Mi inquietud por este tema ha despertado la necesidad de interrogar a una persona experta no sólo en la economía del país, sino también en temas de control del narcotráfico y sobretodo en el agro del país. Carlos Gustavo Cano es economista de la Univesidad de los Andes de la ciudad de Bogotá. Hizo un master en economía en Inglaterra, un Postgrado en Government, Business and the International Economy en la Universidad de Harvard y otro en el INALDE en Bogotá. Su trayectoria profesional como Codirector del Banco de la República desde febrero de 2005 y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia lo hace una persona integral con una perspectiva amplia y desarrollada sobre el tema.

C.G: Muchas gracias por esta entrevista y la atención.

M.C: ¿Cómo crees tú que el narcotráfico ha influenciado la economía del país?

C.G: El narcotráfico es el factor más fuerte destructivo de la economía. Ha destruido la economía del país, y no me refiero a las cifras, me refiero al talento humano. Destruyó la agricultura. El narcotráfico y la droga han sido el combustible de la violencia en Colombia, y esa ha sido la tragedia nacional. Ese es el impacto fundamental. Este país ha sido muy violento, especialmente a partir de la llamada apertura económica donde se descuidó la agricultura y donde después de la exitosa política antidrogas que hubo en Perú que desestimuló la siembras y que se aplicó a la interdicción contra los capos colombianos: cartel de Cali, cartel de Medellín, el precio de la hoja de coca cayó en Perú y se bajó mucho el cultivo. Pero cuando se empezaban a desaparecer las fuentes de aprovisionamiento de hoja de coca para los carteles colombianos, estos carteles introdujeron la hoja de coca en Colombia. La hoja de coca no se cultivaba en Colombia en esa época. Hoy en día volvió a ser el primer productor del mundo en hoja de coca.

M.C: ¿Cómo consideras que la fumigación de cultivos ilícitos juega parte en esto hoy en día?

C.G: A mí me parece que en los cultivos industriales grandes es necesaria la fumigación, y el glifosato no es un producto tan dañino como se dice. Yo vengo de una familia arrocera y se aplica glifosato. Eso ha sido un tema más ideológico que tecnológico, y aquí nos invade siempre la ideología más que la tecnología. Hoy en día, todo acto de fumigación tiene externalidades negativas para la salud de las plantas, para la salud humana, no se puede abusar de ello. Sin embargo, si el glifosato es aplicado en las dosis indicadas por los fabricantes y en las alturas indicadas por los mismos fabricantes no debería haber problema. Hay es que vigilar muy bien cómo se aplica. Hoy en día con los drones, se puede localizar mucho mejor la aplicación del glifosato minimizando los daños colaterales.

M.C: Y en cuanto a la legalización de estos cultivos ilícitos, ¿Tú piensas que ayudaría a disminuir la violencia generada por el narcotráfico y sería de alguna manera positivo o realmente no es una solución?

C.G: Yo siempre pensé desde que era estudiante que la forma de disminuir el atractivo del negocio era suspendiendo la prohibición. Quiero hacer referencia a la época de las mafias de los Estados Unidos y de las mafias de Chicago en los años 20´s y 30´s cuando hubo prohibición de las bebidas alcohólicas, eso disparó el contrabando y ese tipo de actividades. Lo que ocurre es que eso no puede ser una decisión de Colombia, sino una decisión de los principales mercados que son los que demandan la droga. Y el principal mercado del mundo que demanda la droga es sin duda Estados unidos. Y no lo va a hacer, no lo ha hecho y no creo que eso sea posible. Si no se legaliza en el mercado más grande del mundo, no hay nada que hacer. Vamos a seguir siendo presa de ese atractivo, que tras la prohibición hace de esta actividad un enorme negocio.

M.C: ¿Consideras que hay manera de dialogarlo?

C.G: Sobre eso se ha dialogado y se ha escrito. Sin embargo, no creo que haya viabilidad para ello.

