Dada la coyuntura de la violencia en Colombia, las políticas sobre el agro en el país se han dictaminado por mandatarios que ignoran la visión del campesinado e insisten en políticas ineficientes a través de los años. No obstante, la tendencia más reciente sobre el romanticismo del agro y el campesinado se ha podido experimentar en la poca práctica que tienen estas nuevas políticas en la realidad de estas personas. De este modo, se revisará la importancia del agro en Colombia, la poca practicidad en las políticas hacia este sector y qué se debe hacer frente a esto.
A pesar de que los indicadores económicos post-pandémicos fueron bastante altos con respecto a lo proyectado, la agricultura aportó 14,89 billones de dólares sobre el PIB de $230,9 billones, es decir, alrededor de 6.44% de este, teniendo un crecimiento de apenas alrededor de 1,3% entre 2020-2021 (La República, 2021). Mientras la mayoría de los gobernantes lo mencionan como un éxito total (MinAgricultura, 2021), el sector primario sufre las consecuencias del crecimiento del sector secundario e incluso terciario (Anexo 1) sin haber integrado por completo a la economía al campesinado y sus productos, que suelen ser exportados a precio competitivo en el mercado internacional (MinAgricultura, 2021).
Archivo Centro de Información Periodística Archivo (CIP). Fuente: El Colombiano
Por otro lado, si se ven las políticas conforme al agro en Colombia, el histórico de hace más ya de 60 años supone un reto importante en el manejo de tierras, la responsabilidad social con comunidades indígenas como campesinas y el compromiso rural que se tiene en el país desde el Estado y sus instituciones. Entre las primeras Reformas Agrarias (RA) en 1961 (a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA) podemos encontrar las iniciativas bases de “dotación de tierras a campesinos carentes de ellas, adecuación de tierras para incorporarlas a la producción y dotación de servicios sociales básicos” (Franco, 2011, p.11). No obstante, vienen circunstancias de violencia a las se resulta en problemas más a fondo de la sociedad colombiana como el desplazamiento forzado, lo cual resulta en una serie de una importante “legislación nacional que promulga la obligación del Estado de garantizar el reconocimiento, disfrute y restitución de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación para este grupo poblacional vulnerable” (Arango, 2007, p.7).
Fuente: Prensa Latina
Consecuentemente, a través de los años se fue desmejorando la capacidad del Estado en lograr las mejoras prometidas en estas comunidades desplazadas y las que se quedaron en las áreas rurales afectadas. De este modo, se pueden identificar las insuficiencias en los programas de las tierras, por lo poco práctico que se puede medir la competitividad y productividad de las tierras, como lo fue en la iniciativa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), como estrategia complementaria a los programas de RA de la Ley 1 de 1968 (Machado y Suárez, 1999 & Mondragón 2001). De este modo, se puede identificar qué tan contraproducente han sido los programas que incluso indujeron al deteriorando de la confianza de los campesinos en el Estado y sus instituciones, que fueron desplomándose a través de los años y sus esfuerzos. Entre ellas la disolución del Incora en 2003 y la creación de otras instituciones como el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural. Esta institución cuyo fin es el de facilitar el acceso a los factores productivos hacia el público rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización. No obstante, cae en la redundancia de las entidades mencionadas en reiterar y revictimizar a las comunidades.
Habiendo la oportunidad de volver al campo, luego de la firma de paz en 2016, los distintos ceses al fuego y el compromiso del gobierno Petro en entablar conversaciones con distintos grupos armados (El Colombiano, 2021), el agro colombiano ve otra oportunidad de encarrilar y, tal vez, insistir de nuevo en poner en pie el campesinado colombiano. No se ignoran las distintas problemáticas como las disidencias armadas, los retos medioambientales y demás desafíos que siguen afligiendo al campo. No obstante, se insiste en volver a creer en el campo colombiano. Se puede identificar que, al haber obligado a los campesinos a moverse a las zonas urbanas, se perdió el valor de la inversión en este agro, en la importancia de la educación tecnificada para la industrialización de procesos de este (Agronegocios, 2020).
Finalmente, se reitera en la necesidad de que los gobiernos no solo insistan en un enfoque de tierras, como se ha hecho en los últimos 50 años, sino también en la inversión económica y de educación. El primer paso es dejar atrás estas dinámicas que solo dejan aún más vulnerables y victimizados a los campesinos e insistir en ese enfoque económico potencial el cual tiene nuestro agro colombiano. De este modo, se abordaría el enfoque social casi que por la naturaleza del mercado mismo y sus demandas con el fin de mejorar procesos, calidad y el tamaño del agro en la economía del país.
Anexos
Anexo 1: Comportamiento de la economía colombiana 2021 por La República.
Referencias
Agronegocios. (2020). Tecnificar el campo, un paso necesario para potenciar y expandir la economía nacional. Editorial La República. Agricultura. Disponible en https://www.agronegocios.co/agricultura/tecnificar-el-campo-un-paso-necesario-para-potenciar-y-expandir-la-economia-nacional-3081984#
Arango, A.M. (2007). 10 años de desplazamiento forzoso en Colombia. La política, la cooperación internacional y la realidad de más de dos millones de colombianos. Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia. Disponible en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/download/2441/2079/8050#:~:text=El%20fen%C3%B3meno%20del%20desplazamiento%20forzoso,diferentes%20grupos%20armados%20y%20como
Cubides C., Fernando. La participación política del campesinado en el contexto de la guerra: el caso colombiano. En publicación: La construcción de la democracia en el campo latinoamericano. de Grammont, Hubert C.. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Marzo 2006. ISBN: 987-1183-38-0. Disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/gram/C05CubidesC.pdf
El Colombiano. (2022). El Incora será factor de pacificación. Archivo Centro de Información Periodística Archivo (CIP). Disponible en https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/el-incora-sera-factor-de-pacificacion/14884
Franco, A., De los Ríos, I.(2011). Reforma agraria en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacia un enfoque integral actual. Cuad. Desarrollo Rural. 8 (67): 93-119. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/cudr/v8n67/v8n67a05.pdf
Función Pública. (2009). Decreto 3759 de 2009. Naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66767#:~:text=El%20Instituto%20Colombiano%20de%20Desarrollo,en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.
Ministerio de agricultura y desarrollo rural. (2021). El sector agropecuario creció 3,8% en el PIB del segundo trimestre de 2021. Disponible en https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-agropecuario-creci%C3%B3-3,8-en-el-PIB-del-segundo-trimestre-de-2021.aspx
La República. (2021). El PIB colombiano está 2,6% por encima del nivel que se registraba prepandemia. Hacienda. Disponible en https://www.larepublica.co/economia/el-pib-colombiano-esta-2-6-por-encima-del-nivel-que-se-registraba-antes-de-la-pandemia-3262371
Prensa Latina. (2021). Aumenta cifra de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia (+Foto). Noticias. Disponible en https://www.prensa-latina.cu/2021/12/22/aumenta-cifra-de-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia
