En vísperas de los cambios institucionales impulsados por la nueva administración, el desarrollo agropecuario competitivo, equitativo y sostenible es de aquellos temas de mayor importancia para el país. Más aun cuando el país tiene toda la vocación y los atributos para ser actor principal en los mercados internacionales, principalmente, la ganadería como factor del crecimiento nacional. Sin embargo, el enfoque ha de ser el intensivo y el del silvopastoreo, pues hoy en día no es suficiente el cumplimiento de los estándares de sanidad, los de inocuidad, y los laborales, sino además los estándares ambientales: captación de carbono y regeneración del subsuelo. Es de allí que la idea de contar con una política agraria de máxima eficiencia y gran extensión resulta necesaria.

Infortunadamente la historia política del país se ha caracterizado por grandes esfuerzos de transformación, pero que a falta de voluntad política y de facultades técnicas han desencadenado periodos de debilitación y reducción en la producción rural. Cabe destacar aspectos como lo ocurrido con el desacreditado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y el fallido Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA); que, a reclamos de un gran sector de la sociedad, ha convertido a algunos dirigentes políticos como abanderados para las futuras reformas en la actividad agropecuaria del país.

Particularmente, es inquietante la directriz proveniente desde la dirección del Ministerio de Agricultura, específicamente, comentarios como la “reforma agraria sin timidez”, “la reforma agraria sin expropiación” y “la plata saldrá de impuestos” (Cecilia López, 2022) suponen de un estado de carácter impositivo y regulatorio, más aún, cuando se contemplan los prospectos de establecer métricas artificiales para la productividad de las tierras.

Sencillamente, la reforma transversal propuesta por el Ministerio de Agricultura pretende financiarse desde un patrimonio no existente, al recaer en los más de 25 billones de nuevos recursos que están comprometidos para los programas asistencialistas y no la estructura de adquisición y redistribución de tierras propuestas por el ministerio. No obstante, la opción de recaudar mediante el catastro multipropósito llega a contemplarse, al actuar en una doble finalidad, obligar al propietario a volver productiva la tierra o verse víctima de una mayor carga tributaria. Independiente de esta voz de alarma, el exfiscal general Néstor H Martínez presenta el caso de la inhabilidad constitucional de la propuesta:

Lo cierto es que no es posible ponerle impuestos a la tierra, para adelantar una reforma agraria integral…La razón es muy simple: en Colombia los gobiernos no pueden apalancar una política o un gasto del orden nacional gravando la propiedad inmobiliaria. En efecto, el artículo 317 de la Constitución prescribe: “Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble”. Lo que quiere significar que el legislador no puede destinar partidas que sean producto de impuestos sobre la tierra, como lo propone la ministra, para financiar programas de rango nacional. (Néstor Martínez, 2022)

Fundamentalmente, es indispensable trazar la línea roja, por supuesto, es imperativo la necesidad de los colombianos que no tienen tierras, que han sido sistemáticamente olvidados por políticas rurales sin el enfoque adecuado o violentados por la presencia de grupos armados ilegales organizados y delincuenciales. Sin embargo, aquellos pequeños, medianos y grandes propietarios deben estar protegidos por la seguridad jurídica del país, sin esta, se genera incertidumbre e intranquilidad en los productores que termina afectando las dinámicas de siembra y levante en los meses por venir. En consecuencia, el problema no se resuelve entregando tierra; por el contrario, al facilitar y expandir la titulización se abre la posibilidad del crédito y detrás de este la determinación de pagarlo.

Adicionalmente, lo que se debe terminar buscando es la rentabilidad por encima de la siembra y producción de cantidad, pues el factor a considerar es el mercado, no la resolución del tema inflacionario. De este modo, pretender que una organización estatal sea la que determine si la tierra está bien explotada o no corresponde a una burla del principio de la propiedad privada, más aún, cuando se le atribuye una función social. En definitiva, gran parte de las afirmaciones en el marco de discusión se constituyen en vacíos conceptuales, por ejemplo, no tener en cuenta que la razón de estar en no producción sea el coste de los insumos, los procesos de herencia, la falta de caja o simplemente las condiciones del terreno.

De ello resulta necesario admitir, la actual cruzada ideológica (“exportación de carne en pie”) que el sector ganadero, uno de los de mayor representatividad y participación en las actividades agropecuarias del país, se ha visto enfrentado. En primer lugar, como explica José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán:

Efectivamente, hay más tierra en ganadería que en agricultura, aunque no tanta como se afirma y no por capricho, si no por falta de condiciones para una agricultura expandida, resulta importante señalar cuáles son esas condiciones y recordar que, detrás de su ausencia, que también afecta a la ganadería, está la “competitividad” y, detrás de ella, … el mercado. (Lafaurie, 2022)

Después de todo, de las más de 40 millones de hectáreas que tiene vocación para ser cultivadas (Agronegocios, 2020) apenas el 16% de las Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs) tienen acceso a maquinaria y a agricultura de precisión (UPRA, 2020). Respecto al arroz, es inquietante como la cobertura en área sembrada con semilla certificada se ha reducido de 90% a 24%, el nivel histórico más bajo de los últimos 35 años. A su vez, en los últimos 15 años han salido del mercado el 62% de empresas privadas que investigaban y competían por ofrecer nuevas variedades de arroz certificado. (Fedesarrollo, 2022) Todo esto se suma al preocupante estado de la red vial terciaria del país, de 142 mil kilómetros solo 8 mil kilómetros están pavimentados. (Defencar, 2016)

Así mismo, tan solo el 6% de las tierras que tienen potencial de riego, cuentan con esta infraestructura. Pues en los últimos 25 años no se han entregado nuevos distritos de riego y de los existentes, más de la cuarta parte no opera adecuadamente (Conpes 3926 de 2018). Paralelamente, las CARs usualmente cobran la Tasa de Uso de Agua (TUA) a valores excesivos y la gestión por parte de estas entidades no garantiza un buen servicio y calidad del agua.

Ahora bien, es pertinente cuestionar las últimas declaraciones y proyectos de ley que el gobierno piensa radicar. En un principio, una gran parte de congresistas abanderan una iniciativa legislativa que pone fin a la exportación de animales en pie[1]. Bajo la bandera de la “vulneración” de los derechos animales en la cadena de transporte, los buques de transporte animal, se afirma la ausencia de supervisión veterinaria y controles de sanidad. Con toda seguridad estas afirmaciones son falsas, como menciona Francisco Javier Osorio, director técnico de cuarentena del ICA:

“El ICA garantiza el bienestar animal de ganado que se exporta desde Colombiay nosotros no aprobamos el embarque hasta tanto no tengamos certeza de que se cumple con todos los requerimientos de bienestar animal. Además, se aclara que hasta el momento no se ha presentado ninguna situación de mortalidad o algún otro tipo de irregularidad durante el proceso.” (Osorio, 2022)

Precisamente, la exportación de bovinos encarna un nicho de mercado, pues desde enero y junio del 2022 se han registrado alrededor de 285 millones de dólares en exportaciones ganaderas, de los cuales más de 198 millones de dólares conciernen la venta de ganado en pie, a su vez, de 79 millones de dólares en carne y despojos, y de 7 millones de dólares en lácteos. (CONtexto ganadero, 2022) Indiscutiblemente, al no haber propuestas alternativas, el campo colombiano y las regiones ganaderas del país se verían fuertemente afectadas si se llegará a ratificar el proyecto que no toma en consideración estos ingreso y los beneficios que la actividad genera.

Indiscutiblemente, pretender postergar o incluso omitir factores de responsabilidad fiscal corresponde a la desintegración de la cadena productiva rural. En pocas palabras, la administración debe intensificar sus esfuerzos en la mejora del mercado de tierras, visto en las condiciones de producción, seguridad y legitimidad.

Referencias

Parra-Peña, R., Flórez, S. & Rodríguez, D. (2022). La competitividad de la cadena del arroz en Colombia: un compromiso con el bienestar del agricultor. Bogotá: Fedesarrollo, 303 p.

