La razón por la cual dichos países están estableciendo campañas para promover la siembra de esta especie recae en los beneficios ambientales que dicho árbol trae. En primera medida, este árbol tiene la capacidad de absorber el doble del dióxido de carbono que un árbol normal. Además su tiempo de reproducción es un tercio del tiempo que toma un árbol normal en reproducirse. Sin embargo, esta especie puede convertirse en una especie invasora. En el 2011 “la universidad de La Salle logró desarrollar una tecnología que permite ‘colombianizar’ la paulownia, conocida también en Japón como ‘kiri’, para que crezca en cualquier región del país como si fuera nativa y no se vuelva invasora.” (El tiempo, 2011) Pese a los avances y los beneficios ambientales que esta especie puede traer a la humanidad, el gobierno Colombiano no ha realizado programas o campañas para incentivar la siembra masiva de esta. La razón fundamental es que el gobierno está destinando sus esfuerzos para aumentar los productos agrícolas de exportación (El tiempo, 2017) y para mejorar las técnicas y los recursos que tienen los productores (Portafolio, 2016)

Debido a la importancia que representa el sector agropecuario para la economía del país por el alto número de personas que dependen de este sector, es necesario observar los beneficios económicos que esta especie puede brindar. En primer lugar, este árbol se destaca por hacer un buen uso de los recursos disponibles, consumiendo en menor medida recursos como el agua. Además su madera suele ser de alta calidad para la elaboración de productos de carpintería o de papel, teniendo la ventaja de producirse de manera rápida en un lapso de nueve años a diferencia de un árbol normal que puede tomar hasta 40 años. De igual forma, su vida útil es extensa y al ser talada, la Paulownia se regenera por sí misma. Por otro lado sus hojas suelen ser proveedoras de grandes nutrientes para el suelo y son alimento para ganado. Por estos motivos esta especie de árbol es considerada como una oportunidad agropecuaria que ofrece una alta rentabilidad ofreciendo un valor aproximado de mil euros anuales por hectárea (Revista m&m). Su fácil manejo y capacidad de adaptarse a cualquier clima hacen de esta especie una solución a una problemática social y ambiental sin dejar de lado los beneficios económicos.

Considerando estos aspectos es determinante que el Gobierno empiece a establecer estrategias para incentivar la producción de la Paulownia, pensando principalmente en los beneficios ambientales que se van a generar. Para lograr esto se debe educar a los diferentes agropecuarios para demostrarles los beneficios económicos y ambientales que la siembra de esta especie puede traer. Por este motivo el gobierno no solo debe destinar sus esfuerzos en la expansión del sector agropecuario con el fin de brindar beneficios económicos al país sino que debe buscar soluciones que sean sostenibles en el tiempo y que puedan tener efectos similares o mejores.

Bibliografía

Portafolio. (14 de 4 de 2016). Incentivos para créditos del plan Colombia Siembra. Portafolio .

El Tiempo. (4 de 2 de 2017). Colombia tiene 26 productos agrícolas con potencial exportador. El Tiempo .

El Nuevo Siglo. (8 de 1 de 2017). Kiri, un árbol increíble. El Nuevo Siglo .

El Tiempo. (18 de 6 de 2011). Logran que el ‘rey’ de los árboles crezca en Colombia. El tiempo .

Revista M&M. (s.f.). Paulownia: Valioso Género que Conquista el Mercado. Recuperado el 6 de 2 de 2017, de Revista M&M: http://www.revista-mm.com/ediciones/rev59/paulownia.pdf

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Dentro de lo discutido, los profesores plantearon que no se puede decir que la guerra ha traído conservación o que ha traído destrucción, pues son planteamientos simplistas, ya que ha habido un evidente reordenamiento del país y del territorio de una manera compleja por este fenómeno. Por ejemplo, existen áreas de algunos parques naturales, como la Macarena o Tinigua, que están minados o simplemente ocupados autoritariamente, lo cual ha frenado la ocupación civil de estos territorios. Sin embargo, a la vez, las FARC y otros actores armados han colonizado por medio de las armas varios recursos naturales, como el Río Guayabero en el Meta o Catatumbo en el Putumayo, y han contaminado a través del vertimiento de petróleo en sus aguas, después de atentados en contra de algunas multinacionales de hidrocarburos. Igualmente, esto sucede con el balance entre la deforestación que realizan las guerrillas para sus cultivos ilícitos, frente al aislamiento de los mercados legítimos que no han podido permear la mayor parte del territorio colombiano y transformar los ecosistemas. Entonces, es muy difícil discernir si la guerra es cómplice de la destrucción del medio ambiente o lo contrario, más aún al tener en cuenta que, a pesar de cargar con más de 50 años de guerra, Colombia es un país que se destaca a nivel latinoamericano en el desempeño ambiental, según índices del EPI[1].

