La vida en la ruralidad presenta problemáticas que desde la burocracia de las ciudades se han ignorado por completo. Es por tal motivo que urge una voz de alerta que exija la reivindicación de los derechos que tienen las personas que viven y trabajan en los sectores rurales.

Hoy en Colombia tenemos cifras preocupantes de las zonas rurales. Según el DANE (2019) para el año 2018 “el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 19,6%; en las cabeceras de 13,8% y en los centros poblados y rural disperso de 39,9%”[2]. Es decir, que la situación de pobreza, en los términos del índice de pobreza multidimensional (IPM), es casi 3 veces mayor en la ruralidad que en las zonas urbanas.

Adicionalmente, si contrastamos las cifras del 2018 con la del 2016 vemos que no hay mejorías, sino que, por el contrario, el IPM se ha incrementado en un 2,3% (DANE, 2019). Estos datos se traducen en que los hogares en las zonas rurales están en una situación de inferioridad respecto del promedio nacional y, sobretodo, respecto de los hogares ubicados en zonas urbanas.

Esta situación de inferioridad se ve materializada en familias con menos acceso a la educación y analfabetismo (tecnológico)[3]. También encontramos una niñez y juventud con rezago escolar y falta de asistencia escolar, ya que empiezan a trabajar desde una edad temprana. Todo lo anterior genera unas condiciones propicias para el empleo informal y las problemáticas derivadas de la informalidad.

Es necesario recordar que la informalidad es una situación que excluye al trabajador de tener un salario mínimo y un régimen contributivo (salud, pensión y riesgos laborales). De modo tal que son múltiples las voces que han exigido hacer cambios en la legislación laboral del país que permita reducir la informalidad y establecer vías de acceso a condiciones laborales más favorables especialmente en el campo. Por ejemplo, la flexibilización del régimen laboral o la creación de un régimen laboral especial para el sector agropecuario.

Imagen extraída de: https://www.semana.com/nacion/articulo/se-levanta-el-paro-agrario/357014-3

Entender la dinámica de la pobreza de las zonas rurales del país requiere un análisis integral de todos los factores que conlleva a la difícil situación de esos hogares. Pero, el papel trasversal del Estado colombiano como garante de los derechos de sus ciudadanos ha sido pobre y bastante criticable.

La zona rural sufre de la burocracia de las entidades administrativas centralizadas. Un poder bastante concentrado en Bogotá y los centros urbanos del país. La inversión destinada al desarrollo rural ha sido saqueada y malversada por la permisibilidad de un sistema de control ineficaz que apenas hace presencia en las zonas urbanas.

Ahora, otro punto preocupante es la garantía de seguridad. La garantía mínima de cualquier Estado debe ser la de brindarle seguridad para su vida a sus ciudadanos. No obstante, en las zonas rurales la presencia de las autoridades policivas es poca, y los hogares campesinos se encuentran a merced de grupos ilegales que abundan en un Estado cuya soberanía es cuestionable.

Adicionalmente deberían existir garantías mínimas de acceso a servicios públicos como parte esencial del derecho fundamental de toda persona a una vida digna. Pero el panorama es nuevamente desfavorable para el campesino. Las vías terciarias carecen de inversión y no hay una cobertura total de agua potable, acueducto o redes eléctricas.

Imagen extraída de: https://semanarural.com/web/articulo/dia-del-campesino-mas-alla-de-lo-urbano-o-lo-rural-hay-matices-/969

Y es así, como se resume de manera breve y a la ligera, el difícil panorama que a diario enfrentan millones de hogares campesinos. Esto es un SOS por el futuro de las actividades agrícolas. El discurso de la revolución de la economía del país por medio del sector agropecuario no puede desconocer las necesidades coyunturales del campo y su gente. Es imperativo que, para que el sector agropecuario se potencialice, las condiciones del campo y sus familias deben mejorar significativamente.

Ahora que se discute en el gobierno (Ministerio del trabajo) y el Congreso una inminente reforma laboral y pensional, es el momento indicado para hacer cambios eficaces que resulten congruentes con las dificultades del trabajador rural. En el próximo artículo expondré un análisis de las propuestas que suenan en el congreso promovidas por los diferentes partidos políticos y desde el gobierno, de forma qué concluyamos si lograrán impactar de forma positiva al trabajador del campo colombiano.

