La noticia del avance de la construcción de escaleras eléctricas para la comuna 13 de Medellín[1] es estupenda. En la década pasada, lo fue el Metrocable.
Familias, en su mayoría campesinas, expulsadas por la violencia deben colgarse de las laderas de nuestras ciudades. Si bien no pagan impuestos directos, lo hacen a través del IVA, el transporte (sobretasas de la gasolina). Su principal contribución al bien común es la de su esfuerzo, trabajo y esperanza. Por diversas modalidades de trabajo asociado en cooperación con los gobiernos locales y ONGs, van dotando de infraestructura sus barrios y haciendo habitables sus viviendas.
La inversión de 10.000 millones de pesos que la Alcaldía de Medellín hace en dicho proyecto, o la inversión 10 veces mayor que hizo para el Metrocable, son de elemental justicia social. Quienes se esfuerzan por sobrevivir atendiendo, con la precariedad de sus recursos, sus necesidades básicas de vivienda y desplazamiento, incluso de empleo –cuando es informal-, escalando diariamente decenas y centenas de metros, es justo que la sociedad los apoye. En verdad, estas familias colombianas no son ‘una carga para la sociedad’.
Las cargas para la sociedad vienen por otros senderos. Uno de ellos es el pago de impuestos. Se entiende que se necesitan bienes y servicios que el mercado no puede producir, la seguridad y el orden, entre ellos. La educación y la salud, como venimos aprendiendo, con aciertos y errores, en el País pueden ofrecerse en consorcio con el mercado. Servicios públicos domiciliarios también pueden extenderse y mejorarse gracias a una regulación inteligente y a empresas privadas. Sea lo que fuere, el caso es que se necesita el Estado y de ahí que debamos los ciudadanos contribuir a su operación.
Lo que desconcierta es el empleo inadecuado de esas contribuciones. En el carrusel de las contrataciones no bailan sólo algunos gobernantes locales, lo hacen también funcionarios del nivel nacional. Para la muestra un botón: el entonces Presidente del Senado, iniciando el año, suspendió una licitación que dotaba de carros blindados y nuevos a los integrantes del Congreso (su valor: 14 escaleras eléctricas) y a su responsable, el Director Administrativo de la Corporación.[2] El nuevo Presidente del Congreso le devuelve las facultades a éste e inicia el baile.[3] Algo debe andar mal en nuestro régimen político y administrativo que sólo 63.251 votantes colocan a este último personaje en cargos de responsabilidad.
Las luces y sombras que describimos en el Estado, también existen en el mercado. El documental de Charles Furguson –Inside Job[4]– constituye una excelente descripción sobre algunos de los responsables del colapso financiero del 2008. Entrevistas directas a banqueros, reguladores, académicos, junto a sesiones de la Comisión de Investigación del Congreso de los EEUU expresan, de una parte, la vulnerabilidad humana, de otra, la del sistema financiero del Norte.
En este caso, a diferencia de las contribuciones forzosas tributarias, son los inversionistas institucionales y los individuales quienes, voluntariamente confían sus recursos a directivos empresariales. Algunos de estos, en franca e incontenible codicia, traicionan su legado fiduciario y dilapidan los recurso puestos a su haber. Su cinismo, solo comparable al de algunos funcionarios estatales, y que se deja ver en dicho documental, manifiesta, de una parte, el conflicto de interés de funcionarios del gobierno, académicos, reguladores y agencias calificadoras. De otra, la complejidad de un sistema financiero vulnerable, ya no solo a la codicia extrema de sus actores, sino a una interconectividad virtual que impide decisiones sopesadas y prudentes.
El documental revela los ingresos de dichos ejecutivos, que para nada fueron castigados por llevar a la ruina sus empresas y socavar la economía mundial. Cifras que alcanzan cantidades en el orden de las 200 escaleras eléctricas para el bolsillo de un individuo. Algo debe andar mal en el sistema financiero mundial que celebra y acoge esos personajes. Y en los modelos empresariales que con tan sólo una decena o veintena de votos –de los integrantes de las juntas directivas de esas empresas- los nombran, los sostienen en sus puestos y los premian, a pesar de llevar a la ruina el sistema.
Difícil reflexión la que nos cabe a nosotros los ciudadanos sobre si, y cómo, seguir respaldando, con votos o inversiones, esos funcionarios estatales y directivos empresariales, cuyos ingresos y prebendas para nada reflejan la mediocridad de su gestión. Cuántas escaleras eléctricas y ya no sólo esas, sino empleos se generarían, si la codicia de esos personajes se contuviera.
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10480182.html
