También se han generado mapas de zonas rojas, es decir zonas donde se desarrollan las hostilidades de los actores armados, pero los parques y como estos afectan el conflicto están fuera de la discusión. Las áreas de conservación y de manera especial los parques naturales, a pesar de no ser añadidos como una variable importante dentro del conflicto siempre han estado presentes a través de hechos importantes, es así que muchos de los secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, vivieron su secuestro en el parque nacional Caño Cristales. En la Sierra Nevada de Santa Marta estuvieron secuestrados por el ELN, más de cien días, ocho extranjeros que hacían turismo: “La Sierra Nevada saltó a la fama, no por la maravilla arqueológica que representa que un país conserve una Ciudad Perdida anclada en la mitad de la selva, sino porque ocho extranjeros estuvieron 101 días secuestrados por el ELN cuando intentaron conocerla” (Revista semana. Los parques de las balas a la paz. 21 de Septiembre de 2013). Lo mismo sucede con territorios indígenas que fueron disputados por paramilitares y guerrilla, y fueron declarados por la Unesco como reservas de la biosfera.
Lo anterior demuestra que gran parte los escenarios del conflicto en Colombia son zonas de reserva de interés general para la nación. Según la sentencia C 587 de 2002, ley aprobatoria del tratado de Ginebra, se consideran a las parques naturales como bienes que deben estar al margen del conflicto y por tanto deben considerarse dentro de este para el caso colombiano, cualquier negociación referente al conflicto debe incluir a los parques y zonas de conservación. La consideración trasciende a los argumentos ecologistas, pues se verían los parques como entidades estáticas, y sería un error. Ya hemos mencionados en otros artículos como los territorios de conservación son entidades dinámicas que interactúan con las comunidades, los gobiernos y demás entidades locales. Un conflicto como el nuestro y la complejidad que comprende demanda respuestas del mismo nivel, de lo contrario la reincidencia sería una debilidad manifiesta.
Según la Unidad de Parques Naturales de Colombia, en los parques hay aproximadamente 37700 indígenas, 47400 campesinos y 4800 afrodescendientes, sin contar el número de guerrilleros que habitan o transitan por los diferentes territorios, es así que los parques son parte de la problemática social del conflicto armado, al interior de ellos se desarrolla extracción ilegal de coltán, existen cultivos ilícitos y se encuentran las bases militares de diferentes grupos guerrilleros. La firma de un proceso de paz solo dejaría a un lado las bases militares de las FARC, el problema social continuaría. Se necesita una respuesta integral para un conflicto que no solo ha acabado con poblaciones enteras, sino que ha destruido ecosistemas afectando la sostenibilidad alimentaria de las familias que viven dentro de las reservas, y que tan pronto exista algún acuerdo continuarán en el abandono bajo el cual han vivido, para este caso el remedio podría ser más peligroso que la enfermedad. De hecho el conflicto ha aislado regiones completas que se han mantenido fuera de los alcances del crecimiento agropecuario, protegiendo especies endémicas: Al contrario de lo que muchos puedan creer, Colombia es respetada en el mundo por ser uno de los países que más ha preservado la naturaleza. Pero más sorprendente aún es que esa buena noticia se da porque el conflicto se ha encargado de mantener a raya a ciertos depredadores. “Aunque suene cínico”, explica Frederic Massé, profesor de la Universidad Externado, “la guerra ha permitido que muchos ecosistemas permanezcan intactos”. (Revista Semana. Septiembre).
Finalmente es necesario discutir el papel que puede tener la perspectiva de la conservación al interior del complejo panorama social colombiano. En Colombia existe una contradicción entre la jurisprudencia respecto a la conservación, que aun tiene una visión ecologista y de aislamiento, mientras los objetivos de unidades como la Parques Naturales de Colombia buscan la sostenibilidad y el apoyo a las comunidades. Esa contradicción puede desatar problemas tan graves como los del conflicto. Ya sucedió algo parecido en el Parque nacional Katíos donde una población indígena fue desplazada para convertir el territorio en parque natural, sin tener todas las garantías y vulnerándole su derecho ancestral a las tierras (Andrade, German. El fin de la frontera. 2009). Ahora poblaciones del Chocó son renuentes a desplazarse con el mismo fin, y todo porque la legislación colombiana ve la conservación como regiones aisladas. La problemática de continuar con esta visión no solo son las comunidades locales afectadas. Percibir regiones específicas como sitios exclusivos de conservación a cargo de entidades especializadas envía un mensaje a la sociedad de que lo demás puede ser acaparado y explotado, alejándose cada vez más de la verdadera definición de la conservación como un convenio social donde viven humanos y naturaleza.
Una solución en un documento es sino el comienzo de un proceso de paz, los afectados demandarán justicia y la retribución por las consecuencias vividas, pero al igual que los muertos que no podrá devolver el proceso de paz, eco-regiones completas ya han sido devastadas por la guerra y los cultivos ilícitos y ya no hacen parte de la riqueza natural del país. Aquellas que por suerte se han mantenido deben ser protegidas de lo contrario el abandono y la necesidad podrían en manos de depredadores oportunistas.
