En interesante artículo publicado al inicio de este mes en Semana.com se argumenta que, a pesar de todas las ayudas y subsidios del Gobierno de los últimos años –el presupuesto oficial para el sector creció en 500% entre 2003 y 2010- y que incluyó los 500 mil millones de pesos anuales del programa de Agro Ingreso Seguro, el desempeño del sector es pobre.
Allí también se aludía a la intervención de Carlos Antonio Espinosa en el Foro que organizó la Universidad de los Andes hace un año. Dicho empresario, en un reconocimiento veraz y poco común, denunció la inconveniente acción conjunta entre empresarios y Estado que, por medio de cabildeo y subsidios ha retrasado la puesta en escena de una necesaria capacidad competitiva del sector.
Que el sector no demuestre la competitividad esperada; que haya sido golpeado por la revaluación; que no exista la infraestructura en vías, distritos de riego y drenajes: nadie pondría en duda ese diagnóstico. Otros añadirían la inseguridad; la ocupación violenta de tierras -razón de los desplazamientos-; el acaparamiento y posesión inicua de tierras; la ausencia de un catastro veraz que garantice los derechos de propiedad; la vulnerabilidad ambiental de la mayoría del territorio colombiano. Sin embargo, para el articulista es la acción del gran empresariado en buena parte la responsable del uso inadecuado de los recursos puestos a su disposición por el Estado.
Para ese diagnóstico bajo la lógica económica y de política pública vigente, no hay duda que el articulista ofrece salidas: redireccionar el presupuesto estatal a otros grupos sociales, afectar aranceles, modernizar la agroindustria, etc.
Bajo otras lógicas, como la de preguntarse quién (es) y cómo en verdad se proveen los alimentos que una población creciente consume. O la de los resultados de dicha provisión y distribución: “La región produce suficientes alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales del triple de la población, sin embargo, unos 9 millones de niños, principalmente campesinos, sufren de desnutrición crónica y otros 4 millones sufren de desnutrición global.” (CEPAL et al. Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe, 2005). “La desnutrición crónica afecta a la mitad de los menores de 5 años de edad de origen indígena; que en las zonas rurales los menores tiene entre 1.6 y 3.7 veces más probabilidades de desnutrirse que en las urbanas; y que , sin embargo, algo más del 40% de los desnutridos vive en ciudades.» (CEPAL/PMA. Hambre y desigualdad en los países andinos. 2004). Insistimos, bajo otras lógicas, tanto el diagnóstico es más complejo y las salidas menos ingenuas.
Los conquistadores españoles sobrevivieron gracias a los alimentos producidos por las poblaciones indígenas. Luego, éstas junto con colonos, africanos y mestizos, comparten prácticas y técnicas a lo largo de 500 años. Y aunque todos han logrado habitar tan sólo una porción del territorio, sin embargo afectan –algo negativamente- la mayoría de éste. La afirmación y la pregunta son mucho más serias. Ante los resultados descritos antes ¿Hemos perdido ya no una década, sino medio milenio? ¿Y si tiene el gran empresariado del campo el conocimiento, la enjundia, y la capacidad para enfrentar dicha complejidad? ¿solos? Aún más, ¿La gran mayoría de funcionarios del Estado y que forman parte de sus agencias y ramas, en verdad conocen el tema rural? ¿El hombre y la mujer común, el campesino, el finquero medio, no el gran propietario, tienen alguna voz o representación en nuestro régimen democrático? ¿Medio siglo de violencia en el campo y miles de ciudadanos aún en cautiverio, no indican que el urbanita colombiano no tiene la más remota idea del campo que lo rodea, ni le concierne la suerte de quienes allí laboran?
En cambio, creo que los chilenos conocen la complejidad de su minería, así esta se halle en medio de un desierto, al rescatar a 33 mineros que permanecieron 70 días a 600 metros en las entrañas de la tierra.
