El Informe plantea que existen ocho características que han impedido que se logren superar los retos en cuanto a desarrollo rural integral. Quiero hablarles sobre un punto que considero crítico para lograr los objetivos de los programas que se van a implementar.

Los resultados del Censo Nacional Agropecuario ponen en evidencia una realidad latente en el campo. Por un lado, la pobreza multidimensional en el campo es tres veces superior al de las zonas urbanas, del orden de 44,7 % (Semana, 2015). Este indicador resulta interesante en tanto considera la satisfacción de necesidades como un tema que supera la falta de ingresos, y lo asocia a carencias en las diferentes dimensiones como: educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general (Suárez, 2015). De ahí que la cifra resaltada anteriormente sea crítica. Igualmente se encontró que en las zonas rurales los productores no cuentan con el capital físico ni económico para lograr niveles de productividad y competitividad, que vengan acompañados de mejoras en las condiciones de vida. Alrededor del 83% de estos productores mencionaron que no cuentan con la maquinaria e infraestructura agropecuaria necesaria (Semana, 2015).

Se llega a la conclusión que una de las características que no han permitido un desarrollo integral del campo, es que justamente los modelos de desarrollo rural no han sido equitativos. Uno de los ejes fundamentales para la equidad, es la modernización equitativa. El Informe es contundente respecto a este tema, tanto así que concluye que “los procesos de modernización han favorecido a los grandes productores, en detrimento de los pequeños y de las comunidades rurales. La posibilidad de obtener ganancias en productividad, a partir de la incorporación de innovaciones tecnológicas, permitió mejorar los procesos de acumulación de capital de los empresarios agrícolas, pero tales avances no se reflejaron en una mejora en la calidad de vida de los hogares rurales” (PNUD, 2011)

Esta conclusión, considero, es el resultado de modelos de desarrollo que han tenido como base los elementos propios de la Revolución Verde implementada durante la segunda mitad del Siglo XX. En donde de cierto modo prima la productividad, a través de la implementación de paquetes tecnológicos, que resultan rentables para cultivos a gran escala. Pero desvinculan a los pequeños agricultores que no cuentan con el capital suficiente para implementar estos paquetes. Llegando así a una situación en la cual no se logra equidad en el desarrollo del campo.

Si bien el informe fue realizado en el 2011, el Censo Nacional Agropecuario evidenció que son persistentes estas problemáticas. No tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta de esto. Como se mencionó en el artículo sobre la región de oriente, son latentes los problemas relacionados con la adopción de nuevas tecnologías por parte de los pequeños agricultores, y en general con las herramientas institucionales para generar procesos de modernización para esta población.

La conclusión a la que podemos llegar es que en Colombia no se ha logrado vincular las políticas de desarrollo rural a las reales necesidades de los productores del campo. Esto plantea un reto para nuestras generaciones, en tanto tenemos que encontrar modelos de desarrollo que involucren tanto los grandes como los pequeños productores. La invitación que nos hace entonces el Informe del PNUD es a “reconocernos como un país más rural para tomar mejores decisiones”.

Bibliografía

Angel, M. Q. (2011). IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES DE LA REVOLUCIÓN VERDE EN LA AGRÍCULTURA COLOMBIANA: EVIDENCIAS DE LA NECESIDAD DE UNA REVOLUCIÓN SOSTENIBLE.

PNUD. (2011). Colombia rural Razones para la esperanza.

1. A. (26 de 8 de 2015). Pobreza multidimensional y pobreza monetaria en Colombia. El Tiempo. Obtenido de http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/pobreza-multidimensional-y-pobreza-monetaria-aurelio-suarez-montoya-columna-el-tiempo/16293376

Semana. (2015). Una dura radiografía del campo colombiano. Semana. Obtenido de http://www.semana.com/economia/articulo/campo-colombiano-en-la-pobreza/438618-3

Semana. (18 de 02 de 2017). ¿Se está cumpliendo el acuerdo con las Farc? Semana. Obtenido de http://www.semana.com/nacion/articulo/se-esta-cumpliendo-el-acuerdo-con-las-farc/515855

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Alberto Lleras Camargo en El Tiempo, citado por Helg (1989)

La frase de Lleras Camargo parece aún vigente, sobretodo en el campo colombiano, pues seguimos cargando con el peso de la guerra, la clase dirigente continúa siendo indolente frente los problemas sociales del país y el sistema educativo público en las regiones rurales es todavía defectuoso, con muchas metas por cumplir. Si bien desde el Frente Nacional los gobiernos han hecho esfuerzos para llevar la educación a todos los territorios y todas las poblaciones del país, seguimos teniendo una Colombia rural con deficiencias en calidad y cobertura de la educación.

En efecto, el Estado desde hace 50 años ha buscado cerrar las brechas entre la Colombia rural y la urbana; por ejemplo, durante el gobierno de Betancur, se crearon alianzas de cooperación y financiación con el Banco Mundial, y a través del la creación de Escuelas Nuevas, aportaron con cobertura y calidad a la educación primaria en las áreas rurales. Asimismo, después de la Constitución de 1991, el gasto en educación pasó a ser constitucionalmente un derecho fundamental que obliga a los gobiernos invertir en el sistema educativo del Estado. Esto logró importantes avances en materia de educación, por ejemplo la escolarización secundaria para el grupo de edad entre 12 y 17 años incrementó del 41% en 1986 a 70,5% en el 2000, lo cual puede también correlacionarse con la disminución de la pobreza que se logró entre estas dos décadas. Como las dos situaciones anteriores, hay más hechos positivos que han marcado la evolución de la educación en Colombia; sin embargo, la transición ha sido muy lenta y la población más afectada por la ineficiencia han sido los campesinos, por lo que queda mucho por hacer.

Actualmente, el sector rural parece no tener las garantías de una educación digna que permita a los jóvenes campesinos quedarse en su tierra y no dejarse llevar por el espejismo de que en la ciudad existen más oportunidades ofrecidas por el campo. Actualmente, varios datos del último Censo Agrario de 2015 resultan preocupantes y demuestran que los esfuerzos históricos del Estado en educación no han sido suficientes para el desarrollo sostenible del agro colombiano. Por ejemplo, el DANE encontró que 20% de los niños y niñas, entre 5 y 16 años, que habitan en áreas rurales, aún no tienen acceso a la educación primaria; además, casi el 12% de la población campesina mayor de 15 años es analfabeta, y cerca del 72% de los jóvenes entre los 16 y 24 no tienen acceso a educación después de la escuela primaria. De este modo, según el Programa Regional Juventud Rural Emprendedora, por la falta de condiciones que garanticen un sistema educativo digno, más del 42% de la población joven campesina no estudia ni trabaja, y cerca de un tercio emigra de las regiones rurales.

A mi parecer, estos datos son vergonzosos para un país que pretende entrar al “club de los países ricos” (OCDE), sin antes reparar todos los vacíos que presenta la el campo colombiano y sus fracturas en su educación. Si no se crean las instituciones para resolver la estructura del sistema educativo, la juventud rural no encontrará incentivos en seguir con las labores agrícolas de sus familias, continuará la migración hacia los centros urbanos y la demografía del campo seguirá envejeciendo. Como consecuencia, se incrementaría la pobreza del campo que actualmente afecta al 85% de la población rural. Hasta el momento, varios gobiernos han justificado que la guerra ha sido el principal obstáculo de la educación en la Colombia. Ahora bien, nos encontramos en un momento esperanzador para muchos, pues por enésima vez el Estado se encuentra en medio de diálogos con las dos guerrillas principales del país. Si el resultado de los acuerdos es, finalmente, un perpetuo cese bilateral de la violencia, el Estado y su Gobierno no tienen excusa para cambiar la situación educativa de los jóvenes rurales, a los cuales se les debe garantizar un buen vivir como campesino.

Paralelo a las condiciones sociales, la educación también es una oportunidad para aumentar la productividad del sector agropecuario, un incentivo más para que los jóvenes campesinos asuman la continuidad del trabajo agrícola y para el fortalecimiento de la economía. Asumo que la educación en este sector debe tener un enfoque diferencial, contextualizado con cada región, integrado a una escuela técnica y de emprendimiento. El sector cafetero ha sido un ejemplo de esto; según la Federación Nacional de Cafeteros se encontró estadísticamente que entre mayor educación tienen los productores, existe mayor productividad por hectárea: “los que cuentan con educación secundaria, 93,4 arrobas en promedio; los que cursaron primaria, 67,3 arrobas, mientras que la productividad de los caficultores sin ningún nivel de escolaridad no pasa de las 50 arrobas por hectárea”. Además, mayor educación de los trabajadores rurales permite una mayor innovación, lo que puede ampliar la cadena de valor de los productos agrícolas, como también ha sucedido con el desarrollo de un gran número de productos agregados del café.

En fin, se está siendo tarde para priorizar la educación rural como una política seria de Estado, que construya un sistema integral educativo y que le permita a los jóvenes visualizar una vida digna en el campo. Pero, ¿por dónde empezar?… ¿Un Magisterio de profesores para el campo?¿Un Ministerio de Educación Rural? ¿Modelos educativos flexibles? ¿Una Escuela Pública de Desarrollo Rural?¿Una deuda con el FMI, el Banco Mundial o el BID?¿solo un Ser Pilo Paga Rural?.

Bibliografía

Claves para fortalecer negocios campesinos. (26 de agosto de 2015). Semana. Recuperado de http://www.semana.com/educacion/articulo/claves-para-fortalecer-negocios-campesinos/440051-3

“La prioridad en el campo es sobrevivir, no la educación”. (11 de noviembre de 2015). Semana. Recuperado de http://www.semana.com/educacion/articulo/entrevista-aurelio-iragorri-ministro-de-agricultura-colombia/449438-3

Caminos para crear un nuevo mundo rural. (Junio de 2008). Altablero. No. 45. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-168266.html

Diálogos entre la educación media y superior (2014). Magisterio. No. 64. Recuperado de http://www.magisterio.com.co/articulo/educacion-media-y-superior-para-poblaciones-rurales-en-colombia-posibles-dialogos

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El precio del dólar esta suponiendo para el negocio de la avicultura una gran dificultad, al no cosecharse mucho maíz y soya en Colombia debido a sus altos precios y poca rentabilidad, los alimentos que se le dan a las gallinas y pollos deben ser traídos del exterior, importación que se efectúa en moneda extranjera y paga un arancel del 16,7%, esto ha llevado a que con la alza del dólar los costos de producción que se ven representados principalmente en la alimentación de los animales, se hayan incrementado en una gran proporción respecto al año pasado.

Según Guillermo entre los costos más representativos de producción, podemos encontrar: el alimento, las vacunas, las despicadas, el gas de las criadoras y los empleados, este último se realiza en una proporción de 1 a 8000 ( 1 empleado por cada ocho mil animales) por lo cual no es el más relevante. Sin lugar a dudas el más crítico es el alimento.

El alimento es un factor fundamental para la producción, la calidad y cantidad que consuma el animal dará origen a mejores productos (esto también depende de la especie utilizada). A pesar de que la industria esta altamente tecnificada y reduce sus costos mediante economías de escala, es importante tener en cuenta que el pollo y el huevo son alimentos básicos en los hogares colombianos, y de una u otra forma esta alza en los precios de producción, termina siendo transferida a los consumidores. Por otra parte, no solo la devaluación del peso colombiano influye en el alza de los insumos de la industria. Las sequias presentadas en el primer trimestre del año, han hecho que la producción baje y por ende los precios suban, lo cual hace que muchos de los productores de nuestro país como Guillermo numerosas veces tengan que reducir su margen de ganancia, lo cual desincentiva la inversión en el sector avicultor.

Por otra parte, el sector de producción de carne es el más afectado de los dos, esto debido a que no solo sus insumos han subido de precio y han hecho que el costo de producción aumente alrededor de un 40% en el último año (Rios, 2016), sino también la competencia de la importación de cuartos traseros de pollo que entran al país sin aranceles por el TLC que entró en vigencia desde el 2012. Igualmente, la entrada de pollo de contrabando desde Venezuela ha hecho que el pollo nacional deba salir a competir a precios que en ciertas ocasiones dejan un margen muy bajo para los productores. Estos factores anteriormente mencionados, han generado según Guillermo un ambiente muy competitivo entre los productores nacionales, que hoy en día no sienten respaldo por parte del Estado y que a pesar de que mediante el uso de tecnología reducen costos y buscan eficiencia, se ven en desventaja por el costo de los insumos utilizados en su proceso con respecto a su nueva competencia que son los pollos importados de Estados Unidos, y que al parecer ahora también de Brasil.

sm.velandia805@uniandes.edu.co

Bibliografía

Aguilera Díaz, M. (Diciembre de 2014). Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones, organizaciones y tecnología. Cartagena, Colombia.

Marquez, S. M., & Estrada, M. M. (Septiembre de 2005). Interacción de los factores ambientales con la respuesta del comportamiento productivo en pollos de engorde. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 18, 3.

Servet. (2014). Servet servicios microbiológicos. Obtenido de Pollo de Engorde: https://www.proclave.com/servet/aviar/PolloEngorde.htm

El Sitioavícola. (30 de Abril de 2012). El Sitio Avícola. Recuperado el 16 de Ferbrero de 2016, de http://www.elsitioavicola.com/articles/2132/sistemas-adark-houseat-para-pollos-de-engorde-1/

Rios, J. (26 de Febrero de 2016). Importación de pollo sacrifica a los avicultores Colombianos. La Opinión.

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El Informe[1] que venimos comentando en estos escritos define la Criminalización de la política como: “Intervención de un grupo al margen de la ley, que mediante el uso de la coerción armada busca distorsionar los resultados de las elecciones públicas en benficio propio, con el fin de adquirir poder político para influir en el desempeño de las instituciones legales, de manera que garantice la impunidad de sus crimenes.” (p.258).

En la década pasada la opinión pública conoció en toda su funesta extensión y profundidad la realidad de la ‘parapolíticaâ€. Sendas investigaciones y publicaciones, ya no sólo de la prensa, vienen documentando los alcances de esa realidad. Y no es del caso elaborar más sobre ello. El Informe reconoce, también, que existe documentación para 1997 en que la guerrilla empleara acciones similares en el Bajo Cauca.

La pregunta obvia es ¿por qué no ha existido igual acción del Estado para revelar la ‘farcpolítica†que ha estado presente desde hace varias décadas?

Y claro, con ello se abre un abanico de preguntas que bien vale la pena considerar para comprender con mayor lucidez el contexto de las negociaciones que vienen en camino este mes. Y no sólo el contexto, sino lo que se halla en juego.

De los acontecimientos recientes como la captura de uno de los capos más buscados de los últimos tiempos y la revelación de sus negocios con los grupos armados ilegales, incluyendo las FARC, se presenta un panorama muy complejo para las negociaciones de paz. La economía del narcotráfico no suele erradicarse en mesas de negociación, así se rebajen penas a quienes delaten sus redes.

No se trata de negociar entre grupos ideológicamente empecinados. En verdad, ni el gobierno o representantes del Estado, ni los grupos ilegales armados (guerrilla, narcotráfico, etc.) tienen ideologías visibles o coherentes. Los primeros, claro que representan la ‘institucionalidad†y, nadie pondría en duda, que procuran defender esa ‘institucionalidad†o al menos su interpretación de ella. Los segundos, no aceptan esa ‘institucionalidadâ€, luchan por transformarla, cuando no destruirla, y para ello no sólo combaten sus fuerzas armadas, sino ingenian toda suerte de estrategias cuyo mejor nombre es el de una acción ‘paraestatal†o ‘paraEstadoâ€. Con otras palabras, acciones que buscan sustituir al Estado allí donde tiene poca presencia o donde no es posible sobornar a sus representantes.

Si esta apreciación es adecuada, entonces es poco probable que sean las ideas del Estado, el sentido de lo público, el tipo de orden social, lo que surjan en las negociaciones –claro que bueno sería que así fuera y que, además, visiones de la sociedad, de lo político, de lo económico fuera lo que se acordara-. Se tratará de una negociación de índole principalmente económica, de participación política y de eximir culpas y penas.

En las recomendaciones de los teóricos y prácticos de la negociación, entre las partes en conflicto son indispensables: la confianza mutua, la comunicación transparente, la comunidad de intereses , y el que las partes cedan en proporcional medida. La real posibilidad que se den estos requisitos sólo lo conocen bien los más de diez millones de campesinos, finqueros, habitantes y empresarios del campo quienes han sufrido las acciones de las partes en conflicto durante más de medio siglo.

Pero como suele suceder en estos casos son las élites urbanas (que incluyen a los voceros de los grupos alzados en armas) quienes decidirán la suerte de aquella población rural y de paso, del país en general.

Tener en cuenta la opinión de dicha población evitaría que la noción de la criminalización de la política, expuesta arriba, se amplíe para incluir coerción de la opinión pública y si bien, ahora no por las armas, si por medio del mercado de los medios de comunicación tan propensos a ello y en particular en el Estado.

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Es profundamente lamentable que en América Latina hayamos perdido más de 50 años elaborando diagnósticos equivocados de la problemática rural y diciendo a los agricultores que los siguientes factores exógenos fueron o siguen siendo las principales causas de sus problemas:

– El colonialismo y el imperialismo.

– Las políticas de ajuste «impuestas» por el FMI y el Banco Mundial.

– El neoliberalismo, la globalización y la OMC.

– La falta de políticas, de garantías de comercialización, de créditos abundantes y baratos, de refinanciación y condonación de deudas.

– La falta de subsidios internos y medidas de protección contra la importación de productos agrícolas.

– El valor del dólar y el precio de los peajes.

– Los subsidios y protecciones que los países ricos ofrecen a sus agricultores.

Este planteamiento contiene algunas verdades y es muy redituable en términos electorales. Sin embargo:

a) ¿Las causas “eliminables” de los problemas de los agricultores y las soluciones factibles de ser llevadas a la práctica son realmente las recién mencionadas? ¿O será que los «enemigos externos» son una excelente justificación y excusa para ocultar nuestra incapacidad de eliminar, nosotros mismos, nuestros «enemigos internos», utilizando las herramientas de la tecnología, de la administración y organización rural y del profesionalismo?

b) ¿Cuando los agricultores eligen a sus líderes gremiales y a las autoridades del país será que lo hacen para que ellos sigan, ad infinitum, identificando supuestos culpables y proponiendo soluciones utópicas?; ¿o lo hacen para que ellos adopten medidas realistas que puedan ser llevadas a la práctica, aún cuando no sea posible eliminar aquellos factores externos?

c) Cuando los agricultores, a través de sus impuestos, pagan los sueldos de los funcionarios de las instituciones de apoyo al agro, ¿lo hacen para que ellos sigan formulando diagnósticos de los motivos remotos, en el tiempo y en el espacio, del porqué somos subdesarrollados?; ¿o lo hacen para que dichas instituciones se vuelvan muchísimo más eficaces en la corrección de las ineficiencias del negocio agrícola?

d) ¿Antes de echar la culpa en terceros, no deberíamos «hacer las tareas domésticas», como por ejemplo, corregir las distorsiones descritas a continuación, máxime si tenemos en cuenta que éstas si, pueden ser evitadas o eliminadas, independiente de lo que ocurra o deje de ocurrir con aquellos «enemigos externos»?

1) En cada hectárea de tierra los agricultores latinoamericanos producen en promedio: 3189Kg de arroz; 712Kg de fríjol; 3288Kg de maíz; 13.561Kg de papas; 2090Kg de trigo. No bus-quemos «chivos expiatorios», estos bajísimos rendimientos son consecuencia de errores prima-rios, fácilmente corregibles, como por ejemplo: utilizar semillas genéticamente erosionadas o contaminadas con patógenos, no hacer teste de germinación, no inocular las semillas de leguminosas, no regular adecuadamente la sembradora, no hacer análisis de suelo, no adoptar la rotación y la diversificación de cultivos, no eliminar las malezas antes que ellas dañen el cultivo, no evitar pérdidas antes y durante la cosecha, etc. En la ganadería los productores obtienen, en promedio, menos de 1200 litros de leche por vaca y por año; la primera preñez ocurre a los 33 meses de vida, pudiendo ocurrir antes de los 19 meses; el intervalo entre pariciones es de 22 meses, pudiendo ser de 13 meses; la extracción o saca es de 19%, el rendimiento es de sólo 60 quilos de carne por hectárea y por año y los novillos llegan al peso de abate a los 50 meses de edad pudiendo hacerlo antes de los 25. Similar al caso de la agricultura, estos indicadores zootécnicos son el reflejo de la no adopción de prácticas también elementales, como por ejemplo: falta de cuidados en el parto incluso protección contra las intemperies, no desinfección del ombligo, no suministro del calostro en las primeras horas de vida, no adopción de medidas de prevención contra enfermedades y parásitos, falta de higiene en las instalaciones y en el ordeño, pérdidas de celos, falta de registros productivos y reproductivos, y, muy especialmente, porque los animales suelen estar sub o mal alimentados, durante largos períodos del año; la inadecuada o insuficiente alimentación, es, de lejos, la causa más importante del modesto desempeño de nuestra ganadería. Al contrario de lo que suele afirmarse, estos errores no se deben a los supuestos factores exógenos mencionados en el primer párrafo de este artículo; ellos se deben al hecho concreto de que la mayoría de los productores–no por su culpa, evidentemente-no posee los conocimientos, elementales, que son necesarios para evitarlos o corregirlos.

2) Muchos agricultores aún practican el mono o “bicultivo” y consecuentemente obtienen ingresos sólo una o dos veces al año. Es por esta razón, y no por falta de decisiones políticas, que se vuelven tan dependientes del crédito rural; si diversificasen la producción agrícola y la integrasen a la producción pecuaria también diversificada, podrían generar alimentos «balanceados» para la familia y para los animales, además de ingresos, durante los 365 días del año. Con esta medida, tan sencilla pero altamente eficaz, se volverían menos dependientes del crédito y menos vulnerables a otros factores externos adversos (clima, mercado, plagas, etc.). Soluciones pragmáticas, similares a la diversificación producti-va, deberían ser enfatizadas en las escuelas agrotécnicas y facultades de ciencias agrarias; en vez de esperar que los economistas del Banco Central o los parlamentarios del Congreso Nacional resuelvan los problemas económicos de los agricultores. Es preferible eliminar ésta causa de la excesiva dependencia del crédito que contrarrestar sus síntomas o consecuencias, utilizando artificialismos crediticios compensatorios de ésta ineficiencia.

3) La mayoría de los productores rurales, mientras se quejan de la falta de recursos, sobredimensionan y mantienen en la ociosidad importantes inversiones en tierra, maquinaria e instalaciones que producen con bajos rendimientos y permanecen subutilizadas, durante gran parte del tiempo. Si los productores formasen grupos para ejecutar y utilizar en conjunto algunas inversiones (aquellas que son de alto costo y que son utilizadas con baja frecuencia) podrían reducir esta distorsión que incrementa, innecesariamente, sus costos fijos. Con los ahorros obtenidos podrían adquirir los insumos que necesitan (pero que dejan de comprar por no disponer de recursos) para aumentar los rendimientos y reducir los costos por kilo producido. Idéntico problema ocurre con los animales; los ganaderos suelen poseer una excesiva cantidad de animales mal alimentados, en vez de tenerlos en menor cantidad, pero bien alimentados e consecuentemente más productivos. Estas sub utilizaciones y ociosidades no ocurren por falta de decisiones políticas o por culpa del colonialismo o del neoliberalismo, sino porque los agricultores no han sido formados ni capacitados para practicar el “asociativismo”, intensificar la producción y mejorar la administración predial; otra vez, la causa del problema y su solución no están en el Ministerio de Economía / Hacienda, sino que en el sistema educativo rural, formal y no formal.

4) Los productores rurales más pobres suelen producir rubros de baja densidad económica que coincidentemente son consumidos por los habitantes urbanos de bajos ingresos, como por ejemplo: yuca, camote, papas, zapallo, maíz, arroz, fríjol, etc. Produciendo estos «rubros consumidos por los pobres», aunque los productores fuesen eficientes y obtuviesen altos rendimientos por hectárea tendrían ingresos muy limitados pues estos cultivos, para proporcionar una mejor ganancia, necesitan de una gran escala de producción, ventaja que los pequeños no poseen. Consecuentemente es necesario capacitarlos para que produzcan rubros diferenciados, más sofisticados y de mayor densidad económica, como por ejemplo: cultivos orgánicos o hidropónicos, hortalizas bajo plástico para producirlas fuera de estación, frutas, flores y plantas ornamentales, champiñones, espárragos y otras hortalizas más sofisticadas, plantones, animales menores, miel, peces, gallinas y huevos criollos, condimentos, plantas aromáticas y medicinales, etc.: y ojalá venderlos con algún valor agregado. Con tal reconversión productiva dejarían de vender mucho ganando poco y pasarían a vender poco ganando mucho. La corrección de esta ineficiencia deberá ser enseñada por los agrónomos y zootecnistas directamente en la fincas, en vez de seguir pidiendo que los economistas del Banco Mundial o del FMI lo resuelvan allá en Washington.

5 y 6) Tanto en la adquisición de los insumos como en la venta de sus excedentes, los agricultores actúan en forma individual. Es debido a esta falta de espíritu y ejercicio asociativo, y no tanto por culpa de la globalización ni del FMI, que ellos adoptan procedimientos totalmente contrarios a sus propios intereses, como por ejemplo: en la compra de los insumos los adquieren al por menor, con alto valor agregado y del último eslabón de la cadena de intermediación; pero en la comercialización de sus excedentes, dan un giro de 180 grados y hacen exactamente lo contrario, pues los venden al por mayor, sin valor agregado, al primer eslabón de la cadena. El espíritu cooperativo, la solidariedad y la práctica del asociativismo – necesarios para que los propios agricultores puedan revertir esta doble distorsión – hay que enseñárselos a los niños en las escuelas fundamentales rurales; en vez de seguir echándole la culpa a la OMC o a los países ricos que subsidian y protegen a sus agricultores. Seamos realistas y objetivos, los innecesariamente altos precios de los insumos y los innecesariamente bajos precios de las cosechas se deben, en gran parte, a la excesiva intermediación; y esta, a su vez, se debe al hecho de que los agricultores no han sido formados ni capacitados para organizarse con propósitos empresariales. En vez de mendigar que los supermercados, las agroindustrias o los intermediarios les paguen precios más justos por sus cosechas, los agricultores deberían exigir que el sistema educativo rural les enseñe cómo organizarse para disminuir los excesivos eslabones en la venta de sus cosechas.

Estos seis son los principales problemas solucionables, por los propios agricultores, que con mayor frecuencia afectan a la gran mayoría de ellos; estas son las principales causas “eliminables” que los provocan y estas son las soluciones posibles. Los problemas, las causas y las soluciones están, principalmente, en las propias fincas, en las comunidades rurales, en los tres niveles de la educación agrícola formal y en los servicios de extensión rural; no vale la pena perder demasiado tiempo buscándolas en Bruselas, en Ginebra, en Washington o en Tokio. Si el sistema educativo rural proporcionase a las familias rurales, tan solamente, las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que necesitan para corregir apenas estas seis ineficiencias, ellas mismas lo harían, reducirían los costos por kilo producido, mejorarían la calidad y agregarían valor a sus cosechas, incrementarían los precios de venta de sus excedentes, se autoabastecerían de alimentos, para la familia y para los animales, y asegurarían ingresos durante los 365 días del año. Si hiciesen tan solamente esto, tendrían mayor rentabilidad, serian más competitivos y además se volverían mucho menos dependientes de las ayudas de sus gobiernos y mucho menos vulnerables a los factores que ellos no pueden controlar (clima, mercado, falta de crédito, subsidios y protecciones de los países ricos, etc.). En fin, sus principales problemas estarían resueltos, por ellos mismos, independiente de lo que decidan o dejen de decidir sus propios gobiernos, los gobiernos de los países ricos, los organismos internacionales, etc. ¿Si es así, por que no hacerlo? Todo lo anterior significa que estamos conduciendo a los productores rurales a una suerte de «parálisis» al magnificar la importancia de supuestos factores exógenos de desarrollo agrícola que están fuera del alcance de los agricultores y hasta de sus respectivos gobiernos; y, mientras tanto, estamos subestimando la urgente necesidad de efectuar una profunda reforma en el sistema de educación rural, la cual dicho sea de paso, está al inmediato alcance de los más empobrecidos y “desfinanciados” gobiernos.

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Un caso evidente de lucha ante la usurpación de tierras por decisiones ajenas a los productores y pobladores de las zonas rurales de Colombia.

“Recogemos el eco de los territorios de Colombia, ecos de protesta de las personas que habitan los territorios con formas de vida que por siglos se han desarrollado en armonía con el ambiente, pueblos a los cuales se les han violentado sus maneras de habitar, amenazado su cultura e identidad, impuesto el destierro o el desplazamiento, en nombre de lo que algunos llaman desarrollo”.

Ríos Vivos, movimiento colombiano en defensa de los territorios afectados por represas.

Las comunidades de los municipios afectados por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Ituango en Antioquia, Colombia, organizadas en asociaciones de campesinos, mineros artesanales, mujeres, comerciantes, transportadores y propietarios de tierra, y articuladas en el movimiento nacional Ríos Vivos, están defendiendo hoy con su propia vida, frente al Estado y las empresas nacionales y transnacionales, el río Cauca como su territorio, en el cual han construido y tejido relaciones de todo orden ancestralmente.

Este megaproyecto hidroeléctrico, al lado de la concesión de más de 40.000 hectáreas para la explotación de metales preciosos otorgada a multinacionales y el establecimiento de una zona franca, forma parte del paquete diseñado por el gobierno en el marco de las ‘Locomotoras del Desarrolloâ€, para ‘impulsar económicamente†las regiones del norte y el occidente de Antioquia.

A nombre de este modelo de desarrollo se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en zonas mineras o de turismo, donde las empresas nacionales o extranjeras contratan a la población en forma temporal. Los habitantes pierden la autonomía productiva, los lazos que tienen con el territorio y, especialmente en el caso de las mujeres, se restringen sus labores a actividades económicas marginales. El territorio sufre un profundo reordenamiento. La entrega de millones de hectáreas a las transnacionales mineras, el reemplazo forzado de economías campesinas y la pérdida de soberanía sobre amplios territorios ponen en peligro definitivo nuestra esencia: la tierra, la producción, las relaciones de solidaridad y cooperación construidas históricamente por las comunidades. Los megaproyectos se imponen sobre la visión de desarrollo integral de las comunidades locales, productoras de alimentos que generan más empleos permanentes que las represas, y con alternativas reales de desarrollo sostenible y mejores condiciones de vida.