En este sentido los Acuerdos de Paz podrían ser una caja de pandora que pueden poner en riesgo la ecología del país, pues la activación económica de los sectores que suponen potencializarse al firmar los Acuerdos pueden venir acompañados de un alto riesgo de deforestación. Como evidencia, Germán Andrade trajo a colación el caso del departamento de San Martín en Perú, después de la derrota que sufrió la guerrilla Sendero Luminoso hacia finales del siglo pasado. Luego de haber vivido por varios años la guerra, San Martín tuvo un auge económico donde pudieron integrarse muchos mercados que antes no eran viables en la zona. A partir de este momento, San Martín ha presentado las mayores tasas de deforestación de este país y ‘la mano invisible†ha acabado con ecosistemas amazónicos que son fundamentales para los ciclos biológicos de la Tierra. Ahora bien, esto puede suceder en una gran parte del territorio colombiano si no se crea toda una institucionalidad sólida que acompañe a los Acuerdos de la Habana, ausente en la literatura que han presentado las partes hasta ahora.

En efecto, por ahora no hay ninguna propuesta de reordenamiento institucional para que la Paz traiga los beneficios o dividendos ambientales, que además han sido parte de la promesa de los Ministerios. Lo que está en juego hoy en las áreas del conflicto son 15 millones de hectáreas representadas por mosaicos de selvas deforestadas, producto de las economías de la guerra como el cultivo de la coca. Esto es lo que constituye la frontera agrícola que plantea el Gobierno para el futuro desarrollo rural; así pues nace un dilema en los usos del territorio sin un control estatal, pues el bienestar económico de la población sin una institucionalidad que cuide los ecosistemas puede liberar consecuencias ambientalmente desastrosas.

La conclusión que plantea entonces el profesor Andrade es que, si bien Colombia cuenta con 17 millones de hectáreas protegidas que no pueden ser tocadas por sectores productivos, el fracaso de Colombia en su política de uso sostenible de la tierra no puede extenderse en el post-acuerdo. En cambio, es inminente que existan cambios estructurales que incluyan la biodiversidad de los bosques colombianos en las cadenas productivas que se pretenden desarrollar y no se dejen a la suerte de las fuerzas económicas del momento. Desafortunadamente, por ahora, en las economías campesinas que se pretenden consolidar para el post-acuerdo, no hay elementos de ordenamiento o de planificación que le garanticen al país que como mínimo la biodiversidad que existe hoy en día permanecerá o mejorará. Según Andrade, existen actualmente proyectos que pueden ser un buen ejemplo para el desenlace agrícola, como acuerdos campesinos de cooperativismo en la vertiente oriental de la Serranía de San Lucas, en el Medio Magdalena, que pretenden hacer toda una gestión social responsable y sostenible en torno a los bosques de su territorio. Asimismo, existen otros incentivos de entidades privadas, que nacen a través de programas de mercadeo con causa o otras figuras de valor compartido, como BanCO2 de Bancolombia, que permite a cualquier ciudadano donar dinero a una bolsa virtual que se reparte entre campesinos que son subsidiados para cuidar el medio ambiente y de este modo, garantizarles un buen vivir sin tener que recurrir a costos de oportunidad que los lleve a sacrificar ecosistemas. No obstante, estos programas son transitorios, no son sostenibles en el largo plazo y no pueden controlar un territorio tan complejo y diverso como el de Colombia.

En fin, en medio del siglo XXI, con contingencias ambientales tan palpables, los Acuerdos son ciegos frente al medio ambiente, pues les hace falta reconocer el valor ecológico del territorio colombiano, dividido en las denominadas “tierras” que sólo tienen en cuenta su productividad y la economía. En este sentido, se está olvidando que estas tierras cuentan con complejos sistemas naturales que son caracterizados por paisajes, ríos, quebradas, bosques o vegetación, y que son un beneficio potencial para la humanidad. Es cuestión de una mejor gestión del conocimiento, instituciones ambientales sólidas, menos intereses económicos y mayor voluntad política.

Bibliografía

Mesa Redonda “Sí Paz: Sí Medio Ambiente”. Día Paiz. Mediada por Manuel Rodríguez y Germán Andrade.

[1] El Environmental Performance Index (EPI) es un índice desarrollado por la Universidad de Yale que mide el desempeño de los países en cuanto a los asuntos ambientales de alta prioridad y está basado principalmente en dos áreas: protección de la salud humana y protección de los ecosistemas

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Las dichas regiones fueron azotadas por los grupos armados ilegales. En el caso de Montes de María esto fue causado por los paramilitares que controlaron la región. Luego de su desmovilización y para evitar la entrada de nuevos grupos, el Estado creó alternativas para los campesinos y hoy día hay empresas con grandes latifundios y cooperativas campesinas en esta que producen tabaco y otros productos. Ya que lo que se hizo fue crear las condiciones para volver competitivo este lugar, esto será posible en otros sitios similares.

Proponer este correctivo de un plan de vías terciarias en los acuerdos con las Farc es necesario para quitarles el control de ciertas zonas. Para las elecciones de segunda vuelta presidencial, se confirmó que las Farc presionaron en varias zonas de Nariño para votar por Juan Manuel Santos. Curiosamente, en estas mismas zonas (El Rosario, Providencia y Samaniego en Nariño) los resultados de segunda vuelta y de los votos por el “sí”, fueron idénticos. Esto se repite en lugares con alta presencia de cultivos ilícitos como Tibú o en el Putumayo. Con los cultivos ilícitos en alza, lo más probable es que haya presión futura por parte de algún grupo armado para las elecciones. Es por eso que un plan de vías hará que el Estado recupere el control de estas zonas para garantizar procesos electorales limpios y sin presión de ningún grupo armado ilegal.