M.C: El otro día estuve leyendo unos artículos en Semana Sostenible de cómo el proceso de paz había incrementado la tala y deforestación en el Amazonas y lugares de Colombia donde antes no se podía acceder por la violencia para realizar cultivos ilícitos. ¿Cómo consideras que esto se puede detener?

C.G: Creo yo que, desde que se inició el proceso de paz y se anunció un tratamiento muy benévolo para los cultivadores de droga de uso ilícito se expandió tremendamente el cultivo. Se suspendieron las fumigaciones, se anunciaba el acuerdo con las FARC y se anunciaban beneficios para aquellos campesinos que estuvieran dedicados al cultivo de droga; y eso disparó los cultivos. Precisamente la gente dijo: “no, yo me pongo a sembrar porque da y después me van a remunerar para poder terminar eso”. Colombia tiene ya más de 200,000 hectáreas de cultivos de coca, y esa es el área más alta del mundo. Y como eso cambió de manos después de los carteles de Cali y Medellín que se destruyeron pues pasó al cartel más grande del mundo que se llama las FARC. Y resulta que las FARC, a mi juicio, desaparecieron como marca, pero la actividad sigue y toda esa organización mutó y ahora la alianza grande es con los carteles mexicanos que son los grandes comercializadores de Estados Unidos.

M.C: ¿Cómo consideras tu que se puede dar fin a este fenómeno?

C.G: Me parece que tiene que haber siempre un acuerdo internacional sobre el asunto. Y tenemos que tener una determinación fundamental para recuperar la agricultura lícita. Esta no se recupera a punta de sembrar inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad de la tierra. Creo yo que, ha habido más ideología que tecnología. Hay que pulsar la gran agricultura, la inversión nacional y extranjera de generación de empleo agrícola para estas víctimas que son los pobres campesinos que están sometidos al cultivo. Y que además no ganan dinero. El dinero se lo ganan la cadena de agregación de valor a través de la comercialización. O sea los mexicanos, los carteles y las FARC.

M.C: ¿Qué políticas económicas se podrían implementar para esto?

C.G: Ese tema de la conversación internacional al respecto ha sido ensayado muchas veces, yo perdí la fe en esa viabilidad. Pero te puedo responder inspirado en la experiencia de cuando viví en Perú del año 1999 al 2002, cuando trabajé en desarrollo alternativo, en Perú y en Bolivia en el campo: no en una oficina. Aprendí algo de los peruanos que se montó en el primer gobierno de Fujimori, cuando lo asesoró el economista Hernando de Soto: “Si usted persigue a los productores de coca, esos productores de coca van a buscar la protección de Sendero Luminoso (la guerrilla peruana). Y segundo, si usted destruye los cultivos, pero no destruye al comprador los cultivos simplemente van a cambiar de sitio. El efecto globo”. Y lo que montó ese gobierno en ese momento fue la interdicción aérea contra los capos colombianos que eran los compradores de coca. Entonces, cuando tú debilitas al comprador, la cadena de comercialización se encarga de generar un desestimulo para las siembras. Cuando no hay un comprador, la hoja de coca cae de precio. Y eso fue lo que paso en Perú y fue exitosísimo. Entonces, trayendo acá esa experiencia, yo diría que aquí lo que hay que hacer es atacar, destruir al comprador de la hoja de coca. Destruir los grandes carteles mexicanos que se han asociado con las FARC y ex FARC; Llorente, Catatumbo, Putumayo, etcétera. Es atacar al comprador de la hoja de coca, no atacar al cultivador de la hoja, eso no solamente es injusto e inmoral sino absolutamente contraproducente y desde el punto de vista político, torpe.

M.C: ¿Y con atacarlo te refieres a qué explícitamente?

C.G: A hacer una interdicción, tratar de capturarlos y hacer justicia. Porque el comprador de la hoja de coca es quien sostiene el negocio, crea el estímulo y somete de manera esclavista a los campesinos. Hay que lesionar la demanda para producir una caída en la hoja de coca, y así desestimular la producción. Pero, simultáneamente y necesariamente acompañado por una política agrícola que genere gran agricultura, que arrastre empleos.

