Zonas de Reserva Campesina: ¿“republiquetas independientes” o mecanismos para fomentar la economía campesina?

Fuente Imagen: (Semana, 2010)

Las ZRC nacieron con el objetivo de “fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas” (Decreto 1777, 1996). A pesar de que las ZRC llevan más 20 años como parte de nuestro ordenamiento jurídico, últimamente volvieron a ser objeto de debate público cuando las FARC-EP, dentro de sus diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino, plantearon destinar 9 millones de hectáreas para la creación de 59 Zonas de Reserva Campesina, con “autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia” (FARC-EP, 2013). Esta extensión representa el doble de la tierra que tiene cultivada actualmente el país (El País, 2013). El miedo de muchos colombianos reside en que estas Zonas de Reserva Campesina se conviertan, como lo dijo el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, en “republiquetas independientes” bajo el mando de los grupos armados al margen de la ley (El Espectador, 2013). Hoy en día, existen 6 Zonas de Reserva establecidas que suman un total de 831.000 hectáreas en 6 departamentos, están pendientes de aprobación otras 7 que abarcan 1’253.000 hectáreas, y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) habla de la aspiración de 50 comunidades -con 10 millones de hectáreas y 3 millones de campesinos- de ser declaradas también como Zonas de Reserva Campesina (El Tiempo, 2013).

Las Zonas de Reserva Campesina nacen a partir de las manifestaciones, protestas y movilizaciones sociales de la población rural durante el siglo 20. Según Esmeralda Prada, a finales del siglo pasado se presentaron 1.819 insurrecciones campesinas, de las cuales 1.099 de estas acciones tuvieron como fin la invasión o la toma de tierras (García, 2014). Además de la inconformidad manifiesta por la elevada concentración de la tierra, otro de los motivos que impulsaron estas protestas fueron los reclamos contra las políticas agrarias, dentro de las que se resaltan la escasez de créditos, las dificultades en la comercialización de los productos, la inequitativa distribución de la tierra, la ausencia de soluciones a los cultivos ilícitos y el incumplimiento de la Ley 160 de 1994. Fueron especialmente significativas las movilizaciones realizadas por los campesinos cocaleros del suroccidente del Meta y el noroccidente del Guaviare entre los años de 1985 y 1987 y las marchas campesinas de 1996, que abarcó otras zonas cocaleras de Putumayo, Caquetá, Cauca y Sur de Bolívar (García, 2014). Las ZRC son entonces, ante todo, el resultado de una lucha histórica por la tierra en Colombia por parte de campesinos organizados y movilizados que exigieron y alcanzaron el reconocimiento de sus derechos sociales, políticos y económicos frente al Estado colombiano.

Por definición, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) constituyen áreas geográficas, cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieren la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad con el propósito de fomentar y estabilizar la economía campesina y superar las causas de los conflictos que las afectan (Dirección Técnica de Ordenamiento Productivo, 2013). En ese orden de ideas, los principales objetivos de las ZRC son 1) Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria, 2) Evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración o fragmentación antieconómica de la propiedad rustica, 3) Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos de escasos recursos, 4) Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando referencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos, 5) Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, 6) Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local regional y 7) Superar las causas que vienen originando graves o excepcionales conflictos de orden social y económico; la preservación del orden público y, el apoyo a la sustitución de los cultivos ilícitos (Dirección Técnica de Ordenamiento Productivo, 2013)

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) es la entidad encargada de seleccionar y decretar las áreas de Zona de Reserva Campesina. De acuerdo al artículo 81 de la Ley 160 de 1994, las Zonas de Colonización y aquellas en donde predomine la existencia de tierras baldías, son Zonas de Reserva Campesina. También podrán constituirse ZRC en áreas que requieran el ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales, en las zonas de amortiguación y en las áreas comprendidas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en regiones donde predomine la economía campesina, en regiones de conflicto social para reconstrucción del tejido social y sustitución de cultivos de uso ilícito y en predios donde se haya declarado extinción del dominio. Una ZRC puede abarcar toda una región, uno o más municipios o veredas. Las ZRC no podrán conformarse zonas de reserva forestal (ZRF), en los territorios indígenas, en las tierras colectivas de las comunidades negras, en las tierras constituidas como zonas de desarrollo empresarial y en las tierras reservadas por el INCODER u otras entidades públicas para otros fines señalados en la ley. Finalmente, las Zonas de Reserva Campesina podrán ser solicitadas ante el INCODER por varios actores como: organizaciones representativas de los intereses de los campesinos, entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y el Sistema Nacional Ambiental, gobernadores o alcaldes, Comités Departamentales de Desarrollo Rural y Reforma Agraria y los Concejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) (Dirección Técnica de Ordenamiento Productivo, 2013).