Lo planteado en el Acuerdo deja mucho que desear en este sentido. En primer lugar, las Farc afirman que ellos tienen una relación lejana con la producción de droga en Colombia, cosa falsa así. En segundo lugar, los acuerdos en sus páginas 89 Y 90 hablan de un proceso de sustitución donde se deben crear “condiciones de bienestar” pero no se especifica el proceso para esto. Si se remite uno a la parte rural del Acuerdo, aunque se habla a fondo de elementos como el Fondo de Tierras, sólo se enumera la infraestructura como elemento importante en el campo en la página 10 en el punto de integralidad.

Sólo a manera de anécdota, en El Salvador cuando el gobierno construyó una autopista por la mitad de la selva, el FMLN perdió su retaguardia estratégica, contribuyendo a su derrota final. Siendo la infraestructura uno de los problemas históricos del agro colombiano, sorprende que una guerrilla que se ha empeñado en destruirla, no profundice en su modernización. Para que el Acuerdo de verdad sea integral, propongo que se creen unos planes viales parecidos a los 4G donde se plantee conectar lugares como el Putumayo, Tibú, zonas del Nariño y del Chocó a las principales vías de comunicación nacional. Incluso se podría plantear que de la fortuna de 33 billones de pesos de las FARC, se financie una parte. De esta manera, el Estado mejorará la competitividad de estas regiones, habrá empleo y además creará lo básico para poder llevar otros elementos tales como servicios públicos a estas zonas.

Este plan de vías terciarias traerá muchas ventajas a estas regiones. Las 4G cuestan más de 112 billones de pesos o casi 15% del PIB, por lo cual un plan de vías terciarias aportaría un monto del PIB en regiones apartadas de los centros urbanos. De igual manera, sería una oportunidad de corregir los problemas estructurales del campo como lo es la conectividad con los centros urbanos. Sólo para poner un ejemplo, si se arreglaran las vías terciarias entre Yopal y Sogamoso además de mejorar esta vía, la vía Bogotá-Villavicencio se descongestionaría significativamente y además los productores de Arauca, Vichada y Casanare tendrían otras opciones para enviar sus productos a Bogotá vía Boyacá. Los ahorros en costos se verían reflejados en los precios de los alimentos y el empleo en estos lugares aumentaría significativamente durante la construcción de las mismas.

Es importante que la financiación sea realista. Si se ponen demasiados peajes como en algunas vías de Colombia, se encarecerán los productos. Por lo tanto, el gobierno puede destinar una parte de las regalías para esto. Ya que hace poco se pasó una ley poniéndole altos impuestos a las bebidas alcohólicas, lo mejor sería destinar estos recursos a mejoras de las vías terciarias. Es así que aunque haya un aumento del costo de bebidas como el aguardiente, las mejoras en su transporte podrían compensar el alza de precios. Otra opción sería destinar ciertos montos (i.e. 3% del presupuesto departamental) para la mejora de las dichas vías. Lo cierto es que estas son poco rentables para los consorcios, por lo cual no es seguro que haya APPs, pero es necesario que el Estado busque los recursos para darle un empujón a los productores locales, recupere el control de las zonas cocaleras y ayude a que la sustitución de cultivos tenga alternativas viables más allá de un precio alto de la cocaína.

Para concluir, esta oportunidad de corregir una de las fallas estructurales del agro no se puede desperdiciar. No se puede afirmar como dicen varios que el agro perdió en el plebiscito. Al contrario, si se logra superar este atraso vial, habrá valido la pena la espera. Construir carreteras es una forma de presencia estatal y de quitarle el control de territorios a los violentos. Es por esto que aunque unas APP son poco factibles, usar fuentes de financiación tradicionales y ponerle un orden al gasto estatal serán efectivos para efectuar estos cambios.

Adicional a esto se plantean algunos correctivos para ayudar a destrabar el Acuerdo

1. El Lunes 10 de Octubre, más de 400 empresarios enviaron una carta al gobierno donde dicen estar a la orden para destrabar los mismos ¿Por qué no amnistiar rápidamente a la denominada guerrillerada de las Farc (5700 integrantes aproximadamente, sólo culpables de rebelión) y que estos empresarios les den trabajo en su empresa? No serían grupos muy grandes (en promedio 15 por empresa) y se les daría una opción de trabajo digno a estas personas. Estoy seguro de que pueden ayudar en cosas como hacer caminos por plantaciones o de guardabosques
2. Uno de los problemas de esta solución es la vivienda de los mismos. En vista de la gran afluencia de personas que fueron a las marchas de Octubre 5 de 2016 para motivar al gobierno a seguir buscando un acuerdo¿Por qué estas personas no se proponen como voluntarios para darles un albergue en sus hogares
3. Con el fin de ubicar a estas personas en el mercado laboral el Ministerio de Trabajo podría tratar de coordinar programas específicos para que el proceso sea lo más pronto posible y así ahorrarle costos al Estado sobre la manutención de la dicha guerrillerada en el post acuerdo.
4. Con estas pequeñas propuestas se busca dar algunas soluciones muy simples (15 personas nuevas para empresas grandes no es tanto) y si al menos una de estas es tenida en cuenta, habrá valido la pena.