Referencias:

DANE (2019). Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colombia. Bogotá, D.C. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf

[1] Estudiante de derecho y administración de la Universidad de los Andes.

[2] Las 5 dimensiones que componen el IPM involucran 15 indicadores. Los hogares son considerados pobres multidimensionalmente cuando tienen privación en por lo menos el 33% de los indicadores. Las 5 dimensiones son: 1) las condiciones educativas del hogar; 2) condiciones de la niñez y juventud; 3) trabajo; 4) salud y 5) servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda.

[3] No debe entenderse en la actualidad el analfabetismo exclusivamente a la incapacidad de leer y escribir. Ahora hay posiciones por incluir dentro de esto concepto la incapacidad de manejar dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías.

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El Catatumbo comprende el 50% del territorio del Departamento Norte Santandereano (1.100.000 Ha) con 11 municipios: Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. (CONPES, 2013) Su historia se ha escrito bajo el dominio de la ilegalidad y la guerra entre grupos al margen de la ley, siendo una zona donde las normas son dictadas por la criminalidad y el desarrollo no ha sido parte de esta.

En el Catatumbo la principal actividad económica es la agrícola, pero desafortunadamente del tipo de agricultura ilegal. Actualmente es uno de los territorios con mayor cultivo de planta de coca en el país, con más de 28.244 hectáreas, (PRIETO, 2018) lo que lo convierte en un centro de violencia y abusos de derechos humanos, a causa de la guerra entre ELN, el EPL y las disidencias del Frente 33 de las FARC por el control de las rutas del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal con destino a Venezuela.

A pesar de la difícil realidad en el Catatumbo, tanto sus habitantes como yo, somos optimistas por el futuro de esta región. En los últimos años, aunque no se han disminuido los cultivos de coca, si se ha visto un aumento en el cultivo de otros productos agrícolas: cacao, café, caña panelera, palma de aceite, cultivos transitorios (cebolla, fríjol, maíz, tomate, pepino…), entre otros más (B, 2018).

Fuente: agraria.pe

El gobierno actual se ha visto muy interesado en El Catatumbo y durante su primer año ha puesto en marcha el programa Catatumbo Sostenible enfocado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). “Tierras, educación, salud, vías terciarias, proyectos productivos y emprendimiento, forman parte de la tarea que por orden presidencial debe ser ejecutada en máximo cuatro años” (Nacional, 2019). En la séptima mesa de articulación de la estrategia realizada el pasado mes de junio “el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, destacó la priorización de 50 obras de infraestructura en la región del Catatumbo, cuyo costo se aproxima a los 7 mil millones de pesos” (Presidencia, 2019)

Los aires de esperanza llegan a Norte de Santander con la iniciativa Catatumbo Sostenible. Se espera que con este programa la reducción de la violencia disminuya inminentemente, logrando el desarrollo de la región a partir de los intereses de inversionistas que puedan traer nuevos empleos o puedan comprar los productos de los agricultores de la zona, mejorando así las condiciones de vida de los habitantes. Tal como lo han venido haciendo algunas empresas en cultivos de palma de aceite como Palnorte en Tibú, en cacao y en arroz la cooperativa de arroceros de Norte de Santander Coagronorte, a quienes dedicaremos artículos los exclusivos en próximas ocasiones.

Fuente: El Colombiano

Bibliografía

B, J. P. (10 de Febreo de 2018). La Republica. Obtenido de https://www.larepublica.co/economia/agro-y-turismo-los-motores-de-de-la-economia-de-la-region-del-catatumbo-2598093

CONPES. (2013). ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO. Obtenido de https://corponor.gov.co/publica_recursos/POBLACION_VULNERABLE/Conpes_3739_de_2013.pdf

Nacional, R. (30 de Enero de 2019). El Nuevo Siglo. Obtenido de https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2019-gobierno-lanza-el-plan-catatumbo-sostenible

Presidencia. (28 de Junio de 2019). Obtenido de https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190628-Estrategia-Catatumbo-Sostenible-avances-significativos-obras-infraestructura-fomento-deporte-titulacion-bienes.aspx

