Una despensa lo suficientemente desarrollada para proveer de alimento a una sociedad cada vez más grande y más desigual. Un desafío que deberá necesariamente recurrir a soluciones que la tecnología en la medida de sus avances lo permita. De manera tal que la riqueza de los países productores incremente en indicadores como el PIB per cápita.
Para el logro de lo anterior, es necesario que dentro de los distintos países de la región se establezca una hoja de ruta entre el sector privado, miembros de la sociedad civil y gobiernos en una política agrícola encaminada a mejorar el desarrollo agroindustrial y explotar las oportunidades en exportaciones de productos agrícolas.
Sin embargo, mientras hay países que avanzan a pasos agigantados, hay otros atascados y que requieren una reingeniería. El caso de Colombia ejemplifica lo segundo. En la otra cara de la moneda, encontramos el caso Peruano. Para brindar un poco de contexto, según la asociación de exportadores de Perú (ADEX) “la exportación de frutas peruanas en todas sus presentaciones (fresca, congelada, conserva y seca) sumaron, entre enero y noviembre de 2017, USD FOB 2.025 millones y una variación de 20% respecto al similar periodo del 2016”. Por otro lado, la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (ANALDEX) informó que “las exportaciones de frutas en 2017, clasificadas en el capítulo 08 del Arancel de Aduanas (Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías), tuvieron un valor de USD FOB 1.079,11 millones”.
Lo anterior denota una diferencia abismal específicamente en un sector que a simple vista no debería de presentar diferencias sustanciales como para que se vea duplicado. Sobre todo, si hacemos hincapié que ambos países bajo condiciones eminentemente geográficas son muy parecidos sin contar el hecho de que Colombia tiene mayor posibilidad de salida de sus productos gracias a tener acceso tanto al océano pacífico y al mar caribe.
Aún así, esas diferencias existen y deben poder sustentarse en procesos desarrollados en ese país que podamos analizar con el propósito de tomarlas de ejemplo. Para tal propósito considero importante traer a colación la evolución de las políticas agrícolas en Perú.
Es importante resaltar que en Perú “Durante la década de 1990 y principios de la de 2000, los formuladores de políticas se centraron en el apoyo al desarrollo del sector agroexportador, principalmente en la costa y, en cierta medida, en la selva.” (Banco Mundial, 2017, pp. 115). La creación de un solido sólido sector agroexportador en el PerúÌ se deriva de las políticas que generaron un ambiente comercial favorable que resultara atractivo para los inversionistas. Entre estas se encontraba la facilidad de acceso a recursos productivos, que las empresas privadas compartieran los riesgos de inversión a través de concesiones de impuestos y otros incentivos y un fuerte compromiso con la apertura comercial. (Banco Mundial, 2017)
Adicionalmente hay que destacar las intervenciones de política que se produjeron en cinco áreas: (i) mercados laborales, (ii) mercados de tierras, (iii) impuestos, (iv) comercio y (v) cumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios.
Respecto de mercados laborales es necesario mencionar que la región en general tiene cifras elevadas de informalidad laboral. Las cifras de informalidad son similares en ambos países pero evidentemente la situación es aún más aguda en la ruralidad.
Desde fines de la década de 1970 en Perú encontramos regímenes laborales especiales el sector de las agroexportaciones. Por ejemplo, la ley 22342, que permitióÌ a los empleadores contratar trabajadores indefinidamente usando contratos consecutivos a corto-plazo. La Ley de Promoción del Sector Agrícola (ley 27360) permitió un tratamiento especial de los trabajadores de la agroexportación, que los exceptuaba de disposiciones de remuneración que eran —de otra manera— obligatorias, relativas a escalas de salarios, tiempo vacacional, protección del despido arbitrario y condiciones de trabajo.
Algunas de estas medidas, particularmente sujetas a debate ético, incluyen las limitaciones al derecho de asociación, la baja participación que en los aportes de seguro de salud tienen los empleadores (4% frente al 9% de otros sectores) y el uso considerado inadecuado de contratos temporales. (Banco mundial, 2017). No obstante, en mi opinión siguen siendo condiciones muy superiores a las que estarían sujetos los trabajadores desde la informalidad. En la otra esquina, nos encontramos con una legislación colombiana en materia laboral poco flexible y cada vez más estricta sujeta a control legal por los jueces mediante vía de tutela.
