Detrás del escandalo de la corte suprema de justicia se encuentra una tutela que ejemplifica todo el circulo de corrupción que ha minado los recursos en el Departamento del Meta. Esta tutela buscaba que una Fiduciaria no tuviera que devolver, tal y como había sido ordenado, los millonarios recursos que le habían sido girados ilegalmente de las regalías del Meta por parte del gobernador Witman Herney Porras, condenado por la Corte Suprema de justicia a 18 años de cárcel por este y otros hechos de corrupción[1]. En pocas palabras, los recursos del Departamento fueron transferidos a los intereses de empresas privadas, mientras que las condiciones de muchas comunidades en Meta son precarias y con alta deficiencia en los servicios públicos y vivienda. Tristemente la noticia mas comentada durante los últimos días en los medios se ha focalizado en la corrupción en esta institución tan prestigiosa pero no ha tenido en cuenta lo que está pasando mas allá, lo que significa el azote de la corrupción para la calidad de vida de las comunidades de estos departamentos petroleros y todo lo que están viviendo por el abandono estatal. Estos departamentos donde el dinero llega de modo abundante en las regalías y con ello también el poder de las empresas y la corrupción aumenta a cada momento la inequidad y compromete el desarrollo de un tejido social.
El portal las 2orillas ha puesto de manifiesto esta incómoda realidad, la influencia de empresas del sector petróleo sobre el devenir de departamentos como el Meta o Casanare es extremadamente alta y cada vez menos satisfactoria frente a su responsabilidad con las comunidades. En el caso de sitios como Campo Rubiales la pobreza abunda por todos sus alrededores, la empresa parece ser la dueña del Departamento y no hay quien responda por los servicios públicos y ponga un granito de arena por las preocupaciones de las comunidades. La lucha de las comunidades es por servicios básicos, protección del medio ambiente por sobre todo por el agua –el cuidado de los yacimientos y la contaminación por la que no responde la empresa. Mientras que Pacific Rubiales llena de comerciales y busca la manera de limpiar su imagen de cara a la ciudad, no respetan sus trabajadores y pisotean a las comunidades con las que conviven, peor aun apoyados por el aparato estatal de seguridad. De acuerdo con esto podemos advertir que la falta de soluciones en servicios públicos al interior del Departamento se debe más a la falta de voluntad de estas empresas que a la falta de recursos y particularmente a la desidia del estado.
Es por esto que desde ANEIA queremos invitar a la reflexión, en primer lugar para que las personas en ciudades grandes se concienticen de las situación de comunidades vulnerables y del efecto que la corrupción tiene en la destrucción del tejido social y en el desarrollo de calidad de vida para todos en el País. En segundo lugar y mas importante, es bueno preguntarse acerca del papel del Estado en el beneficio de los intereses particulares sobre el bien público y sobre las consecuencias no previstas del modelo de desarrollo de ‘la locomotora de la minería’. Sin importar el precio que deben pagar los habitantes de estas comunidades y los trabajadores de la misma empresa Pacific Rubiales, como ejemplo. ¿Qué impacto crea dicho modelo? ¿No puede el Estado contar con mas eficaces medios de control para la inversión de las regalías? ¿No nos corresponde como simples ciudadanos preocuparnos por el ejercicio de los deberes que compañías como la mencionada deben ejercer por el beneficio de la comunidad?
@alejandrolugoc
Bibliografia
[1] El Tiempo, Redacción Justicia. Las inversiones ilegales del ex gobernador que saqueo al Casanare. Recuperado el dia 6 de marzo de 2015 en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12688465.