Pena de muerte a nuestra industria azucarera

Lo digo y sostengo frente a ustedes no solo porque soy vallecaucano, apasionado por el campo y una persona convencida de que este producto agrícola representa no solo empleos y desarrollo a nuestra región, sino también gran parte de nuestro pasado y arraigo social político y cultural. Durante casi diez semanas he compartido con ustedes aspectos importantísimos de lo que simboliza el sector azucarero para nuestra región y país, remontándome incluso a tiempos de antaño donde colonos y negros cultivaron por primera vez los suelos del Valle del Cauca con este cultivo, pasando por los primeros procesos de industrialización, hasta consolidarse como uno de los clusters agrícolas más fuertes y serios del país, sirviendo como ejemplo para empresarios y campesinos de toda Colombia. Es por esto y por muchas cosas más que veo con dolor cómo acciones desmedidas de nuestros entes reguladores y el gobierno quieren desestabilizar a un sector que genera 188.500 empleos en la región, del que viven y dependen un gran número de familias, que aportó en 2014 $30.000 millones de pesos en impuestos de renta, $15.300 millones en predial e impuestos locales y $7.200 millones en retenciones y aportes de nómina.[1]

Y es que el monto exacto de las sanciones serian de $324.000 millones de pesos lo que equivale a la suma de las utilidades de todo el sector en los años 2014 ($147.938 millones), 2013 (64.383 millones) y a la mitad de las de 2012 (259.732 millones).[2] Para entender un poco mejor el pleito nos tenemos que remontar al año 2010 cuando un grupo de empresas que utilizan el azúcar como materia prima en la elaboración de sus productos, interpuso una denuncia contra los ingenios y azucareros del Valle del Cauca. La denuncia expone principalmente la preocupación de estas empresas por el supuesto complejo y sofisticado plan que el gremio azucarero estaba construyendo, para obligar a los consumidores nacionales a comprar el azúcar que los ingenios colombianos producen, al precio que éstos quisieran. Así en el 2012 la SIC abrió dos investigaciones formales contra el sector azucarero. Una buscaba verificar si efectivamente los industriales del azúcar habían hecho un acuerdo para distribuirse el mercado colombiano, en el cual a cada ingenio le correspondía una cuota de producción teniendo en cuenta su capacidad. La segunda, buscaba indagar si el gremio estaba impidiendo el ingreso de azúcar de otros países. Las sanciones que se impusieron corresponden precisamente a la segunda parte de esta investigación, ya que de la primera no se encontraron pruebas suficientes para emitir una decisión. Según la Ley ambas conductas por las que el sector fue investigado, representan una clara limitación a la libre competencia y, por lo tanto, afectan el bolsillo del consumidor, al no permitirle acceder a una oferta amplia y diversa que le garantice comprar el producto al mejor precio.[3] Sin embargo, estas empresas que se jactan de ser defensoras del consumidor, no ajustan los precios de sus productos cuando el precio del azúcar esta más bajo. Estas empresas a las que me refiero son la Compañía Nacional de Chocolates, la Compañía de Galletas Noel, Casa Luker, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Meals de Colombia S.A., Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas, Aje Colombia, la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño y Comestibles San Antonio. Las mismas que presionan al gobierno a eliminar sistemas como el FEPA y así bajar los aranceles que protegen a la industria azucarera nacional, la cual necesita de estos mecanismos para asegurar sus sostenibilidad.

Para ampliar un poco más en lo insólito que son las multas, que se salen incluso de cualquier sentido económico, podemos observar por ejemplo el caso de ASOCAÑA. La cantidad de dinero con la que se quiere penalizar a ASOCAÑA, que es la agremiación de los 13 ingenios y cultivadores de la caña, asciende a $30.446 millones de pesos, esto teniendo en cuenta que la organización tiene un patrimonio que se compone de alrededor de unos $7.000 millones de pesos. Esto quiere decir que aunque se liquiden todos los activos de la Asociación de Cultivadores y Productores de la Caña de Azúcar, solo se podría pagar exactamente un 22.9% de la sanción impuesta. ¿Tiene esto algún sentido? Las sanciones para los ingenios están cargadas con la misma “lógica” que las aplicadas a ASOCAÑA, si tomamos por ejemplo el caso de Riopaila y Castilla la sanción seria de $40.158 millones de pesos, sin embargo las utilidades en el 2014 de esta empresa en particular fueron de $8.649 millones de pesos, esto representa 4.6 veces las utilidades de la empresa en un año. Sin lugar a dudas si estas sanciones se llegan a materializar, serían una estocada certera a uno de los sectores productivos más importantes del Suroccidente colombiano. De hecho creo que ya es un golpe sicológico fuertísimo para el gremio quien se encuentra afrontando varios ataques por parte del Estado. Espero haya justicia en este caso y que el castigo, de comprobarse las anomalías, sea proporcional o que por lo menos tenga sentido económico.

Bibliografía:

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