Dilemas de un Docente – Parte V

“Si las víctimas mismas están dispuestas a sacrificar parte de su propia justicia, que ellos son los que tienen más derecho a reclamar justicia, por qué no el resto de la sociedad”- Presidente Juan Manuel Santos[1]

Leo en el informe reciente a los accionistas de una Empresa unos apartes que me parecen lo más sensato de todo lo que se escribe al respecto: “..Sugiero que el tema más importante en el panorama nacional es el de las conversaciones de la Habana, pues ha llegado la hora de desmontar el aviso de las FARC; no podemos continuar siendo el único país de este hemisferio donde todavía siga vigente la dialéctica del terror, de la extorsión y la barbarie ….la superioridad militar de nuestras Fuerzas Armadas será cada día mayor y que no podemos equivocarnos en que los aspirantes a jubilación de ese grupo narcoterrorista, no están sentados allí movidos por el deseo de terminar el conflicto armado, sino porque son conscientes que no pueden ganarlo. Seguramente por sus mentes rondarán día y noche las macabras imágenes de Reyes, Briceño y Cano, abatidos por la contundencia de nuestro Ejército. Basta con ver su deterioro físico: ya ni siquiera pueden hacer una ligera caminata porque se les fue la juventud dejando toda una secuencia de dolor, muerte, desolación, desplazamiento forzados y arrebatando de paso, sueños e ilusiones de miles de colombianos… dadas estas circunstancias, no es mucho lo que hay para ceder en los diálogos de Cuba. Ojalá así sea. No tendría ningún sentido que esos malhechores, acusados de crímenes atroces, terminaran cómodamente instalados en el Congreso de la República. Seguramente haya que perdonar y olvidar pero todo tiene límites…”

Mi interpretación de este texto y de lo que leo de acuciosos observadores es que es ingenuo creer que individuos cuyos grandes capitales y posesión de grandes extensiones de tierra –en cabeza de testaferros- dejen sus prácticas narcoterroristas por la simple firma de un acuerdo. Acuerdo cuyo futuro las leyes –transitorias o no- no podrán garantizar la seguridad personal de quienes tienen a cuestas delitos de lesa humanidad.

Claro que exigirán del Estado toda la parafernalia de seguridad con la que cuentan nuestros gobernantes –he contado hasta diez vehículos entre ambulancia y guardaespaldas cuando se desplaza el Presidente de la República-. Lo irónico del asunto es que los causantes de que exista el aparato de seguridad para gobernantes, ejecutivos y profesionales de petroleras y otras empresas, deba ahora colocárseles a dichos causantes.

Bien saben ellos que si dejaron a cientos de miles de familias huérfanas y heridas, la firma de un acuerdo no bastará para brindarles garantías de su vida y menos si sus delitos quedan impunes.

Bogotá, marzo 2014