Desde finales del siglo XIX, se ha visto más frecuente la práctica de esta actividad en países del continente americano, tales como: México, Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia, en los cuales han desarrollado una fuerte economía ganadera. En el caso particular colombiano, el abigeato es uno de los grandes problemas que enfrenta día a día el ganadero, pues las cifras en los últimos años han aumentado y los organismos de control no han creado políticas que logren disminuir los números de las encuestas.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, y la dirección de Carabineros y Seguridad Rural,(Dicar), durante el 2015 se registraron 164 casos de abigeato, dejando pérdidas por más de casi 4 mil millones de pesos en animales y de 15 mil millones de pesos en producción. Mirando más en detalle por zonas, los cinco departamentos con números alarmantes de este delito en Colombia son: Arauca, Tolima, Magdalena, Cesar y Córdoba con robos de 1541, 543, 376, 342 y 284 animales respectivamente, durante el año 2014.
El abigeato puede dejar diferente tipos de pérdidas de acuerdo a la clase de animal que ha sido robado. Por ejemplo, si se trata de una hembra lechera especializada de Cundinamarca o Boyacá el valor que representa el animal es de 3 millones de pesos aproximadamente, más el valor de lo que produce en leche, que es de unos 3 millones de pesos anualmente, y el periodo de lactancia de las posibles crías que pudo haber tenido, para una aproximación de 8 millones de pesos en perdidas. Por el contrario, si se trata de un animal ubicado en climas más tropicales con propósitos de ceba o mixto, las perdidas son diferentes debido a la raza del animal y a que su utilidad neta se ve reflejada únicamente en el momento de la comercialización.
Todos estos episodios de hurto animal son el núcleo y raíz de problemas más complejos como la extorsión y el secuestro en zonas rurales, que desembocan posteriormente en criminalidad y apoderamiento de predios por parte de grupos armados ilegales. Y aunque sí existen alianzas con entidades municipales que hacen un seguimiento constante a los predio rurales, el papel de cada ganadero a la hora de denunciar este delito es vital para el control y el castigo de este. Sin embargo, el temor es una variable que incide directamente sobre las medidas que pueda tomar el ganadero, pues en algunas ocasiones prefiere pagar la extorsión para que sus animales sean devueltos, que denunciar ante las entidades respectivas, como la fiscalía, para que se realice su investigación debida.
José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegán, afirma que “La seguridad en el campo debe ser una política de Estado, ejecutada bajo los conceptos legales que rezan en la Constitución, diseñada para cubrir el amplio espectro del territorio nacional, cuyo resultado sea el cumplimiento de uno de los tantos deberes que le conciernen a quien gobierna, en buenos o en malos tiempos” (Contexto Ganadero, 2014). Sin embargo, el presidente y sus ministros no han logrado dimensionar ni entender éste y otros problemas similares que se presentan en el campo colombiano. Una prueba de ello es la manera cómo los grupos guerrilleros han flagelado el campo en los últimos 50 años, para la muestra de un botón, se encuentran los diálogos de paz que se están discutiendo en la Habana y l a manera en cómo participan impune y sutilmente en las políticas publicas rurales de nuestro país.
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BIBLIOGRAFÍA
https://es.wikipedia.org/wiki/Abigeato
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1635999