PRIETO, J. (20 de Septiembre de 2018). La Silla Vacia. Obtenido de https://lasillavacia.com/silla-santandereana/en-el-catatumbo-la-coca-aumento-pero-no-se-desbordo-68037

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Para efectos de esta investigación, la historia comienza en el 2004 cuando Colombia y Estados Unidos deciden entablar conversaciones sobre un TLC (Tratado de Libre Comercio) con el fin de promover una economía creciente al eliminar barreras en los procesos de importación y exportación entre ambos países. Sin embargo, en el 2006, Colombia emite la ley 1032 (Código Penal) en la que se criminaliza a aquellas personas que usurpen “los derechos de obtentor de variedad vegetal, ya sea de protegidos legales o similarmente confundibles con uno protegido legalmente”. Es decir que si alguien utiliza semillas legalmente protegidas o similarmente confundibles, sin autorización de la empresa a la que se le reconoce el derecho de propiedad de la misma, el delito será penalizado con prisión entre 4 y 8 años y hasta 1500 salarios mínimos de multa (Jeria & Vicente, 2013). De esta manera se pretende llevar a los agricultores a que sólo utilicen semilla certificada, pues sus semillas criollas podrían ser confundidas por una certificada. ¿Cómo es posible que los campesinos no puedan cultivar sus propias semillas, aquellas que han mejorado durante generaciones? Además, ¿quién determina qué es ‘confundible�

Luego, en el 2010, cuando se reiniciaron los diálogos sobre el TLC con EE.UU, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) presentó la resolución 970, probablemente la ley más perjudicial para los campesinos colombianos en la última década. Esta se encarga de controlar la producción, almacenamiento, comercialización y transferencia a titulo gratuito y/o uso de semillas, en donde se estipula que únicamente se permite comercializar semillas registradas y protegidas legalmente por el UPOV de 1978 (Convenio Internacional para la Protección de las obtenciones Vegetales). Para ser registrada la semilla deben ser nueva, homogénea, estable y distinguible (Jeria & Vicente, 2013), características que una semilla criolla no puede cumplir y por consiguiente no es considerada como legal. No obstante, esos requisitos no garantizan que las semillas sean mejores ni sostenibles, al contrario solo garantizan que las criollas sean excluidas. A través de esta Resolución, las policía puede ingresar a cualquier inmueble, hacer inspecciones, decomisos, destruir semillas y judicializar, lo que en definitiva se resume en la persecución y criminalización de agricultores que realizan con dignidad un trabajo de mejora de semillas por medio de practicas ancestrales.

Continuando con la cronología, en el 2011, el Presidente de los EE.UU, Barack Obama, firmó el TLC exigiendo que Colombia aprobara la versión UPOV de 1991, por medio de la cual permite la privatización de semillas, que las patentes obtengan entre 20 y 25 años de protección, desconoce el fitomejoramiento y la protección de variedad nativas y criollas e impide a los agricultores la resiembra (Jeria & Vicente, 2013), entre otros lineamientos. Pero irónicamente, ese mismo año, Colombia firma el Protocolo de Nagoya de las Naciones Unidas, en donde se busca proteger los derechos de los conocimientos tradicionales de los indígenas y comunidades locales, así como promueve la participación de los mismos en decisiones que les afecten su patrimonio cultural.

Meses más tarde, Colombia expide la Ley 1518 de 2012, aprobando el UPOV 91 para poder entrar en vigencia el TLC con EE.UU. Esta decisión atropelló directamente los derechos de los campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, por lo cual a finales del 2012 la Corte Constitucional presentó la sentencia C-1051/12 donde falló dicha ley como inexequible. El argumento fue que no se realizó una consulta previa con las comunidades afectadas; más sin embargo, es preocupante que se hayan dejado de lado otros derechos como la soberanía alimentaria del país, que ya no puede escoger libremente qué cultivar ni qué consumir, sino que sólo puede elegir semillas certificadas, de las cuales el 92% son importadas a Colombia (Solano, 2013). Simplemente, la Corte señaló que la aplicación de propiedad intelectual sobre las semillas mediante UPOV 91, podría afectar la biodiversidad, la cultura y los territorios de los pueblos y consideró la posibilidad que la consulta podría llevar a la renegociación del Tratado (Jeria & Vicente, 2013).