   Es bueno saber: ¿Por qué está mal usar frases como “millones y millonas”, “todos y todas”?

   Muchas de las lenguas romances usan el plural masculino para incluir a varios géneros y así hacer uso de la economía lingüística. Tal caso es el del español “nos fuimos de paseo”, el occitán “totes los passatgiers son tristes” (todos los pasajeros son tristes) o el francés “ils sont étudiants” (ellos son estudiantes). Ya que el masculino es el género no marcado es correcto usarlo y así ahorrarse frases como “los trabajadores y las trabajadoras”, ya que se puede caer en errores como “los libros y libras”, etc. Esto se trae a colación ya que el Acuerdo tiende a caer en esto error en muchos lugares (i.e. “comunidad-hombre y mujer-“, “líderes y lideresas”), por lo cual se recomienda corregir la redacción para tener economía del lenguaje.

Bibliografía:

El Espectador. 17 de Noviembre de 2015. La paz pendiente de los Montes de María. Recurso en línea. Recuperado en http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vice/paz-pendiente-de-los-montes-de-maria-articulo-599897

La Silla Vacía. Las 80 tundas de Santos a Zuluaga. Recurso en línea. Recuperado en http://lasillavacia.com/historia/historia-municipios-atipicos-47997

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados del plebiscito. Recurso en línea. Consultado en http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPL23115ZZZZZZZZZZZZ_L1.html

Acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc. Recurso en línea. Consultado en https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf

El Espectador. 4 de Octubre de 2016. Licores, las nuevas regalías. Recurso en línea. Recuperado en http://www.elespectador.com/noticias/economia/licores-nuevas-regalias-articulo-658552

El autor aclara que apoya al gobierno y a los voceros del NO a seguir persistiendo en la renegociación de los acuerdos y que le pesa mucho no haber podido ir a las dichas marchas, ya que no sabía de estas.

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Los acuerdos concentran su atención principalmente en el agro, debido a que al haber sido la principal motivación para empezar la guerra es evidente que implementar soluciones para este sector puede transformarse en el motor para la paz. De este modo, en su afán por evidenciar los esfuerzos sobre una “política de desarrollo agrario integral”, el 20 de julio de este año, el presidente Santos aprobó el proyecto de ley 223 de 2015, a través del cual legaliza la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES). A grandes rasgos, la nueva ley delimita las zonas especiales del país caracterizadas por su aislamiento, altos índices de pobreza y poca infraestructura. Según el gobierno, con la delimitación de estos terrenos, la Ley pretende generar inclusión social de los campesinos, promover la productividad de la tierra, crear desarrollo económico y social de las periferias, regular la propiedad de los trabajadores del agro, generar empleo rural y garantías de seguridad alimentarias para los vinculantes.

Por un lado, el discurso del Gobierno y el Ministerio de Agricultura parece tomar una postura que promete dignificar el campo colombiano y de este modo, plantea soluciones que busca integrar toda una cadena productiva con trabajadores agrícolas. Además, es importante que la Ley promueve esquemas de negocios serios y formales que deben cumplir con un procedimiento y un control por parte del Estado. Asimismo, el gobierno se jacta de que es la ley más “audaz” en cuanto a la historia del agro del país, ya que enlaza una nueva dinámica de producción agrícola con incentivos crediticios, con el fin de promover inclusión económica y social de los beneficiados.

Por otro lado, es importante anotar que el proyecto de Ley «ZIDRES» ha estado en la mira de académicos, funcionarios públicos y organizaciones campesinas, por la libertad de interpretación que presenta y con el argumento de que va en contravía de lo que pretende el futuro de la Reforma Rural Integral establecida en los acuerdos de paz. La nueva Ley tiene un enfoque hacia la productividad y no hacia la tenencia de la tierra, debido a que la Ley puede presentar una interpretación que habilita a las empresas a adquirir tierras por medio de concesiones casi perpetuas. De hecho, la Ley fue demandada recientemente y la Corte Constitucional aprobó la demanda por el efecto de la Ley ZIDRES que da pie a las empresas a acumular baldíos en vez de ser asignados a los campesinos sin tierras, los cuales deben ser favorecidos según lo dicta la Constitución a través la Ley 160 de 1994.

De este modo, es evidente que la actitud ideológica del gabinete presidencial intercede en este tipo de decisiones legislativas. El Gobierno tiene la noción de que la inversión de capital privado de grupos económicos ya consolidados es la solución para el posconflicto e incidirá en la dignificación del sector primario. Si bien es compresible que la escuela económica neo-clásica del gabinete actual se fundamenta en ideales que prometen la creación de valor para la población a partir de inyecciones de capital y conocimiento, en Colombia no contamos con las condiciones para que esto suceda; actualmente, el país no tiene instituciones de calidad o con la suficiente legitimidad para evitar que los grandes actores económicos sigan acaparando la riqueza y explotando los recursos naturales sin cumplir los compromisos económicos que deben asumir con las regiones. Si el gobierno tiene la intención de generar inclusión social y económica del campesinado colombiano, debería enfocar sus esfuerzos en la creación de proyectos de cooperativas de empresas familiares u otras figuras que involucren al campesinado como empresarios y dueños de sus tierras, tal y como funciona el sector primario en la mayor parte de países desarrollados como Francia, Italia y España, y no sólo como trabajadores agrarios de las grandes corporaciones; éste será un tema de discusión en el próximo articulo que publicaré.

En conclusión, el conflicto colombiano no puede tener un desenlace desarrollando políticas que favorecen los intereses económicos de unos pocos. Esto seguirá contribuyendo a la desigualdad del país, lo cual es el eje del círculo vicioso de la violencia que nos ha atormentado por más de 60 años. Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno.

BIBLIOGRAFÍA

Colombia: las falacias detrás de ZIDRES, una ley de “subdesarrollo rural” (s.f.). Oxfam International. Recuperado de https://www.oxfam.org/es/colombia-las-falacias-detras-de-zidres-una-ley-de-subdesarrollo-rural

Corte Constitucional admite demanda contra ley Zidres (09 de Agosto de 2016). El Espectador. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/corte-constitucional-admite-demanda-contra-ley-zidres-499467

Diez puntos para entender la Ley Zidres que sancionó Santos (29 de enero de 2016). El Espectador. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/abece-de-la-ley-zidres-que-sanciono-santos/458494

Esta no es una ley de baldíos y no va a limitar el acceso a la tierra: Santos sobre Ley Zidres (3 de Agosto de 2016). CM&. Recuperado de http://www.cmi.com.co/politica/esta-no-es-una-ley-de-baldios-y-no-va-a-limitar-el-acceso-a-la-tierra-santos-sobre-ley-zidres/400401/

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Las reglas de juego para las zidres (03 de Agosto de 2016). El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/reglas-de-juego-zidres-articulo-647104-0

¿Qué es el proyecto de Ley Zidres? (14 de Diciembre de 2015). El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-proyecto-de-ley-de-zidres-articulo-605547

Reparos a la reglamentación de Zidres (29 de Julio de 2016). El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/politica/reparos-reglamentacion-de-zidres-articulo-646168

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Se realizó un debate, con representantes de diferentes entidades públicas y privadas, sobre el papel de las organizaciones, que cada panelista representaba, frente al manejo del riesgo a nivel territorial. La mesa de panelistas estuvo conformada por Diana Rubiano, encargada de gestión del riesgo para el Banco Mundial, Jasson García coordinador del proyecto Pricc (El Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca), Omar Franco, director del Ideam, Richard Vargas, subdirector general para el manejo de riesgos y desastres entidad adscrita a la presidencia , Luis Yamin Lacourt, director del CIMOC (Centro de investigación en materiales y obras civiles) de la Universidad de los Andes, Viviana Lara, especialista senior del banco CAF de América latina para la gestión del riesgo.

El debate se centró en la pregunta ¿Qué hace su organización para la gestión del riesgo y el territorio? Si bien gran parte de la discusión evidenció cómo Colombia a pesar de ser unos de los mejores países de la región en la gestión del riesgo, aun tiene muchos retos frente al manejo este, especialmente el relacionado al cambio climático a nivel territorial y local, Se quedo corta en propuestas concretas por parte de los panelistas y en consecuencia de las organizaciones. Una de las conclusiones que se pueden sacar de este debate es que el problema en Colombia no es un problema de financiación, así los confirmaron las representantes del Banco Mundial Y del CAF banco de América latina, donde existen mecanismos y seguros en caso de que sucedan catástrofes en nuestro país. En lo que si estamos atrasados es en gestionar el riesgo de cada municipio de manera correcta, y como lo mencionaba el mismo director del Ideam, los planes de ordenamiento territorial de los municipios han perdido su foco y se han vuelto propuestas políticas que solo conciernen al periodo de gobierno y que carecen de estudios técnicos. Claro está que la culpa no es solo de los entes territoriales, pues es muy complejo encontrar profesionales técnicos en estos municipios que permitan hacer los estudios necesarios para preveer el riesgo. Una de las presentaciones que debió dejar mucho más claro el panorama general fue la de Richard Vargas subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aunque es una entidad relativamente nueva (2 años) no dejó claro planes específicos y mucho menos la labores que desempeña dicha unidad, lo que quedó claro a los asistentes es que su labor es más administrativa.

A groso modo lo que deja claro este debate es que lo que falta en Colombia es articulación entre las organizaciones públicas, privadas y la academia, así como los mecanismos para que las entidades territoriales puedan gestionar de manera técnica y profesional el riesgo. Uno de los planteamientos más interesantes fue del proyecto PRICC (http://www.priccregioncapital.org/index.php/el-pricc ) ,gestiona y planea el riesgo del cambio climático en la capital, proyecto que debería replicarse en cada municipio de nuestro país, pues es el sector agropecuario uno de los más afectados por dicho cambio, debería existir un plan de adaptación local para que las zonas rurales puedan adaptarse y evitar profundizar las crisis actual del agro.

