Los modelos de negocio y las estructuras organizativas en los proyectos medioambientales de las compañías colombianas aun dejan mucho que desear. Grupos de clientes y consumidores, cada vez más informados, exigen una profesionalización del asunto, no solo como proyectos sociales, sino como valor agregado al producto o servicio que ofrece cada organización. La percepción de la sociedad es que los proyectos de sostenibilidad y conservación ambiental son estrategias de mercadeo, más que procesos que agregan valor. Las compañías en su cadena de valor deben tener los proyectos ambientales como uno de sus pilares, no de mercadeo, sino de sostenibilidad de la misma organización.

En otros artículos hemos mencionado la inviabilidad de pensar en una conservación, en Latinoamérica, aislacionista. Nuestra realidad y la debilidad institucional lo hacen tan complejo que para el momento que mejore quizás ya no tengamos zonas que proteger. El sector privado con los incentivos apropiados podría desarrollar proyectos productivos sostenibles, tal y como sucede en los Estados Unidos con la continua renovación de los bosques. Por otro lado América latina, según datos de la organización internacional para la conservación[1], es la región del mundo donde, por porcentaje de territorio, hay más áreas protegidas, sin embargo entre el 2004 y el 2009 la degradación de áreas protegidas en la región fue del 250%. El viejo argumento de que somos países pobres y que la inversión en la protección es muy baja es cierta hasta cierto punto, pues el mismo estudio señala que estadísticamente no existe una relación entre el producto interno bruto (PIB) y la degradación de zonas de reserva:

“Assuming each land and forest degradation event was unique (i.e., no change, regrowth and change again during the six years) and considering only the negative changes in land cover, the 2004–2009 land and forest degradation in our protected area dataset was 1,097,618 hectares—an area the size of Jamaica.” (Leisher, Craigh et al, 2013)

Para Colombia y Bogotá la realidad es la misma. Actualmente existe una fuerte discusión entre los ambientalistas de la capital y las diferentes administraciones sobre los humedales, fuentes hídricas fundamentales para el aprovisionamiento de agua de la ciudad entre muchos otros beneficios que aportan. La tarea aun no ha finalizado y aunque hace tan solo unos días (POT del 2014) se declaro como zona de reserva el humedal la isla (Ahora Bogotá tiene 966 hectáreas de humedales) y se aumentaron los tamaños de los otros humedales, la situación de algunos de ellos es lamentable. Vale la pena traer a colación la convención Ramsar, tratado intergubernamental que ofrece el marco para la acción nacional, y la cooperación internacional en relación con la conservación y el uso de humedales (http://www.ramsar.org) de la que hace parte Colombia. En este tratado se menciona la importancia de estos ecosistemas en las economías locales en relación al agua, la alimentación y la energía, sin mencionar la importancia para la biodiversidad. Así mismo está comprobado su impacto para mitigar el cambio climático, que tanto ha afectado a Colombia, y la erradicación de la pobreza.

Humedal artificial para el manejo de aguas residuales.

En una vista reciente que realicé al Humedal Tibabuyes, en el noroccidente de Bogotá, pude constatar los esfuerzos, poco efectivos a mi parecer, que está realizando la administración para apropiar y mejorar este ecosistema. El abandono, la aparente falta de interés de la comunidad, y el ingreso de personas de la calle para construir chozas y así poder reclamar el subsidio que da la secretaría para que abandonen el humedal, son algunos de los retos que afronta esta importante zona, no sin antes mencionar que el rio arzobispo rodea el humedal, cuyos niveles de contaminación son altísimos y el vertimiento de aguas negras es continuo.

William Muñoz, funcionario de la Secretaría de Ambiente y guía de las caminatas guiadas, que desarrolla la Secretaría como estrategia de educación, menciona que el abandono que presenta el humedal se debe a que las tareas de las diferentes instituciones se cruzan y ninguna se hace responsable. Por ejemplo, de la recolección de basuras, ya que la empresa de recolección no puede entrar a la reserva, la tarea de la Secretaría no es la recolección de basuras y el Jardín Botánico no tiene jurisdicción sobre estas zonas de reserva, en conclusión hay un abandono. En un comienzo se pensaba hacer un sitio recreativo para que la comunidad pudiera apropiarse del sitio y generar recursos, pero según el mismo William Muñoz, fue la comunidad quien se opuso pues, debía aislarse la zona.

