capital, 2014)

Los defensores del proyecto, como el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, argumentan que ésta es una iniciativa para potenciar la productividad. Según el superintendente, el 77% de los baldíos adjudicados en el pasado fueron vendidos casi de inmediato (Dinero, 2015). Por eso, se buscó una fórmula para promover el trabajo de grandes, pequeños y medianos empresarios, porque se sabe que se requieren grandes inversiones. El proyecto busca emular la experiencia del “cerrado brasileño” en el que Brasil, mediante la puesta en producción de la soja, azúcar, café, jugo de naranja, carne de aves, carne bovina, tabaco y etanol a gran escala, logró transformarse en uno de los principales productores agrícolas a nivel mundial. En el año 2007, el sector agropecuario brasilero representó el 37% de los empleos y el 36,4% de las exportaciones de ese país (Senado de la República de Colombia, 2015). A pesar de que ésta pareciera ser una opción atractiva para Colombia, existe una diferencia significativa con el caso brasilero y es que desde 1973, Brasil llevó a cabo una gran inversión pública en investigación y desarrollo agropecuario a través de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Esta empresa, adscrita al Ministerio de Agricultura, produjo importantes innovaciones tecnológicas que volvieron la tierra más productiva. Por ejemplo, se logró reducir los niveles de acidez del suelo a través de una bacteria que ayudó a fijar el nivel de nitrógeno, volviendo terrenos infértiles aptos para la producción, se crearon nuevas variedades de pastos y se adoptaron prácticas más efectivas para el cultivo y el barbecho, entre otras. En cambio, el proyecto presentado por el Gobierno para desarrollar la Altillanura deja en manos de las asociaciones las innovaciones agropecuarias y tecnológicas, haciendo poco probable la replicación del éxito brasilero.

Recientemente ha salido a la luz pública un estudio realizado por la Universidad Javeriana, la Universidad de los Llanos y OXFAM que desvirtúa el argumento sobre el que se basa el proyecto de ley 223 que sostiene que las tierras de la Altillanura no son aptas para la producción agrícola familiar. Los investigadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana y de la Universidad de los Llanos analizaron en profundidad a 10 familias campesinas en parcelaciones de Puerto López, Meta. Las conclusiones del estudio señalan que 1) los ingresos obtenidos por la agricultura familiar en la altillanura superan ampliamente, entre 3 y 15 veces, la alternativa de arrendamiento de tierra que proponen los agroindustriales de la zona; 2) que la agricultura familiar en la Altillanura es altamente eficiente y 3) que puede desarrollarse sin la tutoría de los grandes empresarios agroindustriales y sin hacer alianzas productivas con ellos (BusinessCol, 2015). Aunque el estudio está bien documentado, abre la puerta para reconsiderar la viabilidad de la agricultura familiar en la Altillanura colombiana, y más importante aún, resalta la importancia de vincular investigaciones académicas en el diseño de políticas públicas, se debe tener en cuenta que únicamente se documenta la experiencia de 10 familias campesinas de una misma región. Habría que analizar qué tanto se pueden extrapolar los resultados de la investigación a otras regiones de la Altillanura colombiana con condiciones de productividad diferentes. Sin embargo, si se llegase a comprobar de forma científica la inviabilidad de la Altillanura para desarrollar proyectos de economía campesina, tampoco deberíamos satanizar la empresa privada y, sin eufemismos, dejar el desarrollo de la Altillanura en manos de los empresarios nacionales que cuentan con el capital para hacerlo. De manera simultánea, se podría adelantar una reforma agraria en tierras más fértiles como las del Magdalena Medio, donde existen grandes latifundios ociosos, de caracter especulativo y disfrazados de ganadería extensiva, que podrían ser aprovechados por familias campesinas para su subsistencia. No nos sirve mandar a los campesinos a la periferia, entregándoles tierras infértiles desprovistas de bienes públicos como carreteras para sacar sus productos o asistencia técnica para mejorar su productividad y condenándolos así, a la pobreza eterna (Alejandro Reyes Posada, 2015). Pero, hasta que se compruebe la inviabilidad campesina de la Altillanura colombiana, lo prudente es retirar el proyecto de ley acogiéndose al principio jurídico de precaución.