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La mejor forma de conservación, como se ha argumentado en los artículos anteriores, es aquella que se desarrolla desde lo local, y que entiende a la comunidad como miembro inherente del proceso para generar lógicas de conservación que incluyen territorio, comunidad y recursos naturales. El conflicto colombiano ha afectado tanto a las comunidades, como a sus recursos naturales y los territorios, por lo que la conservación y las áreas destinadas a estas (Cualquiera que sea la modalidad jurídica que se use) dependen para su buena gestión de los efectos que el conflicto pueda tener sobre cada variable.

El actual proceso de paz nos enfrenta, como país, a la perpetuación del conflicto o al comienzo de su terminación. Entender la territorialidad del conflicto es fundamental para generar iniciativas y políticas de conservación con miras al desarrollo social de aquellas comunidades que más han sufrido sus consecuencias. El Congo ha logrado, de manera más o menos exitosa, desarrollar políticas de conservación durante los periodos más álgidos del conflicto interno de esta nación:

Los conflictos de 1996 y 1998 exacerbaron y aumentaron la destrucción de los ecosistemas, y condujeron a la explotación ilegal y al sistemático saqueo de recursos, tanto en tierra (café, madera, marfil, etc.) como de recursos subterráneos (coltán, oro, diamantes). Las armas proliferaron y los guardas y gerentes del ICCN fueron asesinados por bandas de maleantes. Para salvar los sitios de Patrimonio Mundial amenazados, el ICCN propuso al Centro del Patrimonio Mundial la realización de un proyecto encaminado a prestar apoyo a la gestión de la biodiversidad en tiempos de conflicto. Este proyecto, de cuatro años de duración, cuenta con un presupuesto global de 4.180.957 dólares, de los cuales 2.902.024 fueron contribuidos por la Fundación de las Naciones Unidas (FNU). (Baliruhya, Eulalie. Conservación en tiempos de conflicto. Revista nuestro planeta.2002)

Colombia, al igual que el Congo, ha logrado continuar el proceso de conservación, con los obstáculos que supone, para aquellos que se encargan de cuidar de cada región, proteger los recursos naturales en medio de combates y con las necesidades apremiantes de comunidades enteras que se sirven de los recursos a la mano para sobrevivir. Sin embargo tener en papel una de las legislaciones más avanzadas en conservación no garantiza la sostenibilidad de estas áreas, más cuando no hay presencia del Estado en estas zonas y son los frentes guerrilleros quienes tiene el control, con la consecuencia de disponer los recursos naturales de las regiones bajo las cuales reinan.

Cuando nos referimos a la territorialidad del conflicto nos referimos directamente al desarrollo del conflicto colombiano desde lo local, es decir a una guerra de guerrillas que luchan por mantener el control sobre regiones limitadas. Existe amplia bibliografía acerca del comienzo del conflicto colombiano, la defensa de la propiedad campesina fue uno de esos ideales antaño defendidos por estos grupos que en su momento podían denominarse insurgentes. Ahora la tierra y el conflicto tienen una relación íntima frente a la economía del narcotráfico, que a su paso va dejando comunidades empobrecidas que son explotadas como mano de obra y ecosistemas perdidos, utilizados para la siembra de coca o la extracción de coltán, sin mencionar los enfrentamientos entre guerrilla y fuerzas armadas. Sin embargo hablar de la guerra o conflicto interno de Colombia nos enfrenta al estatus que tiene este, pues el postconflicto se enmarcará en la denominación que se le ha dado a la problemática actual. Uno de los grandes retos, si se llega a generar un acuerdo, es la del trato de las víctimas dado que los gobiernos han sido reticentes a denominar el conflicto colombiano como tal, por las implicaciones y la legitimidad que se le puede dar a los “terroristas” como se les ha denominado en la última década. Según el Tratado De Roma, la definición se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos (Tratado de roma, párrafo 2). La importancia de la denominación, en palabras de Juan José Ferro en su artículo “Existencia de un conflicto armado, ¿quién decide?, radica en que la naturaleza del conflicto determinará el régimen jurídico aplicable a los actos cometidos. El hecho de no denominar a la problemática colombiana como conflicto armado interno evitará que muchas víctimas sean resarcidas, y para el caso particular, el daño irreversible a ecosistemas será una de las víctimas que seguramente quedará excluida.

Pasando de la definición a la verdadera problemática en Colombia, el conflicto armado de guerrillas ha encontrado en lo territorial, entendido como los pueblos y municipios, un fundamento para expandir su modelo económico y de violencia. El problema inicial de tierras y gamonales, que encontró en las diferencias partidistas de los años 50 una excusa para atomizar la violencia, con el objetivo de exigir reivindicaciones de equidad, que luego incluyó el modelo de narcotráfico, generó el verdadero conflicto colombiano que es una mezcla de conflictos locales adaptados a las realidades de cada región en Colombia. Así lo menciona Fabio Velásquez Carrillo el compendio de ensayos “Territorio, conflicto y gestión pública en Colombia: Una mirada desde lo local” donde afirma que el accionar del conflicto desde lo local ha adoptado tres modelos: el control político electoral, control sobre la gestión municipal y control territorial. Estos territorios se convirtieron en las zonas rojas: La zona roja representa el enclave violento revestido de naturaleza, ausente del pleno mandato de los partidos tradicionales, expuesto a la agitación y a la protesta social, propicio para el accionar de las guerrillas..(Dimas, Serna Adrián. Conflicto y región en Colombia.2009:19)