Fuente: (Caracol Radio, 2013)

Existen muchos argumentos que soportan y defienden las Zonas de Reserva Campesina como un instrumento que permite el desarrollo de la economía familiar y promueve la democratización en el acceso a la tierra. Es importante resaltar que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, ocupando el puesto 14° entre 134 países observados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (El Tiempo, 2015). La desigualdad y la concentración de la tierra han crecido especialmente en el campo. Actualmente el 77% de la tierra está en manos del 13% de la población y el índice Gini rural que mide la desigualdad, pasó a 0.88 –siendo 0 la igualdad perfecta y 1 la desigualdad extrema- (Semana, 2012). En el campo, los pobres corresponden al 65% de la población y los indigentes forman el 33% (Semana, 2012). A pesar de la falta de acceso a la tierra y de la gran pobreza rural, el 70% de los alimentos que se producen en el país provienen de pequeños campesinos (Semana, 2012). En ese orden de ideas, Ángel Torres, delegado nacional de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina de Colombia (ANZORC), afirma que las ZRC abren la posibilidad de poner límite a la tenencia de la tierra, y constituyen una especie de pequeña reforma agraria (Agencia de prensa IPC, 2014). Así como hoy en día los indígenas cuentan con resguardos y las negritudes tienen títulos colectivos, los campesinos, que constituyen la mayoría de la población rural, buscan el reconocimiento de un territorio con cierta autonomía local, en el que puedan preservar su identidad y evitar la descomposición de las economías campesinas. Estos territorios combinarían la propiedad colectiva, la vivienda y la parcela familiar dentro de una vida comunitaria activa para abrir paso, de manera organizada, a los mercados y encadenamientos productivos (El Espectador, 2013).

Contrario a lo que se piensa, la relativa autonomía que piden las Zonas de Reservas Campesinas no se traducen en una ausencia estatal. De acuerdo a César Jerez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) que defiende la creación de una ZRC en la conflictiva región del Catatumbo, esta figura propone un marco territorial, estructural, de inversión, de política pública y de participación para solucionar los problemas del Catatumbo: “Se garantiza la presencia del Estado con inversión social y políticas públicas, que hagan posible la llegada del Estado, para solucionar los problemas de la gente y disparar procesos sociales y económicos” (La Opinión, 2015). Esta posición la defiende el analista León Valencia que dice que creando esta zona sale ganando el campesinado que durante décadas ha reclamado ayudas del Estado y ahora tendría dónde trabajar, infraestructura, vías, créditos, comercialización etc., y asegura que, “todo eso los comprometería más con el Estado que con las guerrillas y los grupos ilegales” (El País, 2013). Lo que sí demandan los campesinos, es que la acción institucional del Estado en las Zonas de Reserva Campesina sea concertada, con el fin de promover y encauzar recursos y programas que definan un propósito común de desarrollo en la región. La acción estatal incluiría entonces temas como condiciones preferenciales en el otorgamiento de subsidios, incentivos y estímulos en favor de la población campesina, créditos agropecuarios, capitalización rural, adecuación de tierras, desarrollo de proyectos alternativos, modernización y el acceso ágil y eficaz a los servicios públicos rurales, entre otros.

Fuente: (Semana, 2013)

Otra gran ventaja de las Zonas de Reserva Campesina es que facilita el retorno de campesinos desplazados por la violencia a sus tierras. A lo largo de más de 50 años de conflicto armado, aproximadamente 3,7 millones de campesinos han sufrido de desplazamiento forzoso por la violencia de grupos diferentes grupos armados como paramilitares, guerrillas y organizaciones del narcotráfico (El Espectador, 2013). Para reparar a las víctimas, el gobierno de Santos aprobó en 2011 una ley de restitución de tierras, que pretende devolver dos millones de hectáreas arrebatadas y otros cuatro millones de hectáreas abandonadas Pero, como lo señala el ex presidente Ernesto Samper, “Si comenzamos a restituir tierras a nivel individual y a tratar de que los campesinos sobrevivan solos, sencillamente vamos a exponer sus vidas a que los vuelvan a expulsar y violentar. Por eso las zonas de reserva campesina son un instrumento indispensable en la política de avanzar en el reparto de las tierras” (El Espectador, 2013).