En el Banco de la República hicimos una vez un trabajo para analizar ¿quién es más beneficiado en el campo: el campesino que es empleado de una empresa agrícola formal, o el campesino que tiene un pedazo de tierra? Los que más ganan son los asalariados, más que los propietarios, eso es una gran falacia que esta cargada de ideología en el país. Es una discusión bizantina que no ha conducido a nada concreto sino a grandes equivocaciones en políticas públicas.

M.C: Has repetido varias veces la frase de que estamos llenos de ideología y no de tecnología, ¿Puedes explicar un poco más a qué te refieres?

C.G: Cada vez que yo oigo hablar sobre política de tierras vienen los ideólogos a hablar de izquierda, derecha, de centro. Entonces, todo está cargado de ideología en el sentido de que se piensa que sólo de tierra vive el hombre. Que solo un pedazo de tierra adjudicado a un campesino es la redención. Resulta que la agricultura es intensiva en conocimiento, es intensiva en tecnología. Tú vas al Perú, y ves cultivos de espárragos, de uva de mesa, de cochinilla, de mandarina, lo que tú quieras. Con alta tecnología y alta productividad, y muchos éxitos en mercados internacionales. ¿Quién maneja eso? Es una persona que no pasa de 38 años, biólogo o agrónomo de la Universidad de la Molina con un MBA en Cornell o un administrador de la Universidad del Pacífico, equivalentes a la Universidad de los Andes, con una maestría en biología en Davis, California. Ese es el administrador, el gerente, el talento humano que necesitamos para arrastrar agricultura.

Hoy en día, Colombia se quedó atrás en materia de tecnología. Como la violencia y el narcotráfico abortaron la vocación de los jóvenes por el negocio agrícola, el negocio agrícola está destruido, con muy pocas excepciones empieza a reverdecer. Pero nos va a tomar tiempo y no podemos soslayar el hecho de que es la gente joven con talento, con conocimiento, con tecnología la que puede sacar el sector agrícola hacia adelante. Mira María Camila, cuando yo estaba niño, conocí la revolución verde de los años 60 y 70, los años más brillantes de la historia de la agricultura en Colombia; no había narcotráfico, había prosperidad en el campo, había una tranquilidad enorme en ese sentido, y eso hay que repetirlo. Si vamos a hablar de agricultura hoy, se trata de tecnología. Pero si vamos a hablar de políticas sociales, pues hay otros instrumentos diferentes a la propia agricultura.

M.C: ¿En un escenario hipotético donde se lograran infiltrar los capos y sistemas de la hoja de coca, qué pasa con toda la tierra baldía?

C.G: Esa tierra la recupera el Estado a través del proceso de extinción de dominio y de la restitución de tierras. A mi juicio, esa tierra debería recuperarla el Estado y no necesariamente devolvérsela a quienes la perdieron. Esa tierra es la gran oportunidad para hacer un relevo generacional, re adjudicársela a los jóvenes de talento que de manera asociativa y por concurso presenten proyectos productivos con tecnología de vanguardia. Pero no a través de la propiedad privada, sino a través de concesión, a través de relaciones contractuales, leasing, usufructo, en periodos de 50-80 años. Y con el producto que genere esos pagos por arrendamiento o leasing, configurar un gran fondo de pensiones para los despojados. Si tú le preguntas a un campesino hoy que ya tiene 70 u 80 años, que perdió la tierra hace 30 años: ¿prefiere el pedazo de tierra que tenía antes o una pensión decente? Se va por la pensión inmediatamente. Eso no tiene sex-appeal político y electorero, pero eso es lo que realmente debería pensar el país si quiere hacer un relevo generacional con un avance tecnológico y que agregue valor real.