La hora de La Verdad. (2022, Julio 7). FERNANDO LONDOÑO HOYOS ENTREVISTA A JORGE ENRIQUE BEDOYA. Recuperado agosto 13 de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=GiwVs2di9ys

La hora de La Verdad. (2022, Julio 25). FERNANDO LONDOÑO HOYOS ENTREVISTA A ANDRÉS GUERRA. Recuperado agosto 13 de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=N0AQ38mHmjQ

José Félix Lafaurie Rivera. (2022, agosto 5). CONtexto ganadero. Tierra, competitividad y mercados, Recuperado agosto 13 de 2022, https://www.contextoganadero.com/columna/tierra-competitividad-y-mercados

José Félix Lafaurie Rivera. (2022, agosto 12). CONtexto ganadero. El Estado y la tierra, Recuperado agosto 13 de 2022, https://www.contextoganadero.com/columna/el-estado-y-la-tierra

CONtexto ganadero. (2022, agosto 10). Proyecto de animalistas será sometido a análisis en Audiencia pública. Recuperado agosto 13 de 2022, https://www.contextoganadero.com/economia/proyecto-de-animalistas-sera-sometido-analisis-en-audiencia-publica?utm_source=whatsapp&utm_medium=whatsapp+CG&utm_campaign=Comunidad-Ganadera&utm_id=Comunidad-Ganadera&utm_content=proyecto-de-animalistas-10-08-2022

Joaquín Mauricio López Bejarano. (2020, septiembre 8). AGRONEGOCIOS. EN COLOMBIA SOLO SE ESTÁ USANDO UN 18% DE LA TIERRA QUE TIENE EL AVAL PARA SER CULTIVADA. Recuperado agosto 13 de 2022, https://www.agronegocios.co/aprenda/en-colombia-solo-se-esta-usando-18-de-la-tierra-que-tiene-el-aval-para-ser-cultivada-3056696

Néstor Humberto Martínez. (2022, Julio 9). El Tiempo. Ministra: los impuestos sobre la tierra son municipales. Recuperado agosto 13 de 2022, https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nestor-humberto-martinez/columna-de-nestor-h-martinez-impuestos-sobre-la-tierra-son-municipales-686068

Yamid Amat. (2022, Julio 10). Cecilia López: ‘Vamos a emprender una reforma agraria sin timidezâ€. Recuperado agosto 13 de 2022, http://www.yamidamat.com.co/entrevista/cecilia-lopez-vamos-a-emprender-una-reforma–agraria-sin-timidez/1060

Defencarga. (2016, abril 30). ANUNCIAN INVERSIONES EN 142 MIL KILÓMETROS DE VÍAS TERCIARIAS. Recuperado agosto 13 de 2022, https://www.defencarga.org.co/contenido-sis/anuncian-inversiones-en-142-mil-kil%C3%B3metros-de-v%C3%ADas-terciarias

[1] Proyecto de Ley 103 del 2022 radicado por la senadora Andrea Padilla Villarraga y “Por la cual se prohíbe progresivamente la exportación marítima de animales en pie con fines de consumo y se dictan otras disposiciones”

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Fuente: (Quemba, 2018)

En el artículo anterior titulado SOS por los trabajadores del Campo Colombiano se contextualizó acerca de las diferentes problemáticas que padecen los trabajadores y hogares rurales de país. Se expuso que las condiciones laborales son un tema de vital importancia y que deben hacerse reformas trascendentales en la legislación laboral colombiana. Esto es debido a que la legislación laboral resulta hoy por hoy inflexible y distante a las dinámicas de trabajo del campo.

Antes de profundizar en las reformas y los proyectos de ley, es importante comprender a grandes rasgos la legislación laboral vigente. Para identificar cuando un trabajador está bajo el marco legal de un contrato de trabajo deben acreditarse los siguientes requisitos esenciales: 1) la prestación de un servicio directamente por parte del trabajador; 2) la subordinación del trabajador respecto del empleador; y, por último, 3) un salario. Si se logran acreditar los anteriores requisitos en su integridad, se habla indiscutiblemente de la presencia de un contrato laboral, aún cuando el contrato no esté por escrito o exista un documento que señale que la relación es de prestación de servicios.

Por tal motivo, el empleador del sector agrícola no puede desconocer las garantías mínimas de los trabajadores. Por ejemplo, el pago del salario mínimo y seguridad social que incluye: salud, pensión, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios. En suma, un conjunto de derechos a favor del trabajador que determina que al salario mínimo mensual de $828.116 de pesos las empresas y empleadores deban incluirle un aumento entre el 39 y 52% de sobrecostos debido a la carga prestacional.

También, es necesario resaltar lo que ha mencionado la Corte Constitucional respecto de la relación social y laboral en el sector agrario. A través de sentencias de tutela y de constitucionalidad esta corte ha venido ratificando al campesino “como sujeto de especial protección constitucional, como personas vulnerables por sus condiciones sociales y económicas”. (Sentencia C-664/2012).

Colombia tiene una de las legislaciones con mayores garantías y derechos para los trabajadores. Sin embargo, todo lo anterior proyecta la condición de falta de avance legislativo en lo que corresponde a la materialización de los derechos que están contemplados en la Constitución Política, específicamente los artículos 64, 65 y 66.

Es decir, se requiere crear avances que permitan hacer traslado de lo que se encuentra en el papel a la realidad de millones de personas. Debido a la complejidad del asunto no es posible plantear una sola solución para la materialización de los derechos laborales del campesino. Más si consideramos que, “en ocasiones para el pequeño fundo[2], pagar costos laborales por mano de obra externa es un imposible, ante las debilidades mismas de la cadena productiva” (Cubillos, 2017)

A causa de lo anterior son múltiples las iniciativas y proyectos de ley que han surgido para la reforma laboral y pensional. El congreso debió hace mucho tiempo dar desarrollo a los derechos contemplados en la Constitución, pero lastimosamente proyectos que podrían haber tenido efectos positivos fueron archivados.

Por ejemplo, en el año 2017 fue presentado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 123 bajo el título de “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN RURAL EN COLOMBIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL MÍNIMO”. Lo interesante de este proyecto fue que buscó flexibilizar el mercado laboral rural con la creación de la figura del contrato de trabajo agropecuario.

Según el art. 13 del proyecto de ley se contemplaba la creación de “la modalidad de Jornal Diario Integral para remunerar aquellos contratos de trabajo suscritos con trabajadores agropecuarios del régimen contributivo que se podrán celebrar por un tiempo determinado, o por el tiempo que dure la realización de una obra o labor”. Es decir, esto facultaba a contratar por día, períodos de cosecha o incrementos de producción y cobijaría a todo trabajador agropecuario cuyo ingreso promedio mensual no supere 60% del valor de un salario mínimo. Igualmente preveía la afiliación del trabajador a la protección social mínima diferencial al del trabajador urbano.

Lo anterior estaba contemplado en el art. 7 del proyecto de ley en donde estipulaba que “los habitantes del sector rural tendrán derecho a acceder y afiliarse al programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS[3] administrado por COLPENSIONES, afiliarse al Régimen de Salud Subsidiada, y adquirir un micro seguro dentro de la cobertura de ahorros a BEPS cuya fuente de financiación determine el Gobierno Nacional. Los BEPS, aunque no son una solución ideal como la pensión, sí es una alternativa que posibilita al momento de la vejez acceder a un monto mínimo periódico. Un proyecto que, en mi opinión, era una solución real a los problemas de informalidad y de pensión de los trabajadores del sector agropecuario.

Aunque parecieran obvios los beneficios del proyecto de ley 123 de 2017, este fue archivado en su segundo debate. Esa es la triste realidad de un país en donde sus congresistas, una vez llegan al poder, pareciera no importarles su deber de contribuir al desarrollo y progreso de los colombianos.

Hoy, dos años después, un nuevo congreso[4] tiene en sus manos dar trámite legislativo a una reforma laboral y pensional. Aún no hay un proyecto de ley estructurado sino simplemente voces desde congresistas, partidos y el ministerio del Trabajo. Entre algunas de ellas se presentan: 1) una prima adicional anual, de 15 días de salario, que recibirán trabajadores que devenguen entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes; 2) el presidente de Fenalco[5] sostiene que debe legislarse sobre el trabajo por horas; 3) hay propuestas por reducir la jornada laboral.

Ninguna propuesta es consecuente con todo lo anteriormente señalado en este artículo. Sin embargo, hay una que apunta a la creación del salario rural integral. Esta es propuesta por la bancada del Gobierno. Esta modalidad conllevaría a un solo pago en donde sería el propio trabajador el encargado de hacer sus pagos en salud y pensión. Es decir, en el salario del trabajador estaría incluido tanto la remuneración como las prestaciones. No obstante, el tema de fondo persiste y es la inflexibilidad de la legislación laboral y la imposibilidad de acceder a sistema general de pensiones.

El panorama no es alentador, pero aún queda tiempo para recibir el proyecto de ley integral que se radique en el Congreso. Esperemos que la población rural sea tenida en cuenta y se le brinden posibilidades para que tanto trabajadores como empleadores del sector agropecuario puedan desarrollar su potencial económico.