A raíz de esas decisiones arbitrarias del gobierno, los campesinos crearon el paro agrario del 2013, exigiendo que no se autorizara la propiedad intelectual de semillas, debido a que la privatización y los demás componentes de la norma estaban permitiendo que las multinacionales monopolizaran el sector. La primera reacción del Presidente Juan Manuel Santos fue decir ante los medios que “el tal paro agrario no existe” (Semana, 2013), lo que causó más indignación por parte de los campesinos, ya que se sintieron ignorados y ofendidos. Días más tarde, con la intención de calmar al sector agrario, Santos se volvió a pronunciar prometiéndoles “congelar” la Resolución 970. Esto fue una jugada política que terminó de deslegitimizar al gobierno, debido a que el termino “congelar” no deroga una norma y además tampoco se firmó ningún documento oficial que diera por terminada la resolución (Jeria & Vicente, 2013).

Por último, en el Acuerdo Final de Paz, firmado entre el gobierno colombiano y el grupo de las FARC el pasado 24 de Agosto de 2016, se exige “la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades puedan acceder al material se siembre óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomas las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación” (Gobierno colombiano & FARC, 2016). Esto demuestra una vez más, que el gobierno jala la cuerda hacia donde más le conviene, sin tener consistencia en su discurso y perdiendo su legitimidad ante el pueblo.

Bibliografía

Corte Constitucional. (12 de 2012). Recuperado el 08 de 09 de 2016, de http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-1051-12.htm

El Espectador. (10 de 05 de 2012). Recuperado el 08 de 09 de 2016, de http://www.elespectador.com/noticias/economia/tlc-entre-colombia-y-eeuu-entra-vigor-casi-6-anos-despu-articulo-345137

Finagro. (s.f.). Finagro. Recuperado el 08 de 09 de 2016, de https://www.finagro.com.co/noticias/alternativas-de-financiamiento-para-productores-afectados-por-la-intensa-sequ%C3%ADa

Gobierno colombiano & FARC. (24 de 08 de 2016). Acuerdo final para la terminacion del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 09(08). Colombia.

Jeria, M. E., & Vicente, L. (17 de 09 de 2013). Leyes de semillas y otros pesares. Alianza Biodiversidad. Recuperado el 08 de 09 de 2016

Ruiz, J. P. (10 de 09 de 2013). El Espectador. Recuperado el 08 de 09 de 2016, de http://www.elespectador.com/opinion/semillas-ambiente-y-paro-agrario-columna-445603

Semana. (25 de 08 de 2013). Semana. Recuperado el 08 de 09 de 2016, de http://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-paro-nacional-agrario-no-existe/355264-3

Solano, V. (2013). Recuperado el 08 de 09 de 2016, de https://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g

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El grupo de ANeIA (Agro Negocios e Industria Alimenticia) de la Universidad de los Andes tuvo la oportunidad de charlar con este importante personaje que posee un amplio conocimiento sobre el campo colombiano. Su gran trayectoria lo hace ser una voz de peso en temas de agroindustria y en especial, en palma de aceite.

Para Juan Fernando, Fedepalma es uno de los gremios más fuertes que hay hoy en el país, piensa que es el tercer gremio en importancia. Adicionalmente, opina que con la coyuntura actual del país muy posiblemente el gremio de palma pasará a ser el segundo en importancia por causa de la crisis que atraviesa Fedegán y el Fondo Nacional del Ganado. Actualmente los tres líderes gremiales del agro son Fedecafé, Fondo Nacional del Ganado y Fedepalma, que ha crecido en reconocimiento a través de estos últimos años.

Nos cuenta también que la palma es el segundo cultivo agroindustrial después del café en el país. Según datos del último censo agropecuario, con una totalidad de 500.000 hectáreas plantadas y 6000 productores. Estos datos convierten a esta agroindustria en la tercera parte de lo que es el café en Colombia y es responsable del 6% del PIB agropecuario. Es un gremio muy serio, muy bien estructurado y con mucho potencial pero se sabe que al país le hace falta crecer mucho en esta industria

Fedepalma ha llegado a ser reconocido ante los demás gremios, el gobierno y entidades internacionales por su organización, sus políticas y su notable funcionamiento.