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Según el Dipol, para el año 2015 el narcotráfico representó el 3,8% del PIB, estimado en 20.5 billones de pesos, y con una rentabilidad del 260%. Por su parte el narcomenudeo del país para el mismo año fue del 0,75% del PIB estimado en 6 billones de pesos y con una rentabilidad del 346,2% con respecto al capital invertido (Dipol, 2013). Estas cifras representan una gran cantidad de dinero para la economía interna del país, y muchas personas consideran que el narcotráfico es un factor significativo para el desarrollo de la misma. Pero, la pregunta es: ¿Qué pasa con todo el dinero que se lava en Estados Unidos y Europa? ¿Todas las inversiones que se hacen fuera del país y mueven otras economías? ¿Cómo influencia la imagen de violencia relacionada al narcotráfico la inversión extranjera dentro de Colombia?

Poner solución a este problema no es fácil, y se han debatido varias opciones sobre el tema. Algunos consideran la legalización de drogas como solución para arrebatar a las mafias los grandes beneficios que obtienen del mercado negro. Sin embargo, hay muchas preocupaciones sobre los efectos secundarios que esto conllevaría. ¿Qué tan viable y oportuno sería? ¿Cuáles son los costos de implementación? “En este contexto, el miedo a que la legalización haga más accesible la droga y provoque un incremento del número de adictos es una preocupación legítima” (El Espectador, 2012). Otros argumentan que la legalización no llevaría a una total desaparición de las drogas en el mercado negro.

Todo lo anterior tenía como objetivo contextualizar a los lectores para mi próximo artículo donde presentaré una entrevista a Carlos Gustavo Cano. Mi inquietud por este tema ha despertado la necesidad de interrogar a una persona experta no sólo en la economía del país, sino también en temas de control del narcotráfico y sobretodo en el agro del país. Carlos Gustavo Cano es economista de la Universidad de los Andes de la ciudad de Bogotá. Hizo un master en economía en Inglaterra, un Postgrado en Government, Business and the International Economy en la Universidad de Harvard y otro en el INALDE en Bogotá. Su trayectoria profesional como codirector del Banco de la República desde febrero de 2005 y ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia lo hacen una persona integral con una perspectiva amplia y desarrollada sobre el tema.

Referencias:

El Espectador, La legalización de la droga, Actualidad, 2 Mar 2012, Román D. Ortiz Recuperado el 10 de septiembre de: https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/legalizacion-de-droga-articulo-329976

Revistas Uniandes. El Narcotráfico y la Violencia: Una amenaza mortal a la democracia. Recuperado el 10 de septiembre de 2018 de: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint6.1989.03

Dinero, Colombia pasó de productor a ser uno de los principales consumidores de droga. 2017. Recuperado el 10 de septiembre de 2018 de: https://www.dinero.com/pais/articulo/cuanto-mueve-el-negocio-del-narcotrafico-en-colombia-2017/241953

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La región de los Montes de María se concebía como una región próspera en los años 70s y 80s. Varios programas de reforma agraria y de adecuación de tierras rurales habían permitido el acceso a las tierras, sistemas de producción viables y la creación de organizaciones sociales sólidas para los campesinos. Luego, entre 1997 y el 2007 el recrudecimiento de la violencia, debido a la guerra entre paramilitares y las guerrillas de las FARC, ELN y EPL, se expresaría en múltiples masacres (exactamente 56) de las cuales han sido víctimas los campesinos de Chengue, El Salado y Macayepo; además, según datos oficiales, se registran más de 200.000 casos de desplazamiento forzado y se despojaron más de 80.000 hectáreas de tierra. Junto a la violencia, el tema clave de estas consecuencias fue el siguiente: entre 2002 y 2006 hubo un aumento permanente de cultivos extensivos, como la palma de aceite, aguacate, cacao y cítricos, más un fuerte proceso de ganaderización. El Equipo Tierras y Víctimas del CINEP dice que, además de la transformación de las actividades productivas de la zona, hay un aprovechamiento de la infraestructura pública para la producción de palma como los distritos de riego que antes servían a los campesinos para sembrar sus productos. Es aún más doloroso leer declaraciones de campesinos que alegan la acción de gentes interesadas en apoderarse de sus tierras. Es decir que varios campesinos, quienes han tenido que dejar de pagar créditos y obligaciones a los bancos, son obligados a pagar las deudas, que en ocasiones ha significado entregar sus tierras, algo que surge de la presión de los abogados y acreedores de los interesados en la tierra.

