El ritmo actual al cual los seres humanos consumimos recursos marinos no tiene precedente alguno. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.000 millones de personas a nivel mundial dependen del pescado como su fuente principal de proteína. Adicionalmente, las Naciones Unidas estiman que en la actualidad el 17% de las poblaciones de pescado globales se encuentran sobreexplotadas, 52% explotadas en su totalidad, y 7% completamente agotadas.
Más aún, hemos llegado a un punto insostenible donde los frutos de la tecnología para facilitar la pesca (sonares, equipos de redada modernos, e incluso el rastreo satelital), no permiten la estabilización de las reservas de peces ni presentan los beneficios esperados. Según Calum Roberts, biólogo conservacionista de a Universidad de York en Inglaterra, los pescadores hoy en día deben trabajar 17 veces más que aquellas flotas pesqueras del siglo XIX, las cuales se caracterizaban por ser embarcaciones impulsadas por velas, además de carecer de la tecnología mencionada anteriormente. [1]
El panorama anterior nos demuestra la necesidad inminente de una intervención para detener el deterioro del ecosistema marino, junto a la fomentación de prácticas sostenibles para poder seguir disfrutando de los recursos a nuestra disposición. Ahora bien, el problema yace en crear una coalición factible que acate las necesidades de los diferentes grupos de interés, en busca de evitar un desenlace similar al sinnúmero de ejemplos de intervenciones fallidas. Entre estas podemos aludir al caso de New Bedford, Massachussets, donde la implementación de cuotas pesqueras significó el desplazamiento de los pescadores locales, la consolidación de un monopolio de flotas, y por último, la instauración de una mafia sobre la industria del bacalao.
Pesca sostenible: el panorama colombiano
En cuanto a Colombia, los esfuerzos por promover la sostenibilidad pesquera no han sido en vano, ya que existe regulación, normatividad y entidades específicamente enfocados en promover esta acción. En la actualidad, la Ley 30 (1990) tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido. Adicionalmente, entre los diferentes actores partícipes se encuentra la AUNAP[2], las diferentes organizaciones gremiales pesqueras, las instituciones educativas, el SINAP[3], Colciencias, las empresas privadas, Invemar, y algunas ONG, entre otros. Aún así, no se descarta la posibilidad de un amplio avance.
El 27 de noviembre del año pasado se llevó a cabo la Cátedra Fulbright en la Universidad de los Andes, donde se contempló el tema de la pesca marina en Colombia. En síntesis, la coyuntura actual del país sobre este asunto se caracterizó por ciertos vacíos en recursos, además de una clara falta de cohesión entre las diferentes partes interesadas.
Por un lado, se demostró a través de unas mesas de discusión que los esfuerzos de las entidades regulatorias se llevaban a cabo de manera individual, además de caracterizarse por la carencia de recursos y medios para implementar los proyectos desarrollados. Por ejemplo, desde el 2015 existe la política integral para la pesca sostenible, la cual no ha podido ser implementada por falta de recursos tanto humanos como financieros.
Adicionalmente, como mencionó Lucas Romero, representante de las organizaciones gremiales del sector pesquero, existen vacíos en las definiciones de la reglamentación, ya que no hay una clara distinción entre los pescadores artesanales y de subsistencia. Lo anterior dificulta la potestad para definir los beneficios implementados por el SINAP en cuanto a la pesca en áreas de conservación, como ocurre actualmente en el parque Tayrona, o la ejecución de la normatividad de tallas (tamaño mínimo de captura dependiendo de la especie) por falta de puntos de procesamiento de pescado. Además, muchas de los métodos de pesca considerados sostenibles no representan este atributo en la práctica. Para la captura de crustáceos como el camarón, se utilizan métodos de pesca como “changa” sobre los esteros y bocanas, lo cual conlleva a una captura de juveniles, y por ende, imposibilita la renovación de la especie.
En resumen, a pesar de los esfuerzos en aras de la protección, el futuro de los recursos marinos en Colombia es incierto. Como indica Argiro Ramírez, representante del Programa Nacional de Ciencias del Mar y Recursos Hidrobiológicos de Colciencias, “uno de los problemas han sido las decisiones que se han tomado a la carrera por parte del gobierno nacional y han debilitado al sector de la pesca en Colombia”. Actualmente, existe falta de información, recursos, implementación de normatividad e inexistencia de alianzas entre las instituciones.
Soluciones viables
A pesar del atraso, Colombia se encuentra en una posición de ventaja en cuanto a la busca de soluciones viables para fomentar la pesca sostenible. Uno de los invitados especiales, Larry Crowder, presentó una serie de información empírica de gran utilidad para el futuro del país sobre esta cuestión. Entre estas, se encuentra el desarrollo de prácticas de recolección de información biológica ayudarán a determinar las poblaciones de pescados del país. El método consiste en recolectar ADN presente en pequeñas muestras de agua salada con el fin de determinar la presencia y abundancia de las especies de peces presentes. Por otro lado, sus estudios sobre industrias pesqueras de pequeña escala (74 para ser exactos) esclarecen el tipo de factores que deben ser considerados para concretar soluciones factibles, las cuales contemplan una triada entre los componentes ecológicos, los económicos, y los sociales. Básicamente, Crowder sugiere enfocarse en aquellos orientados hacia los recursos humanos, específicamente aquellos que tienen una consideración por el contexto coyuntural, un alto grado de legitimidad, y por último, una alta capacidad de impacto.
Finalmente, Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, concluye con una serie de metas claras para desarrollar las soluciones necesarias. Inicialmente, propone un cambio de mentalidad sobre tres aspectos claves. El primero consiste en solucionar los problemas inminentes en los derechos de propiedad, específicamente aquellos que surgen sobre los recursos compartidos. Segundo, se debe replantear el concepto de la reglamentación y la normatividad del sector. Tercero, se debe cuestionar cuál es el modelo económico que se está asumiendo para los pescadores del país.
Cárdenas nos invita a buscar soluciones a través de un análisis riguroso de la cadena de valor de los recursos pesqueros, teniendo en cuenta la tecnología a nuestra disposición y el potencial con alianzas entre las diferentes instituciones presentes. Adicionalmente, reitera la necesidad de los esfuerzos integrados, los cuales implican la participación de los gremios, la sociedad civil y los particulares. De ser así, evitaremos recaer en fracasos presentados en épocas pasadas o padecidos por otras naciones, y de cierta forma aseguraremos la protección de los recursos pesqueros en Colombia. Adicionalmente, esta coalición nos permitirá prepararnos para obstáculos que se avecinan sobre la pesca: la contaminación de metales pesados en el pescado, el cual impactará de manera significativa a la industria y hasta podrá causar un dilema de salud pública nacional.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la coyuntura colombiana es un gran impedimento que Cárdenas no menciona enfáticamente. La falta de una infraestructura eléctrica, educativa y de transporte adecuada dificulta la implementación de la visión que promueve. Consecuentemente, a pesar de un interés por parte de los gobiernos locales y la población pesquera, la situación impide la implementación de prácticas de pesca sostenibles, lo que a su vez nos lleva a la situación actual: la intervención de las iniciativas privadas. A pesar de que esta opción represente el marco óptimo para el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico, sin una observación rigurosa por parte del Estado y otras entidades regulatorias, esta opción permite la posibilidad de la sobre explotación o el desfalco de recursos. Esto no solo representa un retroceso en el proceso, sino que promueve una de las afecciones más consistentes de Colombia: la desigualdad. No obstante, no debemos ser totalmente pesimistas ya que existen algunas iniciativas privadas con un gran potencial de cambio que podrán ser replicadas en el país en un futuro próximo, tal como son la implementación de aquapods, de los cuales hablaremos en artículos futuros.
Referencias
Overfishing Statistics Everyone Should Know. Seafarms. Recuperado de http://seafarms.com.au/overfishing-statistics-everyone-should-know/
Roberts, C. (2013). The Ocean of Life: The Fate of Man and the Sea. New York: Penguin Books.
Uribe, N. y Restrepo, E. (11 de agosto de 2014). Adiós a la changa. World Wildlife Fund Colombia, recuperado de http://www.wwf.org.co/?227051/Adios-a-la-changa
Univerisad de los Andes. [Universidad de los Andes] (2017, noviembre 27). Pesca sostenible en Colombia [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=lBWAXT-M2vM&t=5142s&index=1&list=WL
[1] Según Roberts (2012), el cálculo se basa en los registros del siglo XIX. Utilizando esta información se calculó que un bote pesquero promedio de la actualidad conseguía capturar en una hora tan solo el 6% de lo que se capturaba 120 años atrás.
[2] Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
[3] Sistema Nacional de Áreas Protegidas