La autonomía que cada comunidad pueda tener, para administrar sus territorios apoyados por las instituciones públicas, puede ser la mejor respuesta para que la conservación no sea un conjunto de leyes que deban ser aplicadas desde la punta de la pirámide, sino que sea un conjunto de propuestas y emprendimientos sociales de la base social. Lo anterior enmarcado en proyectos de conservación productivos que den legitimidad al proceso de conservación, que actualmente tiene una apolítica de defensiva. En el largo plazo no será sostenible dicha política, si no encuentra aceptación por parte de cada comunidad, que es la interesada en preservar el valor de su cultura y en consecuencia de su territorio. Las comunidades indígenas y de negritudes en nuestro país son un ejemplo de relación con el entorno y preservación, así como algunas iniciativas privadas que comienzan a delimitar espacios representativos para la conservación.
Como ya hemos mencionada en otras publicaciones la cultura y la etnografía de cada comunidad está sujeta a la relación que esta tiene con el entorno, el territorio es una variable fundamental que afecta las dinámicas de comunidad, así lo menciona el estudio llevado a cabo por observatorio de territorios étnicos de la universidad javeriana en el estudio de experiencias y percepciones de jóvenes afro descendientes en procesos de autonomía territorial (2012. Pg.24) En Colombia la autonomía administrativa que tiene algunas de estas comunidades les ha permitido generar modelos propios de desarrollo y en consecuencia de conservación, así mismo algunos privados han desarrollado iniciativas que se han convertido en referentes sociales de conservación, es así que en el departamento de Casanare un grupo de finqueros decidió unirse y crearon una zona de reserva de quince mil hectáreas dentro de sus fincas, fue una agremiación de 10 fincas, en este momento es una de las reservas privadas más grandes del país.
Algo parecido ha sucedido en el chocó[1]. En la publicación anterior mencionamos que la conservación en un país como el nuestro no puede entenderse bajo el concepto de aislamiento ya que no responde a las necesidades de las personas que viven en zonas de reserva y que llevan varias décadas asentadas allí. Dos comunidades del Choco, Alto de san Juan y el Carmelo, han desarrollado concejos comunitarios mayores para administrar la explotación de recursos de sus comunidades de manera adecuada y sostenible. Las actividades principales son explotación agropecuaria, forestal, minera, caza y pesca. Las actividades de los miembros de la comunidad pueden ser múltiples, sin embargos algunas como la minería o la explotación forestal requieren aprobación por parte del concejo. Así mismo estos concejos toman decisiones basados en su cultura, es por eso que la extracción de plantas medicinales o consideradas mágicas tienen reglas específicas dentro de la comunidad. Lo anterior es una muestra que la conservación desde las comunidades es mucho más efectiva que desde una organización central. La labor de la unidad de parques naturales de Colombia deber ser direccionar y crear una estrategia, sin embargo el control debe hacerse desde las comunidades, así la participación social en la conservación estará alineada con la unidad de parques y el interés de la comunidad será la preservación de sus recursos para el beneficio propio.