Así pues, el CINEP dice lo siguiente: “Para numerosas víctimas del conflicto regional el proyecto de la palma aceitera se asocia de una forma más directa a la violencia que a la reconciliación, más al desarraigo que al retorno y a la reparación”. Asimismo, los monocultivos de palma de aceite, entre otros, han limitado el acceso a los recursos como el agua. Este recurso natural se ha vuelto un bien privado, controlado por las grandes empresas que dominan la región y además, ha sido contaminado debido a las fumigaciones necesarias en los cultivos extensivos. Además, esto ha llevado a la reconfiguración del espacio rural, donde el encerramiento de las grandes superficies de tierra ha generado que ahora las distancias sean más largas que antes, y el tiempo para conseguir el agua es un sacrificio que limita la siembra productiva para subsistir y la siembra para autosostenerse. En efecto, el Centro de Memoria Histórica en el informe La tierra en disputa, memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe dice que “[…]el agro y la democracia han sido vaciados de su contenido campesino”. Según la Segunda Encuesta Nacional de Verificación del 2008, 10,8 % de la superficie agropecuaria ha sido usurpada o forzada a dejar en abandono; ahora bien, donde más se registra índices de concentración de la tierra es donde el desplazamiento es más frecuente.

En este sentido, la región de Montes de María es un ejemplo de una región donde la solución que se aportó en la post-desmovilización de los paramilitares en el 2007, no ha sido la indicada para los campesinos y la sostenibilidad de la región. Es necesario prestar atención a los proyectos de desarrollo que estamos llevando a cabo en el campo colombiano más afectado por el conflicto armado.

Debemos recuperar el campo de una forma equitativa donde haya una integración entre el sector urbano y rural de nuestro país. “Mientras el Estado y la empresa privada le apuestan a los agronegocios como el único futuro posible del campo colombiano”, como dicen Ojeda y Guerra en el Epílogo del libro “Caminos Condenados“, se debe pensar también en modelos de desarrollo rural que piensen en la satisfacción de las necesidades básicas de los campesinos, brindándoles bienes y servicios garantizados y de calidad para un buen vivir.

De este modo, esto abre un debate sobre el desarrollo de nuestro país, pues los gobiernos en Colombia se han tomado muy en serio su necesidad de crear valor económico en el corto plazo, apostando siempre por las soluciones más rentables pero no más sostenibles; el facilismo de las decisiones que toman los gobernantes sobre el desarrollo del campo, afectan cada vez más a su población y en un gran número de escenarios el costo humano ha resultado ser mayor al beneficio económico que traen las actividades agroextensivas. Esto ha sido evidente en el continuo desarrollo de monocultivos como solución de postconflictos, atraídos unicamente por los números del capital financiero y olvidando los números del capital humano de las zonas. Montes de María es un ejemplo más de un fenómeno que ha afectado a poblaciones de toda la costa colombiana, en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolivar, según el Centro de Memoria Histórica de la CNRR.

“Que un latifundista de esos tenga 3.000 hectáreas y que haya un campesino al que le toque arrendar un cuarto de hectárea para poder sembrar una mata de yuca para comer, eso es violencia”

(Caminos Condenados, Ojeda et al,2016)

Bibliografía

Centro de Memoria Histórica (2010). La tierra en disputa, memorias del despojo y resistencias campesinas de la costa Caribe. En línea.