Lamentablemente, la industria del aceite de palma ha caído en muchos estigmas negativos. Ante muchos ojos que están en contra del gremio los palmeros son considerados “los ricos del campo”, parapolíticos/paramilitares (similar a las acusaciones a muchos ganaderos), “desplazadores” (por un caso de un palmero que adquirió un predio legalmente pero no conocía la historia de quien lo había adquirido antes) y explotadores.

Lo que la gente que critica el cultivo de palma no sabe es qué había antes de estos monocultivos. La palma en realidad ha reemplazado tierras degradadas por otros cultivos, sobre todo por ganadería. El cultivo de palma en Colombia no ha desforestado como por ejemplo en Indonesia y Malasia donde hay un grave problema por la continua extinción de orangutanes y otras especies animales.

Para concluir, el Grupo de ANeIA comparte una visión junto al Dr. Juan Fernando Lezaca de que en Colombia existe una actitud completamente anti-empresarial en la población. Por ejemplo, se puede notar a través de la historia del desarrollo empresarial en el país que las empresas familiares exitosas han salido adelante con recursos propios en lugar de pedir créditos al sector bancario. Es decir que las políticas empresariales del país son defectuosas y cualquier empresa puede entrar en quiebra muy fácilmente por solicitar ayuda financiera de entidades bancarias. Otras actitudes anti-empresariales tomadas por el gobierno son las últimas medidas arancelarias que afectarán sustancialmente a muchos agricultores.

Sin embargo, el campo sigue siendo visionado como el gran futuro del país y de la paz. Se supone que esto es así y que la agricultura colombiana es la que sacará el país adelante. Pero por su lado, las decisiones que toma el gobierno parecen ir en contra de las promesas que se le han hecho al campo.

Bibliografía

Dove vs Greenpeace. CSR Azerbaijan. Youtube. Tomado el 1 de abril de 2016 de: https://www.youtube.com/watch?v=iLTSOEoGgPk

Imagen 1 tomada de: http://vidamasverde.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/p3.jpg

Imagen 2 tomada de: http://somoslarevista.com/2013/07/fedepalma-pide-apoyo-del-gobierno-nacional-para-palmicultores-del-catatumbo/

Imagen 3 tomada de: http://somoslarevista.com/2013/07/fedepalma-pide-apoyo-del-gobierno-nacional-para-palmicultores-del-catatumbo/

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Fedepalma

En busca de ese freno, el pasado 29 de febrero el Gobierno junto al Ministerio de Comercio expidió el decreto 343 de 2016, el cual reduce a cero los aranceles para la importación de fríjol, lenteja, ajo y diferentes tipos de aceites. La medida espera tener vigencia de seis meses y se aplicó inmediatamente, desde el 1 de marzo. El decreto nace como respuesta a la inflación de alimentos que en enero se trepó 2,82% y en el último año, 12,26%. Cabe resaltar que el impacto fiscal de esta decisión ronda los $33.600 millones.

En datos del DANE, la inflación en los precios de los aceites escaló 20,49% en 2015 y la del fríjol, 45,79%.

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “la medida tiene como propósito facilitar la importación de estos bienes, y reducir los costos al consumidor final para que, de esta manera, se alivien los gastos de la canasta familiar”. En la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) lo que más pesa es la vivienda con 30,1%, después los alimentos con 28,2% y luego el transporte con el 15,1%; estos tres representan el 73% de los gastos colombianos.

Por suerte de algunos productos como el arroz y la carne de pollo, fueron dejados por fuera de la medida. Sin embargo, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) manifestó su rechazo a que se hubiera propuesto desmontar el arancel a la importación de pollo. Este gremio calificó la política comercial como sesgada y al gobierno como incoherente.

Por su lado, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), se pronunció en torno a las determinaciones del gobierno nacional rechazando las medidas arancelarias para los aceites y grasas ya que impactan negativamente a la agroindustria y en particular a las comunidades palmeras, que se caracterizan por estar ubicadas en zonas vulnerables; algunas de ellas de sustitución de cultivos ilícitos y con baja presencia del Estado. Adicionalmente rechazan el procedimiento para abarcar estas medidas puesto que “altos funcionarios se habían comprometido en adelantar un proceso de concertación que no se cumplió, lo cual ha lesionado la confianza legitima que el gremio tenía en el gobierno.”