Fuente: (Clarín, 2014)

Otro aspecto a tener en cuenta en esta discusión es que aproximadamente, el 50% de la propiedad rural privada fue inicialmente titulada como baldío de la Nación (Castro, 2013). Por lo tanto, la aplicación irrestricta de la Ley 160 en la recuperación de terrenos que excedan el límite impuesto por la UAF es completamente inviable. Es imprescindible respetar los derechos de propiedad de quienes han desarrollado una producción agraria íntegra, han pagado impuestos y generado empleo, aún si poseen más de una UAF, ya que el Estado es en gran parte responsable del desorden jurídico y el vacío normativo, por su inoperancia e incapacidad de hacer cumplir la ley. Sin embargo, el Estado sí debe adelantar procesos de recuperación de terrenos baldíos privatizados cuando estén en conflicto con ocupantes campesinos que reclamen su adjudicación; cuando fueron ilegalmente titulados por razones especulativas de acaparamiento para valorizar, sin explotación adecuada del potencial productivo; y cuando estén en zonas de alta concentración de la propiedad y de falta de acceso a la tierra por parte de pequeños productores (Alejandro Reyes Posada, 2015).

En conclusión, el proyecto de ley 223 modifica subrepticiamente el régimen de baldíos y el espíritu social plasmado en la Ley 160 de 1994. Si se aprueba esta ley, se permitiría la acumulación predios con antecedentes de baldíos, se aprobaría la entrega de tierras en concesión a grandes capitales por largos periodos de tiempo, se favorecerían los procesos de extranjerización de la tierra, se legalizaría la adquisición ilegal de tierras baldías, y los campesinos entrarían formar a asociaciones desiguales e inciertas a riesgo de ser expropiados por no cumplir con los criterios de productividad de la UPRA. Lejos de ser un proyecto que fomente la productividad y la modernización del campo, los colombianos estamos siendo testigos de una contrarreforma agraria que vulnera los derechos del campesinado y premia a los grandes terratenientes y multinacionales extranjeras. No deja de ser especialmente inverosímil e irónico que un Gobierno que hace todo tipo de concesiones para lograr firmar un acuerdo de paz de un conflicto originado en la propiedad desigual de la tierra, presente simultáneamente un proyecto de ley que desconoce derechos adquiridos y concentra aún más la tierra, apalancándose en las mayorías parlamentarias que tiene en el Congreso. Esperemos, como en ocasiones anteriores, que la Corte Constitucional vuelva a pronunciarse, declarando la ilegalidad de este adefesio y restaurando la confianza de los colombianos en las instituciones jurídicas. De hecho, la probabilidad de que esto ocurra es alta pues ya varios dirigentes indígenas han declarado la inconstitucionalidad del proyecto porque unas de las Zidres presupuestadas tocan áreas de resguardos indígenas y no se ha hecho ninguna consulta previa con las comunidades al respecto (KienyKe, 2015). Es necesario retirar el proyecto de ley 223 de 2015 para que el país pueda, de manera juiciosa, frentera y con la participación de numerosos actores, llegar a un consenso frente a qué política de desarrollo agrario es la más conveniente. Sea cual sea debe respetar los derechos de los campesinos pobres, darle seguridad jurídica a la propiedad rural, reconocer derechos ya adquiridos y por qué no, considerar la posibilidad de adelantar proyectos agroindustriales en zonas que así lo exigen y únicamente, en cabeza de nacionales.

@aperdomo91

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La entrevista arroja importantes conclusiones acerca de la manera en como los temas mencionados anteriormente afectan profundamente la actividad ganadera.

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