Equipo de Tierras y Víctimas del CINEP/Programa por la Paz. (2012). La otra cara de la palma en María la Baja. Cien Días. En línea.

La palma de aceite seca y contamina los Montes de María. (8 de junio de 2016). El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-palma-de-aceite-seca-y-contamina-los-montes-de-maria/16614850

Ojeda, D. (2016). Caminos Condenados. Bogotá, Colombia. Cohete Cómics.

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El fenómeno del desplazamiento en los Montes de María fue un proceso que tardó varios años y que tuvo su máxima manifestación entre 1999 y 2001, periodo que coincidió con la agudizaron de las masacres en la región. El Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD detalla que las masacres son la tercera práctica a la que más se le atribuye el desplazamiento, las primeras son las amenazas y le siguen los combates (PNUD, 2011). Las tres prácticas mencionadas fueron recurrentes en los Montes de María. Al ser el desplazamiento en esta región un proceso de varios años, y mucho más largo aún el proceso para reclamar la tierra pérdida, es de esperarse que nuevos moradores y propietarios repueblen los predios abandonados. Es así como “en la actualidad una de las dificultades para establecer estrategias de retorno es el conflicto con los segundos ocupantes –de buena y de mala fe- que reclaman derechos sobre la tierra. En la mayoría de estos casos no se formalizan dichos derechos y por eso en los Montes de María se encuentran dos o tres reclamando diferentes tipos de derechos sobre un mismo predio.” (Duica, 2010, p. 40).

Al desplazado ser despojado de su tierra y tener que dejarla a su suerte, ésta no solamente experimenta la llegada de nuevos moradores, sino también en muchos casos una transformación radical del uso del suelo. Los suelos de los Montes de María tienen una vocación agrícola, agroforestal y de conservación (Duica, 2010), sin embargo, luego del desplazamiento el uso del suelo pasó, en su mayoría, a pastos no tecnificados y enrastrojados, para la ganadería. Una razón puede ser que la ganadería usualmente exige menos mano de obra que la agricultura, al quedarse la región con una menor base de trabajadores debido al desplazamiento y las muertes de la guerra, resultaba entonces más rentable dedicar la tierra a la cría de ganado. Esto generalmente implica que cuando una persona logra retornar a su tierra, le es sumamente complicado reactivarla en el uso del suelo que tenía antes del desplazamiento, la persona no tiene la capacidad (económica, técnica y el tiempo) para hacerlo. Lo cual conlleva a menores incentivos para volver y menores probabilidades de lograrlo aunque se desee.

La violencia tuvo un importante impacto en la vida de los pobladores rurales de los Montes de María. En primer lugar, la llegada de los grupos armados influyó en la desaparición de organizaciones campesinas que luchaban por el acceso a la tierra. En segundo lugar, buena parte de las víctimas sufrieron y sufren el desplazamiento, sin oportunidades reales de volver a su tierra, mientras se unen las cifras de pobreza extrema de las mayores ciudades de la Costa Atlántica. (Duica, 2010). La conjunción de estas dos realidades tiene como resultado la erosión del tejido social de la zona y el desmembramiento de la base de la comunidad de los Montes de María.

@farrazola

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En la configuración del proceso de violencia que atravesó la región en el pasado reciente hay que tener en cuenta el espíritu de la población. Los habitantes de los Montes de María se caracterizaron por su rol en la creación de movimientos sindicales y campesinos a favor del lema “la tierra paâ€quien la trabaja” (Duica 2010, p 19). Al llegar los primeros guerrilleros a la zona en los 80 este espíritu de lucha no le permitió a la población subyugarse ante las armas de fuego. Los guerrilleros tuvieron que recurrir al secuestro y a los asesinatos selectivos para ejercer poder sobre la población. En la siguiente década incursionaron los paramilitares quiénes, en su lucha contrainsurgente y por el territorio para financiarse con el narcotráfico, también experimentaron la actitud desafiante de la población. A la beligerancia de los pobladores y al el hecho que los paramilitares nunca pudieron expulsar totalmente a la guerrilla de la zona, se explica la exagerada violencia presente en la región. Las masacres eran un crimen orientado no sólo a la eliminación de todo aquél que tuviera (o pareciera tener) un vínculo con la guerrilla, sino también a sembrar el terror en la población que se resistía al dominio paramilitar hasta el punto que el abandono de la tierra pareciese la única alternativa. (Duica 2010)