Las medidas estipuladas por el Gobierno tienen un impacto negativo en los ingresos de la agroindustria, y en particular en las regiones. Se estiman pérdidas de alrededor de $220.000 millones de pesos en los próximos seis meses, lo que equivale al 13% de los ingresos del sector. Todo esto ocurriendo en momentos en los cuales muchos productores se han visto fuertemente impactados por el Fenómeno “El Niño”, que ha reducido la producción en algunos casos hasta en un 40%, sin contar con la ayuda del gobierno para contrarrestar estos impactos económicos.

Más aún, el sector palmero afronta una gran crisis por problemas fitosanitarios, especialmente en Tumaco donde la enfermedad de la Pudrición del cogollo arrasó con toda el área sembrada, 35.000 hectáreas. Otra cifra similar sufrió Puerto Wilches, Santander y Cantagallo en el sur del Bolivar, lo cual ha deteriorado y afectado la economía y las condiciones sociales de sus poblaciones.

Para Fedepalma, “reducir a 0% el arancel para los aceites y grasas desde todos los orígenes, resulta excesivo e innecesario, máxime si se tiene en cuenta que los aceites y grasas apenas participan con el 1% dentro de la inflación total”. Es cierto también que resulta cuestionable tratar de controlar la inflación golpeando a los sectores productivos, ya que dicha reducción puede perderse en la cadena de distribución y convertirse en una simple transferencia de rentas del sector agrícola a los otros actores de la cadena.

El sector palmero está siendo atacado muy gravemente por esta política de Estado que desconoce sobre el campo y la agroindustria. Desconoce, por ejemplo, que los precios de los fertilizantes se incrementaron en el último año en un 42%, dado el comportamiento del dólar, lo cual afecta los costos de producción y la competitividad del sector. Adicionalmente, es una actividad que adelantan alrededor de 6.000 cultivadores, en su mayoría pequeños y medianos productores, está presente en 125 municipios y 20 departamentos del país. Más aún, genera cerca de 140.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, y en muchas regiones del país es la única alternativa de producción legal.

La medida no parece ser justa para los productores nacionales ya que los productos importados vendrán de países que aplican subsidios directos a la producción o al consumo, e impuestos diferenciales a las exportaciones de estos productos, como Malasia e Indonesia (países con los cuales Colombia NO puede competir). Esto lo que hace es desincentivar la industrialización en el país y reducir ampliamente el consumo doméstico. Adicionalmente esta regulación va en contra del Plan Colombia Siembra que tiene una meta de sembrar 1.000.000 de hectáreas en los próximos años, de los cuales 150.000 hectáreas serán de palma de aceite. ¿Cómo pretenden que se amplíen el número de hectáreas sembradas en aceite de palma cuando están quitando por seis meses los aranceles y se van a perder muchos recursos para estas plantaciones?

Bibliografía

• Manrique, F. (2016). “Falta política agraria de Estado”: SAC. Diario del Huila. Tomado el 13 de marzo de 2016 de: http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Cfalta-politica-agraria-de-estado%E2%80%9D-sac-cdgint20160306220424193
• Redacción negocios y economía. (2016). El espectador. Fedepalma también dice que política comercial del Gobierno es contradictoria. Tomado el 13 de marzo de 2016 de: http://www.elespectador.com/noticias/economia/fedepalma-tambien-dice-politica-comercial-del-gobierno-articulo-619925
• Redacción economía y negocios. (2016). El espectador. Primeras medidas para bajar inflación de alimentos. Tomado el 13 de marzo de 2016 de: http://www.elespectador.com/noticias/economia/primeras-medidas-bajar-inflacion-de-alimentos-articulo-619514
• Redacción económica. (2016). La opinión. Palmicultores, en alerta por la importación de aceites. Tomado el 13 de marzo de 2016 de: http://www.laopinion.com.co/economia/palmicultores-en-alerta-por-la-importacion-de-aceites-107966#ATHS
• Redacción agropecuaria. (2016). Vangaurdia. Por rebaja de arancel, precio del fruto palma caerá 20%. Tomado el 13 de marzo de 2016 de: http://www.vanguardia.com/economia/local/350014-por-rebaja-de-arancel-precio-del-fruto-de-palma-caera-20
• Hoyos, S. (2016). Minuto30. Colombia aumentará en 150.000 las hectáreas cultivadas de palma en tres años. Tomado el 13 de marzo de 2016 de: http://www.minuto30.com/colombia-aumentara-en-150-000-las-hectareas-cultivadas-de-palma-en-tres-anos/435784/
• El economista. (2016). Confidencial Colombia. Fedepalma rechaza medidas arancelarias. Tomado el 13 de marzo de 2016: http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/21390/Fedepalma-rechaza-medidas-arancelarias-FEDEPALMA-GOBIERNO-COLOMBIA-PALMA-ACEITE.htm