Referencias:

• Quemba, J. (2018). Informalidad laboral en el sector rural colombiano. Documentos FCE-CID Escuela de Economía. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C. Disponible en: http://www.fce.unal.edu.co/centro-editorial/documentos/econografos-escuela-economia/2041-124-informalidad-laboral-en-el-sector-rural-colombiano.html

• Cubillos, R. (2017). Protección actual de los derechos laborales y seguridad social de los trabajadores rurales en Colombia 2016-2017. Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C. Disponible en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15084/1/Protección%20actual%20de%20los%20derechos%20laborales%20y%20seguridad%20social%20de%20los%20trabajadores%20rurales%20en%20Col.pdf

[1] Estudiante de derecho y administración de la Universidad de los Andes.

[2] Explotación agrícola de pequeñas dimensiones.

[3] BEPS: es un programa de ahorro voluntario diseñado para proteger a las personas a quienes sus recursos no les alcanzan para cotizar a pensión. El programa es flexible y permite a los ciudadanos ahorrar de acuerdo con sus capacidades económicas de manera diaria, semanal o mensual.

[4] En el 2018 se posesionó un nuevo Congreso por un período de 4 años (2018-2022). Aunque hay congresistas que repiten período, hay otros que asumen el cargo por primera vez.

[5] Federación Nacional de Comerciantes

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Como parte de su misión estratégica esta organización tiene como propósito velar por los intereses de todas las familias caficultoras de Colombia. Y, a pesar de todas las dificultades que ha vivido el país en los últimos años, esta organización siempre se ha mantenido en pie. Este artículo tiene como propósito mirar cómo fue que se creó la Federación, y explicar su vital importancia dentro del desarrollo rural del país.

Son varias las razones que nos muestran porqué se creó la Federación Nacional de cafeteros (FNC). Pero para entender un poco más a profundidad, es necesario analizar el contexto histórico de la época. Para la década de los años 20 del siglo XX, el mundo en general estaba viendo una especie de renacer tras la crisis causado por la terminación de la Primera Guerra Mundial. Dentro este renacer, los precios del petróleo y el café gozarón un aumento considerable a nivel internacional. Gracias a este auge, más y más colombianos entraron a sembrar cafetos.

“Los precios del café pasaron de estar a 15 centavos en 1920 a 28 centavos en 1928. Igualmente, la producción aumentó considerablemente, pues pasó de ser 1 millón de sacos en 1920 a 2.2 millones para el año 1928” (Seather, 1999 Pg. 135).

Para manejar todo este crecimiento se creó en el año 1927 la FNC, del a cualexisten diferentes versiones de su nacimiento. A pesar de muchas crisis como la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la época de la Violencia en Colombia, la FNC siguió trabajando, siempre con el objetivo de representar a las familias caficultoras del país.

Para entrar en contexto, un estudio de la Universidad de Oslo, escrito por Steinar Saether que se titula Café, conflicto y corporativismo (Una hipótesis sobre la creación de la FNC en 1927), deja una recopilación de las diferentes versiones del porqué se creó la FNC. Según Saethe hay dos hipótesis principales a la cuales se les puede adjudicar la creación de este organismo. La primera es “una consecuencia de coyunturas del mercado del café internacional” (Seather, 1999 Pg. 137). Pues creció de una manera muy acelerada, por lo que se vio la necesidad de crear una federación para poder organizar a todos los actores de la cadena de valor y de esta manera estar mejor preparados para la comercialización en el mundo.

La otra hipótesis, aunque un poco más crítica, también es sensata, teniendo en cuenta las circunstancias del país. Aquí Saether cita al profesor Ablasón Machado, en donde este explica que la Federación nace de una “unión entre la burguesía comercial exportadora y una burguesía cafetera terrateniente” (Seather, 1999 Pg. 136). Todo esto con el propósito de enfrentar el capital extranjero que atentaba contra sus intereses.

Fuente: FNC ©

Después de haber entendido un poco cómo nació la FNC, es importante resaltar la relevancia que ha tenido en la construcción de Colombia. Según el diario La Economía de Alta Gerencia, la FNC, desde 1944, ha gestionado recursos para la infraestructura del país de más siete billones de pesos. De estos siete billones “61% se destinó a obras de vivienda y servicios públicos; 25% a la construcción y mantenimiento de vías, puentes y obras conexas; 12% al desarrollo de infraestructura educativa, de salud y comunitaria, y 2% a infraestructura productiva” (La Economía, 2017). Además, de esto hay que sumarle en temas tangibles, la construcción e intervención en acueductos, plantas de energía, carreteras, puentes, colegios, hospitales. En temas de pedagogía, la FNC ha liderado modelos de educación rural pertinente, dotación educativa, gestión empresarial, equidad de género, recuperación y conservación de recursos naturales y biodiversidad que apuntan a una caficultura más sostenible” (La Economía, 2017).

Fuente: FNC©

A manera de conclusión, podemos ver cómo la FNC ha sido una institución que ha perdurado en el tiempo, como muy pocas en este país. Y, esta perduración tiene aún más mérito si se analiza todo el bien que le ha causado a una gran parte de la sociedad colombiana. Sin embargo, velar por los derechos del sector rural siempre va a presentar unos obstáculos mayores, pues cada vez más la gente tiende a abandonarlo. A pesar de esto, la gestión que ha hecho la FNC no solo está en la inversión en infraestructura, sino en programas que mejoren la calidad de vida del campesino. Gracias a esto la FNC, quien es uno de los gremios más añejos del mundo, tiene muchísimas cosas por admirar, pero por supuesto por mejorar. Lo triste del asunto es que a veces el colombiano promedio no tiende a darle importancia a la nuestro y empieza a fijarse más en lo de afuera.

Referencias

• Saether, Steinar. “Café, Conflicto y Corporativismo (Una Hipótesis Sobre La Creación De La FNC En 1927.” Anuario Colombiano De Historia Social De Cultura, NA, 1999, pp. 134–163.
• Economía, Diario La. “Federación Nacional De Cafeteros, 90 Años Construyendo País.” Diario La Economía, La Economía De Alta Gerencia, June 2017, diariolaeconomia.com/tomemos-cafe/item/3219-federacion-nacional-de-cafeteros-90-anos-construyendo-pais.html.
• “La Verdadera Historia De La Federación De Cafeteros.” Crónica Del Quindío, Crónica Del Quindío, 3 Mar. 2013, www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_verdadera_historia_de_la_feder

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Fusagasugá y su vereda Usatama, se encuentran en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país. Aquí vivo con mi esposa, tres de mis cuatro hijos, que están entre los 20 y 26 años, y tres de mis nietos.

Mi familia es campesina, toda la vida hemos trabajado en el campo y mis siete hermanos también se dedican al trabajo de la tierra. Yo estudié hasta los veinte años y solo pude cursar hasta quinto de bachillerato por cuestiones económicas. Pero mucho antes de eso ya me dedicaba a la tierra, he trabajado en trapiches de caña de azúcar, en café, plátano, he administrado fincas y ahora me dedico a los cultivos. Tengo un amplio conocimiento de diferentes productos como el tomate, la berenjena, el pimentón, el pepino, entre otros.

Actualmente, me dedico al cultivo de pepino y pimentón en un área de dos cuadras y media a la redonda, que equivale a dieciséis mil metros cuadrados aproximadamente. En donde entre diez hombres recogemos la cosecha dos veces por semana. La cosecha son aproximadamente 37 canastillas de veinte kilos y 60 bultos de 48 kilos. Por lo tanto, son 3620 kilos de pepino.

Todos los días nos levantamos a las cinco y media de la mañana para empezar a trabajar a las seis. Como acá no se desayuna tan temprano, a las ocho estamos desayunando. Luego, de 8:30 am a 12:00 pm seguimos trabajando antes de ir a almorzar. Almorzamos a medio día lo que la esposa de uno de mis hijos nos cocine. A la 1 pm ya estamos laborando otra vez, hasta las 4:30 pm. A esa hora salimos a descansar para recargar energía para el otro día. Excepto los días que viene el camión, porque por la noche nos toca cargar el cultivo para que lo lleven a Bogotá, a Corabastos.

Voy a explicar bien como funciona… la vida de la planta del pepino es muy corta, desde que se siembra hasta su última cosecha pasan alrededor de tres meses, si el cultivo está bien tenido. El primer mes no hay cosecha debido a que la planta está creciendo. En esa etapa hay diferentes pasos. Primero, debemos preparar el terreno para poder trasplantar las plántulas con cincuenta centímetros de distancia entre ellas.

Cuando la planta ya está más grande, construimos un surco con hilos para que la planta crezca y se vaya enredando porque no se enreda sola. Luego, toca esperar un mes para que se dé la primera cosecha. Pero en medio de ese proceso, debemos limpiar, platear, es decir, quitar la maleza y fumigar dos veces por semana para cuidar el cultivo.

Desde que se da la primera cosecha, toca recoger el pepino dos veces por semana durante dos meses. Los días de cosecha trabajamos diez hombres, pero los que no, somos seis. Los días que no hay cosecha, nos dedicamos a diferentes tareas dependiendo el estado del cultivo. Es decir sembrar, trasplantar, limpiar, platear, podar, fumigar y cuidar el sembrado.

En los días de cosecha, yo soy el que se dedica a seleccionar y empacar el producto, debido a que los pepinos más alargados, se dejan aparte porque su precio es mejor. Los pequeños están en otros bultos y una gran cantidad no se empaca; porque no tiene el tamaño o la forma adecuada y si lo envío a las plazas de mercado, allá finalmente los desecharían. Por lo tanto, cuando los precios son bajos, todo lo que no se saca a la venta por cuestiones de tamaño, más no de calidad, se deja para alimentar ganado.

El precio del pepino es muy volátil, debido a que el precio del bulto puede oscilar entre COP 10.000 y COP 50.000. Por lo tanto, cuando hay escasez, el precio aumenta y casi todo lo que se cosecha se sube al camión. Pero cuando hay abundancia y el precio bajo, solo los pepinos de alta calidad se mandan para la plaza de mercado; debido a que el cliente se vuelve más exigente. Es decir, que la cantidad de pepino que se desecha, depende del precio al que esté en ese momento.

Historias y familias campesinas como la mía, hay muchas en Colombia. Debido a que somos un país agrícola y muchos hemos crecido en un ambiente campesino, trabajando la tierra. En donde a lo largo de la vida, nos ha tocado hacer diferentes cosas y vamos aprendiendo cada vez más. Yo, actualmente cubro todo el primer eslabón de la cadena alimenticia, ya que cultivo, cosecho, recojo, selecciono, empaco y lo entrego al camión que va para la plaza de mercado de Corabastos en Bogotá, donde es comercializado. Probablemente, cada uno de los productos que llega a la capital o cualquier otra plaza de mercado del país, tiene toda una historia de una familia campesina que ha dedicado su vida y esfuerzo a trabajar la tierra. Valoremos el trabajo de nuestros campesinos que día a día se esfuerzan porque podamos tener una gran variedad de productos en los centros urbanos.

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De acuerdo con los datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, en 2017 la tasa de analfabetismo existente en el país correspondía a 5,24%, equivalente a un millón 857 mil colombianos. No obstante, en el Censo Nacional Agropecuario de 2014 se identificó que en el sector rural colombiano la tasa de analfabetismo corresponde al 12,6%. Por lo tanto, es posible afirmar que “la población censada en ese sector concentra el 50% de la población analfabeta” (Morantes, 2018).

El sistema educativo colombiano se estructura en cuatro niveles: pre-escolar, básica primaria, secundaria (media) y superior, y es estructurado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual declara que “en Colombia la educación es obligatoria entre los cinco y quince años, la cual abarca un grado obligatorio de preescolar y nueve de educación básica” (Vélez et al., 2006). No obstante, la asistencia escolar y cobertura no es equitativa a lo largo del país.

En Colombia, se presentan varias dificultades que no permiten que todos los niños y jóvenes del país accedan a la educación. Una de éstas es la insuficiencia de la oferta educativa, en particular en preescolar y secundaria, en las zonas rurales, y, por otra parte, las altas tasas de deserción (Vélez et al., 2006). Estos son los principales factores que conllevan a que aproximadamente 500 mil niños y jóvenes abandonen anualmente el sistema educativo en el país.

La brecha existente entre el sector urbano y rural colombiano, conlleva a insuficiencias en la oferta educativa en zonas rurales y precariedad de las condiciones educativas. Muchos de los colombianos de las zonas rurales no cuentan con las condiciones elementales para disfrutar del sistema educativo y terminar la secundaria. La falta de instituciones educativas, las precarias condiciones de muchas de éstas, la ausencia y falta de preparación de muchos docentes, no tener acceso a servicios públicos básicos ni a la conectividad, entre otras falencias, son algunos de los factores que impiden la escolaridad en varias regiones. Como lo destacó el diario El Espectador, solo el 37% de las escuelas rurales tiene servicio de agua potable.

Las oportunidades de acceso a la educación no son las mismas en el sector rural y urbano, pero tampoco entre las regiones apartadas del centro del país, como es el caso del departamento de Guainía, donde se presentan mayores tasas de analfabetismo, mayor deserción, menos escuelas o condiciones menos dignas. Éste es el quinto departamento más extenso del país, ubicado en la región de la Amazonia, donde su gobernador Javier Zapata afirmó a RCN Radio que el departamento tiene una tasa de analfabetismo del 16%, teniendo en cuenta que dicha región está compuesta principalmente por población indígena. Es una “zona totalmente dispersa y cuenta con una geografía cuyas vías de comunicación son los ríos” (Zapata, 2018).

En las zonas del país donde la población indígena tiene un alto grado de participación, como es el caso de este departamento, se maneja la política etnoeducativa que tiene como objetivo posicionar la educación intercultural por medio de la enseñanza de las características, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos y las culturas afrocolombianas, indígenas y gitanas. Sin embargo, en algunos departamentos es una de las razones por la que los jóvenes abandonan las escuelas.

El gobierno colombiano cuenta con programas e iniciativas que tienen como propósito disminuir la brecha existente entre la educación rural y la urbana. No obstante, resulta fundamental llegar a una educación descentralizada, donde la educación rural deje de planearse desde las ciudades y exista una concientización de los habitantes en donde comprendamos que la educación colombiana es un asunto que nos compete a todos. En la mayoría de los casos, en las grandes ciudades se presenta un desconocimiento de las condiciones educativas de la zona rural; es por ello que cada ciudadano debe preguntarse ¿qué hemos hecho por la educación de los niños y jóvenes colombianos?

Bibliografía:

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Ahora bien, uno de los vicios, considero, que están arraigados en nuestra sociedad, es quejarse sin actuar. Reconocernos como un país más rural, parte de justamente haber obviado por años la relevancia de este sector y de sus diferentes actores, siendo éste el problema. Estamos acostumbrados a pensar en todos los problemas, y no en construir soluciones. Luisa Sarria, quien pertenece a la iniciativa ‘Con la Cuchara No se Juegaâ€, y los otros miembros, se cansaron de hacer parte de esta masa que se queja y no actúa. Y es justamente aquí donde nace la iniciativa ‘Con la Cuchara No se Juegaâ€, la cual quiero compartir en este artículo.

‘Con la cuchara no se juega†iniciativa innovadora compuesta por dos diseñadoras, dos artistas y una antropóloga, se la juega por trabajar justamente en reconstruir y reivindicar ese legado campesino olvidado. Este proyecto editorial busca a través de la elaboración de recetarios, explorar la diversidad de los alimentos, conocer de primera mano las vidas de los campesinos, entender las dinámicas de la agricultura, y evidentemente masificar este conocimiento. Parte de la premisa del reconocimiento de una realidad rural compleja; el desconocimiento de la labor del campesino en las ciudades, la masificación de “dietas monótonas que aleja de las raíces culinarias” (Con la Cuchara No se Juega, 2017)la pérdida de la diversidad en semillas, el fomento del monocultivo para suplir las necesidades de las ciudades, entre otros. Justamente el entendimiento de esta realidad, los llevó a establecer sus principales objetivos: visibilizar y valorar la labor del campesino, diversificar las posibilidades de la cocina en Colombia, recordar que los alimentos son el ejemplo de dinámicas culturales y sociales, y entender que a través de ellos se tejen comunidad. (Con la Cuchara No se Juega, 2017)

Innovadora en el sentido que propone acercar a los consumidores a estas problemáticas, a través de la diversificación y exploración de la culinaria colombiana. Entendiendo esto como una manera más directa de llegar al público, como un mecanismo para informar a los consumidores, y lograr generar cambios desde lo individual hacia lo colectivo. En palabras de Luisa Sarria “el recetario es un vehículo de intercambio de información que puede beneficiar a dos o más personas que de otra manera no se encontrarían”.