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Ya hace un buen tiempo que en los cascos urbanos no se vive el temor de aquellas épocas, ya los problemas de la guerra no nos tocan como antes: ahora somos conscientes de todo esto por los medios, al ver personajes pidiendo ayuda en buses o en semáforos. Nos acostumbramos a ellos, y ya no nos duele.

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La entrada El candidato campesino. se publicó primero en ANeIA | Universidad de los Andes - AGRONEGOCIOS E INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

Ese joven que representa la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia de nuestros campesinos le dijo al mundo una gran verdad: ni Colombia es un país de violentos, ni está en guerra. La ‘comunidad internacional†debió tomar en broma esa afirmación. “Ah!, eso es producto del entusiasmo de quien culmina una gran gesta, es una emoción pasajera…” –dirían para sus adentros algunos integrantes de esa ‘comunidad‖.

Nos encontramos en uno de los momentos más complejos de nuestra historia política. Veamos porqué. El narcotráfico irrumpió en la economía del país hace ya tres décadas; se infiltró en instituciones del Estado, en algunas empresas económicas, en grupos paramilitares, en partidos y facciones políticas y, quién iba pensarlo, en los hasta entonces, adalides de la justicia social: los grupos ‘alzados en armas†o facciones guerrilleras.

Las distintas formas en que estos grupos violentos se han transformado, asociado y hasta combatido semeja las figuras de los juegos de ‘transformersâ€. Figuras, las más de las veces soeces, que se contorsionan para pasar de ser un robot a una avión de combate o tanque de guerra. En fin, mecanismos todos al servicio de la violencia.

De ahí que el vocabulario popular, siempre lleno de gran sabiduría, se refiera a esas diversas agrupaciones como ‘caposâ€, ‘saposâ€, ‘autodefensasâ€, ‘paramilitaresâ€, ‘parapolíticosâ€, ‘narcoguerrillerosâ€, ‘narcoterroristasâ€. Y claro, según sea el gobierno de turno, que en la historia política de nuestro país siempre se ingenia alguna forma de ‘negociar†la ‘pazâ€, deba entonces inventar nombres sutiles que justifiquen su acción conciliadora.

En menos de una década pasamos de “Mano Firme, Corazón Grande” a “La Paz o la Guerra” y claro como no se puede negociar con ‘narcoguerrilla†o ‘narcoterroristas†o simplemente ‘terroristasâ€, entonces hay que referirse a estos ahora como ‘alzados en armas†y ‘conflicto armadoâ€.

Digo, entonces, que nos encontramos en uno de nuestros momentos más complejos de nuestra historia política, ya que la campaña por desinformar a los ciudadanos ha sido grotesca, por decir lo menos. Pequeño servicio, el que viene prestando el periodismo en el país, al haber tomado partido. “Ni santismo, ni uribismo, sino periodismo” abogaba Juan Gossain hace pocas semanas. Pequeño servicio el que han prestado los dos últimos gobiernos al desinstitucionalizar la justicia, y el actual, además, a desmoralizar a las fuerzas armadas.

Los 50.000 violentos (léase ‘narcos adjetivadosâ€) unos que prefieren permanecer en el anonimato y otros que luchan por ocupar los titulares de los medios de comunicación con acciones terroristas, habrán nacido en el país, sí, pero no nos representan. Son los Nairo Quintana los que, en cambio, le dicen al mundo, no con demagogia, sino con hechos de lo que somos capaces los colombianos.

Junio 9, 2014

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