Los modelos de negocio y las estructuras organizativas en los proyectos medioambientales de las compañías colombianas aun dejan mucho que desear. Grupos de clientes y consumidores, cada vez más informados, exigen una profesionalización del asunto, no solo como proyectos sociales, sino como valor agregado al producto o servicio que ofrece cada organización. La percepción de la sociedad es que los proyectos de sostenibilidad y conservación ambiental son estrategias de mercadeo, más que procesos que agregan valor. Las compañías en su cadena de valor deben tener los proyectos ambientales como uno de sus pilares, no de mercadeo, sino de sostenibilidad de la misma organización.
En otros artículos hemos mencionado la inviabilidad de pensar en una conservación, en Latinoamérica, aislacionista. Nuestra realidad y la debilidad institucional lo hacen tan complejo que para el momento que mejore quizás ya no tengamos zonas que proteger. El sector privado con los incentivos apropiados podría desarrollar proyectos productivos sostenibles, tal y como sucede en los Estados Unidos con la continua renovación de los bosques. Por otro lado América latina, según datos de la organización internacional para la conservación[1], es la región del mundo donde, por porcentaje de territorio, hay más áreas protegidas, sin embargo entre el 2004 y el 2009 la degradación de áreas protegidas en la región fue del 250%. El viejo argumento de que somos países pobres y que la inversión en la protección es muy baja es cierta hasta cierto punto, pues el mismo estudio señala que estadísticamente no existe una relación entre el producto interno bruto (PIB) y la degradación de zonas de reserva:
“Assuming each land and forest degradation event was unique (i.e., no change, regrowth and change again during the six years) and considering only the negative changes in land cover, the 2004–2009 land and forest degradation in our protected area dataset was 1,097,618 hectares—an area the size of Jamaica.” (Leisher, Craigh et al, 2013)
Para Colombia y Bogotá la realidad es la misma. Actualmente existe una fuerte discusión entre los ambientalistas de la capital y las diferentes administraciones sobre los humedales, fuentes hídricas fundamentales para el aprovisionamiento de agua de la ciudad entre muchos otros beneficios que aportan. La tarea aun no ha finalizado y aunque hace tan solo unos días (POT del 2014) se declaro como zona de reserva el humedal la isla (Ahora Bogotá tiene 966 hectáreas de humedales) y se aumentaron los tamaños de los otros humedales, la situación de algunos de ellos es lamentable. Vale la pena traer a colación la convención Ramsar, tratado intergubernamental que ofrece el marco para la acción nacional, y la cooperación internacional en relación con la conservación y el uso de humedales (http://www.ramsar.org) de la que hace parte Colombia. En este tratado se menciona la importancia de estos ecosistemas en las economías locales en relación al agua, la alimentación y la energía, sin mencionar la importancia para la biodiversidad. Así mismo está comprobado su impacto para mitigar el cambio climático, que tanto ha afectado a Colombia, y la erradicación de la pobreza.
En una vista reciente que realicé al Humedal Tibabuyes, en el noroccidente de Bogotá, pude constatar los esfuerzos, poco efectivos a mi parecer, que está realizando la administración para apropiar y mejorar este ecosistema. El abandono, la aparente falta de interés de la comunidad, y el ingreso de personas de la calle para construir chozas y así poder reclamar el subsidio que da la secretaría para que abandonen el humedal, son algunos de los retos que afronta esta importante zona, no sin antes mencionar que el rio arzobispo rodea el humedal, cuyos niveles de contaminación son altísimos y el vertimiento de aguas negras es continuo.
William Muñoz, funcionario de la Secretaría de Ambiente y guía de las caminatas guiadas, que desarrolla la Secretaría como estrategia de educación, menciona que el abandono que presenta el humedal se debe a que las tareas de las diferentes instituciones se cruzan y ninguna se hace responsable. Por ejemplo, de la recolección de basuras, ya que la empresa de recolección no puede entrar a la reserva, la tarea de la Secretaría no es la recolección de basuras y el Jardín Botánico no tiene jurisdicción sobre estas zonas de reserva, en conclusión hay un abandono. En un comienzo se pensaba hacer un sitio recreativo para que la comunidad pudiera apropiarse del sitio y generar recursos, pero según el mismo William Muñoz, fue la comunidad quien se opuso pues, debía aislarse la zona.
En México muchos pueblos habitan cerca a humedales y han utilizado los recursos del turismo y cría de especies, que ellos mismo administran con ayuda del gobierno, para conservar y comprar terrenos circundantes a los humedales para evitar su erosión[2].
Es momento de que la conservación genere proyectos productivos. Ninguna economía puede ser eternamente subsidiada, la conservación tampoco, esta puede y debe ser autosostenible económicamente, y traer beneficios sociales. La conservación puede ser un negocio y las comunidades circundantes a los humedales deberían ser las primeras beneficiadas.