Según Miller Dussan (profesor de la Universidad Surcolombiana de Neiva y líder de la Asociación de Afectados por el Quimbo), “las empresas hablan de resarcimiento de daños, compensaciones e indemnizaciones. A quienes tienen tierras, por lo general se les ofrecen nuevas tierras que muy pocas veces igualan o superan las condiciones de las que se ven forzados a abandonar; se desconoce como afectados a quienes no son propietarios y, por tanto, no se les ofrece ninguna opción; por ejemplo, arrendatarios, ocupantes, vivientes o mayordomos. Quienes viven de lo que el río les proporciona manifiestan que la única manera de compensarlos por la destrucción de los ríos es con otro río, situación difícil si recordamos que no solo los principales ríos a represar son declarados como de utilidad pública sino también sus afluentes. Puede parecer una posición hostil para las empresas y para quienes impulsan estas políticas, pero es importante situarse en la posición de los afectados para dimensionar realmente la magnitud de las afectaciones y no solo en la posición del actor externo que impone su visión desarrollista desconociendo la cultura local”.

Las represas disminuyen la capacidad productiva de los territorios, vulnerando la seguridad alimentaria y poniendo en riesgo el autoabastecimiento del país en el mediano plazo, en virtud de su cantidad y envergadura.

La mayor parte del territorio colombiano vive los efectos del conflicto armado, que facilitan la construcción de estas represas en tanto las comunidades no pueden organizarse para reclamar sus derechos. Así, los desplazamientos forzados han servido para desocupar estas zonas de interés.

¿Qué desaparece con Hidroituango?

Las tierras que se inundan son, en su mayor parte, riberas de ríos: áreas con alta productividad. Se transforma el paisaje y la vocación agropecuaria, y las áreas resultantes son convertidas, a través de la privatización, en zonas turísticas y mineras donde quienes eran propietarios y productores, ahora proporcionan la mano de obra para los oficios que demanda este tipo de economía, transformando también con ello la cultura y arrasando la tradición, la diversidad y la producción, en suma, la propuesta de desarrollo local.

A lo largo de los 79 km que serán inundados, desaparecerá la actividad ganadera y la producción de una gran variedad de frutales, cultivos de panllevar y maderas nativas. Además, se perderá una porción significativa del bosque seco existente en el país. Se pondrá en riesgo la producción en las laderas de las montañas, cultivadas históricamente por campesinos, que ya han alcanzado una producción mejorada y diversificada.

Tanto para las comunidades asentadas en la ribera que será inundada, como para las que habitan en las laderas –inquietas por las consecuencias que el embalse traerá para su producción y su modo de vida–, la mayor preocupación es que la empresa constructora del proyecto (Empresas Públicas de Medellín) no contempla la Licencia de Impacto Ambiental los estudios y estrategias necesarios para enfrentar las consecuencias físicas sobre la producción local. Las comunidades no han sido escuchadas por la empresa ni han sido resueltas sus dudas. Por el contrario, la empresa se ha empeñado en desmentir su voz y las ha estigmatizado como terroristas aun cuando existe evidencia científica de que las represas generan cantidades considerables de gas metano, 25 veces más poderoso en términos de calentamiento global que el bióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles.

Ante la violación de los derechos de las comunidades, el Estado se queda inmóvil. Desaparecen los derechos a la vida, a la tierra, a la producción, al territorio, a un ambiente sano. Son daños irreparables pues la producción local y las relaciones construidas ancestralmente no tienen precio; tienen valor porque son fundamentales para la vida. Cada vez se ve más distante la posibilidad de reivindicarlos a través de los planes de manejo ambiental de las empresas, en los que se busca solamente reducir costos.

La construción del proyecto ha recogido los frutos de la violencia focalizada en la región por más de dos décadas, que ha tenido como consecuencia la expulsión de más de 30 mil campesinos, entre muertos, desaparecidos y desplazados, generando la desocupación de extensos territorios y la pérdida de valor de la tierra. A los campesinos que aún habitan estos territorios no les ha ido mejor: les han impuesto en la negociación condiciones desventajosas y arbitrarias, pagando por las tierras precios ínfimos. En cambio, los criterios para negociar con los terratenientes han sido diferentes. Uno de los obstáculos con los que se han encontrado los pequeños propietarios para exigir una negociación justa, ha sido la imposibilidad de acceder a la información, debido a que la empresa hace firmar a los grandes propietarios una cláusula de confidencialidad, prohibiendo socializar con los demás propietarios las condiciones de la negociación.

Otras consecuencias que sufre la región tienen que ver con:

Ruptura del tejido social: desaparecen lazos de comunicación e incluso el territorio. Las familias tienden a desmembrarse en la búsqueda del sustento.

Efectos sobre el apego y el valor cultural de la tierra, que son parte integral de la identidad de los pueblos.

Pérdida de la autonomía local sobre el uso de su suelo: el espíritu de la Constitución nacional se ve menoscabado pues las obras pasan por encima de los procesos de ordenación del territorio que han desarrollado las comunidades locales. Los esquemas y planes ordenamiento territorial son débiles; corresponden a cada municipio y en ningún caso se han llevado a cabo procedimientos consultivos para su modificación antes de iniciar los proyectos, sino ya durante su construcción.

Entre los impactos sociales más graves está la presión sobre la vida de las mujeres, quienes tienen que enfrentar la descomposición familiar, dado que el padre de familia tiene que migrar en búsqueda de nuevas fuentes de recursos para la familia, y la situación repercute en escenarios de violencia intrafamiliar. El elemento común en cada lugar donde se construye una represa es que las mujeres no son tenidas en cuenta para el resarcimiento de derechos o indemnizaciones.

Los proyectos de desarrollo deben surgir desde los territorios, buscando atender necesidades locales para el buen vivir, y no desde el gobierno nacional hacia los territorios, lo que implica que el desarrollo económico se contraponga y vulnere los planes de vida y progreso de las comunidades afectadas por ellos.

Organización de pequeños ganaderos de Ituango, Antioquia, Colombia

E -mail: nubici@yahoo.com

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En estos días se cumplió un año de la catástrofe de Gramalote, población en el Norte de Santander[1]. Es un buen ejemplo de la capacidad de reacción de las autoridades locales, departamentales y nacionales, la población civil, empresarios, agencias y la Iglesia ante un evento de esa magnitud. Esto lo anunció el Presidente Santos en el sobrevuelo que hizo pocos días después de la tragedia: “Vamos a reconstruir Gramalote y quedará mejor que antes. Pueden estar tranquilos, que el Gobierno Nacional va a estar muy pendiente de lo que está aquí sucediendo.” Y el encabezado de ese artículo de la Revista Semana decía: “Gramalote, ejemplo de lo que haremos con zonas afectadas por invierno: Santos” [2]

Una falla geológica (deslizamiento) semejante a las que se sucedieron a lo largo de todo este año, causadas principalmente por la intensidad de las lluvias es la razón por la que cientos de familias tuvieran que abandonar las ruinas de sus viviendas.

Se trata de un hecho que ilustra muy bien toda la complejidad implícita en el abandono forzado de un pueblo, la vida como damnificados, la acción solidaria de la Cruz Roja, la Iglesia y otras ONGs,la reacción de agencias estatales encauzada por una recién estrenada política pública hacia desastres, la solidaridad de las poblaciones vecinas, la creación de nuevas empresas.

Aunque el deslizamiento estaba anunciado y se pudo evitar la muerte de pobladores, ordenando su evacuación, sin embargo, a su regreso a las pocas horas a las ruinas el espectáculo fue desgarrador. No sólo la casi totalidad de las casas habían quedado destruídas, sino que ya habían pasado saqueadores haciendo de las suyas, con muebles, enseres, y cualquier objeto de fácil sustracción. Claro que hubo quienes pudieron salvar lo suyo.

