El tema de despojo de la tierra en Colombia se documenta desde la Conquista –claro que entre tribus, antes de ésta, existió, sólo que no tenemos crónicas de ella. Desde entonces han existido toda suerte de modalidades para usurpar la tierra de quien la ha trabajado y poseÃdo legÃtimamente. Cinco siglos no han bastado para lograr prácticas, instrumentos e instituciones que garanticen la propiedad de quien compró (heredó o desbrozó un baldÃo), trabajó y transformó un terreno.
Para los urbanitas el catastro, las oficinas de notariado y registro y las demarcaciones de vÃas y andenes en algo ofrecen localización y posesión algo precisa de los predios. No sucede igual con la tierra no urbana, es decir, aquella no incluÃda en ciudades y cabeceras municipales. Esa ha sido motivo de asignaciones por autoridades estatales, en pago por servicios a la Corona y luego a la República, invasiones, depojos. Un catastro, imparcial y eficaz, es decir, veraz de las zonas rurales aún está por lograrse. Este sà es el instrumento por excelencia para dirimir conflictos y asegurar posesión legÃtima.
La restitución de tierras a la que hoy asistimos, no tiene precedentes en el paÃs. Se inicia tÃmidamente, pero en la medida que todos los participantes hagan su aprendizaje irá adquiriendo claridad, fuerza y prestigio de su posibilidad. Que de cientos o miles de hectáreas se restituyan parcelas de decenas de hectáreas a sus dueños legÃtimos es un comienzo.
Bien documentado se halla el despojo como medio y fin de la Violencia de mediados del siglo pasado. Algo menos el despojo de los ‘bienes de manos muertas’ del siglo anterior a ese y asà en alguna medida los anteriores despojos de la Colonia. Algún dÃa la historiografÃa documentará la proporción de tierras logradas legÃtimamente (disposición legal del Estado, donación por servicios prestados en las guerras de independencia, garantÃa legal de transacciones sobre terrenos, desmonte y cultivo de baldÃos, etc.) en contraste con las despojadas. Esta será la única manera de conocer la verdadera magnitud de esta práctica en el paÃs.
Las inundaciones inéditas de los últimos meses constituyen también un reto, ya que mojones desaparecieron, únicos referentes para establecer tamaños y localización de predios. Obliga esto a conciliar acuerdos entre vecinos y, nuevamente, a que el catastro actualice, de modo certero y oportuno, la realidad fÃsica de los predios junto con su legÃtima propiedad.
Todo ello requerirá una gran creatividad institucional y técnica y dará cabida a que los sistemas satelitales de información geográfica cobren actualidad en el paÃs y contribuyan a avanzar uno de los problemas estructurales de nuestra sociedad el de la propiedad de las tierras rurales.