En México muchos pueblos habitan cerca a humedales y han utilizado los recursos del turismo y cría de especies, que ellos mismo administran con ayuda del gobierno, para conservar y comprar terrenos circundantes a los humedales para evitar su erosión[2].

Es momento de que la conservación genere proyectos productivos. Ninguna economía puede ser eternamente subsidiada, la conservación tampoco, esta puede y debe ser autosostenible económicamente, y traer beneficios sociales. La conservación puede ser un negocio y las comunidades circundantes a los humedales deberían ser las primeras beneficiadas.

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Desde hace algunos años se ha venido dando un proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) de grupos como los paramilitares y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos procesos se han venido dando en medio del conflicto con otros grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que nuestro panorama social tiene características de posconflicto y de conflicto. Diálogos como el de los paramiliatares y el de las AUC dejaron un ambiente de desconfianza generalizado en la población ya que no fueron claras las penas y mucho menos las comisiones de verdad y reparación, donde solo con decir que iban a confesar los guerrilleros tenían acceso a los beneficios jurídicos de la ley de garantías, y sin embargo al final quedaban los mismos interrogantes. El poder de facto de los paramilitares aun continúa, y su medio de financiación, el narcotráfico, es una fuerza creciente en el campo que devasta ecosistemas completos y que luego crea una guerra de bandas criminales en el interior de la ciudad. Como menciona Antonio Campos Polaina en su libro sobre posconflicto colombiano: El proceso de negociación dejó muchos aprendizajes y amargas experiencias que posiblemente se trataron de subsanar extraditando a los principales jefes, a rendir cuentas a los tribunales norteamericanos en medio de una crítica ácida, al observar que las extradiciones se hacen sin haber cumplido cumplido con la ley de justicia, verdad y reparación, aunque con la ingenua promesa de que, simultáneamente, irían confesando, reparando y pagarían las mínimas penas. El proceso inconcluso administrado como hacienda deja fuerzas emergentes, narcotraficantes, personajes en la clandestinidad, libres por vencimiento de términos, instituciones y personas severamente cuestionadas, presiones a las cortes, muertes selectivas. Exilios, destierros, desaparecidos y finalmente un Estado con matices de totalitarismo. (Polaina, Antonio. Postconflicto colombiano. 2009:141)

Para que un proceso de desarme, desmovilización y reinserción sea exitoso debe tener un proceso de negociación anterior que sea estructurado y tenga en cuenta las variables que puedan llevar a la reincidencia en el conflicto. Paul Collier, investigador del Banco Mundial, menciona que los grupos armados son negocios que se aprovechan de la situación específica, de ausencia del Estado, características geográficas, oportunidades económicas y se apoyan en alguna ideología, pero su base es la financiación: Un movimiento de protesta, por ejemplo, depende de miles de personas que se reúnen un par de días en las calles. Un movimiento político depende económicamente de las personas que a él pertenecen. Mientras los movimientos insurgentes son un ejército que trabaja día y noche. Hay que vestirlo, alimentarlo y alojarlo. Sus jefes tienen que hacer muy buenos negocios para financiar esas actividades…De donde salen estos altos ingresos? Pues bien, provienen de dos grandes fuentes, y ambas dependen indirectamente de los recursos naturales y los commodities. (Collier, Paul. Hacia una economía sostenible: Conflicto y posconflicto en Colombia.2003:130). Es así que la primera función para una negociación según este autor depende de que la financiación del grupo armado no sea sostenible y así poder negociar. Si las ganancias del conflicto continúan a la mano, la buena voluntad no es un buen inicio para generar dicha negociación, Colombia ya lo vivió con las mesas de negociación del Caguan. Un caso que vale la pena mencionar y que puede servir para entender el proceso de DDR que debe seguir Colombia es el caso de Angola. En este país al igual que en Colombia los grupos armados se financiaban con los recursos naturales del país, en ese caso los diamantes. Tan pronto como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se dio al trabajo de rastrear estos diamantes e ilegalizar la compra a nivel internacional, las fuentes de financiación del movimiento UNITA se cerró y un grupo que era mucho mayor que los insurgentes colombianos negoció la paz con el gobierno, casos similares se presentaron en Sierra Leona y Sri Lanka. La financiación de los grupos insurgentes en Colombia es principalmente el narcotráfico, la extorsión y a menor escala la extracción minera. El uso de testaferros es otra variable que vuelve complejo el panorama y hace difícil rastrear las fuentes de financiación. Los grandes consumidores a nivel mundial de narcóticos son Estados Unidos y Europa, y su política es de restricción por lo que lo que la financiación debe ser abordada desde la política internacional y no solo interna. Una política agraria integral y con alternativas para los reinsertados, que sea sostenible económicamente debe plantearse en los actuales procesos de paz, de lo contrario los cultivos ilícitos y la minería ilegal seguirán siendo las fuentes de financiación del conflicto, y otras formas de este emergerán tarde que temprano.

