Ahora, es inquietante que, si bien hemos entrado en un momento histórico donde la guerra se ha enfriado y la violencia ha disminuido, las familias campesinas siguen emigrando de sus tierras y comenzando de nuevo, en las ciudades. ¿Por qué el fenómeno del desplazamiento sigue vigente?
Las decisiones políticas y económicas de los gobiernos han forzado a los campesinos a tomar nuevos rumbos, como el compromiso de varios TLCs, firmados en las últimas dos décadas. Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos ha hundido aún más los problemas económicos y productivos del sector, en vez de lograr lo contrario en el sector primario, como lo prometieron inicialmente los gobiernos de Uribe, quien firmó la negociación, y Santos, que implementó el acuerdo. De este modo, hoy, cuatro años después del inicio del acuerdo, la balanza comercial se encuentra en déficit por más de USD 1 mil millones. La falta de competitividad interna y externa por fallas estructurales económicas y sociales ha permitido la desaparición paulatina de una gran parte de la producción agrícola para el comercio internacional, como ha sucedido, por ejemplo, con el maíz o el arroz. Con el tiempo la balanza se ha invertido y ha favorecido más que todo a Estados Unidos, del cual importamos cada vez más productos agrícolas y exportamos cada vez menos. Esto ha sucedido en general con la mayor parte de los productos, pues las exportaciones hacia este país han caído cerca del 55% desde el 2011. De este modo, los resultados del TLC son preocupantes hasta el momento, pues se ha abierto aún más la brecha de la desigualdad en el campo, por el beneficio que han obtenido solo unos pocos y el daño que le ha causado a la mayoría de los involucrados, como son los campesinos con bajos recursos. Esto se veía venir desde el inicio de la negociación en el 2006, cuando los congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos se opusieron a este acuerdo entre Bush y Uribe, por la poca voluntad de ayudar a quien necesita ser ayudado y en cambio, promover el enriquecimiento de quien ya se ha hecho rico. En aquel entonces, Linda Sánchez, actual Representante Demócrata del Estado de California, decía: “[s]i Estados Unidos tiene realmente interés en ayudar, en mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos, en estimular el crecimiento de la economía del país, en elevar el nivel de vida de la mayoría de la gente, hay que cambiar ese TLC que firmaron, que sólo va a beneficiar a unos pocos”.
Ahora bien, el Gobierno actual quiere que Colombia entre dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conocida como el “club de los países ricos”. Para esto, en unos días será radicada una Reforma Tributaria que dentro de de sus proyectos presenta el aumento del IVA a 19% y la disminución impositiva de las empresas. De este modo, el Gobierno pretende incentivar el empresariado colombiano, promover la inversión extranjera y financiar las nuevas instituciones que serían creadas al ser aprobado el Acuerdo de la Habana. Esto puede ser positivo para el desarrollo del sector primario, al atraer flujos de capital que pueden ser invertidos en tecnología y creación de empleos. Sin embargo, la historia ha demostrado que estas inyecciones de dinero no traspasan la barreras de las reglas financieras de rentabilidad, se quedan únicamente en los modelos de producción y dejan de lado el desarrollo y la movilidad social de la población rural, que no tiene la oportunidad de beneficiarse de estas decisiones. Por ejemplo, la implementación de esta nueva regla fiscal parece haber desestimado que un aumento tributario puede afectar al sector agrario: subir el precio real de los productos alimentarios, a partir de un mayor gravamen, puede incitar a la reducción de su consumo per cápita del país y comprometer el sustento mínimo de muchos.
Es así como este tipo de decisiones ligadas al libre mercado, como ha sucedido con los TLCs y otros convenios con países ya desarrollados, han pasado de ser el Santo Grial, que ofrecen los políticos; en cambio, han abierto una caja de Pandora que compromete aún más las garantías de los campesinos para permanecer en sus tierras. Evidentemente, esto sucede porque el crecimiento económico dentro de un mundo globalizado es inminente para la reputación de los gobiernos. De esta manera, los gobiernos de turno en Colombia siguen priorizando apuestas a corto plazo, como son los compromisos del desarrollo económico, frente a una apuesta a largo plazo, como es la inversión en el desarrollo social del país. Supongo que si seguimos creciendo así, podemos volvernos obsoletos.
“El desarrollo humano es el fin; el crecimiento económico es el medio”
Human Development Report (1996)
Bibliografía
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