El Informe[1] que venimos comentando en estas anotaciones, ofrece una definición de ruralidad que cuestiona la visión tradicional de lo rural-urbano en el país donde la cuantía de población en cabeceras municipales definía lo urbano. Los censos asi lo consignaban.
Este nuevo concepto de ruralidad tiene en cuenta el territorio en el sentido que la densidad de población, la distancia a centros urbanos de más de 100.000 habitantes (lo que se refleja en el costo del transporte) y el diferencial de ingreso: son los elementos del concepto. El Informe tuvo en cuenta los dos primeros elementos aplicados a municipios y departamentos como unidad de análisis.
Los datos que arroja son reveladores y aún más el mapa del país teniendo en cuenta estos nuevos criterios (p.55). Al fin contamos con una abstracción gráfica que refleja lo que cualquier pasajero de un avión observa: somos un pais ‘rural’ –en esat nueva definición- en lo que al territorio y su ocupacion se refiere.
Estos datos dicen que más de 700 municipios de los 1000 del país son ‘rurales’; que ocupan el 94% del territorio nacional y albergan el 32% de la población colombiana. Por supuesto con ello las clasificaciones convencionales sobre la actividad de dichos municipios al PIB habrá que reconsiderarse, pues ya no serán sólo las actividades agrícolas y pecuarias las que cuentan, sino las mineras también y el resto de actividades comerciales o industriales que se hallen en esos territorios.
Una primera interpretación que dicha realidad alienta es la de casi la totalidad del territorio nacional hallarse al servicio de quienes viven en el 6%. Y no afirmo que el 32% de la poblacion se halla al servicio del 68%, porque esta ultima tambien sirve a la primera. En el intercambio económico de bienes y servicios todos nos hallamos al servicio de todos. Claro que unos, en razón de su acceso a mejores medios, entran a dicho intercambio con ventajas que otros no tienen (información, redes, respaldo de autoridades, coacción armada, capital, etc.)
Cabe en dicha interpretacion que esa mayoría urbanita alojada en un puñado del territorio nacional no conoce bien las condiciones en que esa población rural, extendida por todo el territorio nacional, producen sus bienes y servicios. Es este desconocimiento lo que explica el desacierto de políticas públicas, pretendidas para beneficio de las poblaciones rurales mas necesitadas, pero que terminan beneficiando a los mismos urbanitas, entre quienes se encuentran las ‘elites’ políticas y económicas de esos municipios.
Con el término de ‘elites’ se refiere el informe citado a familias y grupos que persisten en los cargos políticos regionales (alcaldías y otros) (p.262). El concepto de persistencia política contribuye a explicar las situaciones precarias de aquellos municipios donde no existe competencia democrática. Se refiere a un buen número de familias politicas regionales y otros grupos que derivan importantes rentas de su situación de privilegio económico (tierras, créditos, comercio) y prestigio social. Un claro ejemplo de mercado en el Estado.
[1] “Colombia rural: razones para la esperanza.” Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: PNUD.