En cuanto al inicio de un proceso de DDR, este debe tener un fuerte componente social, no solo por el beneficio que trae a la población y a los reinsertados, sino porque es un periodo donde las partes involucradas en el conflicto, con la desconfianza propia de estas, debe percibir el compromiso social y no una escalada armamentista que desencadenaría un conflicto nuevamente, esto fue lo que sucedió en el Salvador de los noventa cuando se descubrió que los insurgentes tenían caletas de armas, para ser usadas en caso de que no se cumplieran los acuerdos, y el proceso de paz se vio comprometido.

¿Y por qué debe una situación de posconflicto ser especialmente sensible a las políticas económicas de inclusión social? Eso lo voy a responder con mi último punto que les quiero plantear. Y mi último punto es la mala noticia del posconflicto. La mala nueva es que mundialmente se da una trampa; eso quiere decir que cuando un país ha vivido un conflicto, una recaída es muy probable, aun cuando ya se haya alcanzado la paz. Por consiguiente es importante tomar conciencia de la existencia de esta trampa del conflicto. Hay dos razones que explican su existencia: Lo primero es que infortunadamente, pero de manera muy realista, mucho de los participantes en la violencia no tienen interés alguno en la paz. Sus destrezas son destrezas violentas, y de hecho les va muy bien con la violencia. La segunda razón es un poco más sutil, y es que cuando se negocia la paz entre el gobierno y el grupo insurgente, ninguna de las partes, como es lógico suponer, confía en la otra. (Collier, paul…2003:138). El comienzo del posconflicto es entonces una etapa muy débil que debe ser pensada para evitar las reincidencias, la desmovilización paramilitar es muestra de ello, la atomización de la delincuencia común en las ciudades después de la desmovilización de estos es una muestra de un proceso mal estructurado.

Aunque Colombia ya tiene sus propios aprendizajes en procesos de desmovilización, desarme y reinserción, casos como el del Salvador merecen la pena ser mencionados para analizar características que hicieron de este proceso uno exitoso, sin dejar de lado el hecho que el conflicto colombiano no es comparable a este. Lo primero que vale la pena destacar es que se dio un apoyo de todas las instituciones del país al proceso y se creó un estamento encargado de administrar el proceso y hacer las sinergias necesarias entre otras unidades, esto llevó a que el proceso fuera bastante flexible y durante la negociación, con el ánimo de hacerla ágil, no se trataran temas específicos del proceso. Aunque lo anterior puede ser un arma de doble filo, pues no se tienen las garantías claras, dio flexibilidad a nivel gubernamental para ir adaptándose a las necesidades. La prontitud en resolver el conflicto, que llevaba doce años, y la clara comunicación evitó la politización de este, legitimándolo ante la sociedad civil. Finalmente se creó un portafolio amplio de opciones económicas para reintegrar a los subversivos a la sociedad y hubo una activa participación del sector privado. Otras de las características destacables del proceso es que las cabecillas continuaron con el mando de los subalternos y les pasaban la información del proceso, por lo que la cadena de mando se mantuvo, así mismo las garantías se dieron conforme al nivel de mando de cada persona lo que facilito los diálogos. No existen fórmulas únicas para los procesos de desmovilización y desarme, y Colombia puede estar creando una propia, sin embargo ya denotamos algunas acciones no deseables: la politización del proceso de paz, la poca comunicación a la sociedad, que deslegitima el proceso y la capacidad institucional colombiana que pone en tela de juicio lo que podría suceder si eventualmente se firma la paz. De todos modos, queda claro que el compromiso es colectivo y se requiere apoyo del sector privado, pero buena parte de la responsabilidad administrativa recae sobre el Estado, lo que hace urgente pensar en su capacidad institucional. (Guaquetá, Alexandra. Desmovilización y reinserción en el Salvador.2005)

No todo es negativo, Colombia ha innovado en su forma de enfrentarse al conflicto, la ley de víctimas es muestra de ello y es ejemplo en el mundo, el proceso de devolución de tierras aunque con obstáculos es una muestra de la voluntad política de resarcir a las víctimas, y esto debería ser una muestra a los insurgentes de que por lo que han luchado se está cumpliendo, aunque su lucha ya no sea esa. Queda mucho por hacer y las débiles instituciones colombianas deben prepararse para no colapsar en el proceso. La responsabilidad como se mencionó anteriormente es de todos y el último jugador, y no por ello menos importante, es el sector privado de nuestro país, pues es él quien debe apoyar el reingreso al sector productivo de los insurgentes, ya que sin una perspectiva económica estable no hay paz posible. La responsabilidad es mayor e imperativa para un sector que se ha desarrollado en medio de un conflicto y que incurre en gastos por culpa de este, desde el impuesto a la guerra hasta los atentados contra diversos activos de las compañías: Así mismo, el 44% del total de empresas encuestadas señaló haber enfrentado problemas relacionados con el conflicto armado: incremento de gastos en seguridad (19,6%), pérdida de mercancías (19,6%), reducción de las ventas (12,18%), pérdida de clientes (9,41%) y amenazas o atentados contra los empleados (11,9%). (Puentes, Angela et al. Reinserción económica y sector privado en Colombia.2009:10).

El compromiso que en las últimas décadas han adquirido las empresas con el medioambiente debe estar en las propuestas económicas que el sector privado debe aportar para el proceso de reinserción. También como medio para resarcir aquello que destruyeron los actores armados. El sector privado en conjunto con el público debe pensar maneras de participar del proceso de DDR y el empleo no puede ser el único mecanismo. La financiación de proyectos, el apoyo a cooperativas y la formación deben ser analizados como mecanismos de reinserción. El uso de los conocimientos de armas y de defensa no puede ser utilizada, ya que la legislación colombiana prohibió a los excombatientes el porte de armas. Aun queda mucho por estructurar, procesos pasados como el de las AUC y el de los paramilitares demostraron que un proceso de desarme, desmovilización y reinserción mal planeado puede llevar a otros conflictos, que es lo que estamos viviendo en las ciudades.

Las instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, Parques Naturales de Colombia y organizaciones no gubernamentales, deben estar atentas en este proceso de paz, del cual no han sido partícipes, pero que de él depende el futuro de muchas zonas de reserva de nuestro país y los procesos de recuperación de ecosistemas que han sido devastados por la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la guerra. La aproximación debe ser asimilada de manera integral, como se ha venido haciendo desde Parques Naturales de Colombia, no con una visión de exclusión, sino con un proceso integral que entiende la dinámica entre población, territorio y recursos.

Durante las últimas semanas hemos llevado a cabo un análisis de las diferentes variables que afectan la conservación de un territorio. Comenzamos con una descripción general, luego vimos como esta se estructura a nivel global a través de parques y otras figuras jurídicas. Pasamos luego a un análisis latinoamericano, hasta llegar al caso particular de Colombia.Las aproximaciones a la conservación en nuestro país, al igual que el análisis organizacional, se realizó a través de la mirada de los grupos de interés en el tema (lamentablemente todavía incluye a grupos específicos y no a la sociedad en general). La estrategia perseguida por la Unidad de Parques Naturales de Colombia se ha alejado de la mirada aislacionista que se tiene en el mundo desarrollado, pero que está lejos de la realidad de la mayoría de los países latinoamericanos. En nuestros parques naturales tenemos una guerra que se desarrolla hace cincuenta años, hay grupos indígenas que luchan por mantener su legado cultural sin ser abandonados en el proceso modernizador del Estado y conviven comunidades afrodescendientes en medio de condiciones de pobreza extrema, que solo pueden subsistir de la explotación de los recursos naturales. El ejercicio de ver desde los ojos de cada uno de estos grupos los retos que tiene la conservación en nuestro país evidencia la complejidad del tema. El conflicto y posconflicto como última etapa del análisis es la coyuntura actual de nuestro país y es la oportunidad para integrar al debate un tema que ha sido excluido y que se toma como algo que corresponde a unos pocos y la responsabilidad social empresarial.

La autonomía que cada comunidad pueda tener, para administrar sus territorios apoyados por las instituciones públicas, puede ser la mejor respuesta para que la conservación no sea un conjunto de leyes que deban ser aplicadas desde la punta de la pirámide, sino que sea un conjunto de propuestas y emprendimientos sociales de la base social. Lo anterior enmarcado en proyectos de conservación productivos que den legitimidad al proceso de conservación, que actualmente tiene una apolítica de defensiva. En el largo plazo no será sostenible dicha política, si no encuentra aceptación por parte de cada comunidad, que es la interesada en preservar el valor de su cultura y en consecuencia de su territorio. Las comunidades indígenas y de negritudes en nuestro país son un ejemplo de relación con el entorno y preservación, así como algunas iniciativas privadas que comienzan a delimitar espacios representativos para la conservación.

Como ya hemos mencionada en otras publicaciones la cultura y la etnografía de cada comunidad está sujeta a la relación que esta tiene con el entorno, el territorio es una variable fundamental que afecta las dinámicas de comunidad, así lo menciona el estudio llevado a cabo por observatorio de territorios étnicos de la universidad javeriana en el estudio de experiencias y percepciones de jóvenes afro descendientes en procesos de autonomía territorial (2012. Pg.24) En Colombia la autonomía administrativa que tiene algunas de estas comunidades les ha permitido generar modelos propios de desarrollo y en consecuencia de conservación, así mismo algunos privados han desarrollado iniciativas que se han convertido en referentes sociales de conservación, es así que en el departamento de Casanare un grupo de finqueros decidió unirse y crearon una zona de reserva de quince mil hectáreas dentro de sus fincas, fue una agremiación de 10 fincas, en este momento es una de las reservas privadas más grandes del país.

Algo parecido ha sucedido en el chocó[1]. En la publicación anterior mencionamos que la conservación en un país como el nuestro no puede entenderse bajo el concepto de aislamiento ya que no responde a las necesidades de las personas que viven en zonas de reserva y que llevan varias décadas asentadas allí. Dos comunidades del Choco, Alto de san Juan y el Carmelo, han desarrollado concejos comunitarios mayores para administrar la explotación de recursos de sus comunidades de manera adecuada y sostenible. Las actividades principales son explotación agropecuaria, forestal, minera, caza y pesca. Las actividades de los miembros de la comunidad pueden ser múltiples, sin embargos algunas como la minería o la explotación forestal requieren aprobación por parte del concejo. Así mismo estos concejos toman decisiones basados en su cultura, es por eso que la extracción de plantas medicinales o consideradas mágicas tienen reglas específicas dentro de la comunidad. Lo anterior es una muestra que la conservación desde las comunidades es mucho más efectiva que desde una organización central. La labor de la unidad de parques naturales de Colombia deber ser direccionar y crear una estrategia, sin embargo el control debe hacerse desde las comunidades, así la participación social en la conservación estará alineada con la unidad de parques y el interés de la comunidad será la preservación de sus recursos para el beneficio propio.

De las dinámicas anteriores dependerá qué considera cada grupo o sociedad como conservación, y de acuerdo a esa valoración decidirán proteger recursos de interés social. La conservación con participación social se convierte entonces en una decisión que involucra a todos los miembros de una sociedad, donde esta última reconoce la importancia de mantener los recursos de su entorno y decide apartarse o autorregular el proceso de explotación o extracción. En el informe sobre política de participación social en la conservación queda plasmado este argumento:

La conservación es un ejercicio de interacción social dentro de un proceso de concertación de intereses y percepciones, orientado por el análisis y la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. (Política de participación social, 2001:25)

La conservación en el mundo y especialmente en los países industrializados se ha entendido como un ejercicio de aislamiento. Sin embargo, Latinoamérica y en especial Colombia han tenido procesos sociales diferentes y los sitios de reserva son espacios donde conviven asentamientos, fauna, flora, actores armados y fronteras agrícolas.De ahí que la conservación en nuestro país, como lo afirma el mismo gerente de parques naturales de Colombia, debe enfocarse a una tarea de manejo antes que de aislamiento. Los datos que soportan esta opinión son de conocimiento público: “Desde el punto de vista cultural la diversidad está representada por grupos humanos con múltiples manifestaciones y maneras de entender el entorno. Los pueblos indígenas reconocidos por el Estado son 84, con una población aproximada de ochocientos mil personas organizadas en mil quinientas comunidades; constituyen el 2% de la población nacional y habitan territorios por lo general ricos en biodiversidad, en 27 de los 32 municipios (Política…, 2001: 11)

El contexto social Colombiano y la unidad de Parques Naturales de Colombia se convierten así en otro actor social que participa del complejo juego de intereses de diferentes grupos. Parques Naturales Nacionales se convierte en un prestador de servicios sociales, más que en una entidad a cargo de conservar los recursos, como sucede en otros países. La labor social que desempeña en entender y ayudar a las personas que habitan en zonas de reserva y explotan los recursos, pero sin dejar de lado su labor principal, hace que cualquier política o directriz en cuanto a conservación se refiere tenga una dimensión social importante. La dimensión culturales otro valor fundamental con el que debe trabajar la Unidad de parques, ya que para algunos grupos su relación con el territorio lleva cientos de años en construcción y no es fácil adaptarlos a los modelos actuales de conservación sin afectar su acervo cultural. De hecho según el congreso mundial de parques y áreas protegidas llevado a cabo en Caracas, Venezuela en el año de 1993 posicionó a Colombia como el cuarto país en América con el mayor grado de interdependencia entre la diversidad biológica y cultural (Parques y progreso, Unión internacional para la conservación, 1993: 5 ).

Lo anterior es una muestra de que la conservación es una tarea de participación social y más en un país con los retos que tiene Colombia. Como la mayoría de aspectos de la vida en sociedad en Colombia y la tradición legislativa, la conservación y la participación ciudadana están debidamente representadas en la jurisprudencia, sin embargo su aplicación es muy limitada.Muestra de ello es el hecho de que los entes territoriales (municipios) no tienen mecanismos jurídicos para administrar o crear zonas de conservación y es desde los municipios donde las comunidades se organizan para involucrarse en el proceso de conservación de intereses más particulares.

El enfoque actual de la Unidad de Parques naturales responde a la realidad del país, sin embargo sus recursos son limitados para las necesidades de un país mega diverso y que cuenta con dos hot spots(espacios geográficos de alta importancia a nivel global por su riqueza en biodiversidad y la presencia de especies endémicas, estos sitios ayudan al equilibrio de climas regionales y son designados por la Unesco) en diferentes regiones. Su aporte al desarrollo agropecuario, de conservación, de preservación cultural se encuentra entre sus prioridades, siendo la participación social una de sus grandes fortalezas organizacionales:

“Incentivar la economía de las comunidades locales y contribuir al fortalecimiento de su identidad cultural” Lo anterior es un ejemplo de los objetivos y lineamientos estratégicos de la unidad de parques naturales de Colombia y como estos se alienan con las necesidades de un país que más que aislamiento demanda inclusión y participación social.

Las tradiciones indígenas en gran parte del continente han sino una de las principales motivadoras para la conservación de áreas, no sin antes mencionar que el desarrollo económico latinoamericano es extractivo y depende en gran medida de los recursos naturales, es por ello que los diferentes gobiernos han decidido, en orden de mantener una economía sostenible en el mediano y largo plazo, conservar áreas con especies endémicas o recursos renovables que se pueden ver afectados. Es entonces, contrario a lo que sucede en otras regiones del mundo como norte América o Europa, que en Latinoamérica las áreas protegidas tiene un papel preponderante en la economía, no solo como sitios turísticos, sino como territorios que se ven afectados por el desarrollo económico, un ejemplo es El Salvador que ha dependido tradicionalmente de la exportación de madera y ha protegido áreas, no para evitar la tala sino para implementar políticas de sostenibilidad en ellas.

Hablar de áreas protegidas en Latinoamérica requiere conocer sus orígenes y sobre todo reconocer, que al igual que sus economías, su desarrollo ha sido muy desigual entre países, algunos como Argentina o Salvador que tienen áreas protegidas desde el siglo XIX los hace merecedores de tener la tradición más antigua, pero a su vez tiene grandes retos, Argentina por ejemplo solo posee 1,3% de su territorio bajo áreas protegidas, muy por debajo del promedio de la región del 10%. Algunos como México tiene programas compartidos con el sector privado para el mantenimiento y explotación de recursos de manera sostenible, lo que lo convierte en uno de los más avanzados en este tipo de políticas a nivel mundial, pues demuestra que el sector privado puede ver estas áreas una forma rentable de desarrollar negocios con estándares de sostenibilidad y bajo el modelo de áreas protegidas, lo cual da un ejemplo al resto de la región, para integrar estas áreas al modelo productivo de cada país.

América Latina tiene diversos sistemas de áreas protegidas (SINAP), en la región el concepto de estos territorios ha sido acogido principalmente por la definición dada por la UICN (autoridad mundial en conservación) la cual define área protegida como:

“ Espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (UICN tratado de diversidad biológica).

Los principales categorías de gobernanza definidas por la UICN son: reserva natural estricta cuyo objetivo principal es la conservación y estudio científico, área silvestre, se enfoca en la conservación de las especies, parque nacional cuyo fin es la protección de ecosistemas y la recreación, esta es la categoría más usada en toda la región. Monumento natural, su objetivo es la conservación de un activo natural específico. Área de gestión de hábitats cuyo fin es el manejo de ecosistemas y especies. Paisaje terrestre o marino con el fin de proteger el paisaje y recrear. Finalmente está el área protegida con uso sostenible de los recursos naturales, que se enfoca en la explotación de los recursos, esta categoría está subutilizada en la región y es la que más potencial tiene para insertarse en la economía.

Cabe destacar que todavía queda un gran reto en la región por la protección de las áreas costeras y marinas que no tiene representatividad en el SINAP de casi ningún país. Y son las poblaciones costeras las que más afectadas se podrían ver.

País	principal categoría de manejo	área terrestre protegida	Área marina protegida
Belice	Parque nacional	38,30%	4,90%
Costa rica	Refugio nacional de área silvestre	26,50%	0,90%
Cuba	Elemento natural destacado	16,80%	24,80%
El salvador	no hay categorización	2%	1,70%
Guatemala	Parque nacional	28,50%	17,10%
Honduras	Parque nacional	17,80%	3,60%
Mexico	Parque nacional	10,50%	1,50%
Nicaragua	Reserva natural	16,10%	0,90%
Panama	Parque nacional	29,30%	1,80%
Rep. Dominicana	Parque nacional	25,20%	5,20%
Argentina	Parque nacional	1,30%	0,90%
Bolivia	Parque nacional	15,50%	No aplica
Brasil	Bosque nacional	9%	0,30%
Chile	Reserva nacional	19,20%	0%
Colombia	Parque nacional	10%	1,30%
Ecuador	Parque nacional	19%	12,80%
Guyana	Parque nacional	2%	0%
Paraguay	Parque nacional	5,90%	No aplica
Perú	Reservanacional	14%	0,60%
Surinam	Reserva natural	12,90%	2,90%
Uruguay	Paisaje protegido	1,40%	0,40%
Venezuela	Parque nacional	27%	0,90%

Información del instituto de parques nacionales, ministerios de ambiente de cada país y de base de datos UINC

La comunidad internacional, soportada por innumerables organizaciones no gubernamentales dedicadas al cuidado del medio ambiente y la protección de las especies, ha comenzado a suscribir compromisos para el cuidado, la protección y preservación del medio ambiente y las especies. Alejándose de un objetivo altruista, la respuesta gubernamental a una serie de consecuencias que afectan a los más vulnerables como desastres climáticos, crisis alimentarias entre muchas otras, ha sido el embarcarse de manera activa en la creación de políticas para la sostenibilidad.

Acuerdos como el de la Diversidad Biológica (Nairobi 1992) a partir del cual Colombia crea las áreas protegidas (SINAP)y del cual diversos países del globo hacen parte, hasta acuerdos para la protección de áreas específicas como la convención para la protección y desarrollo del ambiente marino de la región caribe, suscrito en Cartagena de Indias en 1983, hacen parte del compromiso global que existe por el medio ambiente. Actualmente existen más de cien tratados suscritos por diferentes gobiernos y entidades gubernamentales de acuerdo a los registros del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (UNEP), que van desde áreas geográficas protegidas hasta pesticidas usados en la siembra.

A partir de la preocupación por dejar a las futuras generaciones un ambiente sostenible, los gobiernos desde el siglo XIX comienzan a proteger áreas geográficas críticas en cuanto a diversidad biológica y cultural. A partir de ese momento comienzan a crearse las reservas naturales, parques naturales entre muchas otras designaciones con las que se conocen estas áreas. Sin embargo no es preciso afirmar que es en este siglo donde surge el concepto de área natural protegida. Información histórica evidencia que ya desde el siglo tercero, en Asia, existían santuarios de vida salvaje (DevanampiyaTissa, rey de Sri Lanka), así mismo en otras partes del mundo como medio oriente y Grecia, regiones sagradas no podían ser afectadas por el hombre y debían ser preservadas y cuidadas, teniendo el efecto que actualmente tiene un área protegida. Yase daban los primeros pasos para lo que posteriormente se conocería como los santuarios naturales, en su momento protegidos bajo argumentos religiosos.

Las primeras reservas naturales conocidas como tal y protegidas bajo algún tipo de legislación datan de la primera mitad del siglo XIX , Alemania en 1830 bajo el mando del estado Pruso se crea la reserva natural en Drachenfels (Siebengebirge), en Alemania, posteriormente el parque Yellowstone de Estados Unidos, en el siglo XX es proclamando santuario natural. Ambos parques con el objetivo de preservación, es el gobierno Ruso soviético, en el parque’menskiizapovednik, que decide utilizar un área de reserva además de preservación, para su estudio en, esto sucede 1920.

Es claro entonces que los parques naturales, reservas y áreas protegidas han comenzado a hacer parte del diario vivir de los países occidentales en su historia reciente, y al igual que en Rusia su dinámica ha dejado de ser solamente de protección, y cada vez interactúan más en diferentes áreas. La academia cada vez se interna más en estas reservas para estudiar las especies y sus efectos con el clima, la economía que ha dado paso a la sostenibilidad y encuentran es estas áreas unidades de negocio como el ecoturismo para su crecimiento, dando paso finalmente a áreas de asentamientos que dan origen a la cultura de diversos sitios como es el caso de nuestro país y las rancherías Wayú de la zona norte. Los parque naturales continuaran siendo entidades vivas que interactúan con el medio y las sociedades actuales tendrán el deber interactuar con ellos.