Ahora bien, está el mercado de tierras. La ley peruana 27360 del 2000 que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, “dio un fuerte impulso a las grandes inversiones en irrigación a través de distintas APP. Se espera que estas iniciativas logren irrigar 140 000 ha y generen más de 300 000 empleos, por un costo total de cerca de US$ 500 millones.” (Banco Mundial, 2017). El caso colombiano tiene una multiplicidad de problemáticas entre las que están los grupos ilegales dedicados al narcotráfico en áreas rurales, la incompleta soberanía del territorio por parte del Estado y un sistema catastral que requiere reformas.
En cuanto a la política fiscal, Perú presenta la ley A27360, la cual estableció una serie de incentivos fiscales favorables al sector agrícola. Incluía reducciones en el impuesto a la renta (el impuesto agrícola se grava a una tasa del 15%, la mitad de la tasa aplicada a otros sectores), exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), y mecanismos de devolución del IVA (aplicados solo a las exportaciones) relacionados con costos de insumos y aranceles aduaneros. Asimismo, las inversiones relativas a la irrigación se beneficiaron con exenciones de impuestos adicionales. (Banco mundial, 2017). Por su parte, el gobierno colombiano expidió en el 2018 la denominada ley de financiamiento (una reforma tributaria) la cual en varios de sus articulados involucró al sector agrícola. Especialmente hay un artículo que se refiere a la propuesta de Duque para las exenciones por 10 años para renta en las inversiones que se hagan en el campo. Sin embargo, “tal como advierten algunos expertos del sector, solo incluye actividades agrícolas y agroindustriales que representen inversiones superiores a $1.500 millones, (50.000 UVT), hecho que excluye a pequeños y medianos productores”. (La República, 2018)
Siguiendo el análisis, se encuentra las políticas en materia comercial. En esta categoría no se evidencia diferencias significativas en cuanto a acuerdos comerciales como tratados de libre comercio o acuerdos marco.
Finalmente, están las políticas de cumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios. La institución más importante para tal propósito surgió en Perú gracias a “las reformas institucionales implementadas por el régimen de Fujimori que dieron lugar a la creación del SENASA[1] en 1992.” (Banco mundial, 2017, pp. 121). Lo más relevante de esta institución ha sido su capacidad de mantener su rol técnico completamente despolitizado debido a que se encuentra dirigida por un comitéÌ ejecutivo conformado por miembros de los sectores público y privado. En contrate, Colombia no tiene una legislación para el cumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarias para los cultivos. No hay presión por adoptar a nivel interno protocolos cada vez más estrictos en esta materia conllevando a que el país no este en condiciones de exportar la mayoría de los productos cultivados.
Como reflexión, los cambio en política agraria que el gobierno de Perú viene implementando desde hace más de dos décadas han dejado resultados positivos que los demás países de la región debemos comenzar a analizar e implementar. Si bien es cierto que aún son múltiples los escenarios que hay un amplio rango de mejoría, como lo es en materia de formalidad laboral, Perú se ve fortalecido en un análisis comparativo con el caso de Colombia. Colombia requiere una profunda reingeniería cuya base sean las políticas en materia agraria que ya otros países han implementado de manera satisfactoria, más aún cuando el futuro de agregarle valor a nuestra economía radica en el agro como el discurso político y económico que abiertamente se sostiene.
*Estudiante de derecho y administración de la Universidad de los Andes.
[1] SENASA actualmente certifica envíos a 174 países y apoya esfuerzos privados para introducir productos peruanos en nuevos mercados, llevando a cabo análisis de riesgos de plagas, desarrollando e implementando protocolos para tratamientos de cuarentena, etc.
Referencias:
- Banco Mundial. 2017. Tomando impulso en la agricultura peruana: oportunidades para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector. Banco Mundial, Washington, D. C.
- «The Tragedy of Commons» en Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248. TraduccioÌn de Horacio Bonfil SaÌnchez. Gaceta EcoloÌgica, nuÌm. 37, Instituto Nacional de EcologiÌa, MeÌxico, 1995. http://www.ine.gob.mx/
- ADEX, 2018. EXPORTACIÓN DE FRUTAS PERUANAS SUMARON US$ 2 MIL 25 MILLONES. Nota de prensa. 22 de enero de 2018. Disponible en: http://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/exportacion-de-frutas-peruanas-sumaron-us-2-mil-25-millones/
- ANALDEX, 2018. Informe de exportaciones de fruta 2018. Disponible en: https://www.analdex.org/2019/03/12/informe-de-exportaciones-de-fruta-2018/
- La República, 2018. La ley de financiamiento puede incentivar la formalización del agro. 20 de noviembre de 2018. Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/la-ley-de-financiamiento-puede-incentivar-la-formalizacion-del-agro-2795474