El anuncio del Presidente fue atendido con prontitud por la mayoría de las agencias. Los estudios de Ingeominas se desarrollaron en pocos meses. Esto permitió que el Ministerio responsable (Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) pudiera con la asistencia del estudio abarcante de Servivienda –ONG contratada para tal fin- establecer el primer Proyecto de Institucional de Desarrollo Urbano (PIDU)[3]. El estudio de Servivienda abarcó dimensiones socio-económicas, juridico-prediales, infraestructura, territorio-habitat y planeación urbana.

Al octavo mes de la tragedia ya se había escogido la nueva localización en una vereda cercana al municipio (Valderrama) que ofrecía mayor estabilidad geológica. El Gobierno había destinado ya 14 mil millones de pesos para la compra de los terrenos y dotación parcial de infraestructura .A la altura de ese mismo mes y conociendo las recomendaciones de los estudios, los dirigentes empresariales del Departamento del Norte de Santander se comprometieron a colaborar con la reactivación económica de la región. Consideraron que lo que Estado (nacional, departamental y local), ONGs, Sociedad Civil y asociaciones de empresarios y las mismas empresas lograran hacer en el Municipio de Gramalote, ‘serviría de modelo para la reconstruccion de los cientos de poblados y municipios, víctimas de la ola invernal y desastres naturales en Colombia.â€[4]

Un componente de la complejidad mencionada se halla en la reacción de la población que incluyó desde la reciedumbre de habitantes que no abandonaron el pueblo, otros que migraron a veredas o municipios cercanos, otros que viven en albergues provisionales. Hay quienes perdieron la razón y un puñado que se quitaron la vida. Es la manifestación de los efectos psicológicos de perder la vivienda, el trabajo, a seres queridos.

Las autoridades nacionales y departamentales demostraron más cordura que las locales. Un Alcalde destituido a los pocos días de la tragedia por ilegalidad en el proceso de su elección. Una alcaldesa interina cuya decisión de terminar el contrato del fontanero –pues no había redes, ni agua que servir- llevó a éste a interponer una tutela que le fue atendida favorablemente. El nuevo Alcalde nombrado por el Gobernador mientras terminaba en Diciembre 2011 el periodo, fue sancionado con ocho días de prisión y multa por no haber reintegrado al fontanero.

Estas que son realidades sociales, económicas y políticas se hallan hoy seriamente condicionadas por las nuevas realidades ambientales –cambio climático, desforestación irreparable, humedales urbanizados, ríos y ciénagas compactados por sedimentos-. ¿La ciencia –social y experimental- y la técnica que transmitimos y generamos en nuestras universidades, sí se halla a la altura de dichas realidades?

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A los educadores: Si en el agro latinoamericano tenemos tan extraordinarias potencialidades para producir riquezas, en muchas regiones durante los 365 días del año, ¿por qué tenemos tantos agricultores tan pobres y por qué ellos mismos no logran superar su pobreza? Una respuesta que, debido a su extraordinaria importancia, no podemos seguir ignorando es la siguiente: porque nadie les enseñó, concreta y objetivamente, qué y cómo deben hacer para generar más riquezas e ingresos familiares. Entonces, si la «problemática» de fondo es el no saber y el no saber hacer, la «solucionática» de fondo tiene que consistir en proporcionar a los pobres rurales el saber y el saber hacer para que puedan ser más eficientes y más productivos, aun cuando sus factores de producción sean aparentemente muy limitados. Partiendo de esta premisa, son los educadores rurales y sus respectivas instituciones quienes tienen que asumir este desafío de mejorar, de manera muy significativa, la calidad y la funcionalidad de nuestro debilitado sistema público de educación rural, el no formal y el formal en los tres niveles. Entre otras razones, porque los educadores rurales sencillamente no tienen a quién delegar esta noble tarea. Esto significa que si ellos no la asumen nadie lo hará y seguiremos siendo pobres y subdesarrollados rurales; por más tierra, maquinaria, riego, créditos, refinanciaciones y condonaciones de deudas y subsidios que los gobiernos proporcionen a los habitantes del campo.

A los agricultores: La Monsanto con la Cargill y la Nestlé con la Fonterra de Nueva Zelanda (que es la más grande empresa exportadora mundial de lácteos) tuvieron que constituir alianzas estratégicas para poder fortalecerse y competir en los mercados globalizados. Algo similar están haciendo los gigantes económicos tales como: los bancos, los fabricantes de vehículos y maquinaria agrícola, las industrias farmacéuticas, las empresas productoras de fertilizantes, pesticidas y semillas híbridas o genéticamente modificadas etc.). Si estas gigantescas corporaciones multinacionales necesitan juntarse para mejorar su competitividad, ¿cómo podrán sobrevivir económicamente los minúsculos, dispersos y frágiles agricultores, si insisten en su ancestral individualismo y se recusan a practicar el cooperativismo y la solidaridad entre ellos?

En los países de América Latina tenemos crecientes evidencias de que la principal causa del fracaso económico de la mayoría de los productores rurales reside en las ineficiencias que ellos mismos y/o sus empleados, involuntariamente y hasta sin darse cuenta, cometen en las distintas etapas del negocio agrícola. Y, como regla general, ellos siguen cometiéndolas principalmente debido a la insuficiencia, inadecuación y obsolescencia de los conocimientos y competencias que poseen. Basta con visitar las zonas rurales de América Latina para constatar que muchísimos productores rurales están empobrecidos y endeudados, no necesariamente porque no tengan acceso a más tierra, más maquinaria o animales de producción, sino porque su propia mano de obra, su tierra y sus animales tienen bajísima productividad o rendimiento. Y esto ocurre fundamentalmente porque nuestras instituciones educativas rurales no les enseñaron cómo aplicar de manera correcta medidas «eficientizadoras» para aumentar los rendimientos por hectárea y por animal, para reducir los costos por kilogramo producido, para mejorar la calidad de sus cosechas, para reducir las pérdidas durante y después de la cosecha (físicas y de calidad) y para obtener mejores precios en la venta de sus excedentes al incorporarles valor y al comercializarlos con menor intermediación.

¿Premiar las ineficiencias con subsidios o eliminarlas con conocimientos?

Consecuentemente dichas ineficiencias no necesitan y no deben ser contrarrestadas, año tras año a través de subsidios, sino que deben ser evitadas, corregidas y/o eliminadas proporcionando a los agricultores una educación útil y funcional que esté clara y explícitamente orientada a que sean más eficientes, más productivos, más emprendedores, más profesionalizados y más cooperativos con sus vecinos. En este último aspecto los agricultores tendrán que deponer el individualismo y practicar la solidaridad entre ellos. Muy especialmente, para facilitar la solución de aquellos problemas de interés común que no les convenga solucionarlos en forma individual (compra de insumos, producción comunitaria de raciones balanceadas, formación de grupos de inseminación artificial, adquisición y uso de maquinaria en común, incorporación comunitaria de valor y comercialización de sus cosechas, etc. ). Por todas estas razones es el sistema de educación rural el que debe corregir sus evidentes debilidades, disfuncionalidades e ineficiencias en la formación y capacitación de los recursos humanos que intervienen en el proceso de desarrollo agrícola y rural. Porque, sin lugar a dudas, son estas falencias del sistema educativo las principales causantes de los fracasos económicos de los agricultores y de la pobreza imperante en las zonas rurales.