Un conflicto que es diferente en cada municipio y que en Cuba difícilmente está representando los intereses de los grupos armados de cada región, enfrenta significativos impases en cómo las victimas van a ser resarcidas. Entre ellas las zonas de conservación que hasta el día de hoy hacen de campo de batalla y de víctima, de no darles la relevancia que merecen seguirán empobreciéndose y junto a ellas las comunidades que las habitan. El desarrollo local y el papel de los alcaldes y gobernadores será el diferenciador para saber si la pobreza y la explotación se quedan o se superan en un proceso de paz que dista mucho de dar soluciones a todas las problemáticas sociales de Colombia.

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A pesar de las referencias en la carta magna y de algunas iniciativas gubernamentales, solo fue hasta el año dos mil, donde Colombia reconoció a las áreas protegidas como parte fundamental del desarrollo y deja de percibirlas como simple áreas de preservación, incluyendo un componente cultural y de desarrollo económico. En el año 2003 se crea la Unidad especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia adscrita directamente al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con el fin de dar más autonomía financiera y jurídica.

Actualmente a pesar de que Colombia se encuentra entre los promedios estadísticos en cuanto a áreas de conservación en América Latina, al compararlo contra los promedios de naciones industrializadas se presenta un rezago importante. Y es queColombia a pesar de la riqueza natural, que comparte con sus pares americanos, presenta singularidades que hacen la gobernanza de estas áreas un reto significativo para la sociedad y los diferentes gobiernos de turno.

Actualmente uno de los grandes aciertos de la Unidad de Parques Naturales de Colombia ha sido la neutralidad y gestión de los parques en medio del conflicto armado colombiano. Teniendo en cuenta que muchos de estos parques son escenarios de combates entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, la gestión ha sido continua. Así mismo se debe tener en cuenta que el conflicto genera desplazamiento no solo hacia las grandes ciudades sino hacia zonas de reserva, actualmente viven dentro de áreas de protección y conservación cincuenta y cinco mil personas (Tomado de Parques naturales de Colombia, 2013), lo que se convierte en un reto para la gestión de estas áreas y a la vez una amenaza para biodiversidad de estos sitios.

Al día de hoy Colombia cuenta con casi quince millones de hectáreas en áreas protegidas, por lo que representa casi un 12% del territorio nacional, sin embargo en los últimos años, al aumentar los territorios y mantener el presupuesto, la productividad de la unidad de parques naturales ha venido disminuyendo. Aunque el presupuesto aumenta cada año no lo hace de acuerdo al crecimiento y necesidad de las áreas. Las conocidas locomotoras de desarrollo del gobierno actual han puesto una presión sobre las áreas protegidas, la explotación de hidrocarburos están comprometiendo zonas protegidas y solo hablamos de la minería legal, hay áreas donde existe explotación a menos de 500 metros. Mientras la sociedad colombiana no entienda que los parques naturales no son un problema de conservación, sino de desarrollo económico, y una apuesta social más que jurídica, donde decidimos preservar áreas para nuestro bienestar, los recursos y políticas nunca van a ser lo suficientemente representativas y pueden comprometer el desarrollo económico del país. ¿Cuál sería la repercusión de dejar a Bogotá sin los recursos hídricos que le aporta Chingaza, hay desarrollo sin agua?

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El Estado de Illinois (http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_Illinois) posee una superficie equivalente a una sexta parte del territorio colombiano y una población que es una cuarta parte de la nuestra. Su ingreso per cápita es seis veces superior al colombiano. McLean County(http://en.wikipedia.org/wiki/McLean_County,_Illinois), en el corazón del Estado, es el condado -algo equivalente a un municipio nuestro- más grande y rico de dicho Estado. Su población es igual a la de Facatativá (150.000) (http://en.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1) y su superficie una sexta parte la de Cundinamarca.

Dicho Condado fue fundado en 1830 e inicialmente poblado por inmigrantes alemanes y suecos. Las estepas de Illinois poseen uno de los suelos más ricos del País, sin embargo debieron secar humedales en extensión equivalente a una sexta parte de su territorio. Para ello, las técnicas de cultivo que trajeron los europeos fueron oportunas: incluyeron la fabricación de tubos de gres y su colocación en un enmallado de canales subterraneos a lo largo y ancho de todo el territorio.

Las técnicas de arado (http://en.wikipedia.org/wiki/Ploughs) fueron avanzadas con los retos que demandaba cultivar en grandes extensiones. Un invento clave lo realizó John Deere pocos años después de fundado el Condado: el arado de acero. Hasta entonces estos eran de madera o de de hierro fundido. El terreno arcilloso de Illinois obligaba al granjero a detener con frecuencia sus caballos para limpiar el arado. El acero, en cambio, permitía arar grandes extensiones sin detenerse.

Lo que ilustra el beneficio propio y para la sociedad cuando las innovaciones agrícolas atienden necesidades patentes del campo. El diseño, materiales empleados, fuerza animal y prácticas de arado no cambiaron sustancialmente en siglos. En cambio, una simple sustitución material: acero en lugar de maderas o hierro fundido, significó alcanzar productividades jamás antes conocidas.

