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La vida en la ruralidad presenta problemáticas que desde la burocracia de las ciudades se han ignorado por completo. Es por tal motivo que urge una voz de alerta que exija la reivindicación de los derechos que tienen las personas que viven y trabajan en los sectores rurales.
Hoy en Colombia tenemos cifras preocupantes de las zonas rurales. Según el DANE (2019) para el año 2018 “el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 19,6%; en las cabeceras de 13,8% y en los centros poblados y rural disperso de 39,9%”[2]. Es decir, que la situación de pobreza, en los términos del índice de pobreza multidimensional (IPM), es casi 3 veces mayor en la ruralidad que en las zonas urbanas.
Adicionalmente, si contrastamos las cifras del 2018 con la del 2016 vemos que no hay mejorías, sino que, por el contrario, el IPM se ha incrementado en un 2,3% (DANE, 2019). Estos datos se traducen en que los hogares en las zonas rurales están en una situación de inferioridad respecto del promedio nacional y, sobretodo, respecto de los hogares ubicados en zonas urbanas.
Esta situación de inferioridad se ve materializada en familias con menos acceso a la educación y analfabetismo (tecnológico)[3]. También encontramos una niñez y juventud con rezago escolar y falta de asistencia escolar, ya que empiezan a trabajar desde una edad temprana. Todo lo anterior genera unas condiciones propicias para el empleo informal y las problemáticas derivadas de la informalidad.
Es necesario recordar que la informalidad es una situación que excluye al trabajador de tener un salario mínimo y un régimen contributivo (salud, pensión y riesgos laborales). De modo tal que son múltiples las voces que han exigido hacer cambios en la legislación laboral del país que permita reducir la informalidad y establecer vías de acceso a condiciones laborales más favorables especialmente en el campo. Por ejemplo, la flexibilización del régimen laboral o la creación de un régimen laboral especial para el sector agropecuario.
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Entender la dinámica de la pobreza de las zonas rurales del país requiere un análisis integral de todos los factores que conlleva a la difícil situación de esos hogares. Pero, el papel trasversal del Estado colombiano como garante de los derechos de sus ciudadanos ha sido pobre y bastante criticable.
La zona rural sufre de la burocracia de las entidades administrativas centralizadas. Un poder bastante concentrado en Bogotá y los centros urbanos del país. La inversión destinada al desarrollo rural ha sido saqueada y malversada por la permisibilidad de un sistema de control ineficaz que apenas hace presencia en las zonas urbanas.
Ahora, otro punto preocupante es la garantía de seguridad. La garantía mínima de cualquier Estado debe ser la de brindarle seguridad para su vida a sus ciudadanos. No obstante, en las zonas rurales la presencia de las autoridades policivas es poca, y los hogares campesinos se encuentran a merced de grupos ilegales que abundan en un Estado cuya soberanía es cuestionable.
Adicionalmente deberían existir garantías mínimas de acceso a servicios públicos como parte esencial del derecho fundamental de toda persona a una vida digna. Pero el panorama es nuevamente desfavorable para el campesino. Las vías terciarias carecen de inversión y no hay una cobertura total de agua potable, acueducto o redes eléctricas.
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Y es así, como se resume de manera breve y a la ligera, el difícil panorama que a diario enfrentan millones de hogares campesinos. Esto es un SOS por el futuro de las actividades agrícolas. El discurso de la revolución de la economía del país por medio del sector agropecuario no puede desconocer las necesidades coyunturales del campo y su gente. Es imperativo que, para que el sector agropecuario se potencialice, las condiciones del campo y sus familias deben mejorar significativamente.
Ahora que se discute en el gobierno (Ministerio del trabajo) y el Congreso una inminente reforma laboral y pensional, es el momento indicado para hacer cambios eficaces que resulten congruentes con las dificultades del trabajador rural. En el próximo artículo expondré un análisis de las propuestas que suenan en el congreso promovidas por los diferentes partidos políticos y desde el gobierno, de forma qué concluyamos si lograrán impactar de forma positiva al trabajador del campo colombiano.
Referencias:
DANE (2019). BoletiÌn TeÌcnico Pobreza Multidimensional en Colombia. Bogotá, D.C. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf
[1] Estudiante de derecho y administración de la Universidad de los Andes.
[2] Las 5 dimensiones que componen el IPM involucran 15 indicadores. Los hogares son considerados pobres multidimensionalmente cuando tienen privación en por lo menos el 33% de los indicadores. Las 5 dimensiones son: 1) las condiciones educativas del hogar; 2) condiciones de la niñez y juventud; 3) trabajo; 4) salud y 5) servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda.
[3] No debe entenderse en la actualidad el analfabetismo exclusivamente a la incapacidad de leer y escribir. Ahora hay posiciones por incluir dentro de esto concepto la incapacidad de manejar dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías.