Gobiernos populistas logran perpetuarse en el poder engañando a los agricultores

En la era de la globalización de los mercados, no hay tiempo para seguir filosofando y teorizando. Nuestros agricultores están siendo obligados a «eficientizarse», como pre requisito para poder competir con los productores rurales más eficientes del mundo. Y dicha «eficientización» no se logra por la vía de los subsidios y otras medidas paternalistas que más bien premian a los ineficientes en vez de adoptar adecuadas medidas educativas para volverlos más eficientes. Por esta razón, en el mundo contemporáneo, el éxito económico de nuestros agricultores depende mucho más de su eficiente desempeño técnico-productivo, gerencial y comercial, que de las improbables e ineficaces decisiones políticas de gobiernos populistas. Seguir creyendo en la utopía del paternalismo es una ingenuidad de la que los productores rurales necesitan escapar inmediatamente; entre otras razones porque en nuestra América Latina, durante más de 55 años, esos mismos programas asistencialistas han demostrado ser sinónimos de sucesivos fracasos y de gigantescos derroches de recursos públicos.

Por todos estos antecedentes, y sin dilación, es imperativo que los productores rurales se organicen, no para mendigar créditos y subsidios perpetuadores de dependencias, sino con miras a exigirles a sus respectivos gobiernos una formación/capacitación mucho más eficiente y funcional de sí mismos y de sus familias, con dos objetivos bien explícitos: (a) para que ellos, al “eficientizarse”, puedan emanciparse de los efímeros y excluyentes subsidios gubernamentales y (b) para que puedan ser menos vulnerables ante los otros integrantes de las cadenas agroalimentarias (banqueros y usureros, fabricantes y vendedores de insumos y maquinaria, especuladores, transportistas, compradores, industrializadores y revendedores de sus cosechas, etc.) quienes actualmente se apropian de un exagerado porcentaje de las riquezas que los agricultores producen en sus fincas.

Quienes trabajan y arriesgan muchísimo reciben el 20%… y los otros el 80%

En muchos casos los agricultores reciben apenas el 20% de los precios que los consumidores finales pagan por los alimentos, después de que las agroindustrias o los supermercados los fraccionan y realizan un muy superficial «maquillaje» en sus cosechas; maquillaje que los propios agricultores, de forma individual o grupal, podrían y deberían realizar en sus propias fincas y comunidades. Y no lo hacen por falta de espíritu asociativo para encarar en grupos las siguientes actividades: adquirir los insumos en conjunto, para producir las propias raciones balanceadas en vez de comprárselas a las multinacionales, para no endeudarse en la adquisición de maquinaria individual sobredimensionada, para reducir los costos por kilogramo producido, para mejorar la calidad de sus cosechas e incorporarles valor agregado y, finalmente, para venderlas en conjunto y con menor intermediación. Todo lo anterior con el objetivo de que ellos (y no los agroindustriales y «supermercadistas») se apropien de un porcentaje más elevado y más justo de las riquezas que producen en sus fincas. Si lo hiciesen, seguramente, no recibirían apenas el 20%.

Una propuesta construida desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia fuera

Este diagnóstico y esta propuesta educativa-asociativa-emancipadora han sido construidos a partir:

a) De los ejemplos, positivos y negativos, que he visto con mis propios ojos en miles y miles de fincas, comunidades y mercados rurales, escuelas primarias/fundamentales rurales, agencias de extensión agrícola y facultades de ciencias agrarias de 19 países de América Latina, en los cuales he ejecutado mis actividades profesionales. El haber vivido estas realidades concretas, directamente en terreno, me permitió constatar que existe la siguiente y clarísima disfuncionalidad y contradicción: entre el qué y el cómo nuestro sistema de educación está enseñando a los extensionistas agrícolas, a los futuros maestros de las escuelas fundamentales rurales, a los agricultores, a sus empleados y a los niños de las escuelas primarias rurales y el qué y el cómo ellos deberían aprender para poder desempeñarse en el medio rural, con la eficiencia requerida por los tiempos modernos.

b) De las contundentes y cada vez más frecuentes críticas a nuestro sistema educativo rural, que me envían muchísimos de los 270.000 interlocutores electrónicos con quienes estoy permanentemente intercambiando opiniones e informaciones sobre estos temas.

No más reformas educativas cosméticas y demagógicas

En consecuencia de lo anteriormente descrito, si queremos enfrentar con seriedad, realismo y objetividad la erradicación de la pobreza y del subdesarrollo rural, debemos empezar por una inmediata, radical y profunda (no cosmética como la hemos llevado a cabo hasta la fecha) reforma en los contenidos curriculares, en los métodos pedagógicos y en la profesionalización de los directores y supervisores de las siguientes instituciones educativas: Facultades de educación o pedagogía y escuelas normales, facultades de ciencias agrarias, escuelas fundamentales/primarias rurales y servicios gubernamentales de asistencia técnica y extensión rural. En ellas residen las causas más profundas de los problemas, angustias y sufrimientos de los habitantes rurales y en ellas deberán adoptarse las medidas correctivas para adecuarlas a las verdaderas necesidades de los habitantes del campo.

Los educadores mismos pueden ser los «eficientizadores» de sus respectivas instituciones

Y para concluir: Los educadores rurales que deseen obtener textos gratuitos que proponen las medidas “eficientizadoras” que ellos mismos podrían adoptar para mejorar su propio desempeño docente y, por ende, la funcionalidad de sus respectivas instituciones educativas, podrán bajarlos directamente de las páginas web www.polanlacki.com.br y www.polanlacki.com.br/agroesp

Dichas medidas “eficientizadoras” tienen la siguiente peculiaridad: ellas son intencionalmente sencillas, de bajo costo y de fácil adopción para que puedan ser adoptadas por los propios docentes y extensionistas, en muchos casos aún sin contar con recursos adicionales a los ya disponibles y sin depender de altas decisiones políticas de los ministros o secretarios provinciales/departamentales/estatales de educación, de los rectores de las universidades, de los decanos de las facultades de ciencias agrarias y de los directores de las escuelas fundamentales rurales. La «descomplicación» de dichas medidas “eficientizadoras” tiene el deliberado objetivo de estimular que los propios educadores asuman un mayor protagonismo en el mejoramiento de nuestras instituciones educativas al demostrarles lo mucho que ellos mismos pueden hacer en pro del mejoramiento de la educación rural. Críticas al contenido del artículo serán bienvenidas a través del e-mail PolanLacki@terra.com.br

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La noticia del avance de la construcción de escaleras eléctricas para la comuna 13 de Medellín[1] es estupenda. En la década pasada, lo fue el Metrocable.

Familias, en su mayoría campesinas, expulsadas por la violencia deben colgarse de las laderas de nuestras ciudades. Si bien no pagan impuestos directos, lo hacen a través del IVA, el transporte (sobretasas de la gasolina). Su principal contribución al bien común es la de su esfuerzo, trabajo y esperanza. Por diversas modalidades de trabajo asociado en cooperación con los gobiernos locales y ONGs, van dotando de infraestructura sus barrios y haciendo habitables sus viviendas.

La inversión de 10.000 millones de pesos que la Alcaldía de Medellín hace en dicho proyecto, o la inversión 10 veces mayor que hizo para el Metrocable, son de elemental justicia social. Quienes se esfuerzan por sobrevivir atendiendo, con la precariedad de sus recursos, sus necesidades básicas de vivienda y desplazamiento, incluso de empleo –cuando es informal-, escalando diariamente decenas y centenas de metros, es justo que la sociedad los apoye. En verdad, estas familias colombianas no son ‘una carga para la sociedadâ€.

Las cargas para la sociedad vienen por otros senderos. Uno de ellos es el pago de impuestos. Se entiende que se necesitan bienes y servicios que el mercado no puede producir, la seguridad y el orden, entre ellos. La educación y la salud, como venimos aprendiendo, con aciertos y errores, en el País pueden ofrecerse en consorcio con el mercado. Servicios públicos domiciliarios también pueden extenderse y mejorarse gracias a una regulación inteligente y a empresas privadas. Sea lo que fuere, el caso es que se necesita el Estado y de ahí que debamos los ciudadanos contribuir a su operación.