Una de las barreras que ha encontrado esta iniciativa es que las convocatorias para lograr cierto tipo de financiación, en pro de complementar el proyecto, parecen hacer requerimientos que son absurdos. Exigencias en términos de experiencia laboral, académica, y otros evitan que proyectos buenos logren desarrollarse. Sin embargo, lo más esperanzador es que a pesar de estas barreras no han escatimado esfuerzos para continuar con su proyecto. Lograr vincular a los jóvenes a las problemáticas del país, debería ser una de las grandes banderas de los diferentes gobiernos

A través del conocimiento y reconocimiento gastronómico y cultural de los campesinos y de los alimentos, se reivindica su importancia y relevancia en un país que le apuesta a lograr el desarrollo a través del sector rural. La paz y el desarrollo son transversales a todas las disciplinas del conocimiento, ‘Con la cuchara no se juega†es el vivo ejemplo de esto. Y así como estos jóvenes se cansaron de quejarse y empezaron a actuar, todos debemos actuar y aportar nuestro grano de arena en la construcción de nuestra gran casa, Colombia.

La invitación entonces que hago es a apoyar este tipo de iniciativas, la página en Facebook de ‘Con la cuchara no se juega’ es: https://www.facebook.com/conlacucharanosejuega/?fref=ts

Bibliografía

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Fuente: (MinTic)

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En Empiezo este texto con las siguientes afirmaciones, aparentemente muy categóricas, relacionadas con el desarrollo agrícola y rural en América Latina: a) La principal causa de los problemas económicos de la gran mayoría de los productores rurales reside en las ineficiencias que están cometiendo en las distintas etapas de su negocio agrícola; causadas por la inadecuación de nuestro sistema de educación rural, formal en los tres niveles y no formal; b) Los gobiernos nos han demostrado en las últimas décadas, y siguen demostrándonos que, a través de la ineficaz vía paternalista, definitivamente no están en condiciones políticas, operativo-institucionales ni financieras de solucionar todos los problemas de todos los agricultores, año tras año. Esta realidad es tan evidente que nos obliga a deponer las ilusiones y utopías del populismo paternalista y cambiar radicalmente de rumbo; c) Necesitamos formar, capacitar y organizar a los productores rurales para que ellos mismos sepan y puedan evitar, corregir y/o eliminar sus ineficiencias. Cumplido este pre requisito educativo-emancipador, los agricultores sabrán qué y cómo hacer para solucionar sus problemas y, al hacerlo, sencillamente prescindirán del retórico paternalismo gubernamental.

Es muy fácil confirmar, directamente en terreno, la ocurrencia de las ineficiencias y la factibilidad de eliminarlas con conocimientos y sin paternalismos

Para demostrar que los propios agricultores podrían corregir sus ineficiencias, basta con visitar las fincas, comunidades y mercados rurales. Y en ellas, en primer lugar, encontrar claros y generalizados errores de la forma cómo los agricultores producen, cómo administran sus fincas y cómo comercializan sus excedentes; y, en segundo lugar, constatar que dichas ineficiencias son causadas mucho más por falta de conocimientos adecuados por parte de los productores rurales que por falta de ayudas paternalistas de sus gobiernos (asignación de tierras, otorgamiento de créditos, subsidios, máquinas, insumos, etc.). Las ineficiencias que ocurren con mayor frecuencia en nuestro agro y que confirman lo enunciado en los ítems a, y c del primer párrafo de este artículo, son las siguientes:

-Los productores rurales son víctimas de su propio individualismo el cual los conduce al fracaso económico porque: a) adquieren los insumos siempre en forma individual al por menor, con alto valor agregado y del último eslabón de una larga cadena de intermediación, b) al comercializar sus cosechas hacen exactamente lo contrario; es decir venden al primer eslabón de dicha cadena, al por mayor, sin incorporarles valor agregado y c) suelen hacer inversiones individuales en maquinaria sobredimensionada y de muy alto costo (por ejemplo sembradoras y cosechadoras ) que utilizan pocos días al año.

-Aun cuando sus recursos productivos son escasos y no existen severas restricciones climáticas, mantienen la tierra, los animales y la mano de obra con muy baja productividad y subutilizados o improductivos durante largos períodos al año.

-Los rendimientos que, en promedio, los productores latinoamericanos obtienen por unidad de tierra y de animal son muy inferiores a los que podrían alcanzar aplicando tecnologías de bajo costo; para cuya adopción se requiere sacar más conocimientos de la escuela que sacar créditos abundantes de los bancos. Veamos algunos ejemplos:

a) Siembran hectáreas en cantidades superiores a la disponibilidad de insumos que serían necesarios para hacerlo con buena tecnología, medida que les permitiría obtener altos rendimientos y reducir costos por kilogramo producido. En América Latina, según datos estadísticos de la FAO, los rendimientos promedio en kilogramos por hectárea son aún muy bajos y podrían ser duplicados, triplicados y en ciertos casos hasta cuadruplicados, si los productores estuvieran debidamente capacitados para saber hacerlo. En el caso del frejol/frijol, uno de los cultivos más tradicionales y más importantes en la dieta de los latinoamericanos, estamos cosechando, en promedio, menos de 900 kilogramos por hectárea. Si dividimos estos 900.000 gramos por las 225.000 matas que normalmente deberíamos sembrar en una hectárea, llegamos a la sorprendente conclusión de que cada mata está produciendo apenas 4 gramos de frijoles lo que corresponden a 10 o 16 granitos , que a su vez corresponden a dos vainas de frejoles por planta. Esto ocurre porque la gran mayoría de los productores de frejol no hace test de germinación, no regula la sembradora, utiliza semillas genéticamente erosionadas y contaminadas con patógenos, no siembra en la época, densidad y profundidad adecuadas, no hace rotación de cultivos y no elimina las malezas antes que estas dañen el cultivo. Si apenas adoptaran de manera correcta estas medidas, en vez de sembrar una hectárea, probablemente podrían sembrar solo un tercio de hectárea y con el ahorro obtenido al reducir la superficie sembrada podrían adquirir semillas mejoradas, fertilizantes y fitosanitarios y en ese tercio cosechar los mismos 900 kilogramos.

b) Algo similar ocurre en la producción animal. En promedio, las hembras de nuestros rebaños vacunos tienen su primer parto a los 40 meses de vida, pudiendo tenerlo incluso antes de los 25 meses y las vacas adultas tienen una cría cada 20 meses pudiendo tenerla cada 13 meses. La tasa de extracción/o saca es del 15% pudiendo ser del 25%. Cada novillo requiere una hectárea de pasturas/praderas para producir 70 kilogramos de carne al año; cada vaca ocupa en promedio una hectárea de tierra para producir 4 litros de leche al día. Frente a este bajísimo desempeño zootécnico, si el productor tiene más vacunos que pasturas y raciones para alimentarlos adecuadamente, sería más conveniente vender algunos de sus animales y con el dinero obtenido mejorar el rendimiento y la calidad de las pasturas y dividirlas en piquetes para adoptar el pastoreo rotativo, fertilizarlas, producir sus propias raciones balanceadas, adquirir vacunas, sales minerales y antiparasitarios. Por falta de capacitación muchos ganaderos no se dan cuenta de que, económicamente, es más conveniente tener una vaca con buena genética, desparasitada y bien alimentada en base a buenas pasturas y raciones producidas en la finca para que produzca 20 litros de leche de buena calidad al día, que mantener en la finca 5 de ellas hambrientas, con mastitis y llenas de ecto y endo parásitos, que en conjunto producen los mismos 20 litros de leche pero de mala calidad.

-No diversifican y no escalonan la producción y por esta razón se exponen a riesgos innecesarios de clima, enfermedades/plagas y mercadeo que podrían ser fácilmente evitados o minimizados por ellos mismos. A propósito, como principio básico los agricultores, especialmente los pequeños, deberían reemplazar sus mono o «bicultivos» de granos básicos, que les proporcionan apenas uno o dos ingresos al año, por una canasta de rubros que generen alimentos para sus familias y sus animales, además de pequeños ingresos durante los 365 días del año con lo que, adicionalmente, se emanciparían de la dependencia de los créditos y evitarían el endeudamiento.

-Producen bienes/rubros que al ser de baja densidad económica les generan ínfimos ingresos por hectárea (yuca, papa, calabaza, camote, frejol, maíz y otros granos básicos), en vez de producir rubros diferenciados y de mayor densidad económica para venderlos a consumidores de poder adquisitivo más alto. Por ejemplo: frutas y hortalizas más sofisticadas como fresas/frutillas, piñas, chirimoyas, melones, granadillas o higos, champiñones, espárragos y alcachofas, maíz para choclo, frejol y arveja para consumir frescas (como chauchas), miel de abejas, hortalizas, huevos y pollos producidos sin agroquímicos, huevos de codornices, lechones con producción programada para épocas de fiestas, flores y plantas ornamentales, condimentos y plantas medicinales, etc. Debido a que los pequeños agricultores tienen poca superficie de tierra, con mayor razón deberán reemplazar, en forma gradual y prudente, para no exponerse a riesgos innecesarios, los cultivos extensivos, que los consumen los pobres, por otros más intensivos, consumidos por los ricos. Dicho reemplazo podrían hacerlo siguiendo el principio de la gradualidad ya sea horizontal (empezar con una hectárea y en los años siguientes hacerlo con más hectáreas) o vertical (empezar duplicando el rendimiento por hectárea y en el próximo año triplicándolo).

-Sufren importantes pérdidas evitables en la cosecha y posteriores a ella (ya sean físicas o de calidad).

-No adoptan medidas elementales de procesamiento inicial de las cosechas antes de comercializarlas: lavarlas/limpiarlas, clasificarlas, secarlas, fraccionarlas y cuando sea posible envasarlas; podrían hacer algo tan sencillo como lo que hacen los supermercados antes de vender las frutas, hortalizas, frejoles, raíces y tubérculos, etc.

-Y finalmente la ineficiencia más dañina a sus propios intereses económicos. Los agricultores se encargan apenas de la etapa más pobre, la que exige más trabajo y la más riesgosa del negocio agrícola, que es la etapa de producción propiamente dicha. Y, por falta de espíritu solidario/asociativo con sus vecinos, «regalan» a otros integrantes de las cadenas agroalimentarias la ejecución de las etapas ricas del negocio agrícola. Es decir, aquellas que ocurren antes de la producción y las que ocurren después de concluida la etapa de producción propiamente dicha. Al dedicarse apenas a la etapa de producción no logran apropiarse de gran parte de las riquezas que generan en sus fincas; y por esta razón quienes se apropian de ellas son los usureros que los financian, los industriales y comerciantes que fabrican y revenden los insumos, los agroindustriales que clasifican, procesan, fraccionan y envasan sus cosechas y las gigantescas redes de supermercados que los comercializan. En resumen, estas siete ineficiencias son las causas más inmediatas de la falta de rentabilidad de los agricultores; porque es debido a ellas que sus costos por kilogramo producido se vuelven innecesariamente altos y los precios por cada kilogramo que ellos venden se vuelven innecesariamente bajos. La factibilidad y eficacia de las medidas correctivas y ”eficientizadoras” recién propuestas están fundamentadas en los textos incluidos en las siguientes páginas web: www.polanlacki.com.br y www.polanlacki.com.br/agroesp

Si los problemas están en la educación las soluciones deben construirse en la educación.

El diagnóstico recién descrito nos demuestra claramente que los agricultores siguen cometiendo estas ineficiencias, no necesariamente por falta de decisiones políticas de alto nivel, créditos abundantes y maquinaria, sino por las siguientes razones de fondo, ambas causadas por la inadecuación de los contenidos educativos y por la baja/mala calidad de nuestra educación rural: En primerísimo lugar, debido a la insuficiencia, inadecuación y obsolescencia de los conocimientos que poseen, en gran parte los que heredaron de sus padres y abuelos. Con estos saberes de antaño, es evidente que en la actualidad tienen crecientes dificultades para poder sobrevivir económicamente de la agricultura; porque con la globalización de los mercados necesitan competir con los agricultores más eficientes del mundo. En segundo lugar, debido a su ancestral individualismo que no les permite solucionar aquellos problemas que exigen mayor economía de escala, inversiones de costo más elevado y servicios que para ser ejecutados requieren que estén debidamente organizados en grupos solidarios o cooperativos. Estas actitudes individualistas, que deberían haber sido eliminadas de los comportamientos de los niños en las escuelas primarias/fundamentales rurales, son las que, en gran parte, les impiden apropiarse legítimamente de un porcentaje más justo de las riquezas que producen en sus parcelas. Varios estudios indican que, en promedio, los productores rurales de América Latina reciben apenas el 20% de los precios que los consumidores pagan por los alimentos en los supermercados, verdulerías/fruterías, panaderías y carnicerías. Entonces, si el origen de las siete ineficiencias recién analizadas es de carácter educativo y si está instalado en las escuelas, el querer encontrar soluciones fuera de ellas significaría “dar la espalda” a la más prioritaria necesidad de la agricultura y de los agricultores. Es necesario y urgente ampliar y adecuar los conocimientos, aptitudes y actitudes de los agricultores a los desafíos del mundo moderno. Porque su éxito económico dependerá cada vez más del saber y del saber hacer que del tener recursos materiales y financieros para hacerlo; dependerá cada vez más de la capacidad que ellos tengan para adoptar, de manera correcta, las adecuadas decisiones técnico-productivas, gerenciales y comerciales, que de las cada vez más improbables ayudas paternalistas de sus gobiernos.

El paternalismo está destruyendo la dignidad de los pobres rurales

Todo lo anterior nos conduce al siguiente camino de la racionalidad y del sentido común, el que deberíamos haber seguido desde hace muchísimo tiempo pero desafortunadamente no lo hicimos: reemplazar el nefasto paternalismo que desestimula las iniciativas y destruye la dignidad de las familias rurales por una educación que estimule su eficiente y solidario protagonismo en la solución de sus problemas. Una educación que tenga como objetivo desarrollar las potencialidades latentes de las familias rurales y estimular su autodesarrollo y liderazgo como la más eficaz estrategia para emanciparlos de las decrecientes y excluyentes ayudas financieras y materiales de sus gobiernos. Entre otras razones, porque de los debilitados, endeudados y muchas veces corrompidos gobiernos es muy poco o casi nada lo que los agricultores pueden esperar. Aunque los gobiernos quisieran hacerlo, definitivamente no dispondrían de recursos suficientes para beneficiar a todos los agricultores, a través de la vía paternalista. Por razones de honestidad profesional y del respeto que se merecen los agricultores, no podemos seguir engañándolos con ilusiones y utopías. Sin embargo, es evidente que los gobiernos necesitan apoyar a los agricultores. Lo que se propone es que sus apoyos sean emancipadores y no perpetuadores de dependencias del paternalismo. Los gobiernos a través de sus instituciones educativas rurales (que ya existen, pero que no están cumpliendo sus objetivos porque funcionan con profundas disfuncionalidades y debilidades) pueden y deben formar, capacitar, profesionalizar y «empoderar»/fortalecer intelectualmente a los productores rurales. Todo esto con el propósito de que ellos adquieran la capacidad de aplicar, de manera correcta, medidas/soluciones eficaces de producción, de administración rural y de organización comunitaria; y que, gracias a este fortalecimiento, se conviertan en eficientes y emancipados solucionadores de sus problemas. La imprescindible necesidad de profesionalizarlos y organizarlos de forma solidaria es tan evidente que ninguna propuesta seria para promover el desarrollo rural podrá seguir ignorándola y ni siquiera subestimándola. Al contrario, las cuatro instituciones educativas analizadas al final de este artículo, necesitan llevarlas a la práctica con objetividad, determinación y urgencia.

Necesitamos teorizar menos y educar más y mejor

Entonces, si la estrategia para lograr un desarrollo más autodependiente es eminentemente educativa, no hay necesidad de seguir teorizando, “filosofando” ni realizando interminables elucubraciones académicas. Concreta y objetivamente necesitamos proporcionar a los productores rurales, a sus empleados y a las familias de ambos, los insumos intelectuales «eficientizadores» de sus actividades generadoras de riquezas y de ingresos familiares. Estos insumos intelectuales, afortunadamente, ya están disponibles pero inexplicablemente “duermen” en los organismos de investigación agrícola y en las universidades. Las instituciones educativas rurales deben difundirlos y adicionalmente levantar el ego y la autoestima de las familias rurales, despertando en ellas una ambición sana y un fuerte deseo de superación a través de su propio y eficiente esfuerzo. Todo ello con el objetivo de demostrarles que ellas mismas pueden hacerse cargo de la solución de sus principales problemas productivos, familiares y comunitarios. Sin embargo, esto exige actualizar y adecuar nuestro disfuncional y anacrónico sistema educativo rural a las necesidades de vida y de trabajo imperantes en el campo. Estas instituciones educativas agrícolas y/o rurales no pueden seguir siendo agrícolas o rurales apenas de nombre; deben serlo en sus contenidos curriculares, en sus métodos pedagógicos y en su identificación con la cultura agrícola y rural.

Las reformas educativas anunciadas con amplia difusión “mueren” inmediatamente después del discurso de su lanzamiento

El gran obstáculo para concretar dicha adecuación educativa reside en el hecho de que en América Latina, con rarísimas excepciones, el sistema de educación rural y urbano, fuertemente influenciado por los sindicatos de profesores, nos ha demostrado durante décadas y décadas que no está dispuesto a salir de su conservadurismo, e inercia. Los ruidosos anuncios de reformas educativas suelen ”morir” inmediatamente después de sus discursos de lanzamiento. Entre otras razones porque se pierden en los laberintos de las burocracias ministeriales y ni siquiera llegan a las escuelas agrícolas en los tres niveles, ni a las agencias de extensión rural; y cuando llegan no se llevan a la práctica y nadie es sancionado por no haberlas adoptado.

Estas sucesivas décadas de resistencias corporativistas y de esterilidades reformistas han sido más que suficientes para demostrarnos que una reforma educativa seria, rápida y eficaz muy difícilmente vendrá desde las cúspides y desde adentro de los gigantescos y burocratizados ministerios de educación (para la enseñanza agrícola escolarizada); y tampoco vendrá de los ministerios de agricultura (para la extensión agrícola). Los cambios en la educación: a)- tendrán que conquistarse a través de la reivindicación de los agricultores, porque ellos son las principales víctimas del actual y poco útil sistema educativo rural y b)- deberán originarse desde abajo y desde afuera del sistema oficial de educación. Es decir, las iniciativas y propuestas deberán partir de los demandantes y no de los oferentes de la educación.

La presión popular es el único lenguaje que los gobiernos entienden

Es por todas estas razones que los productores rurales deben hacer uso de la alternativa legítima, y probablemente la única realmente eficaz, de organizarse, presionar y, en forma civilizada pero categórica, exigir que las instituciones educativas rurales les ofrezcan conocimientos útiles y aplicables en la solución de sus problemas. Con tal fin, deberán exigir en carácter de prioridad y urgencia las siguientes medidas que aseguren a los habitantes del campo los conocimientos “eficientizadores”, profesionalizadores y emancipadores de los productores rurales y de sus familias, poniendo en práctica como mínimo las siguientes medidas:

El agro necesita de extensionistas creativos, ingeniosos y ojalá «con muchos callos en las manos»

-En los servicios oficiales de asistencia técnica/extensión rural, cuyos extensionistas, al haber recibido una inadecuada, insuficiente y muy teórica formación en nuestras facultades de ciencias agrarias, deberán recibir un curso de recapacitación para corregir sus debilidades técnicas y metodológicas. Podría ser una capacitación similar a la que hacían con alta eficiencia y excelentes resultados los antiguos servicios de extensión rural, adoptando el método de “enseñar y aprender a hacer haciéndolo”, directamente en el campo. El objetivo de la capacitación sería el de lograr que adquirieran una real capacidad teórico-práctica de enseñarles a los productores rurales a superar las ineficiencias que son evitables, corregibles y/o eliminables por los propios agricultores, por más adversas y restrictivas que sean las condiciones físico-productivas y edafo-climáticas de sus fincas. Adicionalmente es necesario descentralizar y desburocratizar estos servicios de asistencia técnica con el fin de que los extensionistas permanezcan (y si fuera necesario y posible) residan en las comunidades rurales para que puedan dedicarse exclusivamente a capacitar y a organizar a los agricultores. En vez de dedicar gran parte de su tiempo a seguir «burocratizando» en las oficinas, llenando informes irrelevantes y tramitando reiteradas solicitudes de créditos, refinanciamientos y condonaciones de deudas. Deudas que muchos agricultores no logran pagar a los bancos/usureros/intermediarios, fundamentalmente porque el servicio de extensión rural no les proporcionó los conocimientos, muchos de ellos elementales y primarios, para que los agricultores pudieran generar los ingresos suficientes y saldar sus deudas. Si por algún motivo los gobiernos no quieren o no desean adoptar estas medidas «eficientizadoras» de sus propios servicios de extensión rural, tienen la alternativa de delegar la ejecución de las actividades extensionistas a uno o más gremios de productores agropecuarios reconocidamente serios para que ellos las ejecuten bajo rígidos criterios «meritocráticos» y absolutamente apolíticos, y, por supuesto, transfiriéndoles con regularidad los recursos públicos necesarios para tal fin.

Las facultades de ciencias agrarias necesitan “desurbanizarse” y enfatizar las prácticas de campo

-En las facultades de ciencias agrarias que deberán «desurbanizar» su enseñanza con el fin de otorgar a las nuevas generaciones de egresados una formación mucho más práctica y realizada en gran parte donde los problemas ocurren y necesitan resolverse; es decir, directamente en las fincas, comunidades y mercados rurales. Deberán estar aptos para formular creativas e ingeniosas soluciones agronómicas/zootécnicas/veterinarias que les permitan corregir los errores que los productores rurales cometen. Sin embargo, en muchos casos para corregirlos también es necesario que los profesionales sepan demostrarlo a los agricultores y ganaderos, utilizando sus habilidades manuales. Por esta razón, además de títulos académicos es necesario que tengan muchos callos en sus manos. No logro entender cómo un estudiante de agronomía de extracción urbana formado por profesores que en su mayoría también son de origen urbano, pase 5 años en la facultad estudiando, apenas teóricamente en las aulas, laboratorios y power points, cómo mejorar la producción lechera del país si nunca tuvo la oportunidad y mucho menos la obligatoriedad de preparar una ración balanceada ni de hacer un ordeño higiénico de la vaca. ¿Con qué autoridad técnica ese egresado podrá orientar a los agricultores cómo sembrar, cosechar, injertar o podar si nunca reguló una sembradora o cosechadora, nunca injertó y nunca podó un árbol frutal?

Las facultades de educación están formando educadores muy teóricos que se gradúan pero no saben educar

-En las facultades de educación/pedagogía/escuelas normales para que otorguen a los futuros maestros de las escuelas fundamentales/primarias una formación más útil, instrumental y práctica. Esto con el propósito de que, a partir de la fecha de su graduación (y no x años después), los maestros sepan: qué y cómo hacer para proporcionarles a los niños de las escuelas fundamentales/primarias rurales los conocimientos útiles, habilidades/aptitudes, principios, valores, actitudes y comportamientos que las familias del campo necesitan adquirir.

Los pobres rurales necesitan aprender qué y cómo podrán hacer para erradicar su pobreza. Ellos no están interesados en conocer las biografías de los reyes de Francia.

-En las escuelas primarias/fundamentales rurales, que necesitan «agriculturalizar» y «ruralizar» sus contenidos curriculares para formar una nueva generación de agricultores motivados y capaces de adoptar de manera correcta las innovaciones que requiere la agricultura del mundo moderno y globalizado. Para la gran mayoría de los habitantes rurales el acceso a las escuelas fundamentales es la única oportunidad que tienen para adquirir conocimientos útiles para la vida y el trabajo en el campo. Sin embargo, esta excelente oportunidad en gran parte está siendo desperdiciada porque muchos de sus contenidos curriculares son irrelevantes y de poca utilidad y aplicabilidad en la solución de los problemas existentes en las áreas rurales que ellos enfrentarán después de adultos.

A propósito de esta propuesta de «agriculturalizar» y «ruralizar» sus programas educativos, seamos objetivos y realistas: ¿Cuál es la utilidad o aplicabilidad en la vida cotidiana de los niños rurales, quienes probablemente serán los futuros agricultores, del barniz con adornos pseudo-culturales e intelectuales que las referidas escuelas apenas hacen memorizar, como por ejemplo sobre los faraones y las pirámides de Egipto, el Imperio Romano y Bizantino, las biografías de Robespierre, Richelieu y Montesquieu, idem de los reyes de Francia Luis XIV, Luis XV y Luis XVI o las guerras napoleónicas, las altitudes del Everest, del Kilimanjaro y de las Montañas Rocosas de los EEUU, el largo del Río Nilo, la historia de las batallas que ocurrieron en el Coliseo de Roma, etc.

Mientras aburren a los niños con estos conocimientos irrelevantes para sus necesidades de vida y de trabajo en el campo, dejan de enseñarles contenidos mucho más útiles y necesarios para la solución de sus problemas más inmediatos y más frecuentes, como por ejemplo: a) Principios, valores, actitudes y comportamientos para mejorar su desempeño como personas, como padres y madres de familia, como empleados o emprendedores, como miembros honestos y solidarios de sus comunidades; b) Las medidas más elementales para obtener una producción agropecuaria más eficiente, más abundante, más diversificada y más rentable; c) Las medidas de higiene, profilaxis y alimentación que ellos deberían adoptar para evitar las enfermedades que ocurren con mayor frecuencia en las zonas rurales; d)- Qué y cómo deberían hacer para prevenir las intoxicaciones con pesticidas y los accidentes rurales; y cómo aplicar los primeros auxilios, cuando estos accidentes no hayan sido evitados; d) Cómo organizar solidariamente la comunidad para solucionar, en conjunto, aquellos problemas que no pueden o no deben resolverse individualmente, como por ejemplo la adquisición de los insumos y la comercialización de las cosechas; e) Cómo evitar las principales plagas y enfermedades de la agricultura y de la ganadería, cómo identificar y eliminar las plantas que intoxican a sus animales y los insectos que transmiten las enfermedades, cómo identificar víboras venenosas, etc. En otras palabras, en vez de hacerles memorizar la longitud del Río Nilo, sería más constructivo enseñarles qué y cómo deberían hacer para evitar la polución del rio de su propia comunidad. En vez de hacerles memorizar sobre los Jardines Colgantes de la Babilonia, enseñarles qué y cómo deben hacer para que exista un «Jardín» altamente productivo en cada finca de la comunidad, lleno de hortalizas, frutas, cereales, leguminosas, raíces y tubérculos, plantas medicinales, huevos, pollos y conejos o cuyes para mejorar la alimentación y consecuentemente la salud familiar.

¿Quién puede empezar la reforma en la educación rural: solo el ministro o también, y principalmente, los alcaldes municipales?

Y para finalizar, una sugerencia extremadamente sencilla para romper la antigua inercia instalada en el sistema educativo e iniciar una reforma curricular, inmediata y eficaz, en las escuelas primarias/fundamentales rurales, para que adapten sus programas educativos, volviéndolos más realistas, más pragmáticos y más útiles. Actualmente en todos o en casi todos los países de América Latina las autoridades municipales ya tienen la potestad o autoridad legal para adaptar los contenidos curriculares de las escuelas fundamentales, a las necesidades propias de su área de influencia. Consecuentemente los agricultores interesados en reivindicar la reforma no necesitan esperar semanas o meses para conseguir una audiencia y viajar a la capital de su provincia/estado/departamento y mucho menos a la capital del país para presentar sus reivindicaciones reformistas al secretario provincial o al ministro de educación. Aprovechando las ventajas de la cercanía y de la facilidad de contactar directamente con el alcalde/intendente/presidente municipal, podrán formar una comisión de productores rurales del municipio, solicitar una audiencia con el alcalde, con el director municipal de educación y con el director municipal de agricultura. Concedida la audiencia decirles clara y directamente lo siguiente: Primero: la educación que las escuelas rurales están proporcionando a nuestros hijos no nos sirve; nosotros necesitamos una educación con contenidos curriculares adaptados a las necesidades de vida y de trabajo existentes en el campo. Segundo: solicitamos que ustedes analicen críticamente, los siguientes textos que les entregamos en este momento: a) El fracaso de una educación rural y urbana que ofrece el circo antes del pan; b) La educación y el subdesarrollo rural: ¿Jardines Colgantes de la Babilonia o huertas familiares? ¿Enseñar lo exótico o lo útil y aplicable? y c) Buscando soluciones para la crisis del agro: ¿en la ventanilla del banco o en el pupitre de la escuela? Y decirles que estos tres textos y varios otros artículos relacionados con esta propuesta están disponibles, de forma gratuita, en la siguiente página web: www.PolanLacki.com.br/esp/artigos.html Creo que luego de leer estos tres artículos ellos considerarán la posibilidad y conveniencia de reunir los maestros rurales del municipio y promover una adecuación curricular en sus escuelas fundamentales/primarias rurales.

Críticas al contenido de este artículo y solicitudes de envíos de textos gratuitos sobre extensión rural y educación agrícola formal en los tres niveles, serán bienvenidas a través del email Polan.Lacki@onda.com.br

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En días pasados, el portal de la Revista Gestratégica[1] describió la iniciativa, insólita por decir lo menos, que la Fundación MásFamilia organización española, para certificar aquellas empresas que se proponen armonizar la vida personal, laboral y familiar. Se pretende distinguir aquellas empresas que demuestran una conciliación de esas dimensiones, junto con igualdad de oportunidades, diversidad, apoyo e integración de desfavorecidos.

Con ello se conformaría una reputación que manifiesta tratar a sus empleados como personas con responsabilidades más allá de su vida laboral, personas y no ‘recursosâ€, ‘costos laboralesâ€, o ‘elementos†de una cadena de valor. Además, reflejaría relaciones laborales donde se dé una paz social, atracción y retención del talento que redundaría en los resultados de la empresa.

La tendencia contemporánea de las certificaciones no son más que auditorías de parte de terceros sobre coherencia entre lo que una organización hace y dice que hace. Y vale para las ISOs referidas a los procesos de calidad en la producción y los servicios de empresas comerciales o maufactureras, las educativas para colegios y universidades, las hospitalarias, etc.[2] Constituyen una actividad bien exigente al interior de las organizaciones. Algo muy sano, cuando va aparejado de un cambio cultural profundo, que refleja la actividad cotidiana de la organización; de lo contrario, es una simple decoración de la fachada.

Existen organizaciones que sin dicha certificación –pues es algo novedoso- aspiran a ese propósito de armonía[3]. Pero cuando leía el artículo pensaba en el millardo de familias campesinas cuya organización del trabajo y de la vida familiar es armoniosa.

Fue la Revolución Industrial la que transformó ese estilo de vida y si bien, la mayoría de los hogares campesinos y muchas familias que residen en la finca viven la armonía entre el trabajo y la familia, la ciudad atenta contra esa armonía. No pueden negarse todos los beneficios que la conglemaración de la población en las ciudades trae (servicios, transporte, mercados, educación, salud, recreación), pero no pueden negarse las dificultades que por las distancias, la precariedad económica, los horarios de trabajo, etc. imponen sobre los integrantes de las familias.

Nuevamente son los campesinos y finqueros, los que no sólo nos proveen nuestros alimentos sino, buen número de ellos, ejemplos de formas de armonía familiar y laboral que bien vale la pena que nosotros los urbanitas consideremos.

Que halla inciativas que observen y destaquen esa armonía en las empresas es de celebrar. Poco dice de una empresa el que sus prácticas de trabajo y relaciones laborales promuevan la disolución familiar y la discriminación.

[1]http://www.gestrategica.org//templates/noticias_detalle.php?id=544

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El tema de despojo de la tierra en Colombia se documenta desde la Conquista –claro que entre tribus, antes de ésta, existió, sólo que no tenemos crónicas de ella. Desde entonces han existido toda suerte de modalidades para usurpar la tierra de quien la ha trabajado y poseído legítimamente. Cinco siglos no han bastado para lograr prácticas, instrumentos e instituciones que garanticen la propiedad de quien compró (heredó o desbrozó un baldío), trabajó y transformó un terreno.

Para los urbanitas el catastro, las oficinas de notariado y registro y las demarcaciones de vías y andenes en algo ofrecen localización y posesión algo precisa de los predios. No sucede igual con la tierra no urbana, es decir, aquella no incluída en ciudades y cabeceras municipales. Esa ha sido motivo de asignaciones por autoridades estatales, en pago por servicios a la Corona y luego a la República, invasiones, depojos. Un catastro, imparcial y eficaz, es decir, veraz de las zonas rurales aún está por lograrse. Este sí es el instrumento por excelencia para dirimir conflictos y asegurar posesión legítima.

La restitución de tierras a la que hoy asistimos, no tiene precedentes en el país. Se inicia tímidamente, pero en la medida que todos los participantes hagan su aprendizaje irá adquiriendo claridad, fuerza y prestigio de su posibilidad. Que de cientos o miles de hectáreas se restituyan parcelas de decenas de hectáreas a sus dueños legítimos es un comienzo.

Bien documentado se halla el despojo como medio y fin de la Violencia de mediados del siglo pasado. Algo menos el despojo de los ‘bienes de manos muertas†del siglo anterior a ese y así en alguna medida los anteriores despojos de la Colonia. Algún día la historiografía documentará la proporción de tierras logradas legítimamente (disposición legal del Estado, donación por servicios prestados en las guerras de independencia, garantía legal de transacciones sobre terrenos, desmonte y cultivo de baldíos, etc.) en contraste con las despojadas. Esta será la única manera de conocer la verdadera magnitud de esta práctica en el país.

Las inundaciones inéditas de los últimos meses constituyen también un reto, ya que mojones desaparecieron, únicos referentes para establecer tamaños y localización de predios. Obliga esto a conciliar acuerdos entre vecinos y, nuevamente, a que el catastro actualice, de modo certero y oportuno, la realidad física de los predios junto con su legítima propiedad.

Todo ello requerirá una gran creatividad institucional y técnica y dará cabida a que los sistemas satelitales de información geográfica cobren actualidad en el país y contribuyan a avanzar uno de los problemas estructurales de nuestra sociedad el de la propiedad de las tierras rurales.

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