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La preocupación de los paneleros no termina ahí, ya que al importarse azúcar de otros países se daría la posibilidad de incentivar las practicas ilegales como la adición y derretimiento de azúcar para producción de panela falsificada, la cual resulta menos costosa que aquella producida exclusivamente a partir del jugo de caña. Hoy la fabricación de un kilogramo de panela cuesta alrededor de $1880 mientras que en el sector informal, donde se usan las técnicas descritas anteriormente puede llegar a costar $1250. Además de este problema, los paneleros protestan el hecho de que al obtener azúcar más barata, los grandes fabricantes y multinacionales pueden producir bebidas azucaradas a muy bajos precios, desplazando así el consumo de panela en la canasta familiar de los consumidores colombianos, los cuales por siglos han consumido uno de los productos estrella que se elabora a partir de este producto como lo es el agua de panela. De los 1.3 millones de toneladas de panela que se producen al año, la gran mayoría son adquiridos por los estratos 1,2 y 3, convirtiendo a este producto de consumo masivo en uno de los más populares del país. Sin embargo, se prefiere favorecer a unas pocas empresas industriales de gran tamaño, las cuales generan millones de utilidades año a año como lo son Coca Cola, Casa Luker, Bimbo, Nestlé y Nutresa.

Cabe añadir que al afectar a un sector agrícola tan grande como el panelero, terminaría perjudicando escenarios de post-conflicto en este país, ya que este sector puede ser uno de los grandes empleadores para desmovilizados. Actualmente se emplean 45 millones de jornales al año para campesinos pobres del país, cifra que podría aumentar si se protege el sector y se le toma como punto clave para la reincorporación de guerrilleros a la sociedad colombiana.

Foto Tomada de: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/reduccion-arancel-azucar-preocupa-sector-panelero

@JFCABAL

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Unos meses después lo que viene revelándose es una situación de oportunismo y desaliento. Términos alrededor de los cuales existen definiciones precisas y no multitud de acepciones como, en cambio, sí existen sobre ‘la pazâ€.

Si la primera acepción describe bien la acción del gobierno actual, la segunda describe bien la acción de las FARC. Un “principio fundamental” para el primero sería la veracidad que lleva a distinguir entre quienes ejercen el sano e indispensable oficio de la ‘política†y quienes ‘politiqueanâ€. Esto último acaba de revelarse con el levantamiento de órdenes de captura a cabecillas de las FARC desde hace 5 meses, sin que lo conocieran los ciudadanos.

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Actualmente, al ICA “le corresponde controlar el uso de semillas con el objeto de evitar la utilización indebida y posibles perjuicios al estatuto sanitario del país” y debido al crecimiento que ha tenido la agroindustria de semillas en nuestro territorio, fue necesario crear una ley que regulara este fenómeno de la mejor manera.

Después de expedida y firmada la ley, varios campesinos expresaron su malestar, argumentando la violación de sus derechos, ya que pierden la libertad de usar sus propias semillas que se traduce en altos sobrecostos. Adicionalmente, se afirma que la redacción de la 970 no excluye el uso de semillas nativas o criollas. Por otro lado, los escuderos dicen que al prohibir la implementación de las semillas nacionales, las producciones pueden presentar una tendencia a la baja, ya que las semillas que sugiere el ICA, no han tenido la misma investigación rigurosa que si han hecho los agricultores nacionales, las cuales tienen en cuenta las condiciones climáticas, de plagas y de la tierra.

Para Carlos Ancizar, agricultor desde hace varios años, “No tiene sentido apuntar a un modelo de dependencia alimentaria, cuando tenemos un país con riqueza agrícola; hay necesidad de un modelo de desarrollo que evite la concentración de capital, que respete la dignidad humana y con ello las prácticas, tradiciones y trabajo de los labriegos”. Al igual que Ancizar, César Pachón, representante de los paperos, señala que “la resolución 970 y otras leyes que hay atentan contra nuestra cultura y nuestro sistema de reproducir semillas. Eso va contra la soberanía alimentaria, el derecho al trabajo y la vida digna; ahí nos están bloqueando severamente”

Por su parte, el ICA indica que esta medida se hace “Para que lo que se venda sea regulado y que no entre cualquier cosa a competir con las otras semillas. Nadie está prohibiendo sembrar semillas nativas”. Asimismo recalcan que esta resolución no tiene relación alguna con el TLC y desmiente que el negocio de las semillas esté en manos de multinacionales. “Queremos desvirtuar que este negocio esté en manos de multinacionales. Del 100 por ciento de las semillas, las multinacionales manejan el 15 por ciento en el país, y solo en semillas de maíz y algodón”, informó la entidad.

A pesar de la aclaración de la institución, los agricultores afirman que esto no es del todo cierto, pues se han presentado diversos casos donde se decomisan y se destruyen semillas nativas sin previo aviso ni con la debida justificación.

Mientras tanto, la FAO dice que el malestar generado se origina por la forma en como se comunica esta resolución y la manera en como el ICA responde a inquietudes solo por medio de la página web, cuando gran parte del sector agrícola no cuenta con servicio de internet.

Hoy en día el tema sigue causando controversias y es necesario poner los puntos sobre una balanza, pues el control sanitario de las semillas que se producen es vital para la salud de cada consumidor pero sin dejar sin quitarles las oportunidades a los campesinos cuyo único sustento económico es el campo.

@JuanAldanaC
Referencias:

http://www.ica.gov.co/Normatividad/Normas-Ica/Resoluciones/2010/200R970.aspx

http://www.ica.gov.co/getattachment/03750a73-db84-4f33-9568-6e0bad0a507d/200R970.aspx

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13236396

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/semillas-video-y-confusion-articulo-441637

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-detras-del-970/355078-3

http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/te-explicamos-m-s-sobre-resoluci-n-970-de-protecci-n-de-semillas-en-colombia

http://www.elespectador.com/noticias/economia/desigualdades-de-resolucion-970-del-ica-articulo-455404

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Los caldenses hemos esperado más de 30 años por esta obra, y el Departamento y la ciudad ya han invertido más de 180 mil millones de pesos. (RCN La Radio, 2014) El aeropuerto es fundamental para sacar los productos de la región caldense hacia el exterior, pues los costos del transporte terrestre son abismales debido a la difícil geografía, a los onerosos costos de los fletes, de la gasolina y al tiempo desperdiciado, tiempo en el cual se dañan los productos del campo.

Por otro lado, se comenta de la creciente extorsión por parte de grupos al margen de la ley que se están rearmando en varias zonas del Departamento. Las Bacrim han venido anunciando que están reclutando jóvenes y se siente cierto temor al recorrer las vías intermunicipales. (Atlas, 2014) Un temor que no se sentía hace muchos años, época en la cual guerrilla y paramilitares reinaban en el campo caldense. Por su lado, el gobierno se ha dedicado a llevar guerrilleros a Cuba, los autores intelectuales y materiales de grandes masacres en el Departamento, de reclutar menores y desplazar a la población civil.

@tomasjaramillor

Referencias

Atlas. (06 de Mayo de 2014). Temor en el occidente de Caldas por incremento de extorsiones. Recuperado el 24 de Octubre de 2014, de http://www.atlas.com.co/sia/public/index.php/acciones-de-la-delincuencia-y-subversion/eje-cafetero-temor-en-el-occidente-de-caldas-por-incremento-de-extorsiones

Citricaldas. (2014). Asociación de citricultores. Obtenido de http://citricaldas.com.co/

RCN La Radio. (01 de Octubre de 2014). RCN La Radio. Recuperado el 24 de Octubre de 2014, de Aerocafé no será apoyado por Santos: http://www.rcnradio.com/noticias/aerocafe-no-sera-apoyado-por-santos-165946

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