A pesar de todas las virtudes que se les reconocen a las Zonas de Reserva Campesina, vale la pena analizar el contexto nacional con mayor detenimiento. Si bien la propuesta de las FARC-EP de pedir una autonomía casi que absoluta en las Zonas de Reserva Campesina fue rechazada tajantemente por el Gobierno Nacional y por gran parte del país, sopesando el miedo a que estas zonas quedaran por fuera del control y vigilancia de la Fuerza Pública, existen otras amenazas que se deben considerar. Como lo señala Plinio Apuleyo, un primer rasgo inquietante y evidente de las ZRC es que se encuentran ubicadas en territorios donde los campesinos están ocupados esencialmente en el cultivo de coca. Lo han comprobado los funcionarios de la Unidad de Consolidación Territorial que se ocupan de la erradicación de cultivos ilícitos (Mendoza, 2013). Adicionalmente, todas, o casi todas las zonas de reserva campesina, se encuentran establecidas en la proximidad de frentes o bloques de las FARC-EP. Este el caso, por ejemplo, de Pato-Balsilla, al norte del Caguán, que sirve de refugio y campamento principal a la columna móvil Teófilo Forero. Otras dos zonas llaman especialmente la atención: la de Cabrera, en Cundinamarca, por hallarse en la provincia de Sumapaz y la del valle del río Cimitarra, que tiene una dominante presencia de la Asociación Campesina ACVC. Recordemos que, luego de denuncias hechas por campesinos de la región, fueron allanadas sus sedes y detenidos varios de sus más reconocidos líderes por sus estrechos vínculos con las FARC-EP (Mendoza, 2013). Pero nada de esto es casual. Si uno revisa los correos incautados de Tirofijo a los miembros del secretariado de las FARC-EP, en marzo del año 2005, descubre que las primeras ZRC eran vistas por él como territorios de apoyo y protección, en la medida que habían sido conformadas por familias cercanas a los guerrilleros (Mendoza, 2013). Estas zonas debían servir, en efecto, para conseguir abastecimientos, medicinas y de punto de encuentro de los agentes urbanos con los dirigentes de los bloques.

De manera que, el riesgo de que estas Zonas de Reserva Campesina se conviertan en, como señala el presidente del gremio ganadero Fedegán Jose Félix Lafaurie, “enclaves políticos excluyentes de campesinos catequizados por la subversión” es latente y real (El Espectador, 2013). No por ello se debe estigmatizar a las Zonas de Reserva Campesina y mucho menos, las demandas legítimas de una población vulnerada que pide el reconocimiento de unos derechos elementales históricamente olvidados. Por el contrario, el Estado debe promover la adopción de esta figura jurídica siempre y cuando sea posible garantizar presencia estatal permanente en estos territorios, representada no sólo en programas, subsidios e incentivos a la producción, sino también en la presencia efectiva y eficaz de la Fuerza Pública dentro de estos territorios. También se debe rechazar de tajo el afán de las FARC-EP por apropiarse de una iniciativa que tiene 20 años y su propósito de usar los diálogos de La Habana para tomarse la vocería de comunidades a las cuales han agredido toda la vida. Estas estrategias de las FARC-EP, de cooptar la protesta social, responden a la realización póstuma de la inviabilidad de la lucha armada para tomarse el poder. El verdadero peligro radica en que, si como país seguimos propiciando dinámicas de exclusión y violencia, las poblaciones vulneradas encuentren en estos grupos la identificación de sus exigencias y suba al poder un gobierno totalitario de corte socialista similar al del país vecino. En ese sentido, las Zonas de Reserva Campesina pueden ser un primer intento por reivindicar la lucha campesina y erradicar las bases estructurales que han dado lugar, durante décadas, a la violencia y a la desigualdad. Más importante aún es que los colombianos logremos cambiar el imaginario social del campesino como sujeto atrasado e ignorante; visión sobre la cual se han cometido las mayores injusticias contra la población rural, rescatada de forma magistral por el escritor William Ospina en este fragmento de su libro ¿Dónde está la franja amarilla?, que reza:

“Los campesinos venían de una cultura largamente establecida. Tenían una sabiduría en su relación con la tierra, un lenguaje lleno de gracia, en el que la rudeza y la ternura encontraban una expresión elocuente y vivaz. Eran seres dignos y serenos incorporados a una relación profunda y provechosa con el mundo. De la noche a la mañana, estos seres se vieron arrastrados por un viento furioso que los arrancó a la antigua firmeza de su universo y los arrojó sin defensas en un mundo implacable. Su sencillez fue recibida como ignorancia, su nobleza como estupidez, su sabiduría elemental como torpeza. Es imposible describir de cuantas maneras las inmensas masas de campesinos expulsados se vieron de pronto convertidos en extranjeros en su propia patria, y el calificativo de “montañero” se convirtió en el estigma con el cual Colombia le dio la espalda a su pasado y abandonó a sus hijos en manos de los prejuicios de la modernidad. De pronto el país de la simulación, incapaz de construir algo propio en qué reconocerse, descubrió los paradigmas del progreso solo para utilizarlas contra sí mismo, si se plegaba como siempre, sin criterio, sin carácter, sin reflexión y sin memoria, a los dictados de un hipotético mundo superior.”