Los desarrollos técnicos (extensión agrícola, investigación universitaria); la organización social (familias granjeras, cooperativas, farm bureaus ); agencias reguladoras del Estado (catastro, juzgados, etc.); contribuyeron a que en el siglo XX en el Condado la productividad agrícola y pecuaria se incrementara por un factor de cinco, a la vez que las familias finqueras se redujeran a una quinta parte de los hogares rurales iniciales.

Las unidades productivas en McLean suelen ser de más de 250has. Es decir, una milla cuadrada. La milla (1.6 kms) es la medida que fundamenta la malla vial cuadriculada. La periferia de los cuadrados delimitan los linderos de las fincas o granjas y sirven, además, para las carreteras rectilineas que atraviesan de Sur a Norte o de Este a Oeste de modo simétrico todo el territorio.

Una agrimensura de gran exactitud y derechos de propiedad crecientes contribuyeron a mitigar los conflictos esperados de cualquier ocupación territorial planeada, como la fue la de estos Estados de frontera. Conflictos los hubo. Cuando los sureños ingresan al Condado en el siglo XIX con prácticas pecuarias de pradera, sus animales invaden los cultivos de los yankees quienes tenían los suyos confinados. Al no ser posible cercar las grandes extensiones de cultivos, los juzgados y sus leyes consetudinarias juegan un papel fundamental en la determinación de los derechos de propiedad y respeto a los límites de las granjas.

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El Informe[1] que venimos comentando en estos escritos define la Criminalización de la política como: “Intervención de un grupo al margen de la ley, que mediante el uso de la coerción armada busca distorsionar los resultados de las elecciones públicas en benficio propio, con el fin de adquirir poder político para influir en el desempeño de las instituciones legales, de manera que garantice la impunidad de sus crimenes.” (p.258).

En la década pasada la opinión pública conoció en toda su funesta extensión y profundidad la realidad de la ‘parapolíticaâ€. Sendas investigaciones y publicaciones, ya no sólo de la prensa, vienen documentando los alcances de esa realidad. Y no es del caso elaborar más sobre ello. El Informe reconoce, también, que existe documentación para 1997 en que la guerrilla empleara acciones similares en el Bajo Cauca.

La pregunta obvia es ¿por qué no ha existido igual acción del Estado para revelar la ‘farcpolítica†que ha estado presente desde hace varias décadas?

Y claro, con ello se abre un abanico de preguntas que bien vale la pena considerar para comprender con mayor lucidez el contexto de las negociaciones que vienen en camino este mes. Y no sólo el contexto, sino lo que se halla en juego.

De los acontecimientos recientes como la captura de uno de los capos más buscados de los últimos tiempos y la revelación de sus negocios con los grupos armados ilegales, incluyendo las FARC, se presenta un panorama muy complejo para las negociaciones de paz. La economía del narcotráfico no suele erradicarse en mesas de negociación, así se rebajen penas a quienes delaten sus redes.

No se trata de negociar entre grupos ideológicamente empecinados. En verdad, ni el gobierno o representantes del Estado, ni los grupos ilegales armados (guerrilla, narcotráfico, etc.) tienen ideologías visibles o coherentes. Los primeros, claro que representan la ‘institucionalidad†y, nadie pondría en duda, que procuran defender esa ‘institucionalidad†o al menos su interpretación de ella. Los segundos, no aceptan esa ‘institucionalidadâ€, luchan por transformarla, cuando no destruirla, y para ello no sólo combaten sus fuerzas armadas, sino ingenian toda suerte de estrategias cuyo mejor nombre es el de una acción ‘paraestatal†o ‘paraEstadoâ€. Con otras palabras, acciones que buscan sustituir al Estado allí donde tiene poca presencia o donde no es posible sobornar a sus representantes.

Si esta apreciación es adecuada, entonces es poco probable que sean las ideas del Estado, el sentido de lo público, el tipo de orden social, lo que surjan en las negociaciones –claro que bueno sería que así fuera y que, además, visiones de la sociedad, de lo político, de lo económico fuera lo que se acordara-. Se tratará de una negociación de índole principalmente económica, de participación política y de eximir culpas y penas.

En las recomendaciones de los teóricos y prácticos de la negociación, entre las partes en conflicto son indispensables: la confianza mutua, la comunicación transparente, la comunidad de intereses , y el que las partes cedan en proporcional medida. La real posibilidad que se den estos requisitos sólo lo conocen bien los más de diez millones de campesinos, finqueros, habitantes y empresarios del campo quienes han sufrido las acciones de las partes en conflicto durante más de medio siglo.

Pero como suele suceder en estos casos son las élites urbanas (que incluyen a los voceros de los grupos alzados en armas) quienes decidirán la suerte de aquella población rural y de paso, del país en general.

Tener en cuenta la opinión de dicha población evitaría que la noción de la criminalización de la política, expuesta arriba, se amplíe para incluir coerción de la opinión pública y si bien, ahora no por las armas, si por medio del mercado de los medios de comunicación tan propensos a ello y en particular en el Estado.

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