Lo que desconcierta es el empleo inadecuado de esas contribuciones. En el carrusel de las contrataciones no bailan sólo algunos gobernantes locales, lo hacen también funcionarios del nivel nacional. Para la muestra un botón: el entonces Presidente del Senado, iniciando el año, suspendió una licitación que dotaba de carros blindados y nuevos a los integrantes del Congreso (su valor: 14 escaleras eléctricas) y a su responsable, el Director Administrativo de la Corporación.[2] El nuevo Presidente del Congreso le devuelve las facultades a éste e inicia el baile.[3] Algo debe andar mal en nuestro régimen político y administrativo que sólo 63.251 votantes colocan a este último personaje en cargos de responsabilidad.

Las luces y sombras que describimos en el Estado, también existen en el mercado. El documental de Charles Furguson –Inside Job[4]– constituye una excelente descripción sobre algunos de los responsables del colapso financiero del 2008. Entrevistas directas a banqueros, reguladores, académicos, junto a sesiones de la Comisión de Investigación del Congreso de los EEUU expresan, de una parte, la vulnerabilidad humana, de otra, la del sistema financiero del Norte.

En este caso, a diferencia de las contribuciones forzosas tributarias, son los inversionistas institucionales y los individuales quienes, voluntariamente confían sus recursos a directivos empresariales. Algunos de estos, en franca e incontenible codicia, traicionan su legado fiduciario y dilapidan los recurso puestos a su haber. Su cinismo, solo comparable al de algunos funcionarios estatales, y que se deja ver en dicho documental, manifiesta, de una parte, el conflicto de interés de funcionarios del gobierno, académicos, reguladores y agencias calificadoras. De otra, la complejidad de un sistema financiero vulnerable, ya no solo a la codicia extrema de sus actores, sino a una interconectividad virtual que impide decisiones sopesadas y prudentes.

El documental revela los ingresos de dichos ejecutivos, que para nada fueron castigados por llevar a la ruina sus empresas y socavar la economía mundial. Cifras que alcanzan cantidades en el orden de las 200 escaleras eléctricas para el bolsillo de un individuo. Algo debe andar mal en el sistema financiero mundial que celebra y acoge esos personajes. Y en los modelos empresariales que con tan sólo una decena o veintena de votos –de los integrantes de las juntas directivas de esas empresas- los nombran, los sostienen en sus puestos y los premian, a pesar de llevar a la ruina el sistema.

Difícil reflexión la que nos cabe a nosotros los ciudadanos sobre si, y cómo, seguir respaldando, con votos o inversiones, esos funcionarios estatales y directivos empresariales, cuyos ingresos y prebendas para nada reflejan la mediocridad de su gestión. Cuántas escaleras eléctricas y ya no sólo esas, sino empleos se generarían, si la codicia de esos personajes se contuviera.

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10480182.html

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En interesante artículo publicado al inicio de este mes en Semana.com se argumenta que, a pesar de todas las ayudas y subsidios del Gobierno de los últimos años –el presupuesto oficial para el sector creció en 500% entre 2003 y 2010- y que incluyó los 500 mil millones de pesos anuales del programa de Agro Ingreso Seguro, el desempeño del sector es pobre.

Allí también se aludía a la intervención de Carlos Antonio Espinosa en el Foro que organizó la Universidad de los Andes hace un año. Dicho empresario, en un reconocimiento veraz y poco común, denunció la inconveniente acción conjunta entre empresarios y Estado que, por medio de cabildeo y subsidios ha retrasado la puesta en escena de una necesaria capacidad competitiva del sector.
Que el sector no demuestre la competitividad esperada; que haya sido golpeado por la revaluación; que no exista la infraestructura en vías, distritos de riego y drenajes: nadie pondría en duda ese diagnóstico. Otros añadirían la inseguridad; la ocupación violenta de tierras -razón de los desplazamientos-; el acaparamiento y posesión inicua de tierras; la ausencia de un catastro veraz que garantice los derechos de propiedad; la vulnerabilidad ambiental de la mayoría del territorio colombiano. Sin embargo, para el articulista es la acción del gran empresariado en buena parte la responsable del uso inadecuado de los recursos puestos a su disposición por el Estado.

Para ese diagnóstico bajo la lógica económica y de política pública vigente, no hay duda que el articulista ofrece salidas: redireccionar el presupuesto estatal a otros grupos sociales, afectar aranceles, modernizar la agroindustria, etc.

Bajo otras lógicas, como la de preguntarse quién (es) y cómo en verdad se proveen los alimentos que una población creciente consume. O la de los resultados de dicha provisión y distribución: “La región produce suficientes alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales del triple de la población, sin embargo, unos 9 millones de niños, principalmente campesinos, sufren de desnutrición crónica y otros 4 millones sufren de desnutrición global.” (CEPAL et al. Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe, 2005). “La desnutrición crónica afecta a la mitad de los menores de 5 años de edad de origen indígena; que en las zonas rurales los menores tiene entre 1.6 y 3.7 veces más probabilidades de desnutrirse que en las urbanas; y que , sin embargo, algo más del 40% de los desnutridos vive en ciudades.» (CEPAL/PMA. Hambre y desigualdad en los países andinos. 2004). Insistimos, bajo otras lógicas, tanto el diagnóstico es más complejo y las salidas menos ingenuas.

Los conquistadores españoles sobrevivieron gracias a los alimentos producidos por las poblaciones indígenas. Luego, éstas junto con colonos, africanos y mestizos, comparten prácticas y técnicas a lo largo de 500 años. Y aunque todos han logrado habitar tan sólo una porción del territorio, sin embargo afectan –algo negativamente- la mayoría de éste. La afirmación y la pregunta son mucho más serias. Ante los resultados descritos antes ¿Hemos perdido ya no una década, sino medio milenio? ¿Y si tiene el gran empresariado del campo el conocimiento, la enjundia, y la capacidad para enfrentar dicha complejidad? ¿solos? Aún más, ¿La gran mayoría de funcionarios del Estado y que forman parte de sus agencias y ramas, en verdad conocen el tema rural? ¿El hombre y la mujer común, el campesino, el finquero medio, no el gran propietario, tienen alguna voz o representación en nuestro régimen democrático? ¿Medio siglo de violencia en el campo y miles de ciudadanos aún en cautiverio, no indican que el urbanita colombiano no tiene la más remota idea del campo que lo rodea, ni le concierne la suerte de quienes allí laboran?

En cambio, creo que los chilenos conocen la complejidad de su minería, así esta se halle en medio de un desierto, al rescatar a 33 mineros que permanecieron 70 días a 600 metros en las entrañas de la tierra.

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Durante el primer semestre del 2010 el doctor Carlos Gustavo Cano compartió con ANeIA ocho documentos sobre los proyectos concebidos en el marco del desarrollo sostenible, adelantados principalmente para el oriente del país. Tales documentos fueron elaborados durante su paso por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2002-2005).

1. CAEMA (2006, diciembre) PDD Renacimiento de la Alta Orinoquía (1.92 MB)
2. CAEMA (2006, mayo) Caracterización de la Dimensión Socioeconómica para el PDD Renacimiento de la Alt (388.04 kB)
3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2004, Septiembre 20) Memorando Viaje a Japón (169.05 kB)
4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2004, Septiembre) El renacimiento de la Orinoquía Alta (172.81 kB)
5. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2004, Septiembre) El renacimiento de la Orinoquía Alta (172.81 kB)
6. Ministerio de Relaciones Exteriores (2004, octubre 11) Carta Kofi Annan (401.89 kB)
7. Ministry of Agriculture and Rural Development (2004, september) The renaissance of the Orinoco river (210.02 kB)
8. Presidencia de la República de Colombia (2004, Septiembre 10) Boletín Casa de Nariño (29.71 kB)

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