El por qué del paro en los últimos días, por parte de los campesinos colombianos, responde a “que les reduzcan el precio de los fertilizantes, los más caros del mundo; que haya salvaguardas a algunos productos como la leche, la cebolla y la papa; control al contrabando y solución al tema del alto costo de la gasolina, que encarece los precios. Y le agregaría otro tema: la escasa formación académica en las zonas rurales.” (Amaya, 2013). Desatado en parte, por un claro distanciamiento por parte del Gobierno al sector en los últimos 20 años. Sin embargo, es de esperar que luego de lo vivido la semana pasada; los próximos discursos, incluyan y expresen la disposición a trabajar en pro de los intereses del sector rural. En una política conjunta con el Gobierno, para lograr un mayor bienestar y equilibrio; social y económico en el campo, que logre acoplar el proceso de paz, adelantado hoy por hoy, en la ciudad de La Habana, que como resultado, simbolice la unión y cooperación de la extrema izquierda y derecha, por Colombia.
Así, iniciaría una nueva historia, conocida como la era del postconflicto, un escenario en el que, primeramente “ningún colombiano mate a algún miembro de las FARC, pues hay que pensar la paz desde el perdón y esa es una tarea que no hemos hecho” (Mockus, 2013), donde parte de esta tarea, se exploró en Colombia a través de la experiencia de la Ley de Justicia y Paz, un modelo de justicia transicional aplicado durante el gobierno de Álvaro Uribe, el cual tenía como objetivos: el derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación y garantía de no repetición, dándose de esta manera, a los combatientes de ejércitos ilegales la oportunidad de ampararse bajo la ley, si cumplían, dos condiciones; entregar las armas y confesar sus crímenes frente a una comisión especial. Lo que dió inicio a audiciones libres, donde, quienes fueron víctimas podían preguntar a comandantes de grupos armados ilegales, por el paradero de sus seres queridos, permitiéndose el esclarecimiento de aproximadamente 42.000 delitos.
Por otra lado, la proposición de actividades y políticas en pro del desarrollo sostenible en el campo, sin espacio a modelos de paramilitarismo, pues se conoce que “fueron los políticos que ayudaron a crear y promover grupos paramilitares para despojar zona de campesinos, para hacer beneficiales de proyectos muy rentables como proyectos agroindustriales…hoy sabemos que 1 de cada 3 puesto de elección popular alcaldías, gobernaciones, fueron cooptadas y capturadas por este proyecto conjunto de las élites que crearon ejércitos y que se aliaron con el narcotráfico para darse seguridad y despojar a los campesinos de su tierra y hacer negocios muy rentables” (Lozano), o donde se tome una interpretación en la que como asegura el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie “Para las FARC, las tierras no son un factor de bienestar social sino un elemento de control territorial y militar».
Dado lo anterior, una exitosa implementación de un eventual acuerdo de paz, involucraría una retroalimentación constante entre quienes se han visto afectados por el conflicto armado: el Gobierno, los grupos armados ilegales y la población, para así alcanzar “la fórmula” como afirma Albert Berry (canadiense nominado al premio nobel de economía), la cual “está en que el Estado acompañe la explotación de la tierra… las pequeñas unidades agrícolas son más “eficientes” que las grandes y que contribuyen más a la generación de empleo; también observó la necesidad de destinar utilidades de la minería al desarrollo del campo” (Valbuena, 2013), lo cual requeriría en parte, un gran andamiaje, para no solo lograr eficiencia judicial, sino una verdadera coordinación, durante una eventual implementación, teniendo en cuenta, el no cese definitivo de actividades ilegales, y la posible conformación de pequeñas organizaciones (en parte porque en esta negociación las FARC no están compactadas (Lafaurie, 2013)), con fines meramente delictivos.
