Desde hace varios años el Estado ha entregado a las comunidades negras e indígenas más de cinco millones de hectáreas (Propiedad colectiva en Colombia. Incoder 2008) bajo el modelo de propiedad colectiva. Para poder ser acreedores de los títulos se tienen en cuenta variables históricas, sociales, económicas y ambientales. Si se cumple con los requerimientos la comunidad establece un consejo que es el encargado de administrar y velar por el territorio.
El éxito del modelo, entendido como la mejora en las condiciones socioeconómicas de las poblaciones, deja mucho que desear. Los últimos gobiernos han mostrado con cierta satisfacción el alcance de este modelo, por la cantidad de tierras entregadas a los concejos. La realidad ha demostrado que lo que está generando la entrega de propiedades colectivas es el abandono del Estado y la captura de los concejos por parte de intereses privados, muchas veces en detrimento de las comunidades:
Colombia es un país con permanentes procesos de despojo de tierras y territorios a campesinos, indígenas y afro descendientes, que han marcado su historia, y que explican en parte la precaria democratización de la tenencia de la tierra, que es un lastre nacional que llega al siglo XXI. Así sigue estando vigente la frase escrita por un intelectual liberal colombiano en el siglo XIX, Manuel Murillo Toro, en la que señalaba que: “es la constitución de la propiedad la que determina el carácter político de la nación”, es decir, su identidad como sociedad. (Ferro, Juan Guillermo. Tobón, Gabriel. Autonomías territoriales. 2012. 43)
Las presiones que afronta la propiedad colectiva, exigen un conjunto de políticas consistentes. La primera amenaza, que ya genera consecuencias negativas sobre las comunidades, es el abandono histórico del Estado hacia las minorías especialmente indígenas y comunidades afro. Sus territorios están siendo depredados por la propiedad privada, es así que el territorio que abarcaba Palenque según títulos coloniales era de 260 mil hectáreas y los títulos de propiedad colectiva entregados por el gobierno en el 2008 son de 2000 hectáreas (Vargas, Nicolás. Protección territorial y ambiental palenquera.2012. 18). Las presiones poblacionales son otra de las amenazas de estos territorios. Una de las variables para otorgar los títulos es la población del territorio, sin embargo hay territorios que a pesar de los bajos niveles de la población pertenecen por herencia histórica a sus comunidades. Así mismo las condiciones de pobreza extrema, la falta de infraestructura y la presencia de grupos al margen de la ley, que están enlistando a los niños, hacen que familias enteras abandonen los territorios generando esto que grupos armados o grandes terratenientes se adueñen de los territorios.
La mayoría de las comunidades con tradiciones arraigadas de producción artesanal utilizaban la mano de obra de las familias, el modelo ha debido cambiar ya que los hijos van a estudiar y luego se van a las grandes ciudades a buscar mejores oportunidades, porque la tierra ya no da para vivir bien, y es insostenible para las familias pagar jornales. Gran parte de su producción era posible gracias a los préstamos de la Caja Agraria. Sin embargo, después de la reforma agraria que tuvo lugar durante la década del setenta los préstamos empezaron a ser más difíciles. (Ferro, Juan Guillermo…2012) Lo anterior confirma que sin políticas consecuentes la asignación de tierras no genera bienestar para las comunidades.
Las condiciones de pobreza generan problemas sociales, la drogadicción, y la inseguridad se vuelven comunes en los territorios y el desespero por la subsistencia vuelve a las comunidades y especialmente a sus concejos objetivos vulnerables. Es así que las comunidades indígenas Wayús han accedido a subarrendar su territorio a multinacionales mineras donde hay una retribución económica pero al largo plazo la comunidad solo le quedará un territorio estéril. En el Chocó los concejos están vendiendo las maderas de sus bosques para poder sostener a la comunidad y en palenque los concejos han accedido a que se construyan hoteles en sus territorios. El común denominador es que las comunidades no están involucradas y solo se están explotando sus recursos, todo bajo el argumento de que están mejor que antes. Un territorio sin proyectos productivos es igual a un territorio baldío, otorgar tierras no puede ser el objetivo, de lo contrario la concentración de la tierra en términos reales continuará estando en manos de unos pocos. De hecho en el pacífico adueñarse de la tierra y pagar la indemnización es más económico que buscar otras tierras por lo que los gamonales pagan con comida o ropa a las comunidades (Cartilla de etnoterritorios. Protección ambiental palenquera. 2008. 12)
Ahora el reto es aún mayor, no solo se reclaman tierras, sino que hay una explotación indebida de estas, junto con problemas sociales al interior de los territorios, que van llegando bajo la figura de desplazamiento a las ciudades capitales. Los escenarios del conflicto suelen ser los territorios de estas comunidades, que bajo el argumento de subsistencia dan sus tierras al mejor postor. No bastan los títulos de propiedad colectiva, estos no dan bienestar social, la tenencia de tierras en comunidades pobres no es sinónimo de riqueza, mientras no existan políticas de desarrollo productivo al interior de estas tierras la situación no va a cambiar y lo que más debe preocuparnos es que esta políticas no existen todavía. ¿Se debería afirmar con orgullo que cada vez más comunidades tienen propiedad sobre la tierra?
