Es un buen ejemplo de la capacidad de reacción de las autoridades locales, departamentales y nacionales, la población civil, empresarios, agencias y la Iglesia ante un evento de esa magnitud. Fotografía de El Colombiano
En estos días se cumplió un año de la catástrofe de Gramalote, población en el Norte de Santander[1]. Es un buen ejemplo de la capacidad de reacción de las autoridades locales, departamentales y nacionales, la población civil, empresarios, agencias y la Iglesia ante un evento de esa magnitud. Esto lo anunció el Presidente Santos en el sobrevuelo que hizo pocos días después de la tragedia: “Vamos a reconstruir Gramalote y quedará mejor que antes. Pueden estar tranquilos, que el Gobierno Nacional va a estar muy pendiente de lo que está aquí sucediendo.” Y el encabezado de ese artículo de la Revista Semana decía: “Gramalote, ejemplo de lo que haremos con zonas afectadas por invierno: Santos” [2]
Una falla geológica (deslizamiento) semejante a las que se sucedieron a lo largo de todo este año, causadas principalmente por la intensidad de las lluvias es la razón por la que cientos de familias tuvieran que abandonar las ruinas de sus viviendas.
Se trata de un hecho que ilustra muy bien toda la complejidad implícita en el abandono forzado de un pueblo, la vida como damnificados, la acción solidaria de la Cruz Roja, la Iglesia y otras ONGs,la reacción de agencias estatales encauzada por una recién estrenada política pública hacia desastres, la solidaridad de las poblaciones vecinas, la creación de nuevas empresas.
Aunque el deslizamiento estaba anunciado y se pudo evitar la muerte de pobladores, ordenando su evacuación, sin embargo, a su regreso a las pocas horas a las ruinas el espectáculo fue desgarrador. No sólo la casi totalidad de las casas habían quedado destruídas, sino que ya habían pasado saqueadores haciendo de las suyas, con muebles, enseres, y cualquier objeto de fácil sustracción. Claro que hubo quienes pudieron salvar lo suyo.
El anuncio del Presidente fue atendido con prontitud por la mayoría de las agencias. Los estudios de Ingeominas se desarrollaron en pocos meses. Esto permitió que el Ministerio responsable (Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) pudiera con la asistencia del estudio abarcante de Servivienda –ONG contratada para tal fin- establecer el primer Proyecto de Institucional de Desarrollo Urbano (PIDU)[3]. El estudio de Servivienda abarcó dimensiones socio-económicas, juridico-prediales, infraestructura, territorio-habitat y planeación urbana.
Al octavo mes de la tragedia ya se había escogido la nueva localización en una vereda cercana al municipio (Valderrama) que ofrecía mayor estabilidad geológica. El Gobierno había destinado ya 14 mil millones de pesos para la compra de los terrenos y dotación parcial de infraestructura .A la altura de ese mismo mes y conociendo las recomendaciones de los estudios, los dirigentes empresariales del Departamento del Norte de Santander se comprometieron a colaborar con la reactivación económica de la región. Consideraron que lo que Estado (nacional, departamental y local), ONGs, Sociedad Civil y asociaciones de empresarios y las mismas empresas lograran hacer en el Municipio de Gramalote, ‘serviría de modelo para la reconstruccion de los cientos de poblados y municipios, víctimas de la ola invernal y desastres naturales en Colombia.’[4]
Un componente de la complejidad mencionada se halla en la reacción de la población que incluyó desde la reciedumbre de habitantes que no abandonaron el pueblo, otros que migraron a veredas o municipios cercanos, otros que viven en albergues provisionales. Hay quienes perdieron la razón y un puñado que se quitaron la vida. Es la manifestación de los efectos psicológicos de perder la vivienda, el trabajo, a seres queridos.
Las autoridades nacionales y departamentales demostraron más cordura que las locales. Un Alcalde destituido a los pocos días de la tragedia por ilegalidad en el proceso de su elección. Una alcaldesa interina cuya decisión de terminar el contrato del fontanero –pues no había redes, ni agua que servir- llevó a éste a interponer una tutela que le fue atendida favorablemente. El nuevo Alcalde nombrado por el Gobernador mientras terminaba en Diciembre 2011 el periodo, fue sancionado con ocho días de prisión y multa por no haber reintegrado al fontanero.
Estas que son realidades sociales, económicas y políticas se hallan hoy seriamente condicionadas por las nuevas realidades ambientales –cambio climático, desforestación irreparable, humedales urbanizados, ríos y ciénagas compactados por sedimentos-. ¿La ciencia –social y experimental- y la técnica que transmitimos y generamos en nuestras universidades, sí se halla a la altura de dichas realidades?
