Restitución de Tierras. Contexto

También debería tenerse en cuenta que este proceso implica para el restituido la re-adaptación a la cotidianidad en la que se desenvolvía antes de ser despojado y en el que las actividades pueden ir desde labrar la tierra, pasando por la ganadería, llegando incluso a procesos de emprendimiento truncados como consecuencia del conflicto. Al respecto, de los beneficiarios de restitución, “alrededor del 66 % han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios; del 34% restante, aproximadamente el 24 % está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo un 10 % no ha retornado”[1]

Para poner en contexto la consistencia de la restitución de tierras en el contexto Colombiano es necesario aludir a la ley 1448 de 2011: “Conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV capítulo II, crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno. El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución)”. [2]

Ahora bien, en otros contextos caracterizados por la presencia de actores inmersos en conflictos armados o de carácter político, estos procesos conllevaron varios años para su materialización. Sin embargo, las características de Colombia, cuyo conflicto lleva un poco más de 50 años de duración, no son comparables. “La restitución de propiedad en Bosnia (51129 Km2 de extensión territorial y 3.935.000 habitantes) suele considerarse un éxito, en particular porque la restitución no fue condición para el regreso físico de los refugiados y desplazados internos. En Kosovo (10887 Km2 de extensión territorial y 1.800.000 habitantes), la Comisión de Reclamos de Vivienda y Propiedad (HPCC ) resolvió unos 29.000 reclamos relacionados con la propiedad entre 1999 y 2006. Sin embargo, no fue hasta 2006 que otra institución, la Agencia de Propiedades de Kosovo, se creó para resolver reclamos respecto de la tierra agrícola. Mientras en Timor-Leste (15.007 Km2 de extensión territorial y 1.062.777 habitantes) como consecuencia del despojo extranjero y el desplazamiento masivo, los timorenses pueden reclamar la tierra sobre la base de intereses contrapuestos tradicionales subyacentes, títulos emitidos durante la colonización portuguesa y la invasión indonesia, o a través de la ocupación a largo plazo.[3]”

Claro está, lo anteriormente descrito no necesariamente implica que, comparados con Colombia, sus procesos hayan sido necesariamente fáciles. La trascendencia y cercanía de nuestro conflicto relacionados con extensión de territorio y complejidades geográficas que el país implica (la extensión de nuestro país es de 1.141.748 km² en su área continental), le prestan al proceso de restitución de tierras en Colombia un panorama especial, ya que no necesariamente se ciñe un conflicto de carácter político, como en los casos descritos. Pero, una complejidad en grado sumo, si se compara a Colombia con aquellos países es que no alcanzan a ser, nisiquiera, el 10% de nuestro territorio continental. Por lo tanto, la proporción tanto del conflicto, así, como de las tierras a ser restituidas no alcanza las dimensiones, comparativamente hablando, entre los casos ejemplificados y el de nuestro país.

Sin embargo, dadas las características e implicaciones razonadas en el ámbito del post-conflicto, queda en evidencia que no ha de abstraerse la temática de la devolución o restitución de tierras a un simple hecho de devolverlas materialmente. Se debe ir más allá y entenderse aquel proceso como algo integral al que se adhieran aspectos sociológicos, porque no antropológicos que respalden el éxito de dicha política con víctimas afectadas por dicho flagelo del despojo, gracias